The New Yorkers Weegee photographed—especially those caught up in sudden calamities of crime and fire—obtained a fame that lasted not fifteen minutes but more like fifteen hours, until the next morning’s edition swept away the previous afternoon’s: https://t.co/wGLv3sr279pic.twitter.com/VIygUSl8YA
Aviones israelíes lanzaron un ataque contra decenas de objetivos en Gaza en la noche del 8 de agosto. Uno de sus misiles destruyó una casa y mató a una mujer de 23 años, Inas Abu Khamash, embarazada de nueve meses, y a su hija de 18 meses. Hubo un tercer palestino muerto esa noche, identificado como un combatiente de Hamás de 30 años, y hubo también 18 heridos.
El bombardeo destruyó por completo el edificio que era la sede de la Fundación por la Cultura y la Ciencia Said al-Mashal, un centro dedicado a albergar actuaciones musicales y teatrales.
Israeli warplanes has just bombed and has totally destroyed the Said al-Mashal Foundation for Culture and Science. It was a great place for theatrical performances, music concerts and too many other cultural events. Israel targets the Palestinian life not terrorism. pic.twitter.com/RvLz53aP8T
Portavoces militares israelíes sostuvieron que todos los objetivos estaban relacionados con la infraestructura militar del grupo islamista Hamás. Afirmaron que eran una respuesta al lanzamiento de 180 cohetes y proyectiles de mortero desde Gaza a territorio israelí, que produjeron siete heridos. Según la versión israelí, 30 de esos cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea Iron Dome y la mayoría cayó en zonas no habitadas.
Antes de ese ataque con cohetes, el 6 de agosto un tanque disparó contra un puesto militar de Hamás en el norte de Gaza y mató a dos de sus miembros. Israel alegó que se habían producido disparos desde ese puesto. Hamás respondió que estaban realizando unas maniobras y no realizando ningún ataque.
Este repunte de la violencia se produce cuando Egipto y el enviado especial de la ONU han promovido una negociación indirecta entre Israel y Hamás. El Gobierno israelí exige un cese de los ataques desde Gaza, que por lo demás han sido muy pocos desde la última invasión israelí de 2014. Hamás exige el levantamiento del bloqueo de Gaza que impide la llegada de material imprescindible para la vida económica de la zona.
Por ejemplo, ese bloqueo impide que se lleve a cabo el proyecto financiado por la UE de instalar una planta de energía solar que dé electricidad al sistema de suministro de agua. Se trata de un proyecto de infraestructura civil sin ninguna relación con la violencia. Israel lo hace imposible, porque su objetivo es castigar a toda la población de Gaza.
El Ministerio español de Exteriores tardó dos días en hacer pública su reacción con un comunicado de 145 palabras y cuatro párrafos con un texto que podría haber sido redactado sin problemas por la embajada israelí.
«El Gobierno condena el lanzamiento de cohetes contra Israel y hace un llamamiento firme a las facciones palestinas de Gaza para que cesen definitivamente estos actos hostiles contra la población israelí», dice el texto en su segundo párrafo.
¿Qué tiene que decir el ministro Josep Borrell sobre el bombardeo israelí del 8 de agosto que mató a Inas Abu Khamash y a su hija? ¿Hay alguna condena o crítica a esa actuación o a la destrucción de centros civiles como la Fundación Said al-Mashal?: «España reconoce el legítimo derecho de Israel a defenderse y pide a Israel contención en la respuesta a esos ataques, evitando causar más víctimas entre la población civil».
Contención. El Gobierno español no parece tener un criterio propio sobre la responsabilidad de las muertes de civiles palestinos. Lo deja a criterio del Gobierno israelí para que decida la respuesta conveniente. En un caso, condena y en el otro pide, sin ánimo de ofender.
Los acontecimientos de los últimos días no se pueden disociar de la represión sobre las concentraciones de la Marcha del Retorno que llevan veinte viernes llevándose a cabo en la zona divisoria de Israel y Gaza. 160 manifestantes palestinos han muerto por disparos de francotiradores militares. 160 víctimas, entre los que hay periodistas y personal sanitario, que no merecen un espacio propio en el comunicado de Exteriores. La mejor forma de no tener que criticar a Israel en ese punto es no mencionarlo. Las 160 víctimas son irrelevantes en la situación actual de Gaza a ojos del ministro Borrell.
Tres palestinos murieron tiroteados y más de 300 resultaron heridos el último día de protestas, el viernes 11, el mismo día del comunicado de Exteriores. Entre los fallecidos, el sanitario Abdullah al-Qutati, que recibió un tiro en la cabeza disparado por un francotirador. Setenta de los heridos de ese día sufrieron heridas de bala.
La posición de Borrell es una forma de suscribir la interpretación israelí sobre la violencia en Gaza. Adjudica toda la responsabilidad a Hamás y exculpa al Gobierno de Netanyahu, más allá de hacerle una petición. Recuerda que la posición de España es la de apoyar una solución de dos estados y prefiere obviar que Netanyahu ha hecho todo lo posible en los últimos años por convertir esa salida en una quimera imposible.
Tampoco tiene nada que decir sobre el aumento de la segregación dentro del territorio israelí con la aprobación de una ley fundamental que convierte a los palestinos y drusos en ciudadanos de segunda clase en el Estado judío, lo que ha originado manifestaciones de repulsa a las que han asistido decenas de miles de personas.
El Gobierno español no tiene ningún comentario que hacer sobre el castigo colectivo que sufre la población de Gaza, la prohibición de importar productos esenciales para la infraestructura civil y los ataques a los pescadores que intentan faenar en las aguas de la costa que ahora están prohibidas para ellos.
Un Gobierno que ignora de forma tan consciente la obligación de defender ciertos principios humanitarios y de criticar duramente a los que los vulneran, sean israelíes o palestinos, es un interlocutor prescindible en este conflicto sin ninguna legitimidad moral para difundir condenas. Sólo está en condiciones de emitir comunicados de 145 palabras que dejan en evidencia a sus autores.
El plástico, un producto que forma parte esencial de nuestras vidas, se ha convertido en una amenaza real para el medio ambiente y la salud de los seres humanos. Su carácter omnipresente en multitud de productos de consumo diario o en su envoltorio nos hacen pensar que desaparecen al tirarlos a la basura. Gran error. Los polímeros sintéticos pueden durar entre 500 y mil años.
8.300 millones de toneladas de plástico fabricadas desde su invención. 335 millones de toneladas sólo en 2016. Ocho millones de toneladas acaban en el mar cada año. Y desde allí vuelven hasta nosotros.
Los microplásticos son trozos de plástico de menos de cinco milímetros. Ya han entrado en la cadena alimenticia de los peces, y por lo tanto en la nuestra. Es la forma en que ese producto que depositamos en la basura vuelve a nuestro cuerpo.
Un reportaje de National Geographic recuerda que los plásticos tuvieron un origen natural hace miles de años en México cuando los olmecas hacían pelotas hechas de látex, obtenido de los árboles, para sus juegos. En su producción industrial contemporánea, el primer paso tiene lugar con la extracción de combustibles fósiles.
Un reportaje de Sky News revela a los británicos qué ocurre con los productos de plástico que separan y que depositan de forma separada para que sea reciclada. Lo cierto es que en los últimos años se han enviado a China para que se realice ese proceso. El Reino Unido no es el único país que ha exportado ese problema.
Berat Albayrak tenía el viernes una cita especial. En mitad del hundimiento de la cotización de la lira turca, el ministro de Hacienda debía ofrecer en un discurso la respuesta del Gobierno a la grave situación económica del país. La estampa no podía ser más penosa. Albayrak –de 40 años y que resulta ser también yerno del presidente Erdogan– no paraba de sudar hasta el punto de que tuvo que utilizar un pañuelo de papel para secarse la cara. No daba exactamente la imagen de seguridad que se espera del principal responsable de la política económica del país en un momento de máxima incertidumbre.
Durante ese discurso, Donald Trump terminó de rematar al enfermo con el anuncio vía Twitter del aumento de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio turcos.
Dos dirigentes de corte autoritario que intercambiaron elogios en el pasado han iniciado un duelo personal alimentado por su poderoso ego que puede tener importantes consecuencias económicas no sólo en Turquía. Trump y Erdogan están convencidos de que son dos líderes que la providencia ha regalado a sus naciones. Por tanto, creen que su reputación personal está por encima de cualquier consideración. Eso incluye la situación económica de ambos países, aunque ahí es Erdogan el que se encuentra en una posición más débil.
La lira turca perdió el 14% de su valor el viernes con respecto al dólar. El hundimiento a lo largo de este año ha alcanzado el 40%. Es la divisa convertible de economías importantes con peor trayectoria en estos momentos, con lo que los activos e inversiones denominados en esta moneda empiezan a parecer muy poco atractivos. Es la mayor crisis financiera que sufre su economía desde 2003.
Albayrak en pleno ataque de sudor en su discurso.
Las bolsas europeas y de EEUU demostraron el viernes que la crisis puede contaminarse más allá de las fronteras turcas. El BCE lleva tiempo estudiando cómo afectaría un agravamiento de la situación turca al BBVA, el francés BNP y el italiano Unicredit. Los bancos españoles son los que registran una mayor exposición a Turquía con 70.000 millones de euros.
El crecimiento económico de Turquía en los últimos 15 años ha sido uno de los principales factores de legitimidad que han permitido a Erdogan controlar todo el poder y ganar todas las elecciones. Desde que se convirtió en primer ministro en 2003, el PIB casi se ha multiplicado por tres. Se crearon grandes corporaciones industriales y de servicios favorecidas desde el poder. En buena parte, el crecimiento se alimentó de inmensas inversiones en construcción e infraestructuras, financiadas con grandes cantidades de deuda.
Turquía fue un buen destino para la inversión extranjera. Con los tipos de interés en niveles mínimos en EEUU y Europa, Turquía y otras economías emergentes resultaban muy atractivos, pero eso no iba a durar eternamente.
El fin de las buenas noticias
La locomotora turca comenzó a dar síntomas de recalentamiento con el aumento sostenido de la inflación (ahora está en el 15,8%). Con muchas citas electorales por delante, incluida la reforma constitucional que convirtió al Estado en un sistema presidencialista, Erdogan no se podía permitir levantar el pie del acelerador. Presionó al banco central para que no subiera los tipos de interés para contener la inflación. En junio, el banco se rindió a la evidencia y los subió hasta el 18%.
El principal experto del BBVA en Turquía, un país donde el banco tiene importantes inversiones, se apresuró a felicitar al banco central: «Es un gran paso adelante en la estrategia contra la inflación. Ayudará a recuperar la credibilidad».
No sirvió de mucho. La inflación siguió creciendo y la moneda turca, cayendo.
En julio, Erdogan volvió a la carga. Poco después de tomar posesión como presidente, anunció en público que confiaba en que muy pronto bajarían los tipos de interés y que su nuevo ministro de Hacienda –es decir, su yerno– se ocuparía de ello. Mal asunto para los inversores internacionales que creen que no es bueno que un Gobierno decida por su cuenta cuáles deben ser los tipos para que se ajusten a sus intereses políticos.
Un sacerdote detenido
En el peor momento posible para la economía turca, el destino de un sacerdote norteamericano convirtió la incipiente rivalidad de Erdogan y Trump en un asunto personal. Andrew Brunson fue detenido en Turquía hace año y medio bajo la acusación de espionaje y de estar relacionado con los promotores del golpe de 2016.
Brunson es un misionero evangélico que vive en Turquía desde hace veinte años y que cuenta con una pequeña iglesia en Esmirna. También son evangélicos el vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, una coincidencia nada irrelevante.
Trump decidió adoptar la causa de Brunson, que niega las acusaciones, y exigió su puesta en libertad. Erdogan vio otra oportunidad de presionar a Washington por la presencia en EEUU del clérigo Fethullah Gülen al que acusa de ser el impulsor del golpe de Estado contra Erdogan. El problema para el presidente turco es que Trump es alguien para quien embarcarse en unas largas negociaciones diplomáticas es casi una pérdida de tiempo.
Las negociaciones se iniciaron y parecían encauzadas con la posibilidad de un intercambio de presos. Hay un financiero turco encarcelado en EEUU, condenado por mantener negocios con Irán violando el embargo impuesto por Washington. El posible acuerdo incluía que el preso cumpliera el resto de su condena en el país. Brunson pasó hace un mes de la prisión al arresto domiciliario, lo que indicaba que el asunto podía solucionarse.
Turquía quería algo más, en concreto que se levantara la millonaria multa que recibió un banco turco en ese caso. Parece que eso fue demasiado para Trump. Las negociaciones encallaron y el presidente de EEUU pasó al terreno de las amenazas y represalias que tanto le gusta. Hizo que se aprobaran sanciones contra dos ministros turcos y dobló el aumento de los aranceles al acero y aluminio, sobre el incremento ya adoptado hace unas semanas para todas esas importaciones.
Hay otros intereses políticos en los que EEUU y Turquía está enfrentados. El más importante tiene lugar en el norte de Siria, donde el apoyo estadounidense a las milicias kurdas sirias enfurece a Erdogan y le impide controlar esa zona. Pero todo ha cobrado un cariz más personal a causa del destino del sacerdote Brunson y las declaraciones agresivas de ambos presidentes. Ninguno quiere ceder porque ninguno está dispuesto a aparecer como el débil.
La situación económica turca no se resolverá si al final ambos países llegan a un acuerdo sobre Brunson. Aun así, a Ankara no le interesa que un tuit de Trump o más sanciones comerciales convenzan a los mercados financieros de que Turquía ha pasado a ser un lugar tóxico.
Erdogan reaccionó el viernes como si no hubiera nada de lo que preocuparse. «No lo olvidéis, si ellos tienen sus dólares, nosotros tenemos a nuestro pueblo y a nuestro Dios», dijo en un discurso mientras la lira se venía abajo.
El lunes, se sabrá qué opinan los inversores sobre la política monetaria de Dios.
Un reportaje de Channel 4 ofrece documentos que demuestran que la inteligencia militar siria sabía que se estaban cometiendo torturas en las prisiones y que el número de personas muertas en los interrogatorios estaba creciendo. El jefe de la inteligencia siria había ordenado que se le enviara un informe por cada persona muerta en los interrogatorios, la información que se le extrajo y las causas de la muerte.
Los documentos han sido conseguidos por Commission for International Justice and Accountability, un organismo independiente fundado por un exinvestigador de crímenes de guerra y que está financiado por gobiernos occidentales, entre los que están Gran Bretaña y Canadá.
En las últimas semanas, el Gobierno sirio ha enviado certificados de defunción a las familias de centenares de presos que fallecieron en prisión sin notificar las causas de la muerte.
Un ataque directo de la coalición dirigida por Arabia Saudí mató a 50 personas este jueves en el norte de Yemen, de las que al menos 29 niños son niños menores de 15 años, según el último dato ofrecido por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre los heridos hay 30 niños.
Los aviones saudíes o emiratíes lanzaron un ataque con misiles a un autobús que trasladaba a decenas de niños que volvían de una excursión escolar. El conductor había parado en una calle comercial muy concurrida para comprar agua.
El bombardeo no es un hecho aislado ni responde a un accidente. Desde el primer día, los saudíes han destruido la infraestructura civil en su guerra contra las milicias hutíes, han atacado zonas residenciales y han destruido centros médicos, mezquitas y mercados.
En el último balance que ha hecho Yemen Peace Project, de los 140 ataques aéreos identificados en junio de este año, 83 fueron realizados sobre objetivos no militares.
Algunas de las imágenes posteriores al ataque son insoportables. Los habitantes de Dhalian recogían los restos, algunos totalmente destrozados por la explosión. Eso demuestra que el autobús no se vio alcanzado por la explosión en un edificio cercano, sino que sufrió el impacto directo de un misil. El vehículo donde viajaban los niños era el objetivo del ataque.
El Gobierno saudí, a través de un comunicado difundido por la agencia oficial saudí, lo calificó de «acción militar legítima» al estar dirigido contra los responsables de un ataque con misiles contra la ciudad saudí de Jizan el día anterior.
«¿Necesita el mundo más vidas de niños inocentes para detener esta cruel guerra contra los niños en Yemen?», se pregunta Geert Cappelaere, director de Unicef en Oriente Medio y el norte de África.
En junio de 2017, el Senado de EEUU aprobó la venta de munición guiada por láser a Arabia Saudí por valor de 510 millones de dólares. El Gobierno de Riad anunció que pondría en marcha un programa de entrenamiento para reducir los ataques accidentales contra civiles. En los doce meses posteriores, el número de civiles muertos en bombardeos aumentó un 7%, según datos de la ONU.
En el caso del autobús escolar, no se puede hablar de accidente. Era el objetivo elegido para la destrucción.
Canadá no se disculpará ante Arabia Saudí. Eso es al menos lo que ha dicho en una conferencia de prensa en la tarde del miércoles su primer ministro, Justin Trudeau. Le han preguntado si el Gobierno rectificará ante la virulenta reacción saudí por la petición canadiense para que se ponga en libertad a varias activistas de derechos humanos. «Continuaremos apoyando los valores canadienses y los valores universales. Es algo que esperan los canadienses». Canadá seguirá hablando sobre derechos humanos en público y en privado, dijo.
El Gobierno saudí se ha gastado millones de dólares en los últimos años para mejorar su imagen en EEUU a través de contratos con las principales empresas de relaciones públicas y lobbies. Es práctica habitual entre gobiernos, preferiblemente dictaduras, para los que las relaciones con Washington resultan fundamentales. Lo que siempre ha llamado la atención en el caso saudí han sido las dimensiones de esos contratos.
Este artículo de 2016 da algunas de las cifras conocidas entonces, que seguro han aumentado en el último año, cuando Riad intenta convencer a la comunidad internacional de inversores de que sus reformas económicas ofrecerán nuevas oportunidades de negocio. La continuación de la guerra de Yemen y el enfrentamiento con Qatar han hecho que el Gobierno extienda esos planes de propaganda a otros países.
El mayor problema para los saudíes en cuanto a su imagen no está en el extranjero, sino en el propio país, en políticas que son la negación de los valores que los gobiernos occidentales dicen defender y que son ignorados cuando se trata de hacer negocios con la monarquía petrolera.
Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi.
Todo empezó con este tuit de Chrystia Freeland (hubo otro similar un día después en la cuenta del Ministerio), ministra canadiense de Exteriores, pidiendo la libertad de Samar Badawi, hermana de Raif Badawi, que está encarcelado desde 2012 por un supuesto delito de apostasía y ofensas al islam con una condena que incluía 1.000 latigazos. Se le aplicaron 50 latigazos en una primera sesión y se cree que no ha vuelto a sufrir ese castigo. En 2015, el Parlamento Europeo le concedió el Premio Sajarov.
La crueldad del castigo y la naturaleza del delito convierten a Badawi en un preso político cuya situación no ha alterado las relaciones saudíes con Europa y EEUU. Tampoco han sido un inconveniente las recientes detenciones de mujeres que llevaban tiempo reclamando los derechos que se les negaban, incluido el de conducir. Antes de que el Gobierno levantara este último veto en junio, los arrestos enviaban el mensaje de que el «reformismo» elogiado por algunos medios occidentales era compatible con la represión de los defensores de los derechos humanos.
La furia saudí por la no excesivamente agresiva reclamación de Freeland es coherente con la forma intimidatoria y belicista con la que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán se maneja en los asuntos de política interior y exterior. MbS entiende todos los conflictos potenciales como un desafío personal en el que las amenazas y las represalias son la respuesta por defecto.
En este caso, decretó la expulsión en 24 horas del embajador de Canadá, y dio la orden de que el banco central saudí y los fondos públicos de pensiones vendan todos sus activos existentes en Canadá «sin importar el coste económico». Además, anuló las becas a los 12.000 jóvenes saudíes que estudian en ese país, lo que les obliga a buscar otro para continuar sus estudios, y ordenó sacar de allí a los saudíes que son atendidos en hospitales canadienses.
Riad considera el tuit de Freeland un ataque a «su soberanía», lo que es llamativo viniendo de un país que lleva tres años bombardeando Yemen, que financió a varios grupos insurgentes en la guerra siria, que mantuvo secuestrado durante varios días al primer ministro libanés para obligarle a expulsar a Hizbolá del Gobierno, y que ha aportado miles de millones de dólares al presidente egipcio Sisi para recompensarle por el golpe que acabó con el Gobierno de los Hermanos Musulmanes.
Bin Salmán tiene un singular concepto de la soberanía de los países árabes –le permite todo tipo de intervenciones políticas, económicas y militares–, pero no tolera que un tuit de una ministra cuestione la detención injusta de una activista. Y es muy posible que el hecho de que Freeland sea una mujer haya tenido alguna influencia.
En 2015, se produjo una situación similar cuando la ministra sueca de Exteriores, Margot Wallström, que había criticado el trato saudí a las mujeres y la condena a Badawi, denunció que Riad había vetado su participación en una conferencia sobre derechos de la mujer organizada por la Liga Árabe en El Cairo. Suecia tomó la decisión de cancelar un acuerdo de venta de armamento.
Riad respondió llamando a consultas a su embajador en Estocolmo y con la suspensión de visados a empresarios suecos.
El Gobierno socialdemócrata sueco encajó el golpe, pero no tardó en hacer lo posible por recuperar las relaciones con Riad. Wallström dijo dos meses después que las relaciones habían vuelto a la normalidad. Un año y medio más tarde, el primer ministro Stefan Löfven visitó Arabia Saudí para reunirse con el monarca y MbS, que entonces aún no era príncipe heredero. Aparentemente, los saudíes se dieron por satisfechos.
Ahora con MbS controlando todos los resortes del poder, la reconciliación con Canadá parece más complicada. Como con todo régimen autoritario, el nacionalismo es una fuente de legitimidad de la que MbS no quiere prescindir. Durante décadas, la tendencia integrista del wahabismo fue la mayor razón de existir de la monarquía saudí. Algunas de las reformas que MbS tiene en mente pueden alejarse de esas ideas religiosas con lo que sólo cree tener dos opciones: el incremento de la represión contra cualquier forma de contestación y la apelación al orgullo nacional para defenderse de las críticas internacionales. Al igual que en China, ese factor le será muy rentable entre los jóvenes y las fuerzas de seguridad.
Un editorial de The Washington Post ofrece una mezcla de determinación e ingenuidad (o quizá hipocresía) al apoyar al Gobierno canadiense en esta crisis, sobre todo con esta frase: «¿No se da cuenta (Bin Salmán) que su visión futurista (sobre la economía saudí) se ve socavada cuando arroja a los opositores a las mazmorras y se comporta como el déspota de un Estado policial?».
MbS es muy consciente de eso. Comportarse como un «déspota» es no ya un precio que está dispuesto a pagar, sino un factor necesario para aplicar sus políticas. No hay nada nuevo en la represión contra Badawi y la reciente detención de su hermana. Las represalias contra Canadá –un socio económico menor para el país– son también un mensaje a los gobiernos europeos para que no se les ocurra ir por el mismo camino. Hacer negocios con Riad obliga a mantener el silencio sobre las violaciones de los derechos humanos. Es algo que deben tener muy presente también los gobiernos que tienen entre sus principios la defensa de los derechos de las mujeres.
La cuenta oficial en Twitter del Ministerio español de Exteriores no ha hecho hasta ahora ningún comentario sobre el conflicto entre Arabia Saudí y Canadá.
Jim Jefferies se burla de la costumbre de escandalizarse con tuits del pasado a cuenta del despido por Disney de James Gunn, el director de ‘Guardianes de la galaxia’, por unos (muy malos) chistes sobre pedófilos. Para cerrar el círculo, Jefferies también hace su propio chiste: «Yo mismo hice un chiste sobre pedófilos hace diez años. Mi novia se enfadó y le dije: querida, ese tuit lo escribí antes de que tú nacieras».
Un argumento de peso: los pedófilos no hacen bromas sobre su conducta en Twitter.
Analizar la política exterior norteamericana de EEUU en los tiempos de Donald Trump resulta una tarea harto complicada. El presidente de EEUU cuestiona de forma agresiva algunos de los puntos fundamentales de lo que ha sido la estrategia del país desde 1945: la OTAN, la relación con Europa occidental y el libre comercio son algunos de los ejemplos más citados. Quizá haya que recordar que no es lo mismo la actitud de Trump –a la que escasamente se puede llamar estrategia– con la posición de partida de los republicanos, el Pentágono y el Congreso, en la que no ha habido grandes cambios.
Pero en Oriente Medio las diferencias con la Administración de Obama son escasas y en ningún caso estratégicas. En el plano simbólico, nunca irrelevante en esa zona, sí que ha habido algunos cambios. El más relevante ha sido el traslado a Jerusalén de la embajada de EEUU en Israel. En el caso de Irán, sí que hay una diferencia notoria, pero ahí el Gobierno de Obama fue una excepción, con la firma del acuerdo nuclear con Teherán, en una trayectoria de enfrentamiento entre ambos países que se remonta a varias décadas.
Sabemos que Obama recibió con aprensión la noticia del golpe de Estado que acabó con el Gobierno dirigido por los Hermanos Musulmanes y que hubiera deseado un desenlace diferente a esa crisis.
Puede que ambas cosas fueran ciertas, pero su Administración, incluido el Pentágono y el Departamento de Estado, jugó un papel importante a la hora de dar luz verde a los militares egipcios para que pusieran fin al que podríamos llamar el primer experimento democrático de la historia de Egipto.
En ese sentido, no es una historia muy distinta a la de décadas posteriores. Washington promueve o acepta un Gobierno dictatorial para asegurar la estabilidad de un país que resulta esencial para la defensa de sus intereses en la región. Es una apuesta segura a corto plazo, pero que siembra la semilla de algo que puede ser mucho peor en años o décadas posteriores.
El golpe de Egipto suele ser definido como uno más de los fracasos de la Primavera Árabe. A la hora de contemplar los acontecimientos de la última década, la mayoría de los análisis presta más atención a la irrupción de ISIS y a la guerra de Siria. Sin restar ningún valor a esos hechos, que han provocado una carnicería de dimensiones estremecedoras, lo que ocurrió en Egipto es una señal que perdurará durante mucho tiempo si convence a los islamistas (no los confundamos con los yihadistas y los salafistas en este debate) de que no cuentan con posibilidades reales de llegar al poder, y de conservarlo, a través de las urnas en un sistema democrático.
Sisi es recibido en el Congreso en su visita a España en abril de 2015. Foto: EFE
Si bien muchos consideran a la Administración de Obama un ejemplo de coherencia y madurez comparada con la política exterior de Trump, el símil pierde sentido si se examina la realidad en cuanto a la respuesta de EEUU a los turbulentos años posteriores al fin del régimen de Mubarak. Obama y algunos de sus asesores mostraron una cierta comprensión con los problemas de Mohamed Morsi al enfrentarse a un establishment en el Ejército, las fuerzas de seguridad y los tribunales que pretendía mantener la misma política de los años de Mubarak, pero otros cargos relevantes de la Administración pensaban que la única solución pasaba por una intervención militar.
El día después del golpe de julio de 2013, Obama aceptó esa posición –cuenta Kirpatrick en el libro–, por mucho que los comunicados continuaran pidiendo una solución política y el respeto a los derechos civiles básicos (con las típicas frases de estos comunicados que revelan una «profunda preocupación» (deeply concerned) y la solicitud a las partes implicadas de «contención» (restraint) en el uso de la fuerza.
Los militares sólo esperaban que todo volviera a la situación anterior a la elección de Morsi. Arabia Saudí y Emiratos Árabes, ya decididos a acabar para siempre con la influencia de los Hermanos Musulmanes en la región, contaban con interlocutores en Washington muy dispuestos a escuchar, cuenta Kirpatrick en su libro.
«Como otros en el Pentágono, Mattis, entonces general de marines al frente del Mando Central (y hoy secretario de Defensa), afirmaba a menudo que los Hermanos Musulmanes sólo eran una versión diferente de Al Qaeda, a pesar de que los Hermanos habían mantenido durante décadas su oposición a la violencia y su apoyo a las elecciones, mientras Al Qaeda calificaba a los Hermanos de ingenuos peleles manejados por Occidente. «Todos nadan en el mismo mar», dijo el general Mattis en un discurso posterior en el que analizaba ese periodo. Acusó al propio Morsi por su «liderazgo arrogante» de ser el responsable de su caída».
La misma posición mantenía el general Michael Flynn, entonces director de la DIA y luego consejero de Seguridad Nacional de Trump durante un corto periodo de tiempo.
El Departamento de Estado tampoco tenía ninguna intención de dar oportunidades al Gobierno electo de Morsi. John Kerry, siempre cercano a las monarquías autocráticas del Golfo Pérsico en su larga época de senador, mantuvo las mismas ideas como secretario de Estado, en especial tras su primera visita como tal a Egipto en marzo de 2013. «Es el idiota más estúpido que he conocido nunca», dijo a su jefe de gabinete tras la reunión con Morsi, escribe Kirpatrick. «Esto no va a funcionar. Estos tipos están locos».
Es obvio que Morsi y los Hermanos malinterpretaron sus victorias electorales en las elecciones presidenciales y legislativas. Nunca fueron conscientes de que la sociedad egipcia era más plural de lo que ellos creían, que sus enemigos en el Estado eran más poderosos de lo que aparentaban, y que el triunfo en las urnas no les concedía el derecho a un ejercicio arrogante del poder.
Kirkpatrick cuenta que Kerry salió mucho más aliviado de su primera reunión con el general Sisi, entonces ministro de Defensa y después el arquitecto del golpe contra Morsi.
Cuando el riesgo de un golpe ya era muy alto, Obama envió a su secretario de Defensa a El Cairo. Chuck Hagel llevaba instrucciones de insistir en una salida política a la crisis que respetara el resultado de las urnas. En un ejemplo de Gobierno disfuncional que ahora tanto se menciona al referirse a la Administración de Trump, Hagel trasladó a los militares un mensaje muy diferente, según las fuentes citadas por Kirkpatrick. Tras haber escuchado a saudíes, emiratíes e israelíes, Hagel dijo a Sisi lo que este quería escuchar: «Yo no vivo en El Cairo, usted sí. Usted tiene que proteger la seguridad, tiene que proteger a su país». Palabras confirmadas por Hagel en una conversación con David Kirkpatrick.
Kerry confirmó al autor del libro que en las discusiones en la Casa Blanca insistió en que el derrocamiento de Morsi no era un golpe. Sisi sólo había escuchado a su pueblo para salvar a Egipto, dijo. Y había prometido celebrar elecciones cuanto antes, un mensaje habitual tras todos los golpes.
El nuevo régimen decidió asegurarse de que Washington no sería un problema y lanzó una campaña de propaganda para denunciar que EEUU había organizado la rebelión que acabó con Mubarak y que había apoyado en secreto a los Hermanos Musulmanes. Sonaba absurdo, pero lo importantes es que se trataba de un mensaje de consumo interno que repitieron de forma obsesiva todos los medios de comunicación egipcios.
La matanza de Rabá en agosto de 2013, donde un millar de seguidores de los Hermanos fueron eliminados por la policía y el ejército, provocó la condena de Obama, pero no consecuencias reales en la ayuda militar que reciben los militares egipcios.
Meses después, EEUU anunció una «revisión» de esa ayuda que supuso la suspensión del envío de material militar ya pagado con la aportación financiera norteamericana. Los portavoces indicaron que en ningún caso eso implicaba abandonar la «intensa relación entre ambos gobiernos». En marzo de 2015 las restricciones fueron levantadas.
Kirkpatrick termina el artículo en el que extracta pasajes de su libro con la referencia a una conferencia que dio el general Mattis antes de ser elegido jefe del Pentágono: «La única manera de apoyar la madurez de Egipto para que sea un país con una sociedad civil con democracia es apoyar al presidente Al Sisi».
La madurez del régimen de Sisi es evidente. Ganó la reelección en marzo de 2018 con el 97% de los votos. El único rival tolerado fue un partidario del presidente al que se permitió llegar al 2,9%.
La Constitución egipcia vigente impone un límite de dos mandatos al presidente. Pocos creen que eso pueda impedirle un tercer mandato. La Administración de Trump lo apoyará de forma calurosa. Sisi es el hombre al que quiere para gobernar Egipto.
Se atribuye a Harold Wilson, primer ministro británico, la frase tantas veces citada hasta el punto de convertirse en un lugar común con el que siempre se alega que aún hay tiempo cuando alguien no ha tenido valor para tomar una decisión: «Una semana es mucho tiempo en política» (como con las frases de Churchill lo más probable es que Wilson nunca dijera esas palabras). Lo cierto es que una semana pasa muy rápido si no se tiene la intención de hacer nada.
Una semana no, pero unos pocos meses lo han cambiado todo en España. En la encuesta del CIS hecha en los primeros diez días de abril de este año, hace menos de cuatro años, Ciudadanos tenía un 22,4% del voto en segunda posición -en empate técnico con el PSOE, 22%–, a sólo 1,6 puntos del PP. Un mes después, el sondeo de Metroscopia para El País (ya saben la frase, busca a alguien que te quiera tanto como Metroscopia a Ciudadanos) ponía al partido de Albert Rivera como el más apoyado por los encuestados con un 29,1%, con Podemos como segunda fuerza y el PSOE como cuarto partido con un 19%. El análisis con el que se certificaban estos números: el PP y el PSOE se convierten en actores secundarios y el bipartidismo era ya cosa del pasado.
Más tarde, la realidad se llevó por delante a las encuestas, que es algo que ocurre con frecuencia y que no hay que tomarse como algo personal. Junio. Sentencia de la Gürtel. Moción de censura. Rivera pide elecciones. Rajoy vuelve a Santa Pola (¿o era la primera vez que aparecía por allí?). Rivera pide elecciones. Sánchez, presidente. Rivera pide elecciones.
En política hay muchas variables posibles, pero hay una evidente. No es lo mismo estar en el Gobierno que en la oposición. El político que antes tropezaba en la oposición o se escondía en el despacho pasa a ser un tribuno del pueblo cuando llega al poder. Habla con Macron y Merkel y se hace fotos con el presidente de EEUU (esto último no tiene ya el lustre de antes). Cada semana publica contenidos propios en el BOE, el periódico gratuito más influyente del país. Sus votantes, antes deprimidos y potenciales abstencionistas en los sondeos o peor, posibles desertores, vuelven a confiar en el partido como si todo hubiera cambiado. La vida vuelve a ser maravillosa para ellos. Adiós al Prozac y de vuelta a los gintonics.
Todo eso hasta que la realidad haga otra de sus apariciones espectaculares en el escenario.
El último sondeo del CISha certificado el vuelco. El PSOE es ahora el que está casi en el 30%, una posición inalcanzable hace unos meses. Ciudadanos se queda en en el 20%, empatado con el PP. Podemos y sus aliados no llegan al 16%.
Evidentemente, los partidos perjudicados en la encuesta han recurrido al argumento de la perversa cocina del CIS, otro ejemplo más de la gran influencia de Twitter en la política española. Aparentemente, si el CIS no hubiera hecho eso que se llama cocina, y que se lleva a cabo en todos los sondeos, la ventaja del PSOE sería aún mayor y entraría en el terreno de la magia.
Hay que precisar que la encuesta, realizada en los primeros diez días de julio, se hizo cuando el PP estaba en pleno proceso de elegir a su nuevo líder, un momento en el que quizá los militantes estén motivados, pero sus votantes caminan entre la incertidumbre y el desconcierto. Sólo ya por eso conviene tomarla como una imagen fija e inmutable.
Los cambios espectaculares en los sondeos en términos porcentuales se deben a veces no al aumento del entusiasmo por un partido como a la depresión que sufren los votantes de otro.
Los números de intención de voto de los sondeos se llevan los grandes titulares, pero otros parámetros esconden pistas más reveladores. No cabe duda de que Ciudadanos es un partido que se mueve mucho, pero en el último año sólo lo ha hecho en una dirección. Los españoles perciben a Ciudadanos cada vez más a la derecha, según la encuesta. Lo colocan en la posición siete en la escala de cero a diez. No exactamente el centro, sea reformista o de otro tipo.
Como explica José Fernández-Albertos, los votantes del PSOE, en su versión extendida de este sondeo, sitúan al partido de Rivera en una posición muy alejada de ellos, firmemente anclado en la derecha. Ha aumentado de forma significativa el número de votantes socialistas que nunca votarían a C’s. El campo socialdemócrata como granero de votos se distancia para Rivera. El lugar donde pescarlos se estrecha y queda reducido a una zona donde está además el PP, que algo sabe de movilizar a conservadores y liberales en las urnas.
La crisis de Cataluña y la posición radical de Ciudadanos contra los independentistas catalanes, incluida la acusación al PP de ser demasiado blando, le han entregado a Rivera un caudal político en esa comunidad hasta el punto de dejar al PP en una posición irrelevante. Fuera de Cataluña, las expectativas son ahora más reducidas. Los votantes se preocupan mucho más por el paro y la corrupción –ahora menos que antes en este caso–, pero el monotema catalán, tal y como aparece en los medios de comunicación, ha monopolizado la atención de Ciudadanos y elevado su nivel de agresividad. Rivera no ha querido soltar el hueso catalán porque pensaba que aún quedaba médula dentro y ahora descubre que igual le hubiera venido bien una dieta más equilibrada.
Queda ya lejos el tiempo en que Ciudadanos pactaba con el PSOE en Andalucía y con el PP en Madrid demostrando una flexibilidad que enfurecía a los votantes de otros partidos, pero que enviaba un mensaje diferente a la opinión pública.
Los votantes empiezan a percibir que Ciudadanos y el PP se disputan el mismo espacio político en el asunto más dramático de la actualidad española. Esa sensación aumentará cuando Pablo Casado crea que la inmigración es un asunto amortizado, o al que conviene dejar en espera para más adelante, y se centre en Cataluña para disputar a Rivera el papel de gran estandarte de la unidad de España.
Frente a todos esos cuentos para no dormir sobre las etiquetas presuntamente obsoletas de la izquierda y la derecha y la idea de que los nuevos partidos podían trascender ese encasillamiento ideológico, se han formado dos bloques más o menos coherentes (PSOE+Podemos contra PP+Ciudadanos).
Es una versión del bipartidismo más inestable, porque no son dos, sino cuatro y las relaciones entre los más cercanos son sin duda complicadas. Da la impresión de que las próximas elecciones pueden dilucidarse con este pronóstico. El bloque que se acerque al 45% tendrá opciones de gobernar y el que se quede en el 40% lo tendrá imposible. Y los partidos llegarán a esos comicios con mucha menos flexibilidad que la que disfrutaron en 2015 y 2016.
La izquierda y la derecha, como en los viejos tiempos.
