La operación Kitchen se está investigando en un juzgado de la Audiencia Nacional para saber si el Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy utilizó fondos públicos para impedir que las revelaciones hechas por Luis Bárcenas pudieran perjudicar al Partido Popular, además de otros asuntos delictivos. Y también se está hablando de ella en una comisión de investigación en el Congreso. Es pronto para llegar a una conclusión, porque lleva poco tiempo en funcionamiento, pero de momento no se puede decir que vaya a investigar mucho. Ni siquiera ha tenido acceso a los hechos descubiertos por la justicia. Aún no ha terminado la instrucción judicial y el magistrado García Castellón no ha querido por ese motivo entregar informes al Congreso. A veces por correr demasiado, tardas mucho más en llegar a la meta. O sencillamente no llegas nunca.
Investigar en el Parlamento hechos que están siendo investigados al mismo tiempo en los tribunales es una tarea tan complicada que hay pocos precedentes alentadores.
La comisión escuchó el jueves el testimonio del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid hasta mayo de 2020 y antes cargo policial de confianza de los ministros Rubalcaba y Camacho, del PSOE, y Fernández Díaz y Zoido, del PP. Se produjo una paradoja difícil de entender para los que no conocen el Congreso. Los diputados le convocaron para que hablara de algo sobre lo que legalmente no puede hablar. En concreto, sobre el uso de fondos reservados. No puede hacerlo por una ley aprobada por el Parlamento en 1995 a iniciativa de un Gobierno socialista. Eso no impidió que el diputado socialista Felipe Sicilia le preguntara en reiteradas ocasiones por el uso de fondos reservados, en algunos momentos con referencias muy concretas. Pérez de los Cobos le dijo que no podía responder por ser materia clasificada y que hacerlo le acarrearía «responsabilidades penales». Sigue leyendo