En este vídeo, Carl Dinnen, de ITV News, nos explica cómo se vota en la Cámara de los Comunes en una ocasión como la de esta noche cuando los diputados deben dar su veredicto –se supone que definitivo, pero quién sabe– sobre el acuerdo del Brexit al que llegó Theresa May con la Comisión Europea.
El vídeo es del 10 de diciembre, y por tanto las referencias concretas tienen que ver con esa fecha. Entonces, era cuando se iba a votar, pero May decidió trasladar la votación a enero con la esperanza de tener mejores opciones, lo que finalmente no ha ocurrido.
Como vemos en las imágenes de la zona que raramente se ve en televisión, los diputados se encaminan a dos salas (más bien un pasillo bastante ancho) situadas detrás de la posición que ocupa el presidente de la Cámara. Los del sí a una y los del no a la otra. Al salir de ella por el otro lado, comunican su nombre a las personas que se ocupan de contabilizar los votos.
La Cámara de los Comunes continúa haciendo las cosas a la manera tradicional.
Hay pocos lugares en los que los palestinos de Cisjordania viven en una situación más cercana al apartheid que en la ciudad de Hebrón. Este reportaje de AJ+ hace un breve resumen de las condiciones de vida en una localidad de más de 200.000 habitantes cuyos derechos, incluida la simple capacidad de trasladarse de un lugar a otro, están limitados, en ocasiones anulados, por la presencia de 850 colonos israelíes.
A lo largo de décadas, los colonos han obtenido permiso para extender sus dominios, llevar armas en todo momento y protagonizar incidentes violentos contra los palestinos que no son investigados.
En el reportaje aparece Yehuda Shaul, de la ONG israelí Breaking the Silence, que explica cuál es la función del Ejército. La podríamos denominar acoso estructural. Se dedican por ejemplo a entrar en los domicilios particulares para hacer notar su presencia de forma constante y supuestamente servir de efecto disuasorio para impedir ataques violentos. La intervención militar está pensada para preservar una situación en la que se sólo se protegen los derechos de una pequeña minoría sobre la inmensa mayoría de los habitantes. Forman un grupo que representa además al sector más fanático y ultrarreligioso entre los colonos judíos que viven en territorio palestino.
Breaking the Silence tiene publicado un informe de 70 páginas con testimonios de soldados israelíes que pasaron por esa ciudad entre 2011 y 2017. «La misión allí no es mantener el orden. La misión es imponer la supremacía judía en la ciudad de Hebrón. No es que los soldados estemos entre la espada y la pared, sino que nosotros somos la espada que los colonos lanzan a los palestinos», dice uno de ellos.
Las milicias huzíes han lanzado un ataque con un dron sobre una base de la Fuerza Aérea yemení precisamente en el momento en que se celebraba un desfile con la presencia de las principales autoridades militares del Gobierno. La base aérea de Al-Anad se encuentra a 60 kilómetros al norte de Aden. Seis militares han muerto, según medios locales, y entre los heridos está el número dos del Ejército.
El ataque revela hasta qué punto el débil Gobierno local y sus patrocinadores en Arabia Saudí y Emiratos Árabes están lejos de eliminar a sus adversarios, a pesar de su completa superioridad aérea y de la campaña de bombardeos masivos que se prolonga desde hace más de tres años. Ni siquiera son capaces de proteger una de las instalaciones militares más importantes.
Por otro lado, también demuestra que los drones pueden suponer en el futuro una forma eficaz de enfrentarse a un enemigo muy superior. Se sospecha que el dron utilizado es de fabricación iraní, no de los que disparan misiles, sino un modelo cargado de explosivos y metralla que se lanza directamente contra el objetivo.
En el vídeo (segundo 35), se puede ver cómo no pasa casi tiempo desde que el orador se detiene un momento al escuchar el ruido del dron y gira la cabeza a su izquierda antes de que se produce la explosión. Después de que se vacíe la tribuna, las imágenes muestran un cadáver en el suelo y un charco de sangre junto a las sillones reservados a las autoridades.
Mientras en las fechas navideñas los españoles se daban a los encuentros familiares, las grandes comidas y los regalos, Pablo Casado tenía una misión que no podía esperar: visitar Ceuta y Melilla por tercera vez desde que fue elegido líder del PP. La intención era mantener caliente el tema de la inmigración precisamente cuando Génova –que no el PP andaluz– está dirigiendo la negociación con Vox para conseguir la investidura de Juanma Moreno.
En un acto relacionado con la memoria histórica que sí le interesa y hasta le conmueve, Casado acudió al Panteón Militar de Melilla para rendir homenaje a los militares muertos en el Desastre de Annual donde cayeron 10.000 hombres en uno de los episodios más lamentables de negligencia militar de la historia contemporánea de España, como certificó el informe del general Picasso.
«Creo que muchos de los que estamos aquí compartimos muchos de los valores y principios no sólo de la Legión, que el año que viene cumplirá 100 años desde su creación, sino en definitiva de las Fuerzas Armadas», dijo Casado con el convencimiento de que los símbolos de españolidad tan gratos para las autoridades de las dos ciudades africanas de España son igualmente compartidos en el resto del país.
En la visita anterior en julio, el presidente del PP había dado la cifra falsa de un millón de inmigrantes que están en Libia a punto de dar el salto a Europa, es decir, a España. Sembrar la alarma continúa siendo un elemento fundamental de su estrategia.
Casado no ha desperdiciado ninguna oportunidad para hacer ver a los votantes de Vox en Andalucía que las ideas que les llevaron a votar a ese partido de extrema derecha son también las suyas y las del Partido Popular. En varias comunidades autónomas hay dirigentes del PP que empiezan a preguntarse por qué su líder está dignificando con tanta intensidad el mensaje de un partido cuya función es quitarle votos.
Donde no tiene piedad Pablo Casado es con el Gobierno de Pedro Sánchez. Una oposición dura del primer partido de la oposición a un Gobierno sin mayoría absoluta entra dentro del manual habitual en política. Lo que no es corriente es que se decida negar al partido del Gobierno la mínima legitimidad democrática. Es lo que hizo Casado en diciembre cuando acusó a Sánchez de «gobernar contra la Constitución» por no aplicar el artículo 155 a Catalunya. De Podemos ya ni hablamos. «Lleva años fuera de la Constitución», dijo. A la izquierda de Casado, sólo está el horror. A su derecha, todo es menos peligroso.
Vox, el alumno aplicado
Casado puso el listón constitucional tan alto que inevitablemente tenía que dejar fuera a Vox, un partido que por ejemplo quiere acabar con el Estado autonómico tal y como lo conocemos. «El Estado de la autonomías está acabando con la igualdad, la libertad y la prosperidad de los españoles», llegó a decir Santiago Abascal.
Sin embargo y a pesar de estas declaraciones y de todo lo que prometió la ultraderecha en la campaña andaluza, Vox obtiene como mínimo un aprobado en el examen de la asignatura de Derecho Constitucional impartida por Casado. «Lo que está diciendo Vox en Andalucía está dentro de la Constitución», dijo el martes en una entrevista en Onda Cero. Queda la duda de si se refiere al desmantelamiento del Estado autonómico, la islamofobia, la xenofobia o la negativa a reconocer la lucha contra la violencia contra las mujeres.
Sólo tuvieron que pasar unas horas para que el PP descubriera los riesgos sanitarios de irse a la cama con Vox. El partido de Abascal difundió su documento de exigencias para las negociaciones con el PP en Andalucía. No hay sorpresas para cualquiera que haya seguido su campaña en las elecciones autonómicas. Reclama desmantelar en Andalucía la red de protección social a las mujeres que sufren violencia machista y niega que exista la discriminación de la mujer en España desde hace décadas. Quiere obligar a la Junta a que delate a los inmigrantes sin papeles para que sean deportados por decenas de miles. Pretende acabar con las competencias en sanidad y educación de la Junta, que se enviarían de vuelta a Madrid.
A última hora del martes, el PP se vio obligado a corregir la nota del examen hecho por Casado. «Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar», dijeron fuentes del partido, que aparentemente acaban de descubrir la realidad de la extrema derecha en Europa. No han debido de leer las noticias que han aparecido en los medios en los últimos años.
Algunos sí son más conscientes del peligro. Un líder autonómico del PP resumió al periodista Pablo Montesinos la situación presentada por el documento de Vox: «Derogar la ley de apoyo a las personas LGTBi y aprobar una de apoyo a la caza. Ya está todo dicho. Es el peligro de alimentar monstruos».
Casado ha decidido que Moncloa bien vale una misa de Vox por muchos monstruos que aparezcan en la ceremonia. Por eso, no puede entender el mensaje de los liberales de Emmanuel Macron. «Para mí, no puede haber ningún compromiso con un partido de extrema derecha con valores opuestos a los nuestros», dijo el martes la ministra francesa Nathalie Loiseau.
Los valores no aportan créditos en las clases de Derecho Constitucional de Pablo Casado.
Disparar a un dron que pueda ser una amenaza para unos soldados no es tan fácil como pueda parecer. El incidente ocurrido en el aeropuerto de Gatwick –aunque al final no está claro que existieran esos drones que obligaron a detener el tráfico aéreo– llevó a mucha gente a preguntarse por qué los tiradores de la policía o el ejército no pudieron derribarlos.
El periodista de BBC Quentin Sommerville explica con una serie de vídeos cómo los esfuerzos de los soldados iraquíes por deshacerse con sus fusiles de los peligrosos drones lanzados por el ISIS en el campo de batalla en Mosul no tuvieron mucho éxito. Al menos con los modelos pequeños de drones, modelos civiles comprados en el extranjero y adaptados para tomar imágenes o lanzar granadas, lanzar una lluvia de balas no resultó una solución muy efectiva.
La conclusión final es que la única manera de asegurarse de acabar con ellos es matar al operador del dron.
De todos los obstáculos que el proceso independentista en Catalunya ha afrontado, hay uno en el que quizá no habíamos reparado. «Si no fuera porque en Cataluña hay más de 200.000 funcionarios que no están dispuestos a renunciar unos meses a sus sueldos, ya podríamos ser independientes», dijo en una ocasión un conseller. Todo es más fácil si la gente acepta prescindir de comer.
Lo cuenta Lola García –periodista y directora adjunta de La Vanguardia– en el libro ‘El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista’ (Ediciones Península). A estas alturas, el número de libros originados por el procés no ha superado la cifra de autos judiciales, pero está cerca, por lo que el lector puede sentir la tentación de dejarlo pasar. Aun así, este libro es uno de los mejores relatos periodísticos disponibles sobre la mayor crisis sufrida por el sistema político español desde 1977, una crisis con varios escenarios que hacen que es difícil que un solo libro pueda captar todos los matices.
El procés ha sido muchas cosas, pero hay una que destaca sobre las otras. Ha supuesto la mayor movilización popular en un país de Europa occidental en la última década, y además de forma continuada a lo largo de varios años. La mitad de la sociedad catalana multiplicó sus aspiraciones identitarias y las contrastó con lo que percibían como un Estado en decadencia, el español, aquejado por una profunda recesión económica, como el resto de Europa. A partir de ahí, los partidarios de la independencia entregaron el testigo a los políticos, porque a fin de cuentas no se obtiene la secesión con una manifestación al año, por masiva que sea. Ese fue el momento en que comenzaron sus problemas.
Netlix se ha unido al grupo de grandes corporaciones tecnológicas que aceptan la censura decretada por regímenes dictatoriales en su legislación local. La empresa ha eliminado en Arabia Saudí un episodio del programa ‘Patriot Act with Hasan Minhaj’ dedicado a la política de ese país. Minhaj es un cómico conocido por su trabajo en ‘The Daily Show’ que combina el humor y la política. El episodio ahora prohibido se inicia con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y se ocupa de desvelar a un público norteamericano que la imagen reformista del príncipe heredero Mohamed bin Salmán habitual hasta hace unos meses en los medios de comunicación de EEUU es sólo la fachada de un régimen al servicio de una dinastía de ideas fundamentalistas que vulnera los derechos humanos y es responsable de la guerra de Yemen.
Netflix ha confirmado que retiró el episodio tras recibir una petición de las autoridades saudíes, que alegaron que violaba las leyes del reino sobre delitos cometidos en internet. La empresa la considera una reclamación legítima que le obliga a respetar las leyes locales.
Con el estilo habitual en ‘The Comedy Show’, Minhaj combina el humor con fragmentos de informativos de televisión, las noticias de los últimos meses y declaraciones políticas muy claras: «A aquellos que continúan trabajando con él (Mohamed bin Salmán), deben saber que cada acuerdo al que llegan simplemente fortalece a un monarca absoluto bajo la excusa del progreso. Porque en definitiva MbS no está modernizando Arabia Saudí. Lo único que está modernizando es la dictadura saudí».
Este es el episodio censurado por Netflix en ese país:
Jair Bolsonaro toma posesión de la presidencia de Brasil el martes. Este fin de semana, ha recibido la visita del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, al que ha prometido que el traslado de la embajada brasileña a Jerusalén es cuestión de tiempo. Será lógicamente en su país donde se note más pronto el impacto de la llegada al poder de este político ultraderechista, racista y homófobo.
Uno de sus hijos, Carlos Bolsonaro, ha difundido el sábado un montaje de declaraciones del nuevo presidente que lo revela como es, un camorrista adicto a la violencia para solucionar los graves problemas de seguridad del país y que se dedica a insultar a sus rivales y a defensores de los derechos humanos. Es el tipo de vídeo que podría difundir alguien que quisiera denunciar las políticas extremistas de Bolsonaro, pero que su hijo muestra muy orgulloso. Es un ejemplo más de cómo la propaganda que destaca los aspectos más crueles de un político puede servir también para su propaganda entre sus partidarios.
En las elecciones presidenciales, Bolsonaro obtuvo en segunda vuelta el 55,1%, es decir, 57,7 millones de votos.
El escenario donde es más probable que se inicie la estrategia de Bolsonaro de responder a la violencia con más violencia –una respuesta similar a la del presidente filipino Duterte– es el Estado de Río de Janeiro. Allí fue elegido gobernador el exjuez federal Wilson Witzel, del partido de Bolsonaro.
Witzel empezó su camino de candidato desde cero. Una encuesta de agosto le daba un 1% de estimación de voto. No tenía ninguna experiencia política y presentaba como aval sus 17 años como juez.
El factor Bolsonaro iba a impulsarle en la carrera, pero el triunfo parecía tenerlo muy lejos. Su rival con más posibilidades era el exalcalde de Río Eduardo Paes –lo fue durante los JJOO de 2016– al frente de un partido liberal moderado que había formado una coalición potente con otros grupos políticos. También estaba el exfutbolista Romario, senador desde 2010 y con la ración de escándalos habitual en la política brasileña.
En la última encuesta antes de la primera vuelta del 7 de octubre, Witzel disfrutó de un espectacular salto y llegó hasta el 17%, aún por detrás de Paes (27%) y empatado con Romario. Había tenido un total de 27 segundos de propaganda electoral en los espacios reservados en los medios públicos.
Los sondeos no lo vieron venir. Witzel fue el más votado en primera vuelta con un 41%. Paes tuvo que conformarse con el 19,5%. El juez confirmó su victoria con facilidad en segunda vuelta con un 59,8%.
La campaña de Witzel fue un calco de la de Bolsonaro y estuvo centrada en la seguridad. En su idea de seguridad y en dar vía libre a los policías para que disparen a cualquier persona armada que vean sin necesidad de esperar a que los otros abran fuego.
63.880 personas fueron asesinadas en 2017 en Brasil, un país de 210 millones de habitantes, un aumento del 3% con respecto al año anterior. De esas víctimas, 4.359 eran mujeres. Hubo además 60.018 violaciones, según datos oficiales. El número de víctimas de homicidios en el Estado de Río de Janeiro fue de 5.346, la cifra más alta en ocho años.
No es que hasta ahora la Policía de Río se haya contenido mucho en el uso de sus armas. Entre enero y noviembre de este año, sus agentes mataron a 1.444 personas en el Estado de Río, el mayor número desde que comenzó a contabilizarse esta cifra en 1998. Fue un aumento del 39% con respecto al mismo periodo del año anterior.
«Las operaciones de seguridad al estilo militar dejan un rastro de muerte en los barrios pobres que no aumenta la seguridad pública. Por el contrario, estas muertes hacen que las comunidades teman a la policía y que sea menos probable que colaboren con ella en la lucha contra el crimen», dijo Human Rights Watch.
Los nuevos planes del futuro gobernador de Río incluyen el despliegue de 120 francotiradores para que acompañen las incursiones policiales y acaben con los criminales, según ha explicado a Bloomberg Flavio Pacca, diputado federal y asesor de Witzel. Ha comentado que grupos de 20 policías empezarán a recibir entrenamiento en marzo. Cuando sean capaces de matar a 600 metros de distancia, podrán formar parte de las operaciones.
Bolsonaro ha dicho que los policías que maten a delincuentes no serán investigados, sino que recibirán una condecoración. Todo el mundo ha interpretado que se concede una licencia para matar en un escenario de violencia extrema.
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Un reportaje del NYT de octubre que comienza con testimonios de mujeres que apoyan a Bolsonaro y luego se centra en el problema de seguridad de Brasil.
