Inmigración sí, pero sin pasarse. Alfonso Fernández Mañueco incluyó el lunes en su discurso de investidura en las Cortes de Castilla y León algunas ideas sobre cómo cree que debe organizarse la inmigración: “Siempre de una forma legal, ordenada, con clara vocación de incorporarse al mercado laboral y que busquen la plena integración a través del respeto a las leyes, valores y libertades europeos de la sociedad que las integra”. No se conocen muchos partidos que pidan lo contrario, un sistema de inmigración sin respeto a las leyes. Ni hay muchos extranjeros que no quieran trabajar y cuya prioridad sea violar las leyes. Sobre los valores, resulta más difícil llegar a un acuerdo, ya que los de Mañueco pueden ser diferentes a los de muchos españoles.
Lo que sí está claro es que sus opiniones suenan ahora no muy diferentes a las de Marine Le Pen, que decidió en la campaña electoral de las elecciones presidenciales francesas eliminar las aristas más hirientes y xenófobas del programa de su partido. No se opone a toda la inmigración por sistema, aunque sigue considerándola una amenaza cultural, ni rechaza la doble nacionalidad para las personas nacidas en el extranjero, una idea mantenida por la extrema derecha desde hace muchos años.
Su posición ha sido descrita como más pragmática y condicionada por el gasto público, una forma hábil de congraciarse con los votantes. Quiere reducir las ayudas sociales a los residentes extranjeros para poder bajar el gasto social en Francia y con ello reducir los impuestos. Para Le Pen, todo empieza y acaba con la economía. Ha sido un ingrediente esencial de su empeño por blanquear la imagen de su partido.
La estrategia le ha sido fructífera. Ha obtenido el mejor resultado de siempre de la ultraderecha con un 23,7% de los votos, que le permitirá disputar la presidencia a Emmanuel Macron el 24 de abril. Si se le suma el 7% del polemista xenófobo Éric Zemmour, parte de una posición sólida para la campaña de dos semanas.
El inicio de la campaña de la segunda vuelta en Francia ha coincidido con la investidura de Mañueco en Castilla y León, que ha salido adelante con los votos del PP y Vox. El calendario le ha jugado una mala pasada al Partido Popular. Inaugura en esa región la etapa de gobiernos de coalición con la extrema derecha precisamente cuando Le Pen asusta a Europa ante la posibilidad, mayor que en 2017, de que Francia tenga una presidenta de ultraderecha en uno de los dos países más importantes de la Unión Europea.
Las comparaciones entre España y Francia cuentan con un problema de partida. El sistema electoral a doble vuelta en presidenciales y legislativas en Francia obliga a los partidos a posicionarse después de la primera vuelta y al mismo tiempo ha sido un obstáculo para las aspiraciones de Agrupación Nacional, antes llamada Frente Nacional. En un sistema como el español, el reparto proporcional de los escaños –corregido por la Ley D’Hondt a favor del partido ganador– empuja a los partidos a negociar para formar un Gobierno. El coste político de pactar con un partido y no con otros siempre existe.
La forma en que Le Pen intentó hacer su mensaje más digerible para la opinión pública tras su clara derrota en la segunda vuelta de 2017 no consistió en cambiar sus ideas sobre inmigración, sino en hablar menos del tema y no dejar que monopolizara su imagen. Su prioridad pasó a ser la economía. Moderó su euroescepticismo y renunció a las ideas más radicales, como abandonar la eurozona. Sí mantuvo sus ataques constantes a la política económica que favorecen conservadores y liberales en la UE con la intención de denunciar que Francia ha dejado de ser la tierra de prosperidad del pasado. La desindustrialización de amplias zonas del país, un proceso iniciado años atrás, jugó en su favor.
En la campaña de 2017, había utilizado el perfil de Macron –un exbanquero de ideas liberales y propias del establishment parisino– para denunciar a las élites urbanas que desdeñan a la Francia rural del interior y de las pequeñas ciudades. Con el impacto de la pandemia y de la guerra de Ucrania, dobló la apuesta. Cuando Zemmour irrumpió de forma sorpresiva en las encuestas con un lenguaje aun más racista, Le Pen no se inmutó y siguió hablando de economía a pesar de que sus números bajaron en los sondeos.
“Seré la presidenta de la vida real y, por encima de todo, de vuestro poder adquisitivo”, dijo en un mitin. La inflación y el aumento de los precios de la energía aparecieron en su ayuda y aumentaron la vulnerabilidad de Macron. El presidente había apostado por rebajas fiscales en el precio del gas y de los combustibles, pero muchos votantes no olvidaban su carácter arrogante y le achacaban un escaso interés por los problemas de los franceses que no son ricos como él.
En España, Vox ha intentado presentarse como defensor de los derechos de la clase trabajadora. Algunos medios de comunicación llevan desde 2019 anunciando que ese deseo puede cumplirse o ya se ha cumplido, lo que está bastante lejos de la realidad. Lo que sí consiguió Vox fue quedarse con buena parte del votante de clase trabajadora que había votado hasta entonces al PP en algunas regiones.
Las elecciones autonómicas de Madrid confirmaron que Vox no aumentaba sus apoyos en los barrios de la capital de renta baja o solo lo hacía de forma testimonial. Solo hay que escuchar hablar a políticos de Vox como la pareja Espinosa de los Monteros-Monasterio para entender que resulta difícil creer que puedan llegar a votantes de clase trabajadora. Los comicios de Andalucía permitirán examinar esa tendencia en otra comunidad.
Un estudio de dos investigadores de la Universidad de Lisboa revela que los votantes de Vox y del partido portugués Chega no son por su nivel de renta perdedores de la globalización económica. Si acaso, de la globalización cultural, entendida como una serie de ideas sobre los derechos de la mujer y del colectivo LGTBI, o el cambio climático que son apoyadas por una mayoría de la sociedad en los países europeos, y que provocan una gran aversión entre los votantes de ultraderecha.
La candidata del partido conservador Los Republicanos anunció que votará en dos semanas a Macron. La decisión de Valérie Pécresse ha sido presentada como un ejemplo de cordón sanitario ante la extrema derecha. Está por ver que una política que no llegó al 5% de los votos vaya a ser escuchada por sus votantes. En su intento por destacar, Pécresse llegó a dar credibilidad a la idea racista del Gran Reemplazo, una teoría de la conspiración sostenida por la extrema derecha.
Adoptar el vocabulario de la extrema derecha contra los extranjeros ha sido una tendencia muy extendida entre algunos conservadores europeos, en general sin mucho éxito. Solo les ha servido para dar más credibilidad social a los mensajes en que se mueven más cómodos los partidos de ultraderecha.
La propia Administración de Macron se ha dedicado estos años a intentar atraer a los votantes de Le Pen. El momento cumbre fue un debate en febrero de 2021 entre Le Pen y el ministro de Interior, Gérald Darmanin, ansioso por presentarse como alguien tan duro como su contrincante. “Está empezando a mostrar debilidad. Necesita tomar vitaminas otra vez. No está dispuesta a legislar sobre religión y dice que el islam ni siquiera es un problema”, dijo Darmanin.
El resultado de la primera vuelta de Francia demuestra que aparentar ser tan duro como la extrema derecha no es garantía de ganarse a sus votantes. Las encuestas colocan a Macron con una ventaja de entre dos y tres puntos sobre Le Pen para la segunda vuelta (hace cinco años, le sacó 32 puntos). El presidente tendrá que decidir ahora qué candidato quiere ser para alcanzar la reelección. Le tocará mudar de traje para atraer al 21,9% del electorado que apoyó al izquierdista Jean-Luc Mélenchon.
Mientras tanto, en España Mañueco anunció que trabajará “como una piña” junto a Vox. Juan García-Gallardo, su futuro vicepresidente y líder de Vox en Castilla y León, dijo en el pleno que su gran objetivo es acabar con las competencias autonómicas en Sanidad, Educación y Justicia, y “derogar el título octavo de la Constitución”. A diferencia de Le Pen, Vox no ha tenido que cambiar su estrategia para llegar al poder en un Gobierno. Ahora puede intentar acabar con el sistema político desde dentro.
