La alcaldesa de la localidad gaditana de Puerto Real, Elena Amaya, del PSOE, no puede salir de casa estos días por estar contagiada de Covid. No tiene dudas sobre lo que debe hacer el resto de la gente en esta ciudad de 41.000 habitantes: «Tenemos que salir a la calle porque somos el culo de este país». La crisis permanente en la provincia que suele tener el mayor índice de desempleo de España aparece ahora en los titulares a causa de la movilización que se produce durante las negociaciones del futuro convenio del sector del metal. Mientras tanto, algunos disturbios ocurridos, menos graves de lo que se ha visto en la última década en otros conflictos, han provocado la aparición en las calles de una tanqueta policial. La imagen por sí sola eleva la importancia del conflicto a un nivel más preocupante.
Alguien en el Ministerio de Interior o en la cúpula policial no tiene muy claro el concepto de coste/beneficio. El precio político de la decisión parece mucho mayor que los beneficios que pueda tener el uso de un vehículo de origen militar. Se trata de un BMR, un blindado de seis ruedas que se emplea habitualmente para el transporte de tropas y cuya función de orden público en este caso se limita a su blindaje y a su peso de quince toneladas. Es decir, puede llevarse por delante cualquier barricada que encuentre por la calle, aunque esté compuesta por varios contenedores.
El coste político no se mide en toneladas, pero su peso no es menor. «El Gobierno se está equivocando», dijo el martes Iñigo Errejón en el pleno del Congreso. «Yo me temo que la imagen de la tanqueta en los barrios obreros de Cádiz les va a acompañar durante lo que queda de la legislatura». Yolanda Díaz tomó la poco habitual decisión en su caso de comunicar a otro miembro del Gobierno su malestar por una decisión de su competencia y confirmarlo después en público a los periodistas. «Los trabajadores del sector del metal no son delincuentes», dijo la vicepresidenta, y están «legítimamente defendiendo sus derechos». Lo mismo han hecho otros dirigentes de Unidas Podemos. Para el diputado Jaume Asens, la medida es «una provocación».
Ni Interior ni el PSOE han optado por responder a las críticas con argumentos concretos referidos a la situación de Cádiz. El Ministerio ha reaccionado como si se tratara de una decisión rutinaria. Los socialistas se han referido a la aplicación de los «protocolos» habituales. Cualquiera diría que ha sido la idea de un algoritmo. La portavoz del Gobierno estuvo el martes en la misma línea. «Entiendo que (las fuerzas de seguridad) lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar el derecho de manifestación de los trabajadores y el orden público», comentó Isabel Rodríguez. Nada como responder en términos generales para no tener que hablar del tema que le preguntan.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, sí dio algunas explicaciones en la mañana del martes en la SER. No resultaron muy convincentes. Afirmó que la tanqueta sólo se empleará «en momentos puntuales de una situación de máxima tensión». Entonces, la han puesto en la calle porque se están produciendo hechos graves. No lo parece, según dijo el delegado, que confirmó a esa hora que no había ningún herido y que sólo se había detenido a dos personas en Cádiz.
En el caso de Fernando Grande-Marlaska, todo ha sido aún más sencillo. No se ha dignado a dar una respuesta en público a la polémica.
Cortan una carretera con contenedores en Cádiz, gritan «¡Policía, asesina!» y arrojan objetos. Salen corriendo ante detonaciones. Un furgón policial echa abajo los contenedores https://t.co/ZkzfVkOlaY pic.twitter.com/Q6kQ2xtTg8
— Europa Press (@europapress) November 22, 2021
Los antidisturbios de la Policía han realizado unas cuantas intervenciones en España sin necesidad de emplear estas tanquetas en los últimos años en las que se han producido actos violentos. Los vehículos se han utilizado para situarlos en lugares específicos durante algunas alertas antiterroristas o grandes acontecimientos deportivos por el posible efecto disuasorio que puedan tener. No para lanzarse contra barricadas. Los habitantes de Cádiz se sienten ahora señalados, como si fueran más peligrosos que los demás. «Los vecinos y vecinas no somos terroristas. Queremos trabajar y vivir dignamente», dice un portavoz de la Plataforma Río San Pedro, de Puerto Real.
La impresión más extendida en relación al elevado índice de desempleo en esa provincia ha sido a lo largo de años sorprenderse por la falta de reacciones violentas a una situación cuyos únicos cambios son a peor. Ha habido movilizaciones que eran como chispazos de furia que terminaban para que se iniciara un largo periodo de resignación. Otros lo llamarían calma. El desarrollo industrial de la provincia se ha convertido en una larga serie de derrotas y no son las únicas. «A todo ello se une la flota pesquera prácticamente desmantelada, las conserveras emigradas, la reforma agraria finalmente hecha a imagen y semejanza de los terratenientes, que terminaron por parcelar sus latifundios para trincar fondos de la Unión Europea y vender sus marcas a multinacionales», ha escrito el periodista Juan José Téllez en este medio.
La imagen de la tanqueta tiene una potencia que el Gobierno no debería obviar. Queda ahí para que la oposición la utilice en su contra. Lo hizo Vox tirando para casa, aprovechándola para reforzar su mensaje xenófobo en el que los extranjeros reciben las ventajas que ellos nunca han visto mientras a los gaditanos se les reserva la represión. Evidentemente, el partido ultraderechista compatibilizará la denuncia por la situación de los que reciben los palos con el apoyo entusiasta a los que sacuden con las porras, como hará en unos días con la manifestación de los sindicatos policiales.
Sería algo ingenuo pensar que la gente no caerá en la trampa.
