El testimonio de Christine Blasey Ford golpea la conciencia de EEUU

Publicada el 29 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

Los Estados Unidos de Trump ya han conseguido llevarse por delante la reputación de otra institución básica del sistema político norteamericano. El Tribunal Supremo –el último tribunal de apelación en los casos judiciales más importantes y el intérprete de la Constitución– se ha visto contaminado esta semana por el clima de división que sufre el país hasta niveles desconocidos hasta ahora.

No se trata de la primera vez que ocurre algo así. Los debates en el Senado sobre la confirmación de los jueces Robert Bork en los 80 y Clarence Thomas en los 90 ya provocaron escenas de crispación de alta intensidad. Se trata de un proceso muy politizado en el que el presidente elige a un candidato para el puesto vitalicio de miembro del Tribunal Supremo que luego debe ser ratificado por el Senado. En otras épocas, los senadores aceptaban el criterio del presidente al tratarse de un privilegio que le concede la Constitución. Ahora ya forma parte de la pelea política, donde no se concede nada al rival.

A causa de la muerte del juez Scalia, Barack Obama tuvo la oportunidad de nombrar a su sustituto en los últimos meses de su segundo mandato, pero los republicanos se valieron de su control del Senado para negarse a iniciar el proceso de ratificación. Fue una especie de boicot institucional, ante el que la Casa Blanca no pudo hacer nada, con el débil argumento de que era conveniente esperar a que los ciudadanos dieran su veredicto en las elecciones presidenciales de 2016.

Para entonces, llamar a EEUU un Estado disfuncional ya se había convertido en un lugar común.

Aun así, lo ocurrido esta semana ha superado las cotas anteriores de caos y drama. El elegido por Trump para cubrir la última vacante, Brett Kavanaugh, ya contaba con un perfil partidista muy claro. Fue uno de los consejeros del fiscal Kenneth Starr en el proceso de destitución de Bill Clinton, ese ‘impeachment’ que comenzó con la investigación de un posible delito de tráfico de influencias por una compra de tierras en Arkansas y que acabó con una acusación de perjurio por mentir sobre las relaciones sexuales del presidente con Monica Lewinski.

La primera comparecencia de Kavanaugh ante los senadores fue relativamente normal con las promesas habituales del candidato de continuar el trabajo del Tribunal Supremo y su compromiso de no pretender cambiar decisiones anteriores de muchos años atrás por razones partidistas. Todo el mundo estaba pensando en ese momento en la sentencia Roe vs. Wade que abrió el camino en EEUU a la legalización del aborto.

Aunque los republicanos cuentan con una mayoría ajustada en el Senado (51-49), lo más probable es que Kavanaugh hubiera sido confirmado. Eso iba a producir un giro a la derecha en el tribunal, porque sustituiría a Anthony Kennedy, un juez conservador elegido por Ronald Reagan, pero que se había sumado a los jueces progresistas en algunas sentencias importantes.

Entonces, Christine Blasey Ford decidió contar su historia. Cómo Kavanaugh y un amigo intentaron violarla en una fiesta a principios de los 80 cuando el ahora juez tenía 17 años y Blasey dos menos. Lo hizo además de forma creíble con un testimonio en el que admitía que no podía recordar todos los hechos y dejando claro el terrible impacto psicológico que le había ocasionado el ataque. Probablemente, lo único que le salvó es que sus agresores estaban completamente borrachos.

Hubo un veredicto generalizado, incluso entre republicanos y medios conservadores. El testimonio de Blasey era creíble, algo más que verosímil, precisamente porque no intentaba aparentar que lo recordaba absolutamente todo sobre hechos ocurridos hace décadas.

Los senadores republicanos fueron conscientes de que debían hacer algo imposible: respetar a Blasey y defender al mismo tiempo la inocencia de Kavanaugh. Eso pasaba por reabrir el proceso –las comparecencias ya habían concluido en la Comisión de Justicia del Senado– y convocar a Blasey para que prestara declaración en una sesión pública y también a Kavanaugh para que diera su versión.

La sesión tuvo un impacto dramático. Las palabras de Blasey, cuya voz se quebraba por momentos, tuvieron una fuerza que los republicanos no pudieron contrarrestar.

La credibilidad de Blasey salió reforzada. Uno de los presentadores principales de Fox News afirmó después que había sido un testimonio creíble y emotivo, y que políticamente había supuesto «un desastre para los republicanos».

Durante la emisión de la vista pública en C-Span, varias mujeres llamaron para contar historias de abusos sexuales como forma de apoyo a Blasey. Una mujer de 76 años entró en antena para relatar que había sido violada cuando era una niña. Nunca lo había contado a nadie.

El país entero se estaba viendo obligado a afrontar la realidad de las agresiones y abusos sexuales sufridas por mujeres a manos de hombres con poder suficiente para salir impunes. Lo que en muchas situaciones significa cualquier hombre.

Kavanaugh se lo jugaba todo en su intervención posterior. Probablemente alentado por la Casa Blanca, optó por una respuesta agresiva hasta el límite. A veces con la cara convulsionada por la ira, negó las acusaciones y denunció que habían intentado destruirle a él y a su familia. En definitiva, se presentó como una víctima.

Políticamente, sus palabras tenían una lectura bastante obvia. Kavanaugh atacó directamente a los que se habían opuesto a su elección, es decir, los demócratas, en términos tan duros que hacen dudar de que vaya a ejercer su cargo vitalicio con la independencia que se le supone a un juez del Tribunal Supremo.

Fue una defensa trumpiana de su reputación, la que le estaba exigiendo Trump. Dijo que la operación política contra él «estaba alimentada por la furia contra el presidente Trump y las elecciones de 2016, el miedo suscitado de forma injusta contra mi carrera judicial, y la venganza en nombre de los Clinton y con millones de dólares recaudados por grupos izquierdistas».

Un tertuliano de Fox News no habría estado más agresivo. Un portavoz de la Casa Blanca no habría sonado más partidista. Era como si Trump hablara por su boca. Todo lo que había dicho en la primera comparecencia pública sobre su deseo de formar parte de una institución no partidista se fue por el desagüe.

Consciente de lo que esperaba de ellos la Casa Blanca, varios senadores republicanos abandonaron cualquier idea de mesura y respeto por la denunciante para defender después a Kavanaugh en términos nada ambiguos. Pero uno de esos senadores tenía dudas. Uno que no se presenta a la reelección en noviembre.

Este viernes, dos mujeres, víctimas de abusos sexuales, reprocharon airadas al senador Jeff Blake cómo podía votar a favor de alguien como Kavanaugh. Otra escena captada por las cámaras de gran impacto dramático.

Flake votó después a favor de la elección del juez, que salió aprobada por 11 votos contra 10 en la Comisión de Justicia, paso previo antes de la votación en el pleno del Senado. Poco después lanzó la bomba. Reclamó una investigación del FBI durante una semana como condición para votar a favor en el pleno. Otra senadora republicana, cuyo voto a favor de Kavanaugh no estaba asegurado, le secundó. Un senador demócrata, que no se había comprometido a votar en contra, hizo lo mismo.

Blasey había pedido la intervención del FBI. Kavanaugh y la Casa Blanca la rechazaron. Al referirse a hechos de hace varias décadas, la posible responsabilidad penal está prescrita, pero el Departamento de Justicia siempre puede ordenar al FBI que investigue un caso por antiguo que sea.

En ese momento, la confirmación de Kavanaugh estaba casi muerta si no se aceptaban esas condiciones. Los republicanos se vieron obligados a solicitar formalmente la intervención del FBI y la Casa Blanca dio la orden pertinente unas horas más tarde. En un comunicado, Trump dijo que debería ser una investigación «de alcance limitado» y que tendría que completarse en menos de una semana.

El escaso periodo de tiempo limita el trabajo que puedan hacer los agentes. Sólo lo mínimo –tomar declaración a Blasey, Kavanaugh y las personas que los conocían en esa época– puede arrojar más sombras sobre la elección del juez si confirma que el testimonio de ella es creíble. Un informe del FBI que confirme ese extremo, aunque ya no haya responsabilidades penales, terminaría por acabar con las posibilidades de Kavanaugh de ser elegido.

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Hay muy poca dignidad en la política económica del Gobierno italiano

Publicada el 24 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

La caótica y preocupante situación creada en Italia por el nuevo Gobierno de la Liga y el M5S ha provocado la aparición de algunos compañeros de viaje previsibles, como la extrema derecha de Francia y Hungría, y otros más inesperados en el caso de España.

La izquierda se ha visto sorprendida este verano por un artículo de Manuel Monereo, Julio Anguita y Héctor Illueca, ¿Fascismo en Italia? Decreto Dignidad, que olvida la política xenófoba y racista fomentada por el ministro de Interior, Matteo Salvini, para elogiar de forma entusiasta un decreto ratificado por el Parlamento en agosto que revierte algunas de las reformas laborales aprobadas por un Gobierno anterior de Matteo Renzi.

Monopolizada la atención por Salvini, que le ha servido a la Liga para doblar su intención de voto en los sondeos más recientes con respecto a las últimas elecciones, este decreto es la primera medida significativa que surge del M5S, en concreto del Ministerio de Trabajo que dirige su líder, Luigi Di Maio. Sectores de ese partido no se explican cómo el joven di Maio se ha dejado dominar por el omnipresente Salvini, mientras que el primer ministro es tan irrelevante que pocos conocen su nombre fuera del país (Giuseppe Conte, por si es necesario mencionarlo).

«Partiendo de esta base, no puede negarse que el Decreto Dignidad constituye un punto de inflexión en las políticas sociales aplicadas en Italia desde la irrupción del neoliberalismo», dice el artículo. «Se dirá, con razón, que la norma no cuestiona el paradigma dominante del mercado de trabajo y que serían necesarias reformas mucho más profundas y ambiciosas. Así es. Pero ello no debería impedirnos valorar en su justa medida el Decreto Dignidad».

Monereo, Anguita e Illueca cuestionan desde el mismo titular que se relacione al Gobierno de Salvini-di Maio con el fascismo obviando que la nueva extrema derecha europea ha sido lo bastante hábil como para adoptar algunos elementos del discurso contra la austeridad. Lo hizo Marine Le Pen en Francia o Gert Wilders en Holanda en sus últimas campañas electorales, pero siempre desde la posición que dicta que son los auténticos franceses u holandeses los perjudicados por una política económica europea que prima la llegada de inmigrantes (lo que es falso) y pone en peligro el Estado de bienestar por el alto gasto social que suponen los extranjeros (también falso).

No hay ningún cambio de modelo económico en su mensaje, excepto en un vago rechazo de la globalización desde posiciones nacionalistas, sino un intento de mantener el actual haciendo que los pobres culpen de su precaria situación económica a los que son aún más pobres que ellos y que gozan de aún menos derechos. Y que los ricos tengan que pagar menos impuestos.

Ese ha sido el mensaje predominante del actual Gobierno italiano, que poco tiene que ver con el concepto de dignidad.

El decreto de Di Maio establece una reducción de la duración máxima de los contratos temporales en Italia desde 36 a 24 meses. El número máximo de renovaciones será de cuatro en vez de cinco. Después de los primeros 12 meses, sólo se podrán prorrogar alegando razones específicas.

En España el límite máximo es de tres años, ampliable uno más si eso se permite en el convenio colectivo). El Estatuto de los Trabajadores establece que si alguien ha trabajado 24 meses– en un periodo de 30 meses– con dos o más contratos temporales en esa empresa tendrá el derecho de reclamar convertirse en fijo.

En ambos países, la apuesta de las empresas por los contratos temporales está provocando graves problemas de precariedad. No es lo mismo en todos los países. Los datos de la OCDE revelan que la temporalidad es muchísimo más alta en España (26,7%) que en Italia (15,4%).

El artículo elogia las medidas contra la deslocalización con sanciones equivalentes a las subvenciones recibidas a las empresas que abandonen Italia, siendo aún mayores si trasladan sus instalaciones a un país fuera de la UE. Estas sanciones son fácilmente recurribles ante los tribunales a menos que las empresas se salten condiciones específicamente señaladas en los contratos firmados, que les permitieron por ejemplo exenciones fiscales. Las leyes raramente permiten los castigos a posteriori por razones sobrevenidas. El principio de seguridad jurídica existía antes que el neoliberalismo.

La realidad económica plantea limitaciones también. Donald Trump prometió castigos infinitos a las empresas que cerraran sus instalaciones en EEUU para trasladarlas a México. El caso más conocido fue el de la empresa Carrier. Le sirvió para ganar unos cuantos titulares y continuar engañando a sus votantes, pero los hechos demuestran que esos puestos de trabajos siguen condenados, que ciertas empresas no tienen futuro en sus condiciones actuales y que al final no hay tal desafío al orden económico desde la derecha.

Las grandes corporaciones recibieron después un gigantesco premio a través de la reducción de los impuestos, cuya principal consecuencia no ha sido un aumento de las contrataciones gracias al aumento de beneficios, sino mayores dividendos para los accionistas y mayores ingresos por la venta de acciones para sus ejecutivos. No hay defensa para ese nacionalismo económico desde la izquierda.

En cuanto a que si el Gobierno de Maio-Salvini va a plantar cara a la Comisión Europea de la forma en que Monereo-Anguita-Illueca desearían, da la impresión de que van a quedar algo decepcionados.

Salvini ha dicho en varias ocasiones que cada país de la UE debería tener derecho a establecer su propia política económica. Quiere aprobar un impuesto único (flat tax) a ciudadanos y empresas de entre el 15% y el 20%, lo que supondría una reducción fiscal para los más ricos no muy distinta a la de EEUU. Combinada con la idea de M5S de poner en marcha de un sistema de renta básica, provocaría un aumento astronómico de la deuda, que ya está en el 130% del PIB.

La propuesta de renta básica de M5S que se incluyó en el acuerdo del Gobierno de coalición está destinada a los que están bajo el umbral de pobreza durante un periodo máximo de dos años que estén buscando un empleo, un sector que recibe en Italia menos ayudas sociales que en otros países europeos, algo que se podría decir también de España.

Todo eso quedará más claro cuando el Gobierno presente a finales de septiembre su proyecto de presupuestos para 2019. Salvini ya se ocupó a principios de mes de enfriar el ambiente. Tranquilizó a los empresarios y a los mercados financieros con la idea de que ese aumento del gasto público y descenso de ingresos fiscales se harán de forma gradual a lo largo de los cinco años de legislatura. En la campaña, su partido dijo que eso se pagaría solo, con el crecimiento de la economía y el descenso de la evasión fiscal. Para entendernos, la curva de Laffer a la italiana.

«Intentaremos respetar todas las normas, todas las limitaciones y todos los compromisos realizados. Haremos que este país crezca y que los italianos vivan mejor sin irritar a los que nos vigilan desde arriba», dijo.

El ministro de Economía, Giovanni Tria, un profesor universitario que fue miembro del consejo de la OIT y que no pertenece a la Liga o el M5S, pretende que el presupuesto prevea un déficit inferior al 2%, en la línea de lo que podría aceptar la Comisión Europea. Salvini intenta que esté algo por encima del 2%, lo que no sería un cambio espectacular. Medios italianos han informado de que llegaría a aceptar un déficit entre el 1 y el 2% en la senda por la que iba el anterior Gobierno, pero eso aún no se sabe con seguridad. Es lo que se está negociando ahora, pero está claro que no hay tal desafío a la UE. Mucho menos un «punto de inflexión» en la economía italiana.

La UE exige que los déficit estén por debajo del 3% y el porcentaje de deuda sobre el PIB con el 60% como máximo. Lo segundo es imposible en el caso de Italia, como en el de otros países, y por tanto admite un amplio margen de negociación con la UE.

Algunos halcones de la Comisión preferirían un duelo al sol con el Gobierno italiano a cuenta de la previsión del déficit. Eso tampoco es probable, porque en Bruselas son conscientes de que daría a Salvini una bandera nacionalista con la que presentarse en las elecciones europeas de mayo con la aspiración de convertirse en el primer partido del país con una gran distancia sobre su socio de coalición.

Por último, conviene echar un vistazo a los planes fiscales de la Liga y su capacidad para convertirse en símbolo de dignidad para cierta izquierda. Al firmar el acuerdo con M5S, pasaron de un tipo único del 15% a dos, el 15% y el 20% en función de los ingresos, con exenciones a las rentas más bajas, como ocurre en España. En estos momentos, el tipo máximo del IRPF para las rentas superiores a 75.000 euros anuales es del 43% en Italia. Reducir ese tipo máximo al 20% permitiría a las rentas de trabajo más altas en Italia disfrutar del régimen fiscal más favorable entre las principales economías de la OCDE.

Restar importancia a la política xenófoba y racista del Gobierno italiano a cambio de un decreto de dudoso éxito que restringe algo la contratación temporal –por lo tanto, comprando la propaganda de esos partidos–, mientras ese mismo Gobierno aspira a dejar en un nivel ínfimo los impuestos a los ricos puede definirse de muchas maneras, casi todas con epítetos muy poco elegantes, pero desde luego tiene muy poco que ver con la izquierda.

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Humillado en Francia, Manuel Valls intenta resucitar en España

Publicada el 23 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

La política ofrece situaciones inesperadas. En un país como España, donde el 86% de la gente dice está a favor de acoger a los refugiados que huyen de las guerras y donde la inmigración no ha causado tensiones sociales graves, un político francés que labró su fama como tipo duro en su rechazo a esas ideas es recibido en algunos medios como un competidor serio a la alcaldía de Barcelona, cuya candidatura puede confirmar en los próximos días.

Bien como cartel electoral de Ciudadanos o de forma independiente apoyado por ese partido, Manuel Valls, nacido en Barcelona hace 56 años cuando su familia ya vivía en Francia, quiere cruzar los Pirineos y resucitar una carrera política que en su país había quedado muerta y enterrada.

En el plano personal, todo lo ocurrido en los últimos años a Valls ha tenido un aire de gran humillación. La descomposición de la presidencia de François Hollande se lo llevó por delante cuando era primer ministro, mientras que encumbró a Emmanuel Macron que, como ministro de Economía, era su subalterno. Hollande y Valls se hundieron hasta el fondo y vieron pasar perplejos en dirección contraria a la que era la nueva estrella de la política francesa.

Por alguna razón, Ciudadanos o la burguesía de Barcelona pretenden que Valls sea el Macron de la política local. Es probable que no le haga ninguna gracia si se lo comentan en la campaña.

En la derecha de la izquierda

Hubo un tiempo en que Valls parecía tener un camino bastante despejado hacia la presidencia francesa. Como miembro del ala más moderada del Partido Socialista, podía considerársele heredero político de Michel Rocard, y por tanto en desventaja para competir por el liderazgo del partido. Pero la victoria de Hollande en las elecciones presidenciales le colocó al frente del Ministerio de Interior en 2012. En Francia el discurso de ley y orden tiene muchos partidarios.

«Es lo más parecido a Tony Blair que tienen en Francia», dijo de él un político británico amigo suyo. The Economist le denominó «el Sarkozy socialista» por ser tan duro como sus predecesores conservadores. Eso quedó demostrado con un incidente que avergonzó a muchos dirigentes socialistas que se preguntaban qué hacía Valls en el Gobierno con su política de deportaciones y sus críticas a los gitanos por no integrarse en la sociedad francesa, es decir, por no cumplir la idea de Valls de lo que debe ser un francés.

Una chica gitana de 15 años fue sacada por la policía de un autobús escolar delante de sus compañeros para ser deportada a Kosovo junto a sus padres y hermanos. Su padre había mentido en su petición de asilo, pero Valls hizo que toda la familia –la madre y los hijos habían nacido en Italia– pagaran por ello. Muchos socialistas pensaron que eso no habría ocurrido si la familia no hubiera sido gitana.

Lo cierto es que en ese momento Valls era el miembro del Gobierno más popular en las encuestas gracias a que los votantes conservadoras le daban buena nota. Por eso, en 2014 Hollande, hundido en los sondeos, decidió nombrarle primer ministro para que se ocupara del trabajo sucio de imponer la mano dura con la inmigración y de ejecutar un giro económico que incluía bajar los impuestos.

Una pareja infeliz

La jugada no funcionó para ninguno de los dos. Las reformas económicas de orientación liberal no tuvieron el efecto positivo prometido ni contribuyeron a un descenso significativo del paro. El único, y dramático, respiro político vino con los atentados de 2015, que conmocionaron a Francia con el ataque a la sala Bataclan. Permitieron a Valls ocupar el centro del escenario político, la declaración del estado de emergencia y su ascenso en las encuestas hasta un 40% de apoyo. «Estamos en guerra. Nuestra respuesta será despiadada», dijo Valls.

La comunidad islámica francesa sintió que la habían colocado en el bando de los enemigos. Valls tenía la capacidad de defender el laicismo tradicional de Francia como si fuera un fundamentalista. Quiso prohibir el hiyab en las universidades. El ministro de Universidades dijo que no había ningún problema por su uso en los campus y por tanto ninguna necesidad de crearlo.

Cuando le preguntaron a Valls si el islam era compatible con los valores de la sociedad francesa, el primer ministro respondió: «Ciertas personas no quieren creerlo, una mayoría de ciudadanos franceses lo dudan, pero estoy convencido de que es posible». Sólo posible, pero aún no había encontrado pruebas de que fuera así.

El responsable de una organización contra la islamofobia respondió a Valls: «Estamos hartos de ser estigmatizados y de este discurso populista que es peor que el de la extrema derecha».

El impulso en los sondeos tras los atentados había sido un espejismo. Hollande y Valls volvieron a caer y muy rápido. Valls se fue hasta el 22%. El primer ministro prorrogó una y otra vez el estado de emergencia, concedió más poderes a la policía y endureció su discurso contra la inmigración, pero los franceses daban más importancia a la situación económica.

La amenaza exterior

Valls se convirtió en uno más de los políticos que dicen que es imperativo hacer frente a la extrema derecha, pero adoptando una parte de su retórica. Unos meses después de la crisis de los refugiados en el verano de 2015, insistió en Davos en que había una amenaza exterior: «Hoy, cuando hablamos en Europa, unos pocos segundos después eso se escucha en los teléfonos móviles en los campos de refugiados». Por tanto, había que impedir que tuvieran esperanzas, más de las pocas que les concedía Valls.

«Francia necesita a la izquierda», dijo al dimitir como primer ministro y presentar su candidatura a la presidencia. Pero la izquierda ya se había olvidado de él. Era el más conocido en las primarias socialistas y aun así fue derrotado por Benoît Hamon, que tampoco tenía mucho futuro en los comicios. Luego recomendó votar a Macron y se mostró convencido de que formaría parte del nuevo movimiento político.

El destino natural de Valls era aportar su experiencia a la campaña de Macron, pero hasta eso estaba ya fuera de sus posibilidades. El futuro presidente parecía interesado en contar con él, pero sus asesores le convencieron de que no tenía sentido reclutar a un político tan desprestigiado.

Valls se sintió algo engañado. Tampoco podía confundirse. Era uno de los símbolos de un grupo de políticos fracasados y derrotados por un neófito. La única ventaja que tenía Valls sobre los demás es que él había nacido en Barcelona, lo que le concedió la opción de un fichaje con vistas a jugar en una Liga extranjera.

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Cosas que hacer en sábado cuando no estás muerto

Publicada el 22 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

Cómo identificar una película de los hermanos Coen.

–Habla el responsable del maquillaje de Joker en ‘El caballero oscuro’.
–Hay que reconocer que Tom Cruise se gana el sueldo.
–Los personajes de Cary Grant en las películas de Hitchcock.
–Una historia oral de BoJack Horseman.
–En Honest Trailers comprueban lo mala que era la última de ‘Jurassic World’.
—Nicolas Cage se ha cansado de que le tomemos el pelo.
–Las apariciones de Bill Murray.
–La tradición de los alebrijes en México.
–El estilo de Edgar Allan Poe.
–Los 750.000 búnkers de Albania.
–El origen de la expresión OK.
—Resolver crímenes en Marte será complicado.
–Alguien decidió en 2008 hacer un videojuego con Jack El Destripador como protagonista. No fue una buena idea.

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El mito del rey Arturo

Publicada el 22 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

En el siglo XII un clérigo de gran ambición recuperó historias de los siglos anteriores y de la mitología céltica para comenzar a construir el mito del rey Arturo. Traductores posteriores –en esos tiempos, la traducción era aún más creativa que ahora- añadieron elementos que han perdurado hasta nuestros días, como la mesa redonda, el Santo Grial, Lancelot o el inevitable triángulo romántico. Esto último fue muy útil siglos después para el cine. Las historias de amor añaden mucho interés a las peleas con espadas. Cuando esos escritores hacían su trabajo en el tiempo de los Cruzadas no era tanto el pasado lo que les interesaba, sino el presente, como ocurrió en la España antigua con la ‘historia’ del origen del Camino de Santiago.

Los mitos sirven para construir las adhesiones imprescindibles para gobernar el tiempo actual. A eso le llamamos ahora propaganda.

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Pedro Sánchez renuncia a defender los derechos humanos si eso supone un riesgo económico

Publicada el 16 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

La entrevista a Pedro Sánchez en La Sexta en la noche del domingo nos ha permitido confirmar dos hechos básicos en la decisión del Gobierno español de autorizar la venta de bombas a Arabia Saudí para su uso en la guerra de Yemen. Hubo una amenaza directa del Gobierno saudí de poner fin a las relaciones económicas con España, y toda esta crisis se originó por lo que fue un error de la ministra de Defensa, según la versión ofrecida por Sánchez.

Hay algo más que admite varias interpretaciones, pero que Sánchez dejó claro en una de sus respuestas. Está muy bien tener una política de derechos humanos, pero no tanto si eso pone en peligro inversiones y puestos de trabajo. Una guerra en la que han muerto decenas de miles de personas es algo terrible, pero un Gobierno puede colaborar con ella, aunque sea de forma reducida, y no sentirse responsable. ¿Por qué? Tiene mucho dinero que perder.

En varios medios de comunicación, se informó de que el Gobierno saudí había protestado por la decisión de Margarita Robles de suspender la entrega de bombas guiadas por láser en un contrato aprobado por el anterior Gobierno y ya pagado por el cliente. El Gobierno no se atrevió a concretar mucho más. Los saudíes, a diferencia de la crisis que han tenido con Canadá, prefirieron optar por la discreción y no hacer público su enfado. Seguro que pensaban que este era un problema que podían arreglar sin levantar la voz.

Sánchez fue bastante claro en la entrevista: «El dilema que tenía este Gobierno era romper las relaciones comerciales, económicas y políticas con un tercer país, con el impacto que eso podía tener en determinadas zonas de este país, por ejemplo la bahía de Cádiz, o cumplir con un contrato que firmó la anterior Administración». El peligro consistía en perder el contrato de construcción de cinco corbetas por valor de 1.800 millones de euros en las instalaciones de Navantia en Cádiz y Ferrol. Esa fue la amenaza que llegó de Riad.

La ministra de Defensa quedó completamente desautorizada. Fue señalada como la causante de esta crisis. Sánchez dijo que Robles no fue consciente de las dimensiones comerciales de esa decisión, con lo que hay que suponer que la tomó sin consultarla con Exteriores, Economía o Moncloa. Cabe la posibilidad de que esto no haya sido así, pero los comentarios de Sánchez hacen pensar que el Gobierno tuvo que reaccionar ante una situación creada por Defensa.

No es lo mismo ser ministro que presidente –eso lo sabemos todos–, pero la humillación política sufrida por Robles es de las que dejan huella.

Por último, las declaraciones de Sánchez ponen un límite muy claro en cualquier esperanza que se pueda tener en que este Gobierno tenga un política de derechos humanos distinta al anterior. El único consuelo, muy pequeño, es que Sánchez no nos insultó con la explicación absurda sobre el «armamento de precisión» con la que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, nos intentaron engañar unos días antes.

Realpolitik más puestos de trabajo suman una potencia que ninguna tragedia humanitaria ni violación de derechos básicos pueden alcanzar. Estoy seguro de que Sánchez preferiría que se acabara la guerra de Yemen, ¿y quién no?, pero está dispuesto a colaborar con los planes militares saudíes porque aparentemente no nos podemos permitir adoptar una postura ética y que respete la legislación español sobre venta de armas. Si es verdad que miles de puestos de trabajo directos e indirectos dependían del contrato de las corbetas, para el Gobierno, no hay más que hablar.

En otras palabras, los derechos humanos, para los que se los puedan permitir.

«La responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras. Lo que puedan hacer terceros países no es responsabilidad de este Gobierno», dijo Sánchez. 

Eso no es lo que dice la legislación. Una ley aprobada en 2007, con un Gobierno socialista, dictamina que hay que denegar la exportación de armamento «cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, exacerbar tensiones o conflictos, ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano para la represión interna, o en situaciones de violaciones de derechos humanos, o vayan a países con evidencia de desvío».

No hay mejor forma que describir la campaña de bombardeos masivos saudíes sobre la infraestructura civil de Yemen que esa ley escrita en 2007 por alguien que quizá ni siquiera sabía quién gobernaba Yemen, y mucho menos lo que pasaría allí años después.

Este es el momento en que uno, si cree qué Margarita Robles debería haber coordinado su decisión con Moncloa, se pregunta si una ministra tiene que pedir permiso para cumplir la ley.

Pero ya sabemos que para los ciudadanos el cumplimiento de la ley es una obligación inexcusable. Para los gobiernos, la ley consiste sólo en una serie de directrices que se pueden obviar si resultan demasiado onerosas desde el punto de vista económico o electoral.

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El mártir, el inocente y el valiente: las dimisiones llegan a la política española

Publicada el 16 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

Si en los documentales de National Geographic o de David Attenborough en BBC se ocuparan de la corrupción, podrían catalogar las especies estudiadas en tres tipos de políticos en función de sus reacciones al verse obligados a dimitir: el mártir, el inocente y el valiente. De los dos primeros tendrían múltiples imágenes para el montaje del programa.

El mártir es el tipo que se sacrifica con una generosidad inaudita para favorecer intereses más altos. «Me voy para que el ruido de esa jauría no rompa el proyecto de Pedro Sánchez», dijo Màxim Huerta tras menos de una semana de ministro de Cultura. «Es parte del precio de haber mantenido tolerancia cero contra la corrupción», alegó Cristina Cifuentes, que se presentó como la víctima después de caer por su máster obtenido de forma fraudulenta. «Doy el paso atrás para que la izquierda no gobierne», afirmó, supuestamente como servicio al partido.

Es una idea calcada a la que se escuchó a Francisco Camps. «Voluntariamente ofrezco mi sacrificio para que  Mariano Rajoy  sea el próximo presidente del Gobierno», anunció en 2011. Camps se había inmolado por Rajoy, por el PP y por España («para que España sea esa gran nación que los españoles queremos»). El combo completo. 

El inocente también se puede detectar con facilidad en la jungla de la política. Es el que no ha hecho nada reprobable, ni por acción ni por omisión. « He sido transparente y honesta. No he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido con toda convicción y la conciencia muy tranquila», argumentó la ya exministra de Sanidad, Carmen Montón, con otro máster  conseguido gracias a los privilegios que concedía la Universidad Rey Juan Carlos. Ella ni siquiera tenía claro dónde se celebraban las clases. Pero dijo que fue honesta.

«En ningún caso yo he recibido ningún regalo», dijo Pablo Casado sobre otro máster sospechosamente fácil de conseguir. «Hice lo que se me pidió. No me pareció extraño. Si hubo algo que no estaba bien, lo desconozco». Inocente y también víctima, porque si hubo chanchullos, él no se enteró de nada. Sí recuerda que recibió el título.

La especie menos frecuente

Con numerosos testimonios en las categorías de mártir e inocente, habría que pasar a la tercera, la del valiente, la persona honesta que reconoce que cometió un error o que hubo irregularidades que debería haber detectado. Y que incluso pide disculpas. David Attenborough tendría que hacer mucho trabajo de campo para descubrir imágenes de esa especie en España. Es posible que tuviera que alertarnos y catalogarla como especie en vías de extinción.

En España, muchos piensan que los políticos no dimiten y sólo lo hacen cuando la situación es ya insostenible. Que no asumen la responsabilidad por sus errores. Lo cierto es que las búsquedas en internet en 2012 y 2013 arrojaban múltiples resultados de esa indignación muy presente entre los ciudadanos. El chiste «Dimitir no es un nombre ruso» apareció hasta en una pintada.

A partir de 2014, las cosas comenzaron a ser diferentes. Para empezar, dimitió el rey Juan Carlos. Con los monarcas es otro nivel y se le llama abdicación. Por corrupción, errores políticos graves, responsabilidad en el nombramiento de altos cargos corruptos o derrotas electorales, los políticos renunciaban a sus puestos con una frecuencia desconocida hasta entonces.

Sin embargo, la gente no termina de creérselo. «Sigue instalada la idea de que en España no se dimite cuando se debe y de que hay una resistencia muy alta entre los políticos a asumir la responsabilidad de errores graves», explica a eldiario.es Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor político y director de la empresa Ideograma. No es porque los ciudadanos no se enteren de las dimisiones, sino por una crisis de confianza que va más allá de la lucha contra la corrupción. La desconfianza general hacia los políticos y sus partidos está detrás de esa actitud. «Estos diez años de crisis económica y social se han llevado por delante la capacidad de la política de ordenar el interés general», dice Gutiérrez-Rubí. Y eso ha tenido un precio.

Una pérdida de credibilidad

Lo que se llama desafección de forma eufemística es algo mucho más grave. Revela una profunda pérdida de credibilidad de los políticos, porque no están haciendo su trabajo, y eso se torna en ira en los casos de corrupción.

«La desconfianza en la política desgraciadamente está fundamentada», dice Adela Cortina, catedrática de Ética y autora de numerosos libros sobre la relación entre ética y política. Cortina va más allá del valor de las dimisiones, porque considera que hay una carencia más profunda y de repercusiones más preocupantes: «La responsabilidad política consiste en tratar los problemas fundamentales de la sociedad y encontrar soluciones. Vivimos en lo que llamaría democracias electoralistas, que están perpetuamente en campaña electoral y en las que los políticos se agreden de forma continua y no se ocupan de los problemas de la gente».

Con respecto a los últimos acontecimientos sobre tesis y másters obtenidos con favores, Cortina ha observado «un juego constante de descalificaciones y agresiones mutuas sin que haya propuestas constructivas». En su opinión, eso hace que la opinión pública «se pueda sentir desmoralizada, porque cree que está en un país mucho más inmoral de lo que es».

Cortina no resta importancia a la transgresión de leyes o a conductas corruptas, pero tiene claro que los ciudadanos tienen como prioridad buscar soluciones a los problemas que les afectan, y se refiere en concreto a la lucha contra la pobreza o a ese «precariado insultante» al que están sometidos muchos trabajadores. Las agresiones entre políticos no servirán de nada a la hora de afrontar esos problemas.

Los políticos no hacen su trabajo

José Juan Toharia, catedrático y presidente de Metroscopia, tiene un ejemplo respaldado por muchas encuestas sobre esa frustración popular con los partidos: su incapacidad de pactar, especialmente ahora que no hay partidos en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta. «Con la aparición de nuevos partidos, los sondeos destacan que los ciudadanos hasta en un 66% prefieren un sistema multipartidista a uno bipartidista». Lo primero exige acuerdos para que haya mayorías que puedan gobernar. La resistencia de los partidos a hacerlo merma su prestigio: «Cuando un partido llega a un acuerdo, preguntas en las encuestas si lo consideran sentido de responsabilidad o traición a las ideas propias, y en torno a un 60% dice lo primero. Sondeo tras sondeo, la gente quiere que los políticos pacten».

Sobre corrupción y dimisiones, Toharia destaca que el sistema político español tiene carencias en comparación con otros países. «Los políticos se acogen aquí al sofisma de que mientras no haya condena jurídica no hay responsabilidad política. En otros países basta una conducta impropia para exigir la dimisión». Allí sucede que un error grave no impide que años después esa persona que ha dimitido vuelva a la política, explica Toharia. «En otros países se puede volver, porque no hay una condena eterna. Aquí saben que salir es la muerte definitiva, y por eso se agarran todo lo posible al cargo».

Hay políticos que renuncian a un cargo, pero no al poder que ostentan. José Manuel Soria dimitió como ministro de Industria, no porque las empresas de su familia hubieran tenido cuentas en paraísos fiscales, sino por mentir sobre ello. Aún controla buena parte del PP de Canarias. Su poder quedó reflejado en el voto de los delegados de su comunidad en el último congreso del PP. Soria quería que Sáenz de Santamaría fuera derrotada porque la consideraba responsable de haber forzado su caída y por tanto la victoria de Casado fue recibida por él como un triunfo personal.

Cómo te vas es un factor casi tan importante como el hecho de dejar la política. Gutiérrez-Rubí destaca que a veces lo peor son las explicaciones. Hay una forma ética de presentar la dimisión que pasa por reconocer el error. «Lo que ocurre es que los dimisionarios se presentan como víctimas. Si no has hecho nada malo, ¿por qué dimites? Tiene que llevar aparejada una contricción, sobre todo en la política. Has traicionado la confianza de la gente», argumenta.

Pone como ejemplo a los países anglosajones en los que es frecuente ver pedir disculpas a los que dimiten. «Aquí no me parece que eso ocurra».

El diputado Odón Elorza fue uno de los pocos socialistas que se atrevió a opinar sobre la dimisión de Montón resaltando lo importante que es saber despedirse. Incidió en algo que los políticos olvidan con frecuencia: «El ejercicio de dimitir tiene un gran valor ético cuando es voluntario y se hace a tiempo. Cuando es forzado por otros te deja muy mal cuerpo y resta confianza al Gobierno y al partido».

Adela Cortina, que ha trabajado como profesora en el extranjero, también explica que «en países con tradiciones protestantes hay una tendencia a exigir responsabilidades más rápidamente». Sí aprecia una mejora en nuestro país: «En España eso ha cambiado mucho afortunadamente. Ha habido un aumento de la transparencia. La exigencia ahora está al nivel de otros países europeos». Con una salvedad. Tiene que haber un límite en el castigo: «La vergüenza pública me resulta desagradable. Todo lo que sean linchamientos públicos me parece más propio de países totalitarios».

¿Por qué existe en España la idea de que la corrupción sale gratis cuando hay ya ejemplos de tantas dimisiones por ese motivo y otros? «Lo que propicia la sensación de que no se castiga la corrupción es el factor de la lentitud de la justicia», dice Toharia.

A mucha gente le sorprenderá saber que la justicia británica o la italiana son tan lentas como la española. Sólo los regímenes autoritarios pueden presumir de celeridad, pero no de justicia. Sobre este asunto, Toharia recurre a los sondeos para explicar que la gente cree que los partidos tienen más interés en controlar la justicia que en solucionar los problemas que tenga, como el de la falta de medios: «Piensan que a la justicia se le intenta presionar de forma constante».

La responsabilidad de los periodistas

Las instituciones deberían tener instrumentos para autovigilarse. Está claro que la universidad no cree necesario contar con ellos. En los casos de expedientes académicos fraudulentos, no se habría producido ninguna dimisión si no hubiera sido por el trabajo de los medios de comunicación. «Cada vez que hay un caso de vigilancia hecha por los medios, eso hace que el listón de la moralidad pública sea más alto», dice Gutiérrez-Rubí.

Cortina valora como impresionante el trabajo de los medios en muchos aspectos, pero no oculta que le preocupan los efectos de la saturación, en concreto cuando las tertulias televisivas repiten una y otra vez el mismo tema: «Todo ese empecinamiento de hablar hasta la saciedad tiene que ver también con mantener la audiencia. Pediría a los medios que si el tema se judicializa, dejen que sean los tribunales los que lo resuelvan y vuelvan a hablar de los problemas fundamentales de la sociedad».

Aun así, la exigencia desde los medios, o en algunos casos de algunos medios, de hacer algo al respecto es bien recibida en general. «Los periodistas tienen una credibilidad mucho más alta que los políticos en los sondeos», explica Toharia. «Son los que dan la alerta cuando algo malo ocurre». Cuenta que los periodistas están en la mitad de la tabla de las profesiones por su valoración social: «Los políticos salen los últimos, junto a las entidades financieras y los obispos».

Por impactante que sea, la dimisión no es el final del problema sobre la limpieza de la política. No es la solución si hablamos de problemas estructurales de la sociedad. La realidad es que los políticos no solventarán sus problemas de credibilidad con más dimisiones, aunque eso mantenga muy ocupados a periodistas y jueces. La sociedad aspira a que su voto sirva para solucionar cuestiones gravísimas que castigan a su vida cotidiana, y no están viendo que eso ocurra. El problema de los políticos empieza ahí.

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Manipulación del Gobierno español para justificar la venta de armamento a Arabia Saudí

Publicada el 14 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

El desafío que supuso la decisión del Ministerio español de Defensa de paralizar la venta de 400 bombas a Arabia Saudí no ha durado mucho tiempo. El Gobierno ha rectificado tras la protesta del embajador saudí. «Las aguas han vuelto a su cauce. No habrá represalias saudíes», garantizó una fuente del Gobierno a El País.

La realpolitik y las relaciones comerciales se han impuesto sobre los derechos humanos, pero además hemos sido testigos de un intento nada honesto de minimizar el peligro del armamento vendido.

El ministro Josep Borrell confirmó el jueves que España cumplirá su compromiso de venta de un material militar que puede ser utilizado en la campaña de bombardeos indiscriminados que Arabia Saudí y Emiratos, con la ayuda fundamental de EEUU y Reino Unido, iniciaron en Yemen hace más de tres años.

Habrán visto en muchos medios desde hace tiempo la cifra de 10.000 muertos provocados en la guerra civil de Yemen (la primera referencia por una fuente de la ONU a esa cifra es de agosto de 2016). El número real es mucho mayor, aunque es imposible saberlo con exactitud. Un estudio independiente realizado por un think tank especializado en conflictos lo eleva a 50.000 en el periodo comprendido entre enero de 2016 y julio de 2018. Ese cómputo no incluye los miles de civiles muertos no en combates, pero sí por causas relacionadas directamente con la guerra. Me refiero a los fallecidos por la desnutrición y la epidemia de cólera originados en buena parte por el bloqueo naval realizado por los saudíes.

La mayoría de los civiles muertos en acciones de guerra han perecido en ataques de la coalición dirigida por los saudíes con ataques específicos sobre zonas residenciales, clínicas, mezquitas, centrales eléctricas, centrales de potabilización de agua y todo tipo de infraestructura civil. No es ‘carpet bombing’ (bombardeo de saturación) como el empleado en la Segunda Guerra Mundial para arrasar ciudades y que es considerado un crimen de guerra por las Convenciones de Ginebra. Son ataques realizados directamente sobre objetivos determinados de antemano y que cuando se hacen sobre la infraestructura civil de un país se considera que son también un crimen de guerra.

Para esos ataques, los saudíes emplean bombas guiadas por láser como las que el Gobierno español finalmente ha decidido vender a Arabia Saudí por un contrato firmado por el anterior Gobierno.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había anunciado la revisión de todos los contratos de venta de armamento y la suspensión de la entrega de esta partida, ya abonada por Riad con nueve millones de euros. Da la impresión de que Robles no pactó esa decisión con Exteriores o Moncloa. Defensa ha preferido no dar mucha información al respecto. Al saber que estaba en peligro el contrato de construcción de cinco corbetas en Cádiz por valor de 1.800 millones de euros, los escrúpulos desaparecieron.

La rectificación «parece indicar que las amenazas saudíes de retirar otros contratos comerciales con España, unidas a la falta de apoyo de otros países de la UE, han llevado al Gobierno español a echarse atrás en lo que habría sido una decisión valiente y ética de política exterior», ha dicho a Middle East Eye Kristina Kausch, del think tank German Marshall Fund.

Lo peor viene ahora, porque siempre es peor cuando intentas engañar a la gente.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, dijo el jueves que no hay que preocuparse por nuestra contribución a la destrucción de Yemen. Explicó que se trata de un «armamento de precisión», guiado por láser, que «no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria».

En este momento, uno duda en saber si Borrell está demostrando un notable desconocimiento sobre lo que está pasando en Yemen, que es impropio del jefe de la diplomacia española, o si lo que ocurre es que alguien le ha sugerido un argumento absurdo para salir del paso de una situación comprometida en la que los periodistas le iban a preguntar si todo esto supone una desautorización de la ministra de Defensa. Ninguna de las dos opciones es aceptable.

Bombas de precisión o misiles guiados por láser, similares a las que España va a vender, se usaron en agosto en el ataque a un autobús escolar que mató a 29 niños. En el ataque en abril con 33 muertos en las tiendas instaladas para celebrar una boda en una zona de Yemen controlada por las milicias hutíes enemigas de Arabia Saudí. En el bombardeo de un funeral en 2016 donde murieron 140 personas. Ese ataque fue preciso en dos ocasiones. El primer misil destruyó el objetivo. Minutos después, el segundo impactó cuando los equipos de emergencia intentaban sacar de allí a los heridos.

No hubo «efectos colaterales», como dijo el ministro en la típica expresión con la que los políticos intentan liberarse de sus responsabilidades morales. Los bombardeos cumplieron sus objetivos.

Fue esa «precisión extraordinaria» de la que habló Borrell la que hizo posible esas matanzas.

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La épica del origen de la UE vuelve a estrellarse con la realidad de unos políticos ocupados en ganar elecciones

Publicada el 13 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

La Europa que se debate entre los valores liberales originales y la reacción ultraconservadora de los últimos años que utiliza la inmigración como banderín de enganche tuvo el miércoles en el Parlamento Europeo uno de sus anticlímax de costumbre. Un debate civilizado, con pocos momentos dramáticos y muy escasa capacidad de captar el interés de los ciudadanos (los periodistas sí muestran algo más de implicación pero porque ese es su trabajo).

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció un repertorio de medidas para afrontar un problema –el de la inmigración– del que casi todo el mundo sabe que sus dimensiones dramáticas no son reales, porque los números dicen lo contrario, pero que es el trampolín que utiliza la extrema derecha para cimentar su asalto al poder.

Como ha ocurrido en otros países, el conservador Juncker compró parte del discurso de la extrema derecha de Salvini, Orbán y Le Pen con nuevas propuestas para blindar las fronteras exteriores de Europa (traducción: reducir el número de inmigrantes africanos), pero sin los instintos más reaccionarios (traducción: lo que está en juego no son los llamados «valores cristianos» de Europa).

El Parlamento Europeo es el único legislativo en la UE en el que se habla habitualmente del peligro de la guerra. No de la guerra en sentido abstracto, sino de la guerra civil europea que comenzó en 1914, acabó en 1945 y luego tuvo un prórroga, algo diferente en las formas– durante la Guerra Fría.

Escuchar a Juncker y otros políticos nos lleva a los tiempos en que Mitterrand y Kohl representaban en público la alianza sincera entre viejos enemigos que habían regado de sangre los campos europeos en la primera mitad del siglo XX. Lo que ocurrió entre 1914 y 1945 cuestiona a qué se refieren los que hablan tanto de «valores cristianos». Nuestra civilización fue la más salvaje que existió en ese siglo.

El problema es que ahora los ciudadanos no creen que exista un riesgo real de volver a combatir en Verdún, Dresde o Varsovia. Están más ocupados en pensar en su empleo o falta de él, en la precariedad, la sanidad o las pensiones. Resulta difícil reprochárselo.

También es lógico pensar que el viejo mensaje europeísta («estamos en un continente en paz gracias a la Unión Europea, respetemos más a la UE y no ensuciemos su nombre», dijo Juncker) ya no tiene mucha tracción en las pistas de la Unión Europea. A la extrema derecha, le resulta más fácil adaptarlo a sus intereses: para que no haya más guerras y conflictos internos y externos, hay que blindar las fronteras, dicen.

Da igual lo dura que se muestre la Comisión Europea en el tema migratorio. Los ultras siempre pedirán más. «Ustedes han organizado una migración masiva que debilita a nuestro continente y daña a nuestra gente», denunció Nicolas Bay, eurodiputado del Frente Nacional francés.

Juncker utilizó el discurso para anunciar su propuesta de montar una fuerza policial y naval de 10.000 miembros para 2020 que se dedique, no a salvar vidas en el Mediterráneo, sino a reforzar esas fronteras exteriores, que están sobre todo en el Sur. Para los más conservadores, está el compromiso de «acelerar el retorno de los inmigrantes irregulares». Para los preocupados por el desarrollo de África, una idea que pocos creen que se lleve a la práctica  («crear vías legales de inmigración a la Unión Europea») y un compromiso clásico en la UE: si hay un problema, tenemos dinero para solucionarlo.

Al menos, Juncker tuvo el detalle de no utilizar el cliché gastado de Plan Marshall para África. Pero la idea es parecida. Invertir en esos países para que no vengan inmigrantes, una premisa que repiten los políticos sin que tengan una sola prueba de que sea verdad. Esta vez, más que dinero, Juncker utilizó una forma de medir más efectiva: crear diez millones de empleos en cinco años en África.

Eso es un titular y aparecerá en muchos medios. En estos casos, es imposible saber hasta qué punto se llegará dentro de cinco años. El interés de la política y la opinión pública europeas por los países africanos nunca ha sido muy alto.

El debate continuará y los ultras no cejaran en su empeño de rentabilizarlo. No está garantizado de que vayan a beneficiarse siempre. El Gobierno ultraconservador de Hungría y su líder máximo, Viktor Orbán, recibieron el castigo de ser avergonzados por su política xenófoba y corrupta e impropia de los principios de la UE. El Parlamento Europeo aprobó (448 sí, 197 no, 48 abstenciones) una especie de moción de censura que es simbólica porque el procedimiento de infracción pasa ahora al Consejo, es decir, al terreno donde reinan los gobiernos europeos.

Donde priman los intereses políticos concretos y no están pensando en las guerras del siglo XX ni en los valores de la UE, sino en quién ganará las próximas elecciones.

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El sur de Irak explota contra la corrupción y el agua envenenada

Publicada el 8 septiembre 2018 por Iñigo Sáenz de Ugarte

El sur de Irak es una zona productora de petróleo, la principal fuente de ingresos para el Estado. Es también la zona donde confluyen el Tigris y el Éufrates, los dos grandes ríos del país. A pesar de esos dos grandes recursos naturales, la región cuya principal ciudad es Basora ha sido abandonada por el Gobierno desde hace años, carece de los servicios públicos necesarios y su suministro de agua y electricidad es un desastre. En verano, cuando las temperaturas superan con frecuencia los 40 grados, la vida es insoportable.

Desde julio, los habitantes de Basora se han lanzado a la calle hartos de su situación y de la corrupción de las autoridades. A las carencias habituales, se ha unido que el agua que sale de los grifos es un riesgo para la salud. 6.000 personas han sido hospitalizadas por su consumo en los últimos dos días, y 30.000 este verano, según los medios locales. Ni siquiera sirve para lavar la ropa.

Doce personas han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad. Entre el jueves y el viernes, los manifestantes han quemado varios edificios oficiales, incluidas las sedes de varios partidos.

En la noche del viernes, prendieron fuego al consulado de Irán para dejar patente su rechazo a la influencia de ese Gobierno en los asuntos políticos iraquíes.

Entre los edificios atacados se encuentran sedes de partidos o asociaciones financiadas por Irán, que siempre ha contado con aliados en esta ciudad de unos dos millones de personas y habitada en su mayoría por chiíes. Lo mismo ha ocurrido con la sede del Gobierno regional y de la televisión pública.

En agosto, el Gobierno anunció que las cifras de exportación de petróleo habían alcanzado un récord este año, con 112 millones de barriles y unos ingresos para las arcas públicas de 7.700 millones de dólares.

El país celebró elecciones generales en mayo. Aún no se ha podido formar un Gobierno.

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