Un intento de golpe de Estado que lleva la firma de Donald Trump

La presidencia de Donald Trump siempre ha estado ligada a la idea de la violencia. En la campaña electoral de 2016, el entonces candidato republicano jaleaba a sus seguidores para que trataran con dureza a los que intentaban reventar sus mítines. En el discurso inaugural de su toma de posesión, enarboló la idea de ‘America First’ que había sido el grito de batalla de los norteamericanos reaccionarios para impedir que el Gobierno de Roosevelt declarara la guerra a la Alemania nazi. En los incidentes violentos provocados por grupos racistas en Charlottesville, en los que una mujer murió asesinada tras ser atropellada de forma intencionada, Trump se negó a condenar a los responsables y dijo que «ambos bandos» eran responsables de los hechos.

El final de su presidencia ha estado a la altura de su trayectoria en la Casa Blanca. Todo se ha acelerado después de su derrota de noviembre en las urnas. A partir de ese momento, Trump se ha lanzado a una campaña de incitación a la violencia con la que responder al supuesto fraude electoral que ha sido negado por los tribunales.

El mismo día en que una turba de centenares de radicales ultraderechistas asaltaron el Congreso de EEUU, el presidente aún en el cargo pronunció un discurso ante sus seguidores con la intención de animarles a luchar hasta el final. Les animó a desfilar por Pennsylvania Avenue para «dar a los congresistas republicanos el tipo de orgullo y la valentía que necesitan para recuperar nuestro país». No se trataba de realizar una protesta política frente al Capitolio, sino de algo más: «Tenéis que luchar hasta el final, porque si no lucháis hasta el final, ya no tendréis un país». Sigue leyendo

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Trump lanza su última ofensiva contra la democracia norteamericana

Cuando muchos congresistas republicanos han olvidado en EEUU los más elementales principios democráticos al amenazar con intentar impedir el reconocimiento oficial de la victoria de Joe Biden en las elecciones, a veces sólo queda recurrir al interés propio más egoísta. Es lo que ha hecho Chip Roy, congresista republicano de Texas, en un comunicado firmado junto a otros seis compañeros de escaño de su partido. Les viene a decir que no son muy inteligentes, porque pueden estar poniendo en peligro el sistema electoral que les ha sido tan rentable en las últimas décadas.

«Dicho desde una perspectiva puramente partidista, los candidatos presidenciales republicanos han ganado el voto popular sólo una vez en los últimos 32 años. Por tanto, han dependido del colegio electoral en casi todas las victorias presidenciales de la última generación. Si perpetuamos la idea de que el Congreso puede rechazar los votos electorales certificados (por los estados) –basándose sólo en su propio criterio según el cual uno o más estados han gestionado mal las elecciones presidenciales– estaremos deslegitimando el propio sistema que dio la victoria a Donald Trump en 2016 y el único camino a la victoria en 2024».

Un centenar de miembros de la Cámara de Representantes se negará a reconocer la victoria de Biden, apoyándose en las denuncias de fraude que han sido rechazadas por los tribunales y ridiculizadas por los medios de comunicación, en la sesión del Congreso que se celebra este miércoles. Habría sido una protesta irrelevante si no hubiera recibido el apoyo de ningún senador. Hace unos días, se supo que un grupo de senadores pretende hacer la misma denuncia, lo que obligará a realizar una votación. Esos senadores republicanos son ya trece.

La sesión parlamentaria es un acto protocolario que suele durar en torno a media hora. A causa de esta rebelión republicana, se convertirá en un espectáculo deplorable en un país en el que sus políticos alardean de ser la democracia más antigua del mundo, además del mejor país del planeta. Cumplirá el guión de tantos sucesos similares ocurridos en dictaduras del Tercer Mundo cuando el presidente saliente se niega a reconocer la derrota en las urnas y dar paso al vencedor. Sería un intento de golpe de Estado –o quizá de autogolpe– con el que negar el resultado electoral recurriendo a teorías de la conspiración que han sido desdeñadas por altos cargos republicanos de los estados con resultados más ajustados.

La situación es paradójica hasta el extremo, ya que los republicanos son grandes defensores de las competencias de los estados frente al Estado federal. Las elecciones en EEUU son organizadas por los estados, cada uno con sus propias normas que no siempre coinciden, excepto en lo básico. El Gobierno de Washington no interviene en ellas. El Departamento de Justicia sí puede iniciar una investigación en algunos casos de fraude y bajo ciertas condiciones, pero no tiene ninguna prueba ahora para ir a los tribunales.

Que un organismo del Estado federal, como el Congreso, se niegue a aceptar por su cuenta y riesgo los resultados electorales que certifican los estados es algo inaudito en una mentalidad republicana, además de un acto ilegal.

Esta insurgencia reaccionaria ha sido alentada por Donald Trump en las últimas semanas. Este mismo martes, aseguró en Twitter que «el vicepresidente tiene el poder para rechazar a los electores elegidos de forma fraudulenta», es decir, rechazar los votos electorales de los estados que provocaron su derrota. Es falso, ya que el papel de Mike Pence, como presidente del Senado, es tan protocolario como la propia sesión. Le corresponde abrir el acto y cerrarlo con la proclamación de la victoria del candidato ganador.

Esta presión por encima de ley no es ninguna sorpresa, aún más desde que se conoció el domingo la grabación de la conversación telefónica de Trump con el secretario de Estado de Georgia y su consejero legal en la que le presionó para que le consiguieran como fuera 11.780 votos más con los que ganar las elecciones en ese Estado. Un caso evidente de incitación al delito.

Varios analistas legales han coincidido en que si estas palabras hubieran procedido de un cargo público de menor nivel, estaría siendo investigado por el FBI o quizá ya habría sido detenido. Como se trata del presidente, creen que ahora mismo las posibilidades de actuar contra él son muy reducidas.

Trump también se ocupa de incitar en la calle a que se produzcan movilizaciones en su favor con el objetivo de presionar a los congresistas. El miércoles, el presidente intervendrá en un mitin a las 17.00 hora española en la capital con ese mensaje. «Washington está inundada de personas que no quieren permitir que una victoria electoral sea robada por los demócratas de la izquierda radical. Nuestro país ya ha tenido suficiente. No lo van a permitir más», dijo en otro tuit.

El Ayuntamiento de Washington ha pedido la presencia de tropas de la Guardia Nacional por temor a no poder asegurar el orden en las calles.

Los principales congresistas republicanos han dado desde noviembre numerosas muestras de su escasa valentía a la hora de reconocer los resultados electorales. Al final, la mayoría admitió a Biden, con bastante retraso, como presidente electo. Se cuidaron mucho de denunciar en público la actitud del presidente confiando en que sus asesores le terminaran convenciendo de que se rindiera a la evidencia, certificada por setenta autos judiciales.

Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, intentó que ningún senador del partido apoyara la rebelión de sus compañeros de partido en la Cámara Baja y que así la sesión del miércoles transcurriera sin incidentes dignos de mención. Fracasó cuando más de una decena de ellos, algunos de ellos con aspiraciones a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, optaron por hacer de altavoces de Trump hasta el último momento.

Los acontecimientos de los últimos días confirman que Trump ha secuestrado al Partido Republicano al hacerse con el apoyo de la mayoría de sus votantes, incluso ahora que intenta subvertir el sistema electoral. Una encuesta de Fox News del 11 de diciembre reveló que más de una tercera parte de los votantes cree que a Trump le han robado las elecciones. Ese porcentaje es del 77% entre los que votaron al presidente en noviembre.

El huevo de la serpiente ya ha eclosionado.

13.40
La sesión del Congreso comenzará a las 18.00, hora española. Si al menos un congresista de cada Cámara se opone a ratificar los resultados electorales, como así va a ocurrir, se reunirán por separado la Cámara de Representantes y el Senado para celebrar un debate que tendrá una duración máxima de dos horas. A su término, tendrá lugar la votación.

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El último conflicto político que nos faltaba en la pandemia: la guerra de las vacunas

Inés Arrimadas pidió el lunes que el proceso de vacunación no se convierta en un capítulo más de la guerra partidista del coronavirus. «No vamos a tirarnos las vacunas a la cabeza», dijo. El comentario habrá causado perplejidad en el PP madrileño, donde cada día se rebusca en los armarios para ver qué munición hay disponible para saltar a las trincheras. Lo que no se puede negar es que trabajan con previsión. No dejes para mañana lo que puedas disparar hoy. Isabel Díaz Ayuso ya estaba metiendo viales en el cargador mucho antes de que llegara el primer cargamento a España.

Hace tres semanas, dio el pistoletazo de salida a la guerra de las vacunas: «A este paso, tal y como se están desarrollando las cosas, me temo que nos vamos a quedar sin vacuna incluso en enero, porque el Gobierno de España va a gestionar la estrategia de la propia vacuna». Como era de esperar, ahora está diciendo lo contrario. Se queja de que supuestamente el Gobierno no tiene una estrategia de vacunación.

Los datos ponen en evidencia a Díaz Ayuso y a otros gobiernos autonómicos. La semana pasada, Madrid sólo usó el 6% de las vacunas recibidas. Cataluña no está mucho mejor (13%). Otras CCAA tienen números más decentes: Asturias (80%), Galicia (51%), Castilla y León (44%), Andalucía (37%). Madrid lo achaca a los festivos navideños, por lo que hay que deducir que los asturianos, gallegos y castellanos son musulmanes, judíos o budistas o que no tienen por costumbre celebrar la Navidad. Sigue leyendo

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Diplomacia en Gibraltar como alternativa al patriotismo de hojalata

La pandemia nos dejó este verano sin una tradición periodística española de larga trayectoria. Ante la falta de noticias de más peso, era habitual que algunos periódicos nos ofrecieran alguna polémica más o menos ficticia sobre Gibraltar, alimentada por declaraciones de dirigentes del PP, con la que agitar los sueños patrióticos. Tomemos 2013 como ejemplo. El gallardo ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció que se había acabado toda esa tontería de entablar un diálogo con las autoridades gibraltareñas que había iniciado Moratinos. Tocaba ponerse duro. «Se acabó el recreo en Gibraltar», dijo en una entrevista ese año. Los habitantes del Peñón iban a probar el acero español.

Entre las denuncias esgrimidas esos días, estaba la decisión del Gobierno de Gibraltar de arrojar al mar 70 bloques de hormigón para construir un arrecife artificial, impedir la pesca de arrastre y favorecer a los pescadores locales. Es decir, lo mismo que había hecho la Junta de Andalucía en 2006 con 88 bloques, una práctica habitual desde hace años.

La invocación permanente a la soberanía negada por tres siglos de existencia de la colonia británica daba cobertura a todas estas arremetidas. Nunca sirvieron para nada. Ni siquiera para poner en el congelador las relaciones entre España y Gran Bretaña. Los gobiernos del PP y el PSOE nunca pusieron en peligro sus relaciones con Londres. Lógicamente, habría que añadir. Los llanitos eran los malos y Madrid mantenía la ficción de que los británicos no tenían nada que ver con esos desmanes. Sigue leyendo

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El Gobierno se queda sin Salvador Illa cuando aún lo necesita

El Gobierno acaba de perder su principal activo político en la lucha contra la pandemia. No, no es Pedro Sánchez, a pesar de sus interminables discursos de 2020. El presidencialismo es una nota característica del sistema político español. Eso no quiere decir que el presidente sea siempre y en todo momento el gran dique frente a la oposición. Hay situaciones en que alguien que está algo por debajo en el escalafón juega un papel esencial. En muchas ocasiones, por su capacidad de descolocar a la oposición, de apartarla del rumbo que más le conviene. Desde marzo, esa persona ha sido Salvador Illa, por lo que ha hecho y dicho y por el efecto que ha causado en el Partido Popular.

Cuanto más tranquilo estaba el ministro de Sanidad, más sobreactuaba el PP. Eso quedó de manifiesto con su rabia –incluida la de la prensa afín– el día que quizá haya sido el más estimulante del 2020 en España, el domingo de la llegada de las primeras vacunas.

La decisión de colocar a Illa al frente de la candidatura del PSC en las elecciones catalanas, quizá lógica desde el punto de vista de los intereses del partido, pone en serios aprietos toda la estrategia de comunicación relacionada con la pandemia. Eso no sería un problema si estuviéramos en los últimos momentos de esta crisis casi existencial, para la sociedad y también para el Gobierno.

Nada más lejos de la realidad. Lo dijo el propio Illa esta semana: «No podemos descartar una tercera ola. No podemos estar tranquilos con esta incidencia acumulada». Sigue leyendo

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La condena a Loujain al-Hathloul demuestra a Biden que Arabia Saudí nunca cambiará

Pocas horas después de que se conociera la sentencia contra Loujain al-Hathloul, la futura Administración de Joe Biden ya tenía preparada una respuesta. Jake Sullivan, que será su consejero de Seguridad Nacional, la difundió en Twitter: «La sentencia de Arabia Saudí contra Loujain al-Hathloul por simplemente ejercer sus derechos universales es injusta y preocupante. Como hemos dicho, la Administración Biden-Harris se posicionará contra las violaciones de los derechos humanos con independencia de dónde ocurran».

Loujain al-Hathloul, de 31 años, detenida en mayo de 2018, ha sido condenada a cinco años y ocho meses de prisión por intentar cambiar el sistema político del país y causar daños a la seguridad nacional, según la sentencia. Su caso fue traspasado hace un mes al tribunal que se ocupa de casos de terrorismo con la intención de presentarla como una enemiga del Estado. Hathloul llevaba años defendiendo los derechos de la mujer en Arabia Saudí. Fue arrestada poco antes de que se levantara la prohibición de conducir a las mujeres. El Gobierno sabía que iba a continuar su activismo en otros asuntos más importantes.

Su familia y Amnistía Internacional denunciaron que Hathloul y otras activistas fueron torturadas y sometidas a abusos sexuales en la cárcel.

El tribunal ha declarado suspendida una parte de la pena. Según su familia, eso probablemente permita su libertad condicional dentro de unos tres meses. Pero quedará sobre ella la amenaza de volver a ser encarcelada para cumplir el resto de la pena si continúa con su labor por los derechos humanos. Además, tendrá prohibida la salida del país durante cinco años.

Otra activista feminista encarcelada, Mayaa al-Zahrani, recibió la misma pena.

La organización de derechos humanos ALQST revisó los documentos presentados por la fiscalía en el juicio del 10 de diciembre. Afirmaban que ella había «confesado» participar en un grupo de Telegram donde se discutía sobre derechos humanos, estar en contacto con otro activista para realizar una campaña en favor de una nueva Constitución para Arabia Saudí y haber recibido una dieta diaria de 50 euros cuando participó en el extranjero en conferencias sobre la situación de la mujer en el país.

En la vista, la fiscalía hizo algunos cambios en su escrito de acusación, como eliminar las referencias a la Unión Europea y los gobiernos de Reino Unido y Holanda, es decir, los contactos con el extranjero por los que ha sido condenada.

Nada que tuviera que ver con el terrorismo y la seguridad del país.

Se había especulado con que Loujain al-Hathloul y otras activistas serían puestas en libertad antes de que Biden tome posesión el 20 de enero. Ocurrirá no mucho tiempo después, pero en unos términos que no pueden convencer a la futura Casa Blanca. Condenar en un tribunal antiterrorista a las mujeres más activas en la defensa de sus derechos es lo que se espera de un régimen que envió a un comando de asesinos que mató al periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul e hizo desaparecer su cadáver. Y ya no habrá un Donald Trump que proteja los intereses del príncipe heredero saudí Bin Salmán.

La relación estratégica de EEUU con Arabia Saudí se remonta a 1945. Con Bin Salmán a unos pocos años de convertirse en rey, ha pasado a tener un precio muy alto, mucho mayor que el que Biden estaba dispuesto a pagar si hay que creerse sus promesas.

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‘La jungla de cristal’, la película para todas las navidades

Es uno de los temas que ha marcado a la civilización occidental desde 1988: ¿es ‘La jungla de cristal’ una película navideña? Muchos lo tienen claro, pero para terminar de despejar dudas entre los escépticos nada mejor que recurrir a LA CIENCIA.

Es cierto que también contiene 20 asesinatos y 26 apariciones de la palabra ‘Fuck’, pero nadie ha dicho nunca que sea la típica película familiar.

Lo que sí está claro es que la segunda película, ‘La jungla 2’, no tiene nada que ver con el funcionamiento normal de un aeropuerto. De eso, podemos estar seguros.

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Cómo un impostor se hizo pasar por verdugo del ISIS y engañó a The New York Times

Su testimonio helaba el corazón. No era sólo uno más de los hechos horrendos ocurridos en las zonas de Siria controladas por el ISIS. Procedía de uno de los verdugos que asesinaron a personas a sangre fría por no someterse a una ideología criminal. Un cierto reconocimiento de la dificultad de sus acciones le añadía verosimilitud. Era un asesino despiadado que al mismo tiempo tuvo que afrontar al principio la crueldad de sus actos. «Fue difícil. Tuve que apuñalarle varias veces. Luego le pusimos en una cruz. Y tuve que dejar la daga en su corazón». Shehroze Chaudhry era el personaje clave en el podcast ‘Caliphate’, publicado por The New York Times, un ejemplo de cómo el mejor periodismo podía adaptarse a nuevos formatos. Chaudhry era también un impostor.

El periódico norteamericano ha publicado los resultados de una larga investigación sobre los artículos de la coautora del podcast, Rukmini Callimachi, que era además su principal especialista en ISIS. La inició después de que la policía detuviera en Canadá a Chaudhry en septiembre por la sospecha de que se había inventado su pasado en el grupo yihadista y de que la noticia apareciera en varios medios de EEUU.

El veredicto es inapelable. Citando a fuentes policiales y de inteligencia, afirma que Chaudhry «no era un terrorista, es casi seguro que nunca viajó a Siria, y se inventó historias horribles sobre su pasado como verdugo del Estado Islámico como parte de una huida, al estilo de Walter Mitty, de su aburrida vida en un suburbio de Toronto y en Lahore, Pakistán, donde pasó años viviendo con sus abuelos».

Cómo es posible que un joven de trayectoria mediocre –acaba de cumplir 26 años– pudiera engañar a uno de los mejores medios de comunicación del planeta es un asunto que provoca perplejidad, aunque no es la primera vez que le ocurre al NYT y no será la última. Sucede con frecuencia cuando un medio da la máxima importancia a una cobertura periodística y pone toda su confianza en uno de sus mejores reporteros. Los controles internos de edición desaparecen ante las decisiones del director. Las críticas internas son desdeñadas. Informaciones de fuentes anónimas de los servicios de inteligencia son aceptadas, aunque no estén respaldadas por pruebas. Sigue leyendo

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Olivier Roy y las contradicciones del discurso de Macron sobre la influencia peligrosa del «islam político»

Olivier Roy pasa revista a varias de las medidas que Emmanuel Macron pretende que el Parlamento apruebe en su ley contra el islamismo político. En un artículo en El País, destaca algunas de las contradicciones del discurso oficial sobre la radicalización religiosa y el paso a la violencia terrorista.

«Basta enumerar las medidas previstas para comprender el abismo que hay entre las dos cosas. La ley quiere prohibir la educación en el hogar y tener un control estricto de los colegios religiosos privados. Quiere prohibir la poligamia y los certificados de virginidad. Muy bien. Demos la vuelta a la pregunta: si se hubieran tomado estas medidas hace 20 años, ¿nos habríamos ahorrado atentados terroristas? La respuesta, vista la trayectoria de los implicados, es no. Todos los que han cometido atentados en Francia proceden de la escuela pública; ninguno se educó en casa ni procede de una familia polígama. En cuanto a los “certificados de virginidad”, no veo la relación con el terrorismo: las jóvenes radicalizadas y activas (cuyo número va en aumento desde 2012) no son nunca modelos de virtud (todas suman parejas y maridos). Además, ninguno de los autores de atentados en Francia posee una formación religiosa adquirida en un colegio religioso o una mezquita. Ninguno procede de las asociaciones de musulmanes conocidas. Son individuos que se han radicalizado con un pequeño grupo de ‘colegas’, a menudo, hermanos, y que buscan en Internet los textos y las imágenes que alimentan su rebelión. Es dudoso que el contacto con un ‘imán moderado’ hubiera podido desviarlos de su búsqueda de lo absoluto. Por otra parte, desde 2016, los autores de atentados son personas aisladas, que viven al margen de cualquier comunidad musulmana y entre los que hay muchos conversos».

Macron presume de que su ley permitirá una defensa activa de los llamados valores de la República, entre los que está el laicismo. Roy destaca que la laicidad no se incluyó en la Constitución hasta 1946: «No hay un vínculo entre la forma republicana del Estado y un sistema de valores».

Al igual que intentó Sarkozy, Macron afirma que los ciudadanos franceses, con independencia de sus ideas, deben defender los valores republicanos. Pero, comenta Roy, la laicidad no es un valor, sino un principio jurídico. Es decir, hay que respetarla porque está en las leyes, que aprueba el Parlamento. Los valores no son artículos de fe que se puedan forzar sobre los ciudadanos.

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El miedo tiene mala fama, pero es una herramienta muy útil en las pandemias

El miedo tiene mala fama como herramienta para conseguir que los ciudadanos cambien de conducta en un momento de crisis. A lo largo de la historia, se ha utilizado muchas veces con las peores intenciones, sobre todo, para alentar peligros imaginarios con los que azuzar el odio o la guerra. En el historial de los grandes discursos políticos, se cita con frecuencia una de las primeras frases de Franklin Roosevelt en su intervención al tomar posesión como presidente de Estados Unidos en 1933: «En primer lugar, déjenme afirmar mi profunda convicción de que lo único a lo que debemos tener miedo es al miedo mismo, al terror indescriptible, sin motivo ni justificación que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir la retirada en progreso».

A los políticos les encanta inspirarse en las palabras de Roosevelt, también durante esta pandemia, para demostrar que no todo está perdido, que la situación es horrible, pero no irreversible, que hay motivos para el optimismo en el caso de que la gente haga lo que debe. Evidentemente, si todo estuviera perdido, el primero en pagar el precio político sería el Gobierno. Hay que vender optimismo, porque el pesimismo es un arma trituradora de gobiernos.

De ahí viene esa necesidad no muy inteligente de cantar victoria antes de tiempo. El Gobierno de Pedro Sánchez lanzó a finales de mayo la campaña ‘Salimos más fuertes’, un ejercicio de homenaje colectivo que era evidente que iba a verse desmentido o incluso ridiculizado por la realidad. El PP de Madrid difundió un vídeo en julio que celebraba cómo Isabel Díaz Ayuso había salvado a Madrid y hasta a España. En ese discurso de propaganda, la heroína pasó a ser luego la víctima de los oscuros designios de sus rivales cuando se vio que el mensaje anterior era casi una broma macabra. Sigue leyendo

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