El portavoz del PNV en el Congreso no suele levantar mucho la voz en en el hemiciclo. En el pleno sobre la última cumbre de la UE, Aitor Esteban sí que lo hizo con un punto airado para negar las constantes alusiones en la política española para describir como «golpe de Estado» lo sucedido en Catalunya.
El golpe de Estado se ha convertido en la estaca recurrente en el debate sobre el proceso independentista catalán para atizar a los adversarios. Ahora todo es un golpe. Para unos, lo ha sido el procés, las leyes aprobadas por el Parlament y el referéndum del 1-O. Para los otros, lo fue la aplicación temporal del artículo 155 en Catalunya.
La acusación se extiende como una mancha de aceite. Ahora también se puede ser golpista por omisión desde que Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de ser «partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España». Se refiere a uno que supuestamente se está produciendo ahora. El presidente dijo después que, como no se retiraba la acusación, decidía romper relaciones con el líder de la oposición. Casado le miró con gesto de cierta sorpresa, como si la cosa no fuera para tanto.
En un país que recuerda el intento de golpe del 23-F y la imagen de los tanques de Milans del Bosch circulando por Valencia, la profusión de imputaciones de golpismo tiene que llamar la atención. Así que Javier Maroto, vicesecretario del PP, hizo de experto en el tema: «Los golpes de Estado, desgraciadamente hoy en día, no se dan con tanques o sables como en el siglo pasado sino que se pueden dar en los parlamentos». Se supone que por desgraciadamente se refiere a la segunda parte de la frase, no a la primera.
Maroto no dio ningún ejemplo de golpes llevados a cabo por un Parlamento. Habitualmente, los parlamentarios suelen estar entre las víctimas de los golpes. Un legislativo puede aprobar leyes promovidas por un Gobierno de corte autoritario, pero siempre a instancias de ese poder ejecutivo. El concepto de dictadura parlamentaria no ha tenido mucho recorrido en la historia.
La polémica hizo que Casado volviera este viernes al tema, esta vez en calidad de historiador sin titulación: «Yo me pregunto si el PSOE lo que está diciendo es que el golpe de Estado de Brumario en la época de Napoleón en Francia, o el de Pavía, o el golpe de Estado de Primo de Rivera no fueron golpes de Estado por no mediar conflicto armado de por medio».
Es cierto que el golpe de Primo de Rivera, capitán general de Cataluña en 1923, cobró forma inicial de pronunciamiento, al estilo de los ocurridos en el siglo XIX. Pero tuvo el carácter de golpe de Estado al proclamar el estado de guerra en Barcelona y sacar las tropas a la calle para que ocuparan zonas y edificios clave de la ciudad, incluido el Gobierno civil, un acto inequívocamente violento, que se repitió en otras ciudades catalanas. Lo mismo ocurrió en Zaragoza y Huesca, donde se ocuparon bancos y centrales de telégrafos.
Según el historiador Shlomo Ben-Ami, autor de El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de Rivera, el manifiesto del general desvelaba que no era un pronunciamiento como los del pasado, ya que pretendía crear «un nuevo régimen» y gobernar sin los partidos. La violencia ejercida en Barcelona y la disolución del Congreso sin convocatoria de nuevas elecciones reunían las características de un golpe de Estado.
Golpes de estado, instrucciones de uso
¿Qué es un golpe de Estado y cómo se puede comparar a los acontecimientos ocurridos en Cataluña en el último año? ¿Qué requisitos deben cumplirse para que pueda hablarse de golpe?
En el libro ya clásico de Edward Luttwak Golpe de Estado. Un manual práctico, se contaba al lector que los golpes podían llevarse a cabo con éxito por grupos relativamente pequeños en el caso de que controlaran «algunas lecciones elementales de la política moderna», una descripción –es cierto que irónica– que no termina de encajar con los responsables de un proceso en Catalunya que desencadenó una independencia que sólo duró ocho segundos, con total ausencia de reconocimiento internacional relevante y que acabó con sus principales dirigentes huidos o encarcelados.
En su mecánica, un golpe es sencillo de describir. Su objetivo es hacerse por la fuerza con el control de las instituciones del país y de todo el poder político.
La amenaza interna es un factor clave para Luttwak: el golpe es realizado habitualmente por personas o grupos que operan dentro de las estructuras del Estado, dentro de la maquinaria burocrática, militar o civil.
En España, los gobiernos autonómicos, incluida la Generalitat, sí forman parte del Estado, pero en una posición subordinada al Gobierno central y otros poderes. Y desde luego no están en condiciones tomar el control de todo el Estado ni de obligar a los jueces a que certifiquen sus decisiones.
La aprobación de dos leyes por el Parlament para convocar el referéndum y hacer posible después la independencia puede considerarse una forma de subvertir el orden legal marcado por la Constitución. Pero, como se descubrió después, la Generalitat no tuvo fuerza suficiente para que esas leyes tuvieran efectos jurídicos ni por la vía de los hechos. El referéndum no tuvo consecuencias legales reales, así que como posible forma de apoderarse de todas las instituciones resultó evidentemente inútil. Su impacto político fue innegable, pero los golpes no se hacen con ese fin, sino para hacerse con todo el poder.
En la descripción por Luttwak, la intervención del alto mando militar para derrocar al Gobierno no es la única forma posible de golpe, aunque sea muy frecuente. Los ejércitos y fuerzas de seguridad suelen ser los protagonistas de estas asonadas, porque son los que están en disposición de ejercer el uso de la fuerza y encarcelar a los que se oponen.
Como escribió el historiador E.J. Hobsbawm, los militares monopolizan la autoría de los golpes: «El número de los que pueden en cualquier país montar un plan para dar un golpe con alguna esperanza de éxito es casi tan limitado como el de los que se convierten en banqueros».
La violencia como requisito
El carácter violento de un golpe es prácticamente un ingrediente imprescindible. Eso no es sinónimo obligado de tiros en la calle y fusilamientos junto a una zanja. La amenaza del uso de la fuerza puede ser suficiente. El golpe perfecto es aquel que consigue con rapidez su objetivo sin disparar un solo tiro, lo que no lo convierte en pacífico.
En Cataluña, los dirigentes del procés insistieron en numerosas ocasiones en su carácter pacífico. El juez Llarena y la Fiscalía utilizaron la manifestación del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía cuando estaba siendo registrada por agentes de la Guardia Civil como una de las razones para acusar de rebelión a los acusados. Los únicos daños fueron materiales sobre tres vehículos policiales. El registro judicial se completó sin que los manifestantes pudieran impedirlo. La aprobación del artículo 155 y la destitución del Govern no produjeron incidentes violentos en las calles.
El secretismo en la preparación del golpe es un requisito obvio. Un golpe siempre va precedido por una conspiración. No se anuncia en ruedas de prensa. «En primer lugar, el secretismo en la preparación del complot y la necesaria rapidez de su ejecución dan al golpe una característica impronta de acto repentino, inesperado y, en ocasiones, impredecible», escribe Eduardo González Calleja, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid.
El secreto permite aprovechar el factor sorpresa y garantiza la seguridad de los protagonistas, aun más si alguno de ellos está considerado un fiel servidor del Estado o del Gobierno que va a ser derrocado.
Pocas cosas ha habido menos secretas que el procés catalán, precedido de manifestaciones masivas en la calle cada 11 de septiembre, aprobación de leyes en el Parlament para hacer posible la secesión y constantes declaraciones públicas. Como conspiración, resultó especialmente ruidosa.
Una opción singular es la del llamado autogolpe. Habitualmente, consiste en cambiar el equilibrio del poder en el Estado para reforzar al poder ejecutivo y anular las competencias de los poderes legislativo o judicial. Su objetivo final es perpetuar el poder del ejecutivo sin ninguna cortapisa legal. También resulta complicado compararlo con el caso catalán, cuando los tribunales que decidirán sobre los dirigentes independentistas encarcelados no han sufrido ninguna merma de poder por el procés.
Cualquier consideración sobre la técnica de los golpes de Estado no oculta que se trata en definitiva de una de las acusaciones más graves en una democracia. En el pasado, han sido prólogo de guerras civiles o de represiones a una escala masiva. Por tanto, es el insulto más hiriente. Es una tentación irresistible para el fuego cruzado propiciado por el ambiente crispado de la política en España y Catalunya.
La violencia es ese factor necesario en un golpe, que aparece como delito en el Código Penal en la forma de rebelión, precisamente el que la Fiscalía, el PP y Ciudadanos quieren imponer a los acusados por las largas penas de prisión que exige. Probar esa violencia, la misma que un tribunal alemán no pudo descubrir y por eso denegó la entrega de Puigdemont a España, será uno de los retos jurídicos que tendrá la Fiscalía en el juicio.
La duda es si será tan creativa como aparece en algunas opiniones publicadas. Según este artículo de una catedrática de Derecho Internacional, lo más grave fue la «violencia institucional» ejercida por el Govern y el Parlament entre 2015 y 2017. Cuando se decide que la violencia no tiene por qué tener un carácter físico, es muy fácil encontrarla en multitud de acciones políticas. Y uno puede ver golpes de Estado en todos los sitios, también en decisiones de dudosa o evidente ilegalidad. En esos casos, los ejemplos de la historia son prescindibles y no es necesario saber qué es un golpe.
