Los mensajes de Carmen Calvo sobre los derechos trans quedan ya fuera del discurso del Gobierno

Por mucho que apriete la oposición, sólo hay una forma en que un Gobierno de coalición puede acortar su esperanza de vida de forma dramática: las heridas autoinfligidas. Es lo que sucedió en las negociaciones del proyecto de ley sobre los derechos de las personas trans. Hay muchos asuntos que separan al PSOE y a Unidas Podemos con diferencias que es posible resolver. En los temas de política económica, no van a coincidir con facilidad, pero al menos pueden intentar encontrarse a mitad de camino, aunque una parte quede bastante decepcionada, habitualmente Podemos. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con valores y derechos civiles, si la discrepancia es completa, es muy fuerte la tentación de pensar: ¿para qué estoy entonces en este Gobierno?

A la hora de anunciar la presentación del anteproyecto después del Consejo de Ministros, tocaba representar la concordia que ha sido tan difícil de alcanzar en los últimos meses. Irene Montero elogió la aportación del ministro de Justicia en todo el proceso de negociación. Juan Carlos Campo desdramatizó la situación al afirmar que «el proyecto ha llegado cuando tenía que llegar». María Jesús Montero lo describió como «un texto colectivo en el que todos hemos aportado». La portavoz del Gobierno se refirió de forma específica al derecho a «la libre autodeterminación de género», el concepto que inspira la nueva legislación y que hasta ahora se había negado a aceptar la vicepresidenta Carmen Calvo.

Como los periodistas preguntaban en la rueda de prensa sobre la posición de Calvo, Campo hizo de relaciones públicas de la número dos del Gobierno. «Las palabras de la vicepresidenta a las que se refiere son las mismas que he utilizado al principio, madurez y estabilidad», dijo refiriéndose a ciertos aspectos de la reforma. No sonó muy convincente. En realidad, Calvo no sólo había querido dar más seguridad jurídica al proyecto, sino que en el fondo estaba negando su misma base argumental. «A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles», dijo la vicepresidenta en una entrevista en febrero. Eso la colocaba en una trinchera enfrentada al Ministerio de Igualdad. Sigue leyendo

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¿Faltan camareros o faltan salarios dignos después de la pandemia?

Joe Biden bajó la voz y se acercó al micrófono como si fuera a contar un secreto. Le habían preguntado por las dificultades de muchas empresas en EEUU para encontrar trabajadores ahora que la mayoría de las restricciones por la pandemia se ha levantado. Lo resumió en tres palabras: «Pay them more» (pagadles más). Algunos empresarios acaban de descubrir la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay escasez de los productos y servicios que ellos ponen en el mercado, sus precios tienden a subir. Ahora que está sucediendo eso con la mano de obra en algunos sectores en EEUU y España, no entienden que esas leyes no escritas de la economía también funcionan para ellos. «Los empresarios van a tener que competir entre sí y empezar a pagar a la gente trabajadora unos sueldos decentes», explicó el presidente norteamericano.

En España, los titulares se han centrado en los camareros con el inicio de la temporada turística. Faltan camareros en Almería. Soria necesita camareros. Lo mismo en Valencia. En realidad, en casi toda España. Acostumbrados a ofrecer un sueldo bajo junto a un horario interminable, los dueños de bares y restaurantes respondían con un ‘lo tomas o lo dejas’ a cualquier queja sabiendo que tenían todas las de ganar. Ahora el equilibrio del poder ha girado en dirección contraria.

«¿No será que las condiciones son tan lamentables que no hay suficiente personal dispuesto a trabajar en condiciones indignas?», dijo la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

Una conversación por mensaje de texto entre un empresario y un trabajador aparecida en Twitter confirmó esa sospecha. Una jornada de unas 15 horas diarias. Un solo día libre a la semana. Un sueldo de 800 euros. La última frase del dueño: «Es verano. Tú verás». Cada vez más personas lo ven muy claramente, pero no en el sentido que esperan escuchar los que hacen esas ofertas.

Algunas informaciones indican que las grandes cadenas de restauración en EEUU, como McDonald’s, «se han visto obligadas a subir salarios», como si fuera un drama de proporciones bíblicas. Ni siquiera eso es suficiente. El sector de la restauración cuenta con 1,7 millones de empleos menos que antes de la pandemia, y eso que ofreció un millón de puestos de trabajo en marzo cuando muchos de esos locales volvieron a abrir sus puertas. Subieron de media los salarios un 3,9% en los primeros meses de este año, pero se trata de negocios que pagan habitualmente muy poco a sus empleados.

Veinte gobernadores republicanos y la Cámara de Comercio de EEUU acusan al Gobierno de Biden de haber extendido demasiado en el tiempo los subsidios de desempleo y otras ayudas sociales. La denuncia esconde una intención muy clara: hay que apretar las tuercas a los pobres para que vuelvan a aceptar esos trabajos mal pagados.

En realidad, sólo uno de cada 28 trabajadores parados, un 3,5% del total, rechazó una oferta de trabajo porque aún estaba cobrando un subsidio, según un estudio de la Reserva Federal. Los que se negaron trabajaban precisamente en los empleos peor pagados.

«La gente olvida que los trabajadores de restaurantes han experimentado décadas de abusos y traumas. La pandemia ha sido simplemente la última gota», explicó uno de ellos a The Washington Post. No es una casualidad que la mayoría de esos negocios con problemas para contratar paguen menos de 15 dólares la hora, el umbral que sindicatos y organizaciones progresistas han establecido como sueldo digno y por el que hacen campaña para que sea el salario mínimo en todo el país.

La falta de personal suficiente para atender a los clientes que vuelven a las tiendas puede suponer una importante merma en la imagen de una empresa. Es lo que le está ocurriendo a Zara en algunas tiendas de las principales ciudades de EEUU. Las largas colas ante las cajas por el escaso número de dependientes han provocado furiosas protestas en el sitio donde tienen más influencia. No en el libro de reclamaciones, sino en redes sociales.

En Reino Unido, el déficit de personal en restaurantes, también en puestos especializados, se ha visto agravado por las consecuencias del Brexit. Antes de la pandemia, uno de cada cuatro trabajadores había nacido en otro país de la Unión Europea. Con los establecimientos cerrados, la mayoría de ellos volvió a sus países en 2020.

En su empeño por reducir el número de inmigrantes de forma drástica, el Gobierno está restringiendo los visados a personas muy cualificadas y el sector servicios se está viendo perjudicado. Y los británicos no muestran especial interés en aceptar empleos en una industria de sueldos bajos, condiciones duras de trabajo y escasas posibilidades de promoción. En una encuesta realizada por Adecco entre decenas de miles de solicitantes de empleo, sólo el 1% estaba interesado en trabajar en la restauración.

Hay otro factor psicológico difícil de medir. La pandemia ha hecho que muchas personas se replanteen su forma de vida, el trabajo que tienen, el tiempo que les deja para hacer otras cosas o estar con su familia, y las condiciones económicas. En el caso de los empleos más duros, la tentación de no regresar a la vida anterior es muy fuerte.

En un mundo en el que el salario mensual real de los jóvenes españoles de entre 18 y 35 años es menor que en 1980 –el descenso es del 26% para los que tienen entre 30 y 34 años y hasta el 50% para los de 18 a 20 años–, ahora es más importante que nunca reflexionar sobre el precio personal que se paga por elegir determinados trabajos.

Los empresarios pueden prestar atención a lo que hizo el dueño de una cadena de heladerías de Pittsburgh, que probó a doblar el sueldo en su oferta de empleo y lo subió a 15 dólares la hora. De repente, recibió mil solicitudes en una semana para cubrir 16 puestos.

Si una compañía no se lo puede permitir, es posible que su factor diferencial sea únicamente el uso de mano de obra barata. Quizá le convenga revisar su modelo de negocio.

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Tiempo de defender a la patria, tiempo de linchar a los traidores

Garamendi lloró. Se había temido lo peor. Que le acusaran de romper España –la lista de culpables es larga, pero siempre se puede hacer sitio a alguien más–, que intentaran obligarle a dimitir, que dijeran que es idiota. Al final, la asamblea general de la CEOE le premió con un largo aplauso y su presidente se emocionó. Había quedado atrapado en la zona con alambre de espino que la derecha ha tendido para encerrar a todos aquellos que no siguen al paso de la oca sus designios sobre Catalunya. Ahí dentro están los traidores a España. No importa que sean más los de fuera que los de dentro o que la mayoría del Congreso de los Diputados haya quedado incluida en esa categoría.

El presidente de la CEOE no había apoyado los indultos a los políticos encarcelados por su papel en el procés. Sólo había expresado con un condicional la posibilidad de que sirvieran para lo que el Gobierno ha dicho que es una de sus principales funciones. Con la frase «si esto (los indultos) acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea», no mostraba un gran entusiasmo, pero sí una esperanza. Evidentemente, podría ocurrir lo contrario.

Antonio Garamendi estaba diciendo que el mundo de los negocios y las empresas necesita estabilidad y que siempre se ve favorecido si hay colaboración institucional entre los gobiernos. Lo mismo piensan varias organizaciones empresariales catalanas. Se juegan su dinero. No es que sean egoístas. Son realistas.

En un país en que hay días en que el líder de la oposición habla como si fuera Rosa Díez, no es extraño que se haya llegado a este punto. Es un lenguaje propio de gobiernos autoritarios con la particularidad española de que quien lo utiliza con más energía es la oposición. Todos los que no apoyan determinada política son enemigos de la nación, traidores, vendidos a oscuros intereses. Sigue leyendo

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Señor juez, voy a recurrir por algo que leí el otro día y que me dejó muy preocupado

Pablo Casado se ha puesto de puntillas y ha empezado a pegar saltos para que le vea el Tribunal Supremo. Aquí, aquí, estoy aquí. Quiero recurrir contra los indultos de los presos del procés. Pero ni usted ni su partido estaban personados en la causa que acabó con la condena de los acusados. No importa, soy parte perjudicada, porque el Gobierno ha traicionado a todos los españoles y yo soy español. Ya, pero la justicia no funciona así. Espere, querían matarme, estoy vivo de milagro, soy una víctima del terrorismo. ¿Esa gente que quería matarle está en la cárcel? No, les pusieron en libertad bajo fianza, una no muy grande. ¿Y cómo sabe que pretendían matarle? La Guardia Civil dice que hicieron búsquedas en Google con mi nombre.

Casado, hiperactivo y presa de los nervios, está tan escandalizado por los indultos por ser una medida que va contra la ley, según dice, que ha decidido que la ley debe adaptarse a su situación personal. Bajo el principio de que empiezas haciendo búsquedas de Google y acabas tirando las torres gemelas, el líder del PP está indignado por el hecho de que nadie del Gobierno le avisara en 2019 de estos supuestos planes violentos.

La realidad jurídica de los recursos ante los indultos está limitada por lo que dicen la ley y el Tribunal Supremo en sus sentencias. Sólo pueden presentarlos aquellos que sean «partes interesadas», no en un sentido general, sino procesal y específico. Eso incluye obviamente a las acusaciones personadas en esa causa (Fiscalía y Abogacía del Estado) y en su caso la acusación particular. Esto último también pone en duda un posible recurso de Vox, que intervino como acusación popular en el juicio del procés. La Sala de lo Penal del Supremo impidió que Vox presentara un informe ante el tribunal sobre la concesión del indulto. Si no les dejaron opinar a priori, sería muy extraño que otra sala del Supremo les conceda el estatus necesario para interponer un recurso. Sigue leyendo

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Los periodistas de Telemadrid serán los primeros en probar la versión de la libertad de Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso siempre ha dicho que su admiración hacia Esperanza Aguirre no conoce límites. Ahora tiene la oportunidad de emularla en relación al control de Telemadrid. Después de una legislatura de dos años en la que no pudo aprobar ninguna ley, excepto una reforma parcial de la ley del suelo, su victoria en las elecciones le permite ahora intentar recuperar el tiempo perdido. Lo primero es lo más urgente, lo que no puede esperar a después del verano. ¿Medidas sobre la pandemia? ¿Sobre el empleo? ¿Un nuevo presupuesto? No. Este lunes, el PP ha presentado en la Asamblea un proyecto para sustituir a la cúpula directiva de la radiotelevisión pública madrileña. Por el método de lectura única. El más rápido.

Aguirre llevaba mucho tiempo avisando a Ayuso de que tenía que hacer algo al respecto. «La atacan todos los medios de comunicación. ¡Todos! No tiene ni Telemadrid, que es ‘podemita’ a muerte», dijo la expresidenta de Madrid en 2020. La obsesión venía de antes. En 2018, montó un buen número en el programa ‘Buenos Días, Madrid’ en 2018. A Aguirre le molestaron las preguntas que le hicieron la presentadora y sus colaboradores. «Coja su escaleta y mire al mismo tiempo las portadas de los periódicos de hoy. Verá que en ningún sitio sale lo que habéis preguntado aquí. ¡Es el colmo!». Periodistas haciendo las preguntas que creen oportunas. Dónde se ha visto eso.

Las preguntas a los políticos del partido en el poder suelen ser uno de esos termómetros que delatan a aquellos gobernantes que no quieren sorpresas en directo. Aguirre, a la que no se puede negar que siempre fue muy transparente, lo demostró en septiembre de 2006 cuando le dijo a Germán Yanke, presentador del informativo nocturno de Telemadrid, que «creo que usted compra el discurso de nuestros adversarios» con sus preguntas. Sigue leyendo

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El desprecio a la izquierda augura una relación apasionada entre Isabel y Rocío

Rocío Monasterio llegó a la Asamblea de Madrid en la mañana del viernes tan contenta como si hubiera ganado las últimas elecciones autonómicas. Lucía una amplia sonrisa –ese no es un detalle tan relevante: sonríe cuando está contenta y cuando te clava un cuchillo con todas las ganas– y no ocultaba que Vox entra en una etapa ilusionante en la política de la comunidad. «Estamos encantados porque la señora Ayuso ha asumido muchas de nuestras ideas», dijo a los periodistas antes de que se iniciara la segunda jornada del debate de investidura. Comenzaba la legislatura con la sensación de que ya había ganado.

Durante el pleno, esa sensación se confirmó en el plano personal. Isabel Díaz Ayuso no tuvo ningún inconveniente en situarse del lado de Monasterio cuando la portavoz de Vox lanzó un ataque personal contra un diputado de Unidas Podemos. Serigne Mbayé reúne tres características que despiertan los peores instintos en la extrema derecha. Es negro, es inmigrante y trabajó como mantero. Fue suficiente para que Monasterio lo señalara como símbolo de todo lo que desprecia. «Es una persona que entró en nuestro país de forma ilegal saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes que estaban esperando y que habían cumplido todos los pasos, y que durante años se lucró vendiendo de forma ilegal a las puertas de los comercios y de esas pymes a las que ustedes suben los impuestos y la factura de la luz», dijo Monasterio.

Una persona que vendía cosas en la calle para poder comer se estaba lucrando, denunció la arquitecta que cometió en el pasado irregularidades que fueron cuestionadas por compañeros de profesión. ¿Arquitecta? Bueno, no exactamente, tampoco tenía el título en esa época. Sigue leyendo

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Hay unos asuntos que deberían preocupar al Gobierno y no tienen nada que ver con los indultos

Cinco preguntas, cinco, de la acreditada ganadería del Partido Popular aparecieron en la sesión de control del miércoles en el Congreso dispuestas a empitonar al Gobierno con el tema de los indultos a los presos del procés. Los toros salieron briosos, pero pronto se vio que iban algo despistados y con los cuernos sospechosamente gastados. Pasa cuando llevas mucho tiempo empleando los mismos argumentos y al cuarto día no suenan igual. Lo más incisivo que lograron encontrar Pablo Casado y sus diputados fueron las frases de Pedro Sánchez en anteriores campañas electorales cuando decía que ni hablar de los indultos. Es más, hasta prometió que iba a traer a Carles Puigdemont de vuelta a España, no se sabe cómo.

Eso se produjo en la época en que Iván Redondo iba suministrando frases geniales a Sánchez para cautivar a los votantes de Ciudadanos. Pocas estrategias políticas han tenido un fracaso más evidente en los últimos años. Para que te fíes de los asesores que han leído mucho sobre otros países que poco o nada tienen que ver con España.

Los diputados del PP habían desayunado con varios artículos que reflejaban la perplejidad o malestar con que en el partido se ha recibido el desplante de Isabel Díaz Ayuso, empeñada en pasar por encima de su líder al usar la última ocurrencia salvaje de su consigliere. «Todo esto destroza nuestra estrategia y el Gobierno se frota las manos», dijeron fuentes del PP al diario ABC para comentar la insistencia en seguir implicando al rey por su obligación constitucional de firmar los indultos. «Deja mal a Casado justo en la semana de su investidura… algo ha de haber», decían otros a El Mundo. «Va de charco en charco», se quejaban en El Confidencial.

La obsesión de Ayuso por hablar de Felipe VI, contra el criterio de Casado, es tan llamativa que ha llegado a la portada de El Jueves. Es cierto que con un estilo muy distinto al de las anteriores publicaciones. Sigue leyendo

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Queremos más niños en Madrid, pero que sean de raza blanca, por favor

El madrileñismo exacerbado sufrió este jueves un duro golpe con la noticia de que Sergio Ramos abandona el Real Madrid. Toca revisar el álbum de cromos y la iconografía de las grandes hazañas bélicas. Los ídolos sociales se van sustituyendo por otros con el paso del tiempo, pero siempre se corre el riesgo de perder en capacidad de producción de testosterona. A expensas de futuros fichajes deportivos, la política madrileña aspira a ocupar ese vacío con Isabel Díaz Ayuso y de ahí emprender la reconquista de España, el mundo y todo lo que quede más allá.

Puestos a tirar de testosterona antifeminista, Díaz Ayuso tocó en su discurso de investidura la melodía que mejor suena en los oídos de los votantes y dirigentes de Vox. El gran éxito conseguido en las urnas de mayo contrasta con el fracaso de la legislatura anterior en la que no se pudo aprobar un presupuesto. Para solventar esa carencia, a la presidenta en funciones no le vale con ser reelegida con los votos del partido de extrema derecha, que ya tiene garantizados, sino marcar el camino para contar con un pacto estable que le permita gobernar.

Nunca antes los votantes habían revalidado con tal claridad a un Gobierno que había hecho tan poco. Díaz Ayuso parece decidida a que esa situación no se repita. Sigue leyendo

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¿Cuánta libertad estarías dispuesto a conceder a los rivales políticos a los que más desprecias?

En todos los debates sobre libertad de expresión en Europa y EEUU, la gran prueba del algodón, de la consistencia en la defensa de esos principios, es la que interpela a cada uno de nosotros sobre los derechos que concedemos a los que no piensan igual. Todo lo demás es retórica. Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender que los rivales políticos expresen sus opiniones, incluso aquellos cuyas ideas aborrecemos. Quedó simbolizado en una frase de Rosa Luxemburgo que citó Jaume Asens, de Unidas Podemos. «La libertad es siempre la libertad de los que piensan diferente». A veces se incluye en la cita la palabra ‘exclusivamente’. Siempre que se debate sobre ello en el Parlamento de España casi nadie alcanza el umbral de respeto que marcó Luxemburgo. Los peligrosos suelen ser los otros.

Asens presentó una proposición de ley de su grupo para reformar el Código Penal y derogar los delitos contra el sentimiento religioso, las ofensas a la Corona, la bandera y el himno, y las injurias al Gobierno y otras instituciones. El PSOE anunció que votará a favor de la tramitación del proyecto. Su negociación se antoja complicada, porque corre el riesgo de quedar sometida a ese debate recurrente sobre la calidad de la democracia española. No porque sea innecesario, que no lo es, sino porque cada grupo se atrinchera en su posición y no está dispuesto a moverse ni un milímetro.

El punto de partida del discurso de Asens fue citar a Amnistía Internacional, que ha dicho que «la libertad de expresión ha sufrido un retroceso en España desde 2015». Hemos sido testigos de procesos judiciales contra artistas y tuiteros en los que se les han pedido penas de prisión o se les ha condenado por delitos de opinión. Asens cargó la responsabilidad sobre los artículos del Código Penal de los que se pide su eliminación o reforma y también sobre los jueces: «En España tenemos una cúpula judicial colonizada y secuestrada por la derecha». Sigue leyendo

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Un día de furia y de fiesta para Vox en Colón

Hay gente que va invitada a una fiesta, no se gasta nada de dinero y no sólo se lo pasa en grande, sino que acaba convertido en el rey del momento. No es que sea un gorrón. Es que le habían llamado para asistir a una fiesta que parecía pensada para él y no se podía sentir más en casa. Mientras el anfitrión se queda en una esquina o recibiendo o despidiendo a los demás, el invitado especial está en el centro de todos los corrillos, contando los mejores chistes y recibiendo el apoyo entusiasta de gente a la que no conoce de nada. Es un poco lo que disfrutó Vox en la concentración del domingo contra los indultos de los presos del procés en la Plaza de Colón de Madrid. Si la llegan a organizar ellos, no les sale tan bien.

La cita había sido convocada por una organización llamada Unión 78 formada por personas que se representan a sí mismas. Eso es una cosa muy normal en democracia. A nadie se le exige que represente a no menos de mil o diez mil personas para formar una asociación. La cita sirvió para presionar al Partido Popular, que al principio no quería verse arrastrado a una concentración callejera hombro con hombro con la extrema derecha. Mucho menos repetir la famosa foto de Colón que le persiguió en las dos elecciones de 2019. En esta ocasión, no hubo foto conjunta de líderes, porque la mayoría de las fotos, pancartas y gritos en la zona más cercana al escenario fueron patrimonio de la extrema derecha.

En esas primeras filas, con los que habían llegado antes a Colón, la diversión estaba garantizada con las puyas al PP, además de a Sánchez. En más de una ocasión, la chavalada ultra arrastró a los demás para que gritaran «¡Casado, dónde está el máster!». No faltaba el «España una, y no 51», de rancio abolengo en las manifestaciones ultras de los años setenta. La cosa se fue un poco de madre cuando empezaron con el «PSOE, PP, la misma mierda es» hasta que algunos les pidieron que pararan. Sigue leyendo

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