Reino Unido y Boris Johnson no salen muy bien parados en la comparación con Nueva Zelanda

Las comparaciones entre las respuestas de distintos países del mundo ante el coronavirus pueden ser discutibles en algunos aspectos, dado que la Covid-19 no ha afectado a todos por igual. Es más coherente hacerlo con las razones y el estilo esgrimidos por los dirigentes de los gobiernos. Este vídeo de Momentum, un grupo del ala izquierda del Partido Laborista, compara a los gobiernos de Reino Unido y Nueva Zelanda, y a sus primeros ministros, Boris Johnson y Jacinda Ardern.

Es interesante contraponer la opinión de Ardern y Johnson sobre la inmunidad de grupo. La frase de Johnson es anterior al momento en que su Gobierno abandonó por completo esa idea manifestada en entrevistas por el primer ministro y su principal consejero científico.

«Inmunidad de grupo significaría que morirían decenas de miles de neozelandeses, y simplemente yo no puedo tolerar eso y no creo que ningún neozelandés lo toleraría», dijo Ardern. «Quizá podrías encajar el golpe y permitir que la enfermedad se extienda a lo largo de la población», explicó Johnson de una forma un tanto especulativa.

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Suecia apostó por la inmunidad de grupo y ha pagado un precio muy alto

Anders Tegnell ya sabe que una de sus previsiones no se ha cumplido. El principal consejero científico del Gobierno sueco calculaba a principios de mayo que un 40% de los habitantes de Estocolmo habría desarrollado inmunidad ante la COVID-19 para finales de mes. Los estudios de seroprevalencia realizados en varios países indican que ningún país ha alcanzado ese umbral, ni siquiera los más castigados por el coronavirus.

El realizado en España dio la cifra del 5% y un 11% en Madrid. Pruebas llevadas a cabo en 11.000 hogares de Inglaterra ofrecieron una cifra ínfima: un 0,27%. En Francia, un estudio científico afirmó que un 4,4% de la población había sido infectada. En las zonas más dañadas, como París, no superaba el 10%. La mayoría de los epidemiólogos considera que, para que se pueda hablar de inmunidad de grupo, no menos del 60% debe haberse contagiado y desarrollado los anticuerpos que les permitirían no verse afectados por la enfermedad.

La idea de inmunidad de grupo era uno de los puntos con los que se justificaba la decisión de Suecia de rechazar las medidas drásticas de confinamiento adoptadas en Europa Occidental, incluidos los otros países escandinavos. Los colegios no se cerraron, sí las universidades. Las prohibiciones habituales en Europa eran sólo recomendaciones, en general respetadas por la población. Tegnell estaba convencido de que el tiempo le daría la razón, lo que no ha ocurrido hasta ahora. «En otoño, habrá una segunda oleada. Suecia tendrá un alto nivel de inmunidad y el número de casos será probablemente bastante bajo. Pero Finlandia tendrá un muy bajo nivel de inmunidad. ¿Volverá Finlandia a decretar un confinamiento total?», dijo al FT.

Nadie sabe lo que ocurrirá después del verano, pero las posibilidades de una segunda oleada son altas. Lo que sí se conoce es lo que ha ocurrido hasta ahora y ahí es evidente el precio que ha pagado Suecia. El país ha sufrido 3.698 muertes por el coronavirus, 365 por millón de habitantes, un nivel no muy inferior al de Francia y muy superior al de Estados Unidos. Es en la comparación con sus vecinos, que sí promovieron el confinamiento, donde Suecia sale peor parada. Noruega ha tenido 232 muertes (43 por millón de habitantes). Dinamarca, 547 (94 por millón). Finlandia, 298 (54 por millón).

En otras palabras, los suecos podrían preguntarse si 3.000 de sus compatriotas podrían estar vivos hoy si las decisiones del Gobierno hubieran sido otras. Es una incógnita que existe en todos los países.

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El lenguaje bélico como síntoma de una amenaza a las libertades

El lenguaje bélico no es peligroso en sí mismo a la hora de afrontar una crisis nacional. Lo es por las consecuencias que tendrá en el futuro más inmediato y por su capacidad de poner en peligro las libertades en beneficio de un supuesto interés común, cuenta Adam Wetbrook en este ensayo en el NYT que cita varios precedentes históricos. La crisis del coronavirus ha empujado a los gobernantes a abusar del uso de esos conceptos, como si el virus fuera un enemigo identificable y autoconsciente al que se puede ‘derrotar’. En parte, es lógico, porque permite concienciar rápidamente a los ciudadanos para unirse en una causa común y convencerles de que acepten medidas, como el confinamiento, inauditas en una sociedad occidental.

Pero la guerra requiere de enemigos de carne y hueso, y estos se terminan encontrando tanto dentro como fuera del país. Es imposible, incluso en mitad de una pandemia, anular las divisiones políticas existentes en una democracia, como también la competición natural entre países. Eso será especialmente importante cuando se descubra una vacuna.

«Especialmente en relación a la movilización de recursos, la guerra podría ser una analogía apropiada para luchar contra una pandemia como la de la Covid-19», excribe el exembajador norteamericano Ivo Daalder. «Pero su derrota final no será como una victoria militar y exigirá el tipo de cooperación global que se asocia más al mantenimiento de la paz que al combate en las guerras».

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Casado oscila entre los tests de fantasía y el maravilloso mundo de Díaz Ayuso

Si han escuchado a algún político decir que todo esto de la crisis del coronavirus no es tan complicado como parece y que se puede solucionar con test masivos, les conviene escuchar al responsable de una de las empresas que más tests produce y vende en todo el mundo.

Carlo Rosa, consejero delegado de la empresa italiana DiaSorin, ha contado al Financial Times que esa idea no es realista en estos momentos, porque la demanda supera con mucho a la oferta de esos productos. Además, el porcentaje de personas que ha contraído la enfermedad es muy bajo como para pensar que se haya podido alcanzar la inmunidad de grupo con la que levantar de forma segura las medidas de restricción de la movilidad de los ciudadanos. La presunción de la inmunidad masiva es «una fantasía» en estos momentos, dice.

Alfredo Corell, de la Sociedad Española de Inmunología, lo certificó hace unos días: «La gente tiene que entender que ante una enfermedad que no se conocía hace tres meses no puede haber una producción mundial (de tests) para abastecer a todo el mercado. Lo que es imposible es imposible».

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Biden: yo era el que estaba al lado de Obama

Mientras sigue confinado en su casa y dando entrevistas en las que no parece que luzca demasiado, Joe Biden está obligado a pensar en buscar formas de que su campaña se haga hueco en los medios y haga daño a Donald Trump. Ya se vio en 2016 que la idea demócrata de pensar que Trump se iba a autodestruir no terminó de funcionar. Ahora lo más frecuente es que en los medios aparezcan artículos sobre lo complicado que le resultará a Biden protagonizar una campaña desde el sótano de su casa.

La última idea consiste en volver a las raíces, no a las suyas, sino a las de su presencia en la Casa Blanca como vicepresidente de Barack Obama. Todo candidato a la presidencia aspira a definirse por lo que es y por sus ideas. A veces, hay que ser realista y dejarlo en: yo era el número dos de Obama, cómo no vas a quererme.

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La respuesta de Corea del Sur es un buen ejemplo frente a los riesgos de la desescalada

Un hombre de 29 años visitó el 2 de mayo tres discotecas en el distrito de Itaewon, en Seúl. Días después, dio positivo en la prueba del coronavirus. La reacción de las autoridades surcoreanas ofreció un ejemplo de las responsabilidades que deberán asumir los gobiernos que vayan reabriendo la economía y la vida cotidiana después de haber sufrido el impacto de la enfermedad.

Menos de una semana después, habían localizado a 7.200 personas que habían visitado cinco de los clubes nocturnos de la zona donde sospechaban que podrían haberse producido contagios. Hasta el viernes pasado, habían encontrado 18 personas contagiadas y 27 hasta el sábado. Después, el alcalde de Seúl elevó la cifra a 40.

Cuatro días después de que se levantaran las últimas restricciones, el alcalde ordenó este fin de semana el cierre indefinido de 2.100 establecimientos como bares y discotecas hasta que quede clara la extensión del posible brote. Dejó claro que los esfuerzos de toda la nación podrían ser inútiles por culpa de unos pocos irresponsables. Se refería a que en algunos de estos locales, que se habían vuelto a llenar, muchas personas no llevaban mascarilla.

Las medidas de desescalada van a obligar a todos los países a establecer mecanismos de rastreo de posibles contagios como la forma más efectiva de intentar no repetir los errores del pasado reciente. En Corea del Sur tienen claro dónde está el nivel que no deberían sobrepasar: si se producen menos de 50 casos diarios y pueden localizar el origen del 95% de las infecciones, creen que podrán tener controlada la situación.

«Una segunda oleada es inevitable. Pero estamos ejecutando un sistema de vigilancia constante en toda la sociedad para impedir que pueda explotar rápidamente y convertirse en los centenares o miles de casos como los que tuvimos en el pasado», dijo al NYT Son Young-rae, uno de los epidemiólogos que marcan la estrategia del Gobierno.

La rapidez con que se reacciona en Corea del Sur y la propia dificultad de tener éxito, como reconocen los responsables de la estrategia, son un buen aviso para los países que más han sufrido y que estas semanas inician sus etapas de desescalada. Muchos políticos pretenden volver a una cierta normalidad cuanto antes para empezar a recuperarse del terrible coste económico de la pandemia. Lo ocurrido en Seúl revela que sin un sistema de rastreo de posibles contagios se volverá a vivir a expensas de una enfermedad que ya ha demostrado lo que puede hacer.

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Aviso de Fernando Simón: esto no es la Liga de fútbol ni una carrera de coches

Tan tranquilo que parecía y al final se le acabó la paciencia a Fernando Simón. En ruedas de prensa anteriores, había escuchado algunas preguntas que eran, digamos, no muy perspicaces. No se había inmutado e incluso había utilizado el viejo truco de ‘me alegro de que me haga esa pregunta porque me permite hablar de un tema importante’. El sábado, no. Escuchó una que le hizo pensar: hasta aquí.

El comandante Simón mandó parar.

Un periodista valenciano planteó por qué no se había aceptado la posición del Gobierno de esa comunidad, por qué les habían suspendido. El portavoz del comité de seguimiento del coronavirus no aceptaba la premisa ni el lenguaje. Esto no es una competición de comunidades autónomas en las que unas triunfan y otras salen derrotadas. No es un ranking de listos y tontos. No es el festival de Eurovisión (aunque han salido algunos memes muy buenos a cuenta de eso). «Me gustaría que no plantearan esto como una carrera», dijo. «Mucho cuidado con las expresiones, porque nadie ha suspendido».

Ningún hombre es una isla, como sabemos desde el siglo XVII. En la situación actual, las comunidades autónomas, tampoco. Expresado en términos simonianos: «En este proceso, vamos todos juntos. Si suspende uno, suspendemos todos». Nadie va a salir de esta con bares abiertos, empresas en funcionamiento, fiestas en la calle y alegría popular, si en el mismo país otras autonomías están encerradas y bloqueadas sufriendo un nuevo aumento de casos.

«Si es una carrera, vamos a llegar a donde ninguno quiere llegar, porque se producirá un rebrote y porque se tomarán decisiones por la razón equivocada», explicó Simón. El problema de una carrera es que cada competidor quiere ganar al precio que sea.

Hasta cierto punto, no es descabellada la idea de un examen para definir todo este proceso por el que las autonomías van pasando a una fase posterior. Unos lo sacan al principio, otros deben esperar más tiempo. Los gobiernos autonómicos presentan su balance y el Ministerio de Sanidad decide. Pero cuando apuras el símil y hablas de aprobados y suspendidos, ya sabes lo que va a pasar. Nadie quiere volver a casa y enseñar el boletín de notas con un suspenso. Porque más adelante hay otro examen –las elecciones– y ya sabemos lo que se juega cada uno.

Varios titulares periodísticos incidieron el sábado en ese error. Por razones políticas en algunos casos. En otros, por cuestiones de lenguaje periodístico. «El Gobierno castiga a Andalucía», tituló en portada el ABC de Sevilla con una foto de Simón. La decisión definitiva no era suya, sino del ministro de Sanidad, pero en la derecha hace tiempo que se ha asentado la idea de que para tumbar al Gobierno es necesario triturar antes la credibilidad del doctor.

El caso es que seis de las ocho provincias andaluzas han pasado a la Fase 1, lo que en cierto modo es un gran éxito, pero se han quedado fuera Málaga y Granada, y entonces todo esto se convierte en un castigo intolerable. Hay algo aún mejor. La Junta andaluza exigía que todas las provincias pasaran pantalla, excepto las ciudades de Málaga y Granada, lo que hubiera obligado a aislar dos grandes ciudades, como se hizo en su momento con Igualada, y esa es una situación difícil de gestionar que parece que el Gobierno está intentando evitar. Cuanto mayor sea la unidad que cambie de fase, más factible será controlar su movilidad interna.

La Junta optó por la guerra entre comunidades y se quejó de lo que llamó agravio comparativo. «¿Qué criterios tiene Navarra mejores que los nuestros?», afirmó su consejero de Salud. El Sur contra el Norte. El Norte contra el Sur. Esa historia ya la hemos visto antes y no suele acabar bien.

En los juegos del hambre autonómicos, ganas si dejas a alguien detrás y puedes presumir de ello.

«Valencia suspende y la mayoría de la población se queda en la fase cero», colocó Las Provincias en portada. Nadie quiere ser suspendido y eso genera resentimientos. La Generalitat valenciana reclama explicaciones y que se revise el veredicto. Su consejera de Sanidad alega que el Ministerio les dio «una matrícula de honor», lo que es dudoso si pensamos en la decisión final. He aprobado, me han suspendido. Esa es una interesante distinción lingüística, habitual entre estudiantes.

Cada Gobierno autonómico tiene derecho a sostener que su situación es buena, pero está claro que si dependiera de su decisión, casi toda España estaría como mínimo en Fase 1 y algunas directamente en Fase 2 y a punto de alcanzar la Fase 3. De hecho, la Xunta de Galicia ya ha dicho que pedirá pasar a la Fase 2 en dos semanas. Es lógico que aspiren a estar en esa posición, pero no pueden estar seguros de que lo vayan a conseguir a menos que hayan desarrollado facultades adivinatorias.

En el plano más humorístico, La Razón tituló: «El Gobierno niega la Fase 1 a Madrid sin criterio técnico». Sólo tenían que haber echado un vistazo al informe de la directora de Salud Pública que dimitió en desacuerdo por la decisión política de pedir el cambio de fase sin razones sanitarias y epidemiológicas que lo justificaran.

Madrid ha sido esta semana el escenario de un gran espectáculo de luz y sonido por cortesía de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su vicepresidente, Ignacio Aguado. Contra el criterio de su consejero de Sanidad y de la directora dimitida, por no hablar de la terrible realidad de la pandemia, los responsables del Gobierno reclamaron el paso a Fase 1. Al conocer la decisión final, Aguado tardó sólo minutos en intentar lanzar contra el Gobierno a autónomos y pequeños empresarios. Dijo que la decisión del Gobierno «supone que miles de autónomos, bares y pequeños comercios no podréis abrir este lunes». Ya sabéis a quién tenéis que culpar, no al Gobierno madrileño que ha dado los mejores titulares de la semana.

Fernando Simón no ha querido meterse en líos políticos. Como en ruedas de prensa anteriores, elogió a los gobiernos por lo conseguido.»Todas las comunidades autónomas han hecho un trabajo excepcional», dijo y luego también fue generoso en concreto con Madrid y la Comunidad Valenciana.

«Esto no se ha terminado todavía y hay un altísimo riesgo de que demos un paso atrás». Y si eso ocurre, no habrá comunidades vencedoras y perdedoras. Perderemos todos.

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En capacidad de mutación, Díaz Ayuso supera de momento al coronavirus

En esta crisis amarga y llena de dolor, no cabe duda de que el personaje de Isabel Díaz Ayuso ofrece unas dosis de entretenimiento a los medios de comunicación que hay que agradecer. Claro que si pensamos que ella es la máxima responsable de la gestión de la sanidad madrileña y que en la Comunidad de Madrid han muerto 8.504 personas por la Covid-19 y que 41.159 han pasado por los hospitales, entonces la risa puede convertirse en una mueca de perplejidad. Dar espectáculo en política está bien, pero tampoco hay que pasarse.

Díaz Ayuso ha vuelto a sorprender a la audiencia por partida doble en las últimas 48 horas. Primero, anunciando que Madrid quiere estar ya en la fase 1 de la desescalada que se inicia el próximo lunes, cuando había dicho lo contrario unas horas antes. Después, a media tarde del jueves con la noticia de la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que es precisamente la persona que debía ocuparse de los informes técnicos con los que convencer al Ministerio de Sanidad de que Madrid puede dar ya un paso adelante, a pesar de haber sufrido el peor golpe de la pandemia en España.

Los dos hechos están relacionados. Fuentes no quería firmar los documentos que había que trasladar al Ministerio por estar en desacuerdo con la medida. Por eso, Madrid es la única comunidad que pretende pasar a la Fase 1 que no envió los informes técnicos antes de la fecha límite del miércoles y que tampoco los había entregado 24 horas después (al final, los envió pasadas las 22.00 de la noche). La acusación de improvisación que el PP lanza con frecuencia contra el Gobierno de Pedro Sánchez se ha vuelto en su contra y le ha dado en toda la cara.

La dimisión pone sobre la mesa un argumento difícil de rebatir. El Gobierno de Madrid quiere estar en la Fase 1 por razones políticas y económicas, no sanitarias o epidemiológicas.

A menos que la opinión del vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado («seguir confinados no mata al virus»), tenga alguna relación con conocimientos científicos.

Toda esta confusión sólo podía mejorar cuando Díaz Ayuso abriera la boca para justificar el cese o dimisión de una experta médica que ya ocupó el mismo puesto en el Gobierno de Cristina Cifuentes, por tanto alguien con quien el PP se encontraba cómodo para un puesto clave. La presidenta de Madrid vendió la idea de una supuesta «reorganización» de la Consejería en mitad de esta batalla con la que llega a Sanidad un nuevo viceconsejero que será Antonio Zapatero, el director del hospital de Ifema hasta su cierre.

«Hoy ha sido un día bueno», fue lo primero que dijo Díaz Ayuso en una entrevista en Cuatro (cómo deben de ser los malos). A las preguntas sobre la dimisión, sólo tenía una respuesta: Ifema, Ifema, Ifema. O en la expresión usada por ella, «este hospital milagro», a pesar de que la ciencia y la medicina no se ocupan de ese negociado asociado con la religión. Para destacar su carácter milagroso, pendiente de ratificación por la Iglesia, comentó que sólo se habían producido en él 16 fallecimientos.

¿Cómo se le queda la cara al personal médico de los otros hospitales de Madrid que vieron morir a tantas personas? En no muy buen estado. Quizá puedan recordar que la misión de Ifema era liberar de la presión a los demás centros sanitarios quedándose con los casos menos graves, que es lo que explica su bajo número de fallecidos. Fue levantado por el Gobierno de Madrid, el Ministerio de Sanidad y la UME, valiéndose de la experiencia logística del Ejército en poner en marcha instalaciones temporales.

El PP convirtió Ifema en su principal baza propagandística. Fue sin duda un gran éxito logístico –con graves problemas de suministro de material de protección en los primeros días– y también un plató perfecto para las cámaras de los medios de comunicación, que lógicamente no tuvieron el mismo acceso a los demás hospitales. Pablo Casado estuvo allí en su gira por los sitios que hacen cosas que tienen que ver con el coronavirus.

Para el cierre de Ifema, Ayuso montó una gran fiesta con discursos en la que la distancia de seguridad se redujo a unos centímetros. La presidenta estaba tan eufórica que se subió a un puesto de venta de alimentos para que hubiera más fotos interesantes de la gala.

Ayuso se deshizo en elogios a Antonio Zapatero en la entrevista, «uno de los mayores expertos sobre el Covid». El doctor Zapatero era antes jefe de servicio de Medicina Interna del hospital de Fuenlabrada y profesor de Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos. No es epidemiólogo ni tiene la experiencia de la doctora Fuentes en Salud Pública. Un informe del 9 de marzo firmado por ella y desvelado por El Confidencial confirmaba que era probablemente la persona con más conocimientos del alcance de la enfermedad en la Consejería de Sanidad. De hecho, dirigía el comité de expertos de la Comunidad que se formó en los últimos días de enero.

En la noche del jueves, alguien se dio prisa para bloquear el acceso al enlace donde aparecía el currículum de Fuentes en la web del Gobierno regional. En estos casos, no conviene dejar pistas.

Para Ayuso, Zapatero es Hipócrates, Galeno y Fleming en una sola persona. Con Fuentes ni siquiera habló el jueves, porque estaba «en una reunión con veinte personas» y, qué casualidad, ninguna de ellas era su directora de Salud Pública.

El personal de enfermería de Madrid cree que la entrada a la carrera en la Fase 1 es prematura y precipitada. «No entendemos estas prisas por pasar a la Fase 1, sobre todo desde el punto de vista sanitario», ha dicho un portavoz del sindicato Satse. «Nuestros hospitales, nuestras UCI todavía no se han recuperado del duro golpe que hemos recibido. Nuestra Atención Primaria todavía no está suficientemente dotada para hacer frente al seguimiento de casos y contactos de la Covid-19».

Lo mismo piensa el sindicato de funcionarios CSIF, que afirma que el Gobierno autonómico «ha sumido a la Atención Primaria en un estado de abandono previo con una significativa falta de recursos» y que el personal sanitario está «exhausto» y no puede afrontar ahora el riesgo de un rebrote de casos.

Díaz Ayuso no está cansada y eso es lo que importa. En realidad, no ha hecho más que empezar. Desgraciadamente para el personal médico, el espectáculo está garantizado.

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El Congreso sí necesita un plan B, porque el ambiente político es ya irrespirable

La capacidad de sorprenderse es una de las pocas cosas que han sobrevivido incólumes en los debates parlamentarios de las sucesivas prórrogas del estado de alarma. Todo el mundo dice que entramos en un mundo diferente, pero hay cosas que persisten. Ya no cabe mayor distancia entre lo que sienten los ciudadanos, sus prioridades, y lo que se escucha en el hemiciclo. Aun así, se oyen cosas difíciles de creer si estás sobrio.

Hay hasta conceptos nuevos para futuros manuales de Derecho. Pablo Casado denunció lo que llamó «dictadura constitucional» para describir los planes del Gobierno. Es posible que haya una parte del cerebro del líder del PP en que esos elementos no sean incompatibles. En un examen oral en la Facultad de Derecho, le hubieran obligado a volver a los libros con un aviso de que tendría que pedir prestados los apuntes a alguien que sí hubiera ido a clase.

La gran incógnita de la sesión era ver si Casado se atrevería a unirse a la extrema derecha, no ya con los argumentos, sino en el empeño de que todo salte por los aires llevándose por delante al Gobierno y las vidas de muchos españoles. Al final, le temblaron las piernas y anunció la abstención en la votación, y no el voto en contra. En ese momento, ya sabía que el PNV y Ciudadanos votarían a favor y que no tenía que asumir la responsabilidad de poner fin a los recursos legales que hacen posible luchar contra la pandemia sin que haya una barra libre que permita a cada autonomía hacer lo que quiera.

En la línea de lo afirmado en los últimos días, Casado presentó una batería de leyes ordinarias que en teoría servirían para sustituir al estado de alarma «si existen riesgos para la salud». Volvía ahí la contradicción intrínseca. Antes se había quejado de la conculcación de derechos de los ciudadanos («un estado de excepción encubierto») y luego sostenía que la Ley General de Sanidad puede ser suficiente para limitar el derecho de reunión y libre circulación y decir a la gente a qué hora puede salir de su domicilio y hasta dónde puede caminar andando.

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El PP pasa a la fase 3: ya vale de tanta alarma y la culpa será del Gobierno

Una vez más, el BOE llega tarde. No aparece este lunes en sus páginas la decisión del Partido Popular de pasar por su cuenta a la Fase 3 de la desescalada. La única alarma que le preocupa es la que proviene del aumento de las competencias del Gobierno de Pedro Sánchez, no la pandemia. Después de votar a favor de las sucesivas prórrogas del estado de alarma en el Congreso, ahora su paciencia se ha acabado (esa es la expresión que utiliza).

El estado de alarma «no hace falta ya para la desescalada», dijo Pablo Casado con un argumento que sólo existe en su imaginación. «Una vez que el presidente del Gobierno dice que se puede tomar un vermú (spoiler: no se puede), parece poco compatible que se siga pidiendo otra prórroga del estado de alarma». Sánchez no dijo eso, pero qué más da. Sus votantes creerán que dentro de nada se podrá ocupar masivamente los bares para cumplir con el sagrado rito del vermú y por tanto ¿para qué dar al Gobierno instrumentos legales extraordinarios con los que decidir dónde pueden trasladarse los ciudadanos? Son «medidas extraordinarias que van en contra de sus derechos y libertades, como es la libre circulación», dijo el líder del PP. Si pudiera, el coronavirus aplaudiría con sus púas.

¿Cómo seguir luchando contra la pandemia? Casado tiene una idea. Le basta con la Ley General de Salud Pública (unida a la Ley de Seguridad Pública con la que cumplir su sueño húmedo de que el Ministerio de Interior diga a los Mossos en qué esquina pueden colocarse). La idea de que con una ley que establece como principio la idea genérica de que «los ciudadanos facilitarán el desarrollo de las actuaciones de salud pública y se abstendrán de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución» se pueda confinar a los ciudadanos en sus casas o limitar su actividad comercial pone en duda los conocimientos de Derecho de Casado, pero ese chiste ya se ha hecho antes. Con esa simple ley, muy importante para otras cosas, no cuentas con argumentos legales para limitar la libre circulación.

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