Si quieres que salga bien una moción de censura en un territorio especialmente corrupto, tienes que montártelo como si fuera una película de Scorsese, de esas en que se oyen golpes en el maletero. Está bien contar con los votos y argumentos necesarios, pero es mejor tener a mano a un Joe Pesci que se asegure de que nadie se escabulle para hacer una llamada secreta desde el baño. En el caso de necesitar un referente más nacional, pocos ejemplos más adecuados que el de Jesús Gil. Se sube a los concejales a un autobús, se les envía bien lejos de la ciudad y se les encierra en un hotel hasta el día de la votación. El foso con cocodrilos rodeando el hotel es opcional.
Quien sí tiene aprendidas las lecciones del tamayazo es el PP. ¿Alguien ha presentado una moción de censura contra un Gobierno de los nuestros? No perdamos la cabeza. ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿A quién hay que llamar? ¿Qué le podemos ofrecer?
La noticia de la moción contra el Gobierno murciano de Fernando López Miras suponía un ridículo espantoso para Teodoro García Egea. Acostumbrados a tener que escuchar sus órdenes, los barones regionales se estaban relamiendo. Se la habían jugado al número dos del PP en su propia comunidad. Egea partió rápidamente hacia Murcia para salvar su futuro político. «Sr. Rivera, no insista en su obsesión con el PP. Aquí no aceptamos tránsfugas», escribió en Twitter en 2019. Ahora no era el momento de andarse con remilgos.
López Miras era todo oídos, aunque es posible que lo tuviera todo preparado. Un partido que lleva 25 años consecutivos gobernando una comunidad ya sabe qué teclas hay que apretar, a quién y por cuánto.
En poco más de 24 horas, dieron la vuelta a la historia. Necesitaban tres votos de parlamentarios de Ciudadanos para que fracasara la moción. Los tenían identificados. Uno de ellos era el de la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, que había suscrito la iniciativa para acabar con el Gabinete del que forma parte. Al principio, se rumoreó que la suya no estaba entre las firmas de la moción. Ella lo desmintió de forma tajante en un mensaje enviado en Twitter al director de este medio. Eso fue antes de que empezara a recibir llamadas.
Franco no necesitó que insistieran mucho. Este viernes, se culminó la jugada. Los tres tránsfugas de Ciudadanos firmaron otro documento con el que anunciar su apoyo a López Miras. La vicepresidenta continuará en su cargo y los otros dos –Francisco Álvarez y Valle Miguélez– recibirán el premio de convertirse en consejeros. El pago en especie era lo más rápido.
Le tocaba a Franco explicar en público su cambio de posición en menos de un día. No se complicó la vida: «Yo firmé esa moción por lealtad y disciplina con mi partido. Mi manera de pensar comenzó a cambiar cuando horas después me di cuenta de que, mientras nosotros estábamos gestionando los efectos de la pandemia, por ejemplo, con las residencias de mayores y de personas con discapacidad, algunas personas de mi partido estaban repartiéndose sillones de un nuevo Gobierno muy lejos de aquí, en Madrid».
Sí, seguro que cuando todo saltó por los aires con la noticia de la moción de Murcia y su repercusión no menos dramática en la Comunidad de Madrid con la convocatoria de elecciones, Franco estaba en su despacho pensando en los ancianos, las personas con discapacidad y puede que hasta en los niños. Fue entonces cuando recibió la llamada de López Miras. Después de secarse las lágrimas, tomó la dura decisión de conservar su sillón de vicepresidenta. Quizá empiece a trabajar de pie desde hoy para dejar claro que lo suyo no son los sillones.
En el teatro que caracteriza a la política en estos momentos convulsos, todo el mundo quería hablar de sillones. «Algunos han pensado que la vida y el futuro de las personas no son lo importante, sino que es más importante un sillón», dijo López Miras, otro que debe de trabajar de pie. «Para algunos diputados, la dignidad tiene un precio: 76.000 euros brutos anuales y un chófer en la puerta de su casa», afirmó Ana Martínez Vidal, la líder de Ciudadanos en Murcia a la que la moción de censura tenía que poner al frente del Gobierno murciano.
Ciudadanos queda como el partido doblemente engañado. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso aprovechó la moción de Murcia para cumplir su deseo de adelantar las elecciones (dejando a Ignacio Aguado con cara de tonto) e intentar gobernar sólo con Vox, porque cree que lo tendrá más fácil con una relación monógama con la extrema derecha. En Murcia, los tránsfugas arrebatan a Inés Arrimadas el Gobierno autonómico que iba a obtener con los votos del PSOE. Albert Rivera abandonó el partido después de dejarlo reducido a la mínima expresión en el Congreso. Arrimadas no ha conseguido reflotarlo y ahora afronta el problema del ridículo causado por los sucesos de esta semana.
En términos de imagen, Arrimadas deberá luchar dentro y fuera del partido contra la sensación de que Cs tiene fecha de caducidad y que cada día está más cerca. Puede alegar que es víctima de lo ocurrido en Murcia. Puede endurecer el discurso contra la corrupción del PP, como hizo el viernes Edmundo Bal, cuando denunció «los comportamientos mafiosos del Partido Popular en Murcia».
Desgraciadamente para ellos, ciertas derrotas son magnificadas por los medios de comunicación. Los medios informan con amplitud y tono crítico de los casos de corrupción, pero los que apuestan por titulares directos y agresivos y los que estaban en contra de la moción de censura pasarán a elogiar la ‘jugada maestra’ del partido de Pablo Casado.
El PP ya no oculta que su objetivo es poner fin a la existencia de Ciudadanos como partido con representación parlamentaria. Y no hay piedad en política con el adversario que da evidentes muestras de vulnerabilidad. El partido de Arrimadas se ha presentado con una navaja en una pelea a tiros. Ya hemos visto cómo acaba eso en Murcia.
