Ya es mala suerte que ahora que estamos en España en el Gran Debate de la Democracia Plena haya abandonado la prisión el comisario José Manuel Villarejo, el símbolo más conocido de la guerra sucia del Gobierno de Mariano Rajoy contra sus rivales políticos. Como se espera del personaje, ha salido de toriles embistiendo con fuerza: «Ellos han decidido hacer una catarsis de España, pues de acuerdo, encantado de que eso ocurra», ha dicho a los periodistas. Salió de la Audiencia Nacional después de declarar el jueves ante un juez y lo primero que hizo fue acercarse a los periodistas para empezar a largar. Sin decir nada en concreto, pero da igual. Se trataba de anunciar ‘aquí estoy yo y algunos se van a enterar’. Los programas de televisión estaban encantados de conectar en directo con la escena, aunque alguno cortó antes de tiempo porque a saber lo que podía decir.
Villarejo apareció con su gorra de costumbre y un parche en el ojo, por un problema médico, que le daba ese aire de pirata de las cloacas que tanto se ha trabajado. Quizá la palabra adecuada sea la de corsario, ya que contó con la correspondiente patente de corso entregada por las autoridades para reclutar una tripulación con la que cumplir la misión encomendada. Porque una de las falsedades que escucharemos con frecuencia en los próximos meses será la de afirmar que Villarejo trabajaba solo en sus maquinaciones ilegales, como si no hubiera contado con la colaboración de políticos, mandos policiales y hasta periodistas. Ningún hombre es una isla y Villarejo es una península de gran extensión conectada a un continente.
Qué decir de María Dolores de Cospedal, que se reunió con el comisario en 2009 siendo secretaria general del PP, con la presencia nada casual de su marido, para encargarle «trabajos puntuales». Villarejo le dijo que sólo le iba a cobrar los gastos, señal de que lo que tenía delante era más una inversión que un negocio. O el PSOE, que tuvo la peregrina idea de confirmar sospechas no sustanciadas cuando se mostró reacio al principio a solicitar la convocatoria del policía como testigo en la comisión de investigación de la operación Kitchen. Ya de Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz ni hablamos, porque el hombre del parche estuvo detrás de un número apreciable de operaciones policiales y periodísticas con las que se atacó a Podemos y los partidos independentistas catalanes.
Todo es un remix en la política española. Ya hemos estado aquí antes. En los años 90, un alto cargo del CESID –luego bautizado como CNI–, el coronel Juan Alberto Perote, alcanzó el estrellato al llevarse del espionaje una nutrida lista de grabaciones ilegales a gente tan poco relevante como el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, ministros y empresarios. El Gobierno de Felipe González alegó que la publicación de la noticia era un «chantaje al Estado» –lo mismo que se está diciendo ahora con Villarejo–, aunque más tarde tuvo que admitir las consecuencias políticas del escándalo, que puso fin a las carreras del vicepresidente Narcís Serra, el ministro de Defensa y el director del CESID.
Esto pasa con una cierta frecuencia en España. Se descubre que personas con cargos importantes en el Estado han cometido delitos y la respuesta es denunciar que se está intentando acosar al pobre y desvalido Estado.
La realidad es que, siempre que aparece un Perote o un Villarejo, la imaginación va más rápido que los hechos probados. La idea de que una sola persona puede poner de rodillas al Estado está sobrevalorada. Eso no quiere decir que todos se vayan a ir de rositas.
El servicio de inteligencia francés puso una bomba en 1985 en el barco Rainbow Warrior, de Greenpeace, que intentaba obstaculizar las pruebas nucleares en el Pacífico, y mató a un fotógrafo. El ministro de Defensa tuvo que dimitir. La connivencia de los espías italianos con grupos terroristas de extrema derecha y la logia masónica P2 está documentada a todos los niveles, como lo que se espera de un Estado con tantos rincones siniestros como el de Italia. El jefe de los servicios de inteligencia internos alemanes fue cesado en 2018 al hacerse pública una grabación en la que aparecía haciendo comentarios xenófobos.
Lo que sí ocurre en estas situaciones es que algunos cargos públicos se ponen nerviosos ante lo que pueda salir y empiezan a hacer movimientos que se terminan volviendo contra ellos. A saber por qué la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió celebrar el jueves una reunión privada con Eduardo Inda y Manuel Cerdán, los responsables de OK Diario. No en su despacho, como sería lo normal con vistas a una entrevista, sino en una casa en la que resulta que vivió Baltasar Garzón. Además de exjuez de la Audiencia Nacional y buen amigo de Delgado, Garzón trabaja en un despacho jurídico que defiende al ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y a los comisarios jubilados Enrique García Castaño y Carlos Salamanca en causas producto de los años locos de Fernández Díaz en Interior. Si por la cabeza del lector ha pasado la idea de un conflicto de intereses, no crea que se está poniendo paranoico.
A Delgado e Inda les pilló por la calle un periodista de ctxt. La fiscal general bajaba la cabeza, porque no se esperaba toparse con una cámara. Al día siguiente, salió una entrevista en el medio con Delgado de interés informativo bastante escaso, aunque con un titular maravilloso: «No me considero una víctima de Villarejo».
A Inda y Cerdán se les olvidó llevar fotógrafo, que es como dejarse en la redacción la grabadora, el cuaderno, el bolígrafo y los pantalones. Eduardo Inda ha sido el vehículo mediático de varias filtraciones de informes policiales contra Podemos que no pasaron el corte de los tribunales, pero sí el de algunos medios de comunicación.
Informes policiales de Asuntos Internos citados por La Vanguardia aseguran que Villarejo utilizaba su influencia en esos medios en favor de sus operaciones. Es un aliciente especial para un cliente saber que un intento de difamar a un adversario, sea un político o un empresario, puede multiplicar su efecto si aparece publicado. Esos informes dicen de Manuel Cerdán que se trata de una persona «estrechamente relacionada con el comisario Villarejo, existiendo numerosas referencias a contactos y citas con esta persona».
Unidas Podemos tiene cuentas pendientes con Villarejo, y también con Delgado, y no podía dejar escapar esta oportunidad. Ha reclamado junto a ERC y Bildu la comparecencia de Delgado en el Congreso para que dé explicaciones sobre ese encuentro.
Una reunión que no se celebre en el despacho oficial de la fiscal general con periodistas conocidos por sus contactos con Villarejo es una idea muy poco inteligente en estos momentos. En el caso de Delgado, a la que una grabación clandestina de una cena con comisarios le provocó una pesadilla cuando era ministra de Justicia, la cita con Inda lleva a pensar que su deporte de riesgo favorito es la ruleta rusa.
«Voy a desenmascarar a todos», presumió el jueves Villarejo. Todos los que pensaron que hacer tratos con este comisario era una buena idea van a tener que ponerse ciegos de melatonina para conciliar el sueño.
