Loitering laws: una adaptación del racismo del pasado

Durante siglos las leyes contra vagabundos (una traducción aproximada de ‘loitering laws’) fueron utilizadas en Reino Unido y EEUU para justificar el acoso policial a personas sin empleo conocido, es decir, los pobres.

En EEUU, fueron una forma legal de mantener sometida a la población negra que se había librado de la esclavitud tras la guerra civil. En la época de la lucha por los derechos civiles, se emplearon para detener a los líderes del movimiento. Era suficiente con estar en la calle sin hacer nada especial (o esperando a que comenzara una manifestación) para ser detenido.

Consideradas anticonstitucionales por los tribunales cuando los ayuntamientos aprobaban versiones similares de esas normas, han pasado a ser una práctica policial habitual en algunas zonas de EEUU a través del ‘racial profiling’, que consiste en considerar sospechosa a una persona por el hecho de ser negro o latino. Ahora se sospecha que se sigue empleando para identificar sin motivo a una persona para pedir su documentación y entregarlo en su caso a los agentes de inmigración de ICE.

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Cosas que hacer en sábado cuando no estás muerto

Bailad, malditos.

–Kubrick explica el final de ‘2001’.
Aaron Sorkin y los diálogos.
–Screwball Comedy y ‘Sucedió una noche’.
–Un mashup de terror a partir de ‘El resplandor’.
–La construcción del terror en ‘Alien’.
Una tipografía para dominar los carteles de películas.
–La ruina financiera de Johnny Depp.
–Por qué había antes música en los ascensores.
–Cómo se ocupa Disney de los mosquitos.
‘Seven Nation Army’ y su origen futbolero en Bélgica.
–Curiosidades geográficas de Estados Unidos.
–Cómo perdió los brazos, ejem, las patas delanteras el T-Rex.
–Algunos datos sobre el asteroide que acabó con los dinosaurios.
Joe Bananas y otros apodos de los capos de la mafia.

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Trump convierte a la OTAN en una alianza de papel

La cumbre de la OTAN ha sido la oportunidad perfecta para otra gran actuación de Donald Trump en la versión que aterroriza a sus presuntos aliados europeos. Ya la semana pasada sugirió en un mitin que la presencia de miles de tropas norteamericanas en Alemania era un asunto que podría revisar por razones económicas. En un desayuno el miércoles con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que los miembros de la organización que no destinan el 2% del PIB a gastos de defensa «son unos morosos en lo que a mí respecta porque Estados Unidos ha tenido que pagar por ellos».

Pero todo fue mucho más dramático cuando el presidente de EEUU se lanzó contra Alemania por sus importaciones de gas ruso.

Durante la rueda de prensa junto a Stoltenberg, se produjo un intercambio de opiniones entre ambos que debió de ser un tanto embarazoso para el primer funcionario de la OTAN.

Stoltenberg: Creo que las dos guerras mundiales y la Guerra Fría nos enseñaron que somos más fuertes juntos que por separado.

Trump: ¿Pero cómo es posible estar juntos cuando un país recibe la energía de la persona contra la que te pide que le protejas o del grupo contra el que quieres protección?

Stoltenberg: Porque comprendemos que si estamos juntos, también en relación a Rusia, seremos más fuertes. Creo que lo que hemos visto…

Trump: No, estás enriqueciendo a Rusia. No estás haciendo tratos con Rusia. Estás enriqueciendo a Rusia.

Stoltenberg: Bien, creo que incluso durante la Guerra Fría los aliados de la OTAN comerciaban con Rusia, y ha habido desacuerdos sobre qué tipo de acuerdos comerciales debemos tener.

Trump: Creo que el comercio es estupendo. Creo que la energía es un asunto diferente. Es un asunto muy diferente al comercio normal. Y tienes a un país como Polonia que no acepta el gas (ruso). Fíjate en algunos países, no lo aceptan, porque no quieren ser cautivos de Rusia. Pero Alemania, tal y como lo veo, está cautiva de Rusia, porque recibe mucha de su energía de Rusia. Así que se supone que debemos proteger a Alemania, pero ellos reciben su energía de Rusia. Explica eso. Pero no se puede explicar, ya lo sabes.

Stoltenberg tenía previsto dar una entrevista el viernes a la NPR, la radio pública de EEUU. Ha sido cancelada y no se espera que conceda entrevistas hasta septiembre (1). Tiene ahora muy difícil defender la idea de que la OTAN es una organización que funciona.

Cualquiera diría que Trump es un halcón que pretende cortar la relación comercial de Moscú con Europa. Es más bien al contrario. Al igual que ha hecho con las investigaciones que tienen lugar en su país –donde llegó a acusar a Hillary Clinton de recibir ayuda de Rusia–, no desaprovecha la oportunidad para embarrar el campo, confundir a todos y continuar siendo el trol más poderoso del mundo.

El objetivo es avergonzar a Alemania y Angela Merkel presentándolos como unos cobardes que están controlados por Rusia. Lo que se une a las críticas de Trump a la política migratoria alemana y a la supuesta inseguridad que ha causado en el país, basada en datos falsos. Como también es falso que Alemania dependa entre un 60% y un 70% de Rusia en sus necesidades de energía, como planteó Trump. El 40% de las importaciones de gas de Alemania procede de Rusia.

Esa dependencia opera en los dos sentidos. Rusia también necesita exportar sus materias primas a Europa sin las cuales no cuadraría sus presupuestos. La relación comercial no impidió que Merkel promoviera la adopción de sanciones contra Rusia en la UE a causa de su intervención militar en Ucrania.

En la reunión, Trump dobló la apuesta con la intención de humillar aún más a sus socios. Aun sabiendo que el compromiso al que llegó en su momento la OTAN –el 2% del PIB– es imposible de alcanzar para muchos gobiernos si quieren salir reelegidos en las próximas elecciones, lanzó otra cifra. El doble. El 4%. Podía haber dado cualquier otra, el 3% o el 5%. Lo importante era mantener la presión para dejar claro quién está al mando y quién sólo tiene el derecho a obedecer.

Lo hemos visto en muchas películas. La organización criminal exige una cantidad de dinero por una deuda real o inventada. Cuando el cliente al que se garantiza protección se niega a pagar porque no quiere o no puede, se le dobla la cantidad. Estás en sus manos. No tienes muchas opciones.

Es conveniente echar un vistazo a las cifras.

La OTAN difundió un día antes de la cumbre un comunicado con las principales cifras de gasto militar de los países de la alianza, probablemente por indicación de Washington para dejar en evidencia a los «morosos». Sólo cinco países alcanzan o superan el 2%: EEUU, Grecia, Estonia, Reino Unido y Letonia. El porcentaje de Alemania es del 1,24%. El de España, el 0,93%. Las cifras de 2018 son en cualquier caso una estimación basada en los compromisos presupuestarios actuales.

El gráfico de AFP permite apreciar mejor la notable distancia en el gasto de defensa entre EEUU y sus aliados.

Este gráfico muestra la evolución del gasto militar en relación al PIB en la OTAN, EEUU, y Europa y Canadá. El descenso evidente después del fin de la Guerra Fría. El aumento después del 11S, cuando la OTAN intentó encontrar una razón para su existencia en la guerra contra el terrorismo yihadista, aunque se debió básicamente al incremento producido en EEUU. La caída tras la última crisis económica.

Este gráfico introduce un umbral que sí superan bastantes países. Muestra el porcentaje de gasto en armamento y equipamiento sobre el total de gasto de defensa. Elimina gastos de personal de las fuerzas militares, salarios y pensiones, entre otras cosas. El mínimo exigido es del 20%, que sí supera España con el 23,04%. Alemania está en el 14,13%.

El discurso de Trump se basa una y otra vez en una falsedad. Los países europeos no deben dinero a Washington. Su gasto de defensa podría tener influencia en el norteamericano, pero es improbable. El compromiso militar de EEUU se basa en su idea de continuar siendo el gendarme que vigila el mundo, además de defender a sus empresas del sector de la defensa que tanta influencia tienen en el Congreso. La experiencia de las guerras de Irak y Afganistán confirma que la contribución europea es simbólica y política, pero sobre el terreno no es un factor relevante. Lo que ocurrió con las tropas británicas en Basora, Irak, y Helmand, Afganistán, dejó patente que ni siquiera el país con una voluntad más clara de enviar fuerzas militares al exterior puede ser un socio de garantías.

Es probable que Trump vea un aumento del gasto europeo como una oportunidad para que esos gobiernos utilicen parte de los nuevos fondos para comprar material de guerra a la industria norteamericana de defensa, como han hecho Arabia Saudí, los Emiratos y Qatar. Eso olvida que en Europa hay también una industria militar a la que sus gobiernos darían lógicamente prioridad.

La OTAN es ya sólo una alianza en el nombre, al menos mientras Trump sea presidente de EEUU. Cuando un Gobierno como el de Washington sugiere que las importaciones de coches europeos son un asunto de seguridad nacional y amenaza con más sanciones comerciales contra una industria que genera centenares de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en Europa, resulta complicado llamar a eso una alianza.

A los gobiernos europeos sólo les queda encajar el golpe, continuar haciendo promesas sobre el aumento de gasto militar y mantener un frente unido en la medida de lo posible. Las antes aburridas y protocolarias cumbres de la OTAN son ahora una pesadilla que hay que soportar con algunos sustos y que conviene olvidar cuanto antes.

Ni siquiera tienen claro que la respuesta consista en aumentar la hostilidad hacia Rusia para complacer a Washington. En unos días verán reunirse a Trump y Putin en una cita que incluirá múltiples elogios del primero al segundo. Quizá no haya una política norteamericana en relación a Rusia de ningún tipo y que todo dependa de los caprichos de Trump y de los problemas judiciales de su Administración en EEUU.

La OTAN es ya sólo una fachada que esconde una familia disfuncional en la que el patriarca provoca un intenso temor entre todos sus miembros. Pero, como todos viven en la misma casa, tienen que seguir siendo aliados.

(1). La periodista de NPR no acertó con su previsión sobre las entrevistas de Stoltenberg o sus portavoces le engañaron. Hoy jueves el secretario general de la OTAN ha dado una entrevista en directo en CNN.

17.30
El 40% del gas consumido en Alemania viene de Rusia. El Gobierno alemán ha querido poner en contexto ese dato para desmentir a Trump. El 24% de las necesidades de energía del país se cubre con el gas. Si unimos a eso el petróleo importado de Rusia, la cifra total de dependencia energética de Rusia se queda en el 23%, no el 70% del que hablaba Trump.

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Theresa May se impone en otro asalto de la Guerra Civil del Brexit que atormenta a los tories

El lunes era el día de la cumbre de los Balcanes Occidentales en Londres, una cita con representantes de gobiernos de la región y de la UE con la mente puesta en el futuro y una idea compartida por todos: para que los países de esa zona tan conflictiva puedan formar parte de la Unión Europea deben mejorar su gobernanza y su capacidad para enterrar los viejos conflictos entre ellos.

De todas las capitales de Europa Occidental, Londres era esta semana el lugar menos apropiado para celebrar este encuentro. El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, tenía previsto participar en la comida con la que se iniciaba el cónclave. No apareció a la hora en que se le esperaba y poco después se supo que había presentado la dimisión. En 24 horas, el Gobierno de Theresa May había perdido a dos ministros, dos de los más importantes del Gabinete –David Davis, ministro del Brexit, y Johnson–, a los que hay sumar al viceministro del Brexit, Steve Baker.

Todo precisamente por el acuerdo de Chequers con el que Theresa May pretende cerrar lo que será la posición común del Gobierno británico en las negociaciones definitivas con la Comisión Europea. Un pacto definido de inmediato como una apuesta por un Brexit ‘blando’ en que Londres intentará llegar a un acuerdo aduanero con Bruselas para que no sea necesaria una frontera real entre Irlanda y el Ulster. Que la Comisión vaya a aceptar eso es algo que aún se desconoce, los gobiernos europeos y la UE son conscientes de que May es la única opción de llegar a algún tipo de acuerdo.

David Davis y Boris Johnson tardaron sólo unos días en utilizar la única arma a su alcance, la dimisión, ya que estaban en minoría en el Gabinete. Davis afirmó que no podía defender un acuerdo en el que no creía, pero precisó que apoyaba que May continúe en el 10 de Downing Street. Inevitablemente, Johnson –dueño de un estilo literario más distinguido que su colega– justificó su retirada con una carta más densa y vitriólica. «Realmente, nos dirigimos a la condición de colonia», escribió.

Johnson fue el buque insignia de la campaña del Leave, el político más popular de entre los que pedían la salida de la UE. Su trayectoria posterior le ha hecho perder esa condición, sobre todo, entre sus compañeros del grupo parlamentario tory.

En las primarias para la sucesión de David Cameron, protagonizó una candidatura abortada muy pronto por las traiciones internas en un espectáculo insólito en la política británica. Tras el fracaso de las elecciones anticipadas convocadas por May, no se atrevió a desafiar a la primera ministra cuando ella era poco más que un cadáver político que sobrevivía gracias a que sus rivales no se ponían de acuerdo sobre el nombre del sucesor. Su paso por el Foreign Office ha estado marcado por anécdotas un tanto embarazosas y ha demostrado que detrás del personaje no hay un político que pueda gestionar un Ministerio, mucho menos un Gobierno, en un momento decisivo en la historia del país.

«El sueño del Brexit está muriendo», escribió en su carta Boris Johnson (y no se olvidó de posar para la foto que aparecerá en las portadas del martes de dos periódicos). Sin duda, los sueños de los tories euroescépticos más radicales están diluyéndose ante el choque con la realidad.

Theresa May sobrevivió a la prueba de la reunión del lunes por la tarde con el grupo parlamentario conservador. Incluso algunos de los partidarios del Brexit ‘duro’ se rindieron a la evidencia, lo que hace más difícil que pueda presentarse una moción de censura interna contra May, para la que se necesitan 48 firmas de diputados, un 15% del total (315).

Pueden conseguirlas y de hecho un encuentro posterior de un grupo de diputados conocidos por sus posiciones ferozmente euroescépticas reunió en la noche del lunes a 80 de ellos. Pero es muy difícil que alcancen una mayoría de 158 votos favorables a la dimisión de May. La primera ministra ya ha avisado de que no dimitirá si se presenta la moción de censura.

El argumento más efectivo de May utilizado en la reunión de lunes es que la continuación de esta Guerra Civil del Brexit en las filas conservadoras sólo servirá para que Jeremy Corbyn y los laboristas ganen las próximas elecciones. Y saber que los Brexiters más enconados no tienen más alternativa para el Brexit que dar un portazo y abandonar la UE sin ningún acuerdo, con independencia de las consecuencias económicas que eso suponga. Por más que May haya salido fortalecida de la última crisis, ese es un desenlace que aún no se puede descartar.

Por la noche, el diputado conservador George Freeman resumió el estado de ánimo de muchos de sus correligionarios con un tuit que incluía la foto de un barco. El mensaje: «Otro día extraordinario en Westminster». La foto: evidentemente, el Titanic.

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Theresa May impone a los tories un Brexit pragmático y nada radical

«Brexit means Brexit», dijo Theresa May en julio de 2016. Dos años después, Brexit significa una versión menos tajante y más pragmática, muy alejada de las aspiraciones de los ministros de su Gobierno partidarios del llamado Brexit ‘duro’. Quizá la única esperanza de estos resida en que la Comisión Europea decida que las concesiones que plantea May no son suficientes. Como no tienen más respuesta que la ruptura total con la UE, se supone que se quedarán con la alternativa de que finalmente no haya acuerdo, una posibilidad de consecuencias muy negativas para la economía británica.

May reunió el viernes a todo su Gabinete en Chequers, la residencia para los fines de semana del primer ministro británico. Fueron cerca de diez horas de negociaciones, incluidos almuerzo y cena, que comenzaron con un detalle revelador. Los ministros acudieron sin sus asesores y debían entregar sus móviles a la entrada. Un apagón informativo total que impedía filtraciones y que demostraba quién marcaba las normas. Además, una fuente anónima de Downing Street indicó que si algún ministro presentaba la dimisión allí mismo, perdía el derecho a usar su coche oficial y tendría que pedir un taxi para volver a Londres a 60 kilómetros de distancia.

El acuerdo alcanzado fue definido de inmediato por los medios británicos como un ‘Brexit blando’ y una victoria de May al plantear como objetivo una unión aduanera con la UE para el intercambio de bienes, no de servicios, que impida una frontera real entre Irlanda y el Ulster. En ese caso, Londres se ocuparía de recaudar los aranceles de los productos (incluidos los agrícolas) que llegaran al Reino Unido cuyo destino final fuera un país de la UE y luego entregaría esa cantidad a Bruselas. En el caso de discrepancias sobre los criterios sobre la admisión de esos productos, intervendría el Tribunal Europeo de Justicia (auténtica bestia negra para los partidarios del Brexit en el Partido Conservador).

Bruselas se ha mostrado hasta ahora reticente a esa idea por las dificultades técnicas de aplicarla y la posibilidad de que permita el fraude y el contrabando. No está claro que exista la tecnología necesaria para implementarla con seguridad. Al mismo tiempo, no será fácil que la Comisión acepte una excepción en las cuatro libertades de movimiento. Lo que vale para un bote de tomate no serviría para los seres humanos, porque Londres pondría fin a la libertad de movimiento de personas.

El acuerdo no afecta a los servicios, sólo a la importación y exportación de bienes industriales y agrícolas. Es algo que perjudica a la economía británica muy volcada en los servicios (en torno al 80% de su PIB). Es una especie de concesión que Londres hace a la UE, que obviamente nunca aceptará una relación comercial completa con el Reino Unido con todas las ventajas de pertenecer a la UE, pero sin ninguna de sus obligaciones.

Michel Barnier, jefe del equipo negociador de la Comisión, saludó el acuerdo con la precisión de que ahora es el momento de analizar si las propuestas que contiene son «viables y realistas» en función de los principios para la negociación adoptados por la UE.

En el análisis de urgencia pero muy concreto que hace Robert Peston –jefe de Política de ITV News–, se destaca que el acuerdo no supone una pérdida de soberanía similar a la relación de Noruega con la UE, pero tampoco está muy lejos. Si la negociación llega a buen puerto, el Reino Unido abandonará la UE, pero no recuperará por completo «el control», que fue una de las grandes banderas de la campaña del Brexit.

Políticamente, no hay dudas sobre el desenlace. Todos los comentarios de los últimos meses sobre la incapacidad de May para imponer una solución pragmática y teóricamente viable a la banda del Brexit duro encabezada por el ministro de Exteriores, Boris Johnson, parecen quedar desmentidos. De momento. May no se fía de Johnson y por eso su gente ya se ha ocupado de filtrar a The Times que envió un mensaje a su ministro: si boicotea el acuerdo desde dentro del Gobierno, será destituido.

Los primeros mensajes de los antiguos partidarios del Remain en el Gobierno de May revelan que están muy satisfechos. Es el mejor acuerdo que se podían permitir. El grupo del Brexit duro no piensa lo mismo. Sus más encendidos seguidores lo han comenzado a llamar en Twitter «Brexit in name only». Ha llegado la hora de la verdad y a los diputados tories más euroescépticos sólo les queda promover una moción de censura dentro del grupo parlamentario conservador con el objetivo de forzar la dimisión de la primera ministra.

Veremos el lunes si se atreven a tanto.

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El Gobierno saudí continúa su purga sin conceder derechos a los detenidos

La gran purga saudí no ha concluido tan rápido como prometieron las autoridades. Algunos de los detenidos en noviembre fueron puestos en libertad meses después tras pagar una ‘indemnización’ al Estado, a pesar de no haber sido acusados en los tribunales de justicia. Otros continuaron detenidos por negarse a reconocer su culpa y exigir que se presentaran pruebas en un proceso penal.

El hotel Ritz de Riad dejó de ser la cárcel de cinco estrellas que había sido durante meses. Cerca de un centenar fue trasladado a otros lugares. Un artículo de The Wall Street Journal da algunas pistas. Un miembro importante de la familia real saudí y decenas de empresarios y antiguos altos cargos continúan detenidos, y además se han producido nuevos arrestos:

«Algunos de los detenidos han sido golpeados y privados de sueño en los interrogatorios, dicen fuentes oficiales y personas cercanas a los detenidos. En algunos casos, dicen, los detenidos no han sido procesados por la comisión de delitos y se les ha permitido poco o ningún contacto con familiares y abogados.

Muchos están encerrados en una prisión de máxima seguridad en las afueras de la capital, mientras otros son recluidos en palacios que se han convertido en centros de detención, dicen dos fuentes del Gobierno. Las fuentes reconocen que algunos presos han sido sometidos a un duro tratamiento».

El preso más destacado es el príncipe Turki bin Abdullah, hijo del anterior rey y que fue gobernador de Riad. Según el WSJ, son 56 los saudíes aún encerrados por la operación. Las autoridades prometieron en noviembre que, tras un corto periodo de negociaciones, los acusados de delitos de corrupción serían conducidos ante los tribunales. Eso no ha ocurrido. Es evidente que el Gobierno prefiere un sistema en el que opera la arbitrariedad y una falta de garantías que hace sospechar que se estén produciendo torturas o malos tratos. Es más fácil sacar así el dinero a los detenidos.

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Europa protege el cementerio del Mediterráneo

Angela Merkel salió muy contenta de la cumbre de la UE de la pasada semana centrada en la llamada crisis migratoria. El Gobierno italiano salió muy satisfecho de la reunión. Pedro Sánchez puso cara de ‘esto es lo que hay’. Los gobiernos europeos se enfrentaron a otra cita ineludible en la que en teoría deberían haberse comprometido a hacer algo. El resultado fue que ningún Gobierno está obligado a hacer nada –todo es voluntario– y eso fue suficiente para declarar la victoria.

El Mediterráneo continuará siendo un cementerio donde mueren en silencio los que huyen de la guerra y la miseria. Los  afortunados podrán disfrutar de un infierno en vida en territorio libio. Merkel solucionará los problemas de convivencia con sus aliados socialcristianos (sic) de Baviera. Matteo Salvini y la Liga seguirán con su mensaje racista y disfrutando del premio que les conceden las encuestas.

Otro éxito de los «valores europeos».

Se habló mucho antes de la cumbre de la necesidad de encontrar una «solución europea», frente a iniciativas particulares de cada Gobierno o pactos bilaterales para salir del paso. La solución europea consistió en que cada Gobierno podrá hacer lo que quiera, o lo que pacte con otro Gobierno, que viene a ser lo mismo que la opción que supuestamente se pretendía evitar.

Dos ideas concretas circularon antes de la cumbre. La primera, crear centros de internamiento de extranjeros en cada país para que allí se dictamine si una persona tiene derecho a pedir asilo e impedir que los demás se dirijan a otros países europeos. Prisiones, pero sin utilizar ese nombre que da mala imagen. Ningún país se presentó voluntario. Alemania, Francia, Austria e Italia dejaron claro que no iban a hacerlo.

El primer ministro austriaco debió de pensar que era el momento apropiado para hacer una demostración de humor (negro). Preguntaron a Sebastian Kurz –conservador y aliado en su Gobierno con la extrema derecha– si montaría centros como esos en su país: «Desde luego que no. No somos un país de primera llegada (de inmigrantes), a menos que la gente se lance en paracaídas».

Es una broma que celebraron a buen seguro los votantes de su partido y de la ultraderecha.

Nadie quiere montar esos centros porque saben que no podrán hacer nada para repartir a los extranjeros que tengan derecho al asilo si su número es muy alto. Las cuotas que aprobó la Comisión Europea ya son historia. Todo es voluntario y todos los gobiernos tienen ya derecho a decir no.

La esperanza de España e Italia es que, después de regalar a Merkel una cumbre tranquila con la que solucionar sus problemas internos, ahora alguien abra la cartera y envíe a Madrid y Roma unos cuantos millones de euros para ocuparse de lo que los demás se niegan a aceptar. Esos fondos tienen que venir de la Comisión Europea, y eso forma parte ya de otra negociación. Siempre es bueno contar con el apoyo alemán en asuntos de dinero.

La otra idea de la que se había hablado era la de instalar esos centros en los países del norte de África. Los gobiernos europeos no cesan de hablar de soberanía y de la obligación de proteger sus fronteras. Parece que eso no cuenta para los países africanos a los que se quiere pagar para que hagan de carceleros de Europa.

No es extraño que ningún país se haya ofrecido voluntario. Marruecos ya ha dicho que no. Argelia está más preocupada por expulsar a los inmigrantes sin papeles hacia Níger con independencia del motivo de su llegada, aunque eso suponga dejarlos abandonados en un desierto.

Argelia intensificó estas expulsiones a partir de 2017 en respuesta a las presiones de gobiernos europeos. Al igual que en el Mediterráneo, si mueren en el desierto, ya no son un problema para Europa.

En la práctica, Libia ya está haciendo de carcelero previo pago de la cantidad económica correspondiente aportada por el Gobierno italiano. El concepto Libia es discutible en este caso al no haber un Gobierno que controle las fronteras del país. Son las milicias del norte del país las que se ocupan de detener a los extranjeros y capturarlos si es preciso en la costa para impedir que alcancen la costa italiana.

Por eso, las ONG que han fletado barcos son un molesto inconveniente. Salvan vidas de seres humanos que luego nadie quiere acoger. De ahí que el acuerdo de la cumbre de la UE reclame a las ONG que no interfieran en la labor de la Guardia Costera libia, cuyo labor –porque les pagan por ello– es que las pateras no salgan de la costa del país norteafricano. A ojos de Europa, Libia debe ser una prisión para ellos, y las prisiones están hechas para que nadie escape de ellas.

No pueden pararlas todas. Recordemos, no hay un Gobierno que controle toda la costa. Sin las ONG, el destino que espera a muchas de esas embarcaciones rudimentarias es el naufragio y a sus ocupantes, la muerte. Los gobiernos de la UE lo saben. No es un problema para ellos.

Pongamos que la idea de los centros de internamiento en África se lleva a la práctica con apoyo europeo y la intención de cumplir la obligación internacional de conceder el asilo a personas que huyen de la guerra y la violencia. ¿Qué ocurriría? La respuesta es sencilla. Nada. Lo sabemos porque eso es lo que está ocurriendo en estos momentos.

1.200 personas se encuentran en Níger en un campamento gestionado por ACNUR (la agencia de la ONU dedicada a los refugiados). De ellos, 260 son menores. Pasaron por Libia donde sufrieron todo tipo de penalidades. Fueron trasladados a Níger con el objetivo de que pudiera negociarse su reasentamiento en Europa bajo supervisión de ACNUR. Ningún país europeo está dispuesto a acogerlos.

«Si queremos combatir el tráfico de personas, si hay gente que necesita protección internacional y que cumple los requisitos para solicitar el asilo, tengo que ofrecer una alternativa», dijo Alessandra Morelli, representante de ACNUR en Níger. «Si no, ¿de qué estamos hablando? Pero cuando los saco (de Libia), resulta que no hay alternativa».

Efectivamente, no hay alternativa, porque el objetivo de los gobiernos europeos no es regularizar la migración, conceder asilo a los que se lo merezcan, luchar contra los traficantes de personas o impedir que los inmigrantes mueran en el mar o el desierto.

El objetivo es que no lleguen a Europa.

El problema es que eso no se puede poner en un comunicado. Quedaría mal cuando Merkel o Macron pronuncien otro discurso sobre los «valores europeos».

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Trump elegirá a un nuevo miembro del Tribunal Supremo y eso puede tener una gran influencia en el derecho al aborto

Anthony Kennedy, de 81 años, ha comunicado a Donald Trump que va a dimitir como miembro del Tribunal Supremo. La noticia ha puesto a los medios de comunicación norteamericanos en estado de emergencia, porque todos son conscientes en EEUU de que los muy escasos relevos en la máxima autoridad judicial del país tienen repercusiones que se prolongan durante décadas. En un panorama político en el que muchas cosas pueden cambiar en cuestión de meses, los nombramientos en el Tribunal Supremo tienen la virtud de permanecer en el tiempo como algo que no cambiará por los titulares de mañana.

Kennedy fue nombrado por Ronald Reagan en una época muy diferente de la política norteamericana, cuando al presidente le interesaba que este tipo de decisiones contara con el apoyo de al menos algunos congresistas del otro partido. Estas designaciones tienen que ser confirmadas por el Senado, por lo que era imprescindible recibir los votos de esos senadores.

Ahora mismo, el Partido Republicano controla las dos cámaras –con una mayoría muy pequeña en el Senado– y en el ambiente actual mucho más polarizado y con un presidente de estilo ‘my way or the hard way’ no cabe esperar más que el sustituto de Kennedy sea mucho más conservador que él.

Kennedy era un conservador moderado al que los medios norteamericanos le asignaron la etiqueta de juez centrista o la clave que podía desequilibrar la mayoría del tribunal hacia posiciones conservadoras o progresistas. Eso ocurría en muchas ocasiones, aunque de las veinte últimas decisiones del Supremo él votó con la mayoría conservadora en la mayoría. La última ha supuesto una fuerte derrota para los sindicatos norteamericanos. La ley les permitía recibir una aportación económica de los trabajadores no sindicados cuando la negociación colectiva en la que participaba la central permitía conseguir beneficios salariales o laborales para ellos. Era un situación que existía desde hace cuatro décadas y que los grupos conservadores pretendían eliminar desde hace tiempo, lo que ahora han conseguido. El voto de Kennedy hizo que saliera adelante el cambio.

Él también tuvo un papel clave en la sentencia Citizens United de la que fue ponente. Esa decisión eliminó los límites a la financiación de campañas políticas siempre que se hicieran a organizaciones que no estuvieran coordinadas con los candidatos a las elecciones.

Esa es ahora una de las grandes trampas del sistema político norteamericano. Supuestamente, no hay contacto entre las SuperPAC y las campañas de un candidato a presidente o congresista favorecido por ese grupo. Pocos se lo creen, pero es imposible probar lo contrario.

Pero Kennedy fue decisivo en otros casos donde prevalecieron puntos de vista progresistas, como el derecho al aborto y los derechos de los homosexuales. Es improbable que el sustituto elegido por Trump adopte esa línea.

Eso no quiere decir que el aborto vaya a ser ilegalizado en EEUU en los próximos años. El Supremo no tiene la costumbre de revisar por completo aquellos asuntos que el tribunal ha dejado claro en el pasado, aunque esa costumbre no se ha respetado en el caso citado de la financiación de los sindicatos. Eso no quiere decir que no vaya a aceptar más recursos sobre el aborto.

Desde hace años, se ha dicho que la posibilidad en el caso de que las fuerzas conservadoras pudieran incluir en el Supremo el número suficiente de jueces es que estos decidan conceder a cada Estado federado la decisión última sobre la interrupción del embarazo. La derecha judicial siempre ha tenido como una de sus banderas el respeto a la autonomía de los estados y la denuncia del intervencionismo exagerado del Estado federal. No es una casualidad que las grandes conquistas sociales se hayan originado en Washington y, a veces con grandes dificultades, se hayan extendido por todo el país.

Esa es la gran esperanza de la derecha y por eso los legislativos de algunos estados muy conservadores aprueben leyes con restricciones al derecho al aborto sabiendo que no se aplicarán por los recursos ante los tribunales, pero con la esperanza de que lleguen al Tribunal Supremo y obtengan ahí la victoria en la que confían.

De ahí el pronóstico de Jeffrey Toobin, de The New Yorker: «En 18 meses, el aborto será ilegal en 20 estados».

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Argelia envía a miles de inmigrantes africanos al desierto para deshacerse de ellos

Libia y Marruecos no son la única puerta de entrada que utilizan los migrantes subsaharianos para llegar a Europa. En condiciones igualmente difíciles, miles de ellos intentan llegar desde hace años a través de Argelia, un país con menor presencia de medios de comunicación extranjeros y que no ha dudado en decretar expulsiones masivas y lanzar campañas de propaganda contra los africanos que residen sin papeles en el país.

Un reportaje de AP ha recogido testimonios que indican que las autoridades argelinas son capaces de enviar a los migrantes a través del desierto con temperaturas que pueden provocar la muerte.

Argelia ha abandonado en el desierto a más de 13.000 personas en los últimos 14 meses, incluidas mujeres embarazadas y niños, dejándoles sin comida y agua y obligándoles a caminar, a veces amenazándoles con armas, con temperaturas de hasta 48 grados.

En Níger, a donde se dirige la mayoría, los afortunados cruzan una desolada tierra de nadie de 15 kilómetros hasta Assamaka, un pueblo que es poco más que una serie de frágiles edificios que se hunden en la arena. Otros, desorientados y deshidratados, deambulan durante días hasta que un equipo de rescate de la ONU puede encontrarlos. Un número desconocido de ellos perece en el camino. Casi todos los supervivientes, unos veinte entrevistados por AP, hablan de grupos de gente que ya no pueden seguir y que desaparecen en el Sahara.

Al igual en el Mediterráneo, el Sahara se convierte en un inmenso cementerio en el que mueren los más débiles sin que pocas veces haya información sobre su destino.

Argelia tiene una inmensa frontera en el sur con Níger y Malí por donde llegan miles de subsaharianos procedentes de esos países y de otros. Las expulsiones masivas son frecuentes. El Gobierno de Níger denunció a finales de 2017 que su vecino de norte había expulsado a más de 20.000 nigerinos desde 2013. No es que Argelia no tenga derecho a hacerlo –ambos países firmaron un acuerdo de repatriación de inmigrantes en 2014–, pero la llegada en masa de estas personas causa problemas sociales y económicos en países pobres que los gobiernos no están en condiciones de afrontar.

Nuestros titulares destacan que Europa sufre una crisis migratoria, pero no es menos cierto que los países africanos sufren problemas aún más serios, tantos los que envían a personas como los que las reciben. Argelia no recibe ayuda directa de la UE, pero su colaboración con Francia en asuntos de defensa e inteligencia es un hecho conocido desde hace años, y es probable que París haya presionado para que impidan que los subsaharianos pasen por territorio argelino en su camino hacia el norte.

2017 vivió un momento de escalada de la tensión, probablemente por las noticias sobre el calvario que sufrían los inmigrantes africanos en Libia y el progresivo cierre de esa vía de entrada hacia Europa.

En verano de 2017, el Gobierno de Argelia lanzó una campaña de propaganda contra los inmigrantes subsaharianos con un contenido similar al de la extrema derecha europea. El primer ministro, Ahmed Ouyahia, acusó a los inmigrantes de traer a Argelia «crímenes, drogas y otras plagas» y ordenó que las fuerzas de seguridad procedieran a las detenciones de los sin papeles para su posterior expulsión.

Ouyahia ya había sido antes primer ministro en dos ocasiones, es líder del segundo partido del país y está considerado muy cercano a los militares, que son el verdadero centro del poder. El presidente Buteflika, de 81 años, tiene tan mala salud desde hace varios años que a veces pasan meses sin que se le vea en público y se duda de que esté realmente al frente del país.

Un Gobierno argelino anterior que sólo duró unos meses había prometido iniciar un proceso de regularización de la población extranjera sin papeles. La llegada de Ouyahia al poder provocó un giro en esta política abortada muy pronto y un endurecimiento de la respuesta oficial a la inmigración del sur.

Fue en mayo de 2017 cuando la Organización Internacional de Migraciones  comenzó a contar a los inmigrantes que llegaban a pie desde Argelia a territorio nigerino, según AP. En total, contabilizó a 11.276 personas como supervivientes de estas marchas forzadas en condiciones dramáticas. Es probable que miles murieran en el desierto.

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Las mujeres saudíes ya pueden conducir, pero siguen siendo ciudadanas de segunda clase

Las mujeres saudíes ya pueden ponerse al volante desde este domingo. El Gobierno ha puesto fin a una prohibición anacrónica que no existía en ningún otro país del mundo y que hay que entender dentro de un sistema legal de discriminación que convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda clase, permanentemente sometidas a la voluntad del hombre. Ese conjunto de leyes continúa existiendo, aunque el Gobierno dice tener planes para ir aplicando algunas reformas.

El esposo de cada mujer, o un pariente masculino que no tiene por qué ser de mayor edad, es su guardián. Legalmente, eso le da derecho a autorizar o denegar muchas de las decisiones de ellas. Solicitar un pasaporte, viajar fuera del país, realizar transacciones en un banco, alquilar un piso, presentar una demanda son algunas de las cosas vetadas a las mujeres si no cuentan antes con el permiso de su «guardián».

Legalmente, no lo necesitan para trabajar, pero en la práctica les resulta muy difícil encontrar un empleo. El Gobierno no sanciona a las empresas que exigen el visto bueno del guardián para contratar a una mujer.

El levantamiento de la prohibición de conducir no es asunto menor por razones sociales y económicas, y estas últimas han tenido una gran influencia en la decisión del Gobierno. Reduce en parte la dependencia de la mujer y le facilita la posibilidad de tener un empleo, ya que hasta ahora no podía desplazarse a menos que un miembro masculino de la familia le llevara en el coche. Sólo las familias ricas pueden permitirse contratar a un chófer.

De las 6,7 millones de mujeres saudíes, sólo trabajan 835.726. El número de hombres saudíes con un empleo es de 4,1 millones.

En colegios y universidades, la cifra de hombres y mujeres es similar (1,6 y 1,5 millones). Eso significa que la inversión en educación de la mujer se pierde, porque el destino de la mayoría de ellas es quedarse en casa para cuidar de la familia.

Por eso, cualquier posibilidad de reformas económicas en Arabia Saudí pasa por aumentar la población activa femenina. La prohibición de conducir era el primer obstáculo que el Gobierno debía superar.

Según una estimación de Bloomberg, el paso dado podría aumentar en 90.000 millones de dólares la producción de la economía saudí en 2030, una cantidad superior a lo que supondría la venta del 5% de las acciones de la petrolera Saudi Aramco.

Subirse a un coche y poder conducirlo es una decisión que tendrá consecuencias favorables para las muchas jóvenes que están estudiando ahora o que ya están trabajando. Sin una reforma completa del sistema de custodia bajo los hombres, no conseguirán alcanzar la dignidad que se merecen ni podrán aportar sus conocimientos a la economía y sociedad saudíes.

El Gobierno se ocupó en las semanas anteriores a esta medida de establecer los límites de cualquier reforma con la detención de varias de las activistas que durante años encabezaron la lucha por conseguir este derecho.

«Es una campaña única porque aplica reformas y persigue a los activistas que han liderado esas reformas. Su contrato social es pedir obediencia mientras el Estado actúa como guardián», dice Rothna Begum, de Human Rights Watch.

El Gobierno está dispuesto a que las mujeres se pongan al volante, pero no a permitir que luchen por los demás derechos que les niegan.

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