Lo que está ocurriendo en Afganistán es un ejemplo de castigo colectivo a la población del país, escribe Larry Elliott. La ruptura de las relaciones económicas con Occidente después de la victoria de los talibanes y la interrupción de la ayuda procedente de instituciones internacionales han condenado a los afganos a una muerte lenta en el que es uno de los países más pobres de Asia:
«En su momento, era obvio que esta retirada de ayuda exterior económica, que suponía casi la mitad del PIB afgano en 2020, tendría un impacto desastroso, y así ha ocurrido.
Mientras el comercio ilegal de opio continúa siendo importante, el resto de la economía prácticamente ha sufrido un colapso. Las empresas han despedido a una media del 60% de sus trabajadores. El precio de los alimentos básicos ha subido un 40%. Más de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria y el nivel de pobreza es del 90%. Con mucha diferencia, son los mayores niveles de angustia que se viven en cualquier lugar del mundo. Unicef calcula que más de un millón de niños afganos están en riesgo de morir por malnutrición o enfermedades relacionadas con el hambre».
Elliott cuenta que sí está ayudando alguna ayuda humanitaria de agencias de la ONU y algunas organizaciones benéficas, pero en cantidades absolutamente insuficientes. Calcula que ese montante está en torno al 10% de los 8.500 millones de dólares que el país recibía cada año antes de la llegada de los talibanes al poder.
El desastre económico ha hecho que los que puedan abandonen Afganistán cuanto antes. Desde octubre hasta enero, un millón de afganos han salido del país con destino a Irán a través de dos pasos fronterizos. Otros parten hacia Pakistán. La UE prometió hace unos meses mil millones de dólares, pero el intento de no fortalecer al Gobierno talibán ha hecho que la entrega de la ayuda no haya empezado realmente.
Foto: reparto de ayuda humanitaria por una organización benéfica afgana en Kandahar el 6 de febrero.
Boris Johnson tenía ganas de visitar Kiev. Una vez publicado el informe sobre las fiestas de Downing Street durante la pandemia, no tardó mucho tiempo en coger el avión para reunirse con el presidente ucraniano. En la rueda de prensa del martes, el primer ministro británico insistió en defender una idea que es cuestionada por algunos países de la OTAN, el aviso de que las tropas rusas pueden invadir Ucrania en cualquier momento.
«Algunos dicen que estamos exagerando la amenaza. Eso no es lo que dicen los datos de inteligencia. Hay un peligro claro e inminente», dijo Johnson, que añadió después que los preparativos rusos indican «una campaña militar inminente».
Hace una semana, fuentes del Elíseo no ocultaban que no compartían el análisis de Washington y Londres: «Hay una especie de alarmismo en Washington y Londres que no podemos comprender. No creemos que una actuación militar inmediata de Rusia sea probable».
Lo que resulta sorprendente es que el Gobierno ucraniano, obviamente sin interés en ofender a sus principales apoyos exteriores en Occidente, no comparte esas previsiones tan alarmistas. Y lo hace con datos.
Más de 100.000 soldados rusos se encuentran desplegados no exactamente en las cercanías de la frontera con Ucrania, pero sí a una distancia que podrían solventar en no mucho tiempo. Además, otro número importante de ellos ha llegado a Bielorrusia para realizar maniobras con el Ejército local.
Los datos con los que cuenta el Ministerio ucraniano de Defensa plantean al menos que no es cierto que el despliegue ruso carezca de precedentes. Ocurrió lo mismo en la primavera de 2021. «En términos matemáticos, los números son los mismos», ha dicho esta semana el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov. «Vemos que hay unos 110.000 integrantes de las fuerzas de tierra si hablamos de los soldados de las FFAA de la Federación Rusa. Si les sumamos la Fuerza Aérea y la Armada, no habrá más de 120.000-125.000 tropas a lo largo de toda la frontera de Ucrania, incluida la frontera administrativa y la república autónoma de Crimea, que está temporalmente bajo ocupación. Lo repito. Son las mismas cifras que observamos en la primavera de 2021».
La semana pasada, el presidente ucraniano Zelensky se quejó de que las previsiones norteamericanas eran exageradas. La diferencia se hizo aun más acusada el jueves cuando el Pentágono elevó aún más la alerta al anunciar que Rusia contaba ya con tropas suficientes como para invadir toda Ucrania, no sólo las regiones orientales del país.
Zelensky afirmó que el alarmismo podía ser contraproducente, porque ya lo estaba siendo para la economía ucraniana. «El pánico es la hermana del fracaso», apuntó el secretario general de su Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno ucraniano tiene claro que el principal factor disuasorio sería recibir más armas defensivas con las que reforzar la capacidad de respuesta de su Ejército. Washington ha apostado también por una ofensiva de propaganda en todo el mundo, que da por hecho que la invasión es cuestión de semanas, quizá después de los Juegos de Invierno de Pekín, y por la amenaza de ampliar las sanciones económicas contra Rusia hasta niveles nunca vistos.
En esa línea de actitudes muy diferentes, el Gobierno de Kiev consideró exagerada la decisión de EEUU, Reino Unido y Canadá de retirar al personal diplomático no esencial de sus embajadas. Zelensky dijo que los diplomáticos deberían ser los últimos en abandonar un barco «y no creo que tengamos aquí un Titanic».
No importa lo alta que sea su moral de triunfo, una invasión rusa sería una catástrofe para los ucranianos. Llevan arrastrando un conflicto desde 2014 en el que su Gobierno no ha sido capaz de impedir la partición de hecho del país y la pérdida de Crimea. Kiev necesita que los ciudadanos no den por hecho que están condenados a otra tragedia nacional y que sigan confiando en su Gobierno, un sentimiento que no ha estado muy extendido en la última década.
En el plano político, Zelensky teme que se extienda fuera del país la idea de que la guerra es inevitable en estos momentos, por lo que recibiría la presión para aceptar las condiciones rusas que se planteen en una hipotética negociación.
Sea por la discrepancia con Kiev o por cualquier otra razón, la portavoz de la Casa Blanca sorprendió el miércoles a los periodistas con el anuncio de que el Gobierno no va a calificar más de inminente la posibilidad de una invasión rusa. Jean Psaki dijo que el uso de esa palabra estaba enviando un mensaje que no era el que se deseaba transmitir. Si eso es así, han tardado mucho en darse cuenta de esta disonancia.
Más allá de esta tardía declaración, EEUU se mueve en una dinámica distinta a la de Ucrania. Una guerra inminente traslada la presión a países como Francia y Alemania, que desconfían de las intenciones de los países anglosajones. Algunos conservadores británicos han enarbolado el recuerdo del apaciguamiento de Neville Chamberlain con la intención de denunciar cualquier intento de complacer a Putin para alejar el peligro de un conflicto bélico. Hay políticos en Reino Unido que siempre están combatiendo en la misma guerra.
Cuanto más se habla de una guerra, más fácil es que se produzca, sobre todo si se da por hecho que el enfrentamiento ha llegado demasiado lejos como para que la diplomacia pueda ya surtir efecto.
Hubo un tiempo hace décadas en que la falta de canales diplomáticos operativos entre EEUU y la URSS puso al mundo en situaciones de máxima tensión. La crisis de los misiles de Cuba es un ejemplo conocido. En una época anterior, la Primera Guerra Mundial demostró lo que podía pasar cuando los países enfrentados desconocían el potencial militar real de sus adversarios y, en el caso del imperio austriaco, incluso el propio. El mundo de hoy es diferente. Todo se retransmite en directo, cada declaración pública recorre el planeta en cuestión de segundos a lomos de internet, pero persiste el riesgo de que la apuesta por las soluciones militares en algunos conflictos termine por neutralizar los intentos bien publicitados por resolverlos por la vía de la diplomacia. Eso vale para la confrontación actual entre Rusia y la OTAN, y también para comprobar su impacto en la política española.
Lo ocurrido en los últimos días ha resucitado uno de los factores de división que han existido desde los años ochenta entre el PSOE e Izquierda Unida y que se han trasladado al interior del actual Gobierno de coalición. Los socialistas siempre han sido atlantistas desde que Felipe González convocó el referéndum para que España continuara dentro de la OTAN. A su izquierda, en la posición que ahora ocupa Unidas Podemos, siempre se ha rechazado la participación en las estructuras de la Alianza Atlántica y la colaboración militar con EEUU a través de sus bases en España. Hasta ahí, todo normal y hasta rutinario.
Lo llamativo de la crisis que se produce en estos momentos es que todos los partidos españoles apuestan por reclamar que se resuelva con argumentos diplomáticos, es decir, hacer todo lo posible para que no termine solventándose con el uso de la fuerza. Pero eso no quiere decir que todos piensen igual, ni siquiera dentro del propio Gobierno.
«Este conflicto sólo puede resolverse a través del diálogo, la distensión y el convencimiento de que la paz es el único camino», decía el comunicado que firmaron el viernes varios partidos de izquierda, incluido Unidas Podemos, con el que rechazaban «el envío de tropas españolas al Mar Negro y Bulgaria». Pedro Sánchez habló este fin de semana con el secretario general de la OTAN. Según Moncloa, le transmitió «su apuesta por el diálogo y su confianza en que la diplomacia es el camino para la desescalada».
Moncloa difundió cuatro fotografías del presidente hablando por teléfono para ilustrar sus llamadas a Jens Stoltenberg y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Este es un truco de imagen que usan mucho los líderes mundiales. Foto con el teléfono en la mano (¿estaba posando o le hicieron la foto durante la llamada?). Mirada de preocupación. Ropa informal si es en fin de semana. Muy poca información. He llamado a (inserte nombre de jefe de Estado o de Gobierno) para hablar del conflicto de (inserte nombre de país en problemas). Lo hizo por ejemplo David Cameron por una llamada de Obama y eso dio lugar a una broma genial en la que participó el actor Sir Patrick Stewart. Ya se sabe que la gente le saca punta a todo.
Es sencillo hablar en favor de la paz. De hecho, es imprescindible. Sin embargo, todo cambia cuando se explica cómo conseguirla. En ese punto, los gobiernos no suelen ser tan precisos y al ciudadano le falta información sobre cuál es la posición esencial que justifica adoptar un despliegue militar. El Gobierno afirma que España debe cumplir sus obligaciones como miembro de la OTAN y colaborar con sus aliados. Eso es lo que justificaría la salida esta semana de la fragata Blas de Lezo con destino al Mar Negro para participar durante dos meses en una misión de la OTAN cuyo objetivo es mantener la presión sobre Rusia.
Centrado en la crisis económica de hace una década, el Gobierno de Mariano Rajoy no ocultó su falta de interés por implicarse en las crisis de Europa del Este. Sánchez quiso hacer ver que pretendía tener un papel en esa zona a la altura de sus aspiraciones de contar con influencia en los temas europeos. En julio de 2021, se desplazó a Letonia y Lituania en el viaje en que una rueda de prensa con el presidente lituano tuvo que ser finalizada de forma abrupta por el despegue de emergencia de una patrulla aérea.
Lo que no ha hecho Sánchez es explicar qué opina su Gobierno sobre el asunto que está en la base de esta crisis. ¿Está a favor de un futuro ingreso de Ucrania en la OTAN? ¿Cree que la UE debe plantar cara a Rusia y negarse a su veto a futuras ampliaciones de la organización militar? Quizá el ministro de Exteriores arroje algo de luz al respecto en su comparecencia de este martes en la Comisión de Exteriores del Congreso. También es posible que se mueva en una zona ambigua para no ofender a EEUU o a Rusia, una de las opciones a las que recurre la diplomacia española para no tener que definirse.
El comunicado de Unidas Podemos y otros partidos como ERC, EH Bildu y Más País sí se refiere a esos asuntos polémicos. Se opone a una futura integración de Ucrania en la OTAN por ser «una ruptura de los compromisos de la propia organización». Esto es algo que siempre ha sostenido Rusia sobre el acuerdo con que Washington y Moscú pactaron la reunificación alemana.
Nunca se firmó ningún tratado en el que la OTAN renunciara a su ampliación hacia el Este. Pero lo que sí ocurrió fue que los dirigentes de EEUU, Francia y Reino Unido prometieron a Mijaíl Gorbachov que no se produciría.
«Antes de pronunciar unas pocas palabras sobre el asunto alemán, quiero destacar que nuestras políticas no pretenden separar a Europa del Este de la Unión Soviética. Ya tuvimos esa política antes. Pero hoy estamos interesados en construir una Europa estable y hacerlo junto a ustedes», dijo el secretario de Estado norteamericano, James Baker, a Gorbachov en mayo de 1990. Baker había dicho en febrero de ese año que la OTAN no se iba a mover «ni una pulgada hacia el Este».
EEUU y los países europeos estaban concentrados en poner en marcha una nueva relación con la URSS –y después con Rusia– que permitiera la reunificación de Alemania. Años después, se olvidaron de esos compromisos verbales. La imagen de Rusia en los países occidentales cambió además por completo cuando Vladímir Putin tomó decisiones en países como Georgia, Moldavia o Ucrania que dejaban claro que no permitiría que esos países abandonaran la esfera de influencia rusa.
Podemos también pide medidas «que satisfagan a ambas partes en la frontera entre Rusia y Ucrania». Eso a día de hoy es imposible, porque Ucrania exige poder extender su soberanía a las regiones orientales que perdió en 2014 por la intervención militar rusa, así como la península de Crimea anexionada por Rusia, mientras que Moscú no renunciará a ese control si la OTAN no se compromete a impedir la entrada de Ucrania en la alianza.
Las próximas semanas pondrán a prueba la apuesta del Gobierno y el PSOE por las vías diplomáticas. El camino irreversible hacia una guerra aún no se ha iniciado por muy alarmantes que sean las informaciones de los medios de comunicación. Aun así, puede ocurrir que Washington o Moscú, o ambos, decidan que una intervención militar, por limitada que sea, es una opción inevitable para obtener sus objetivos. Es seguro que Sánchez se sentirá obligado entonces a mantenerse junto a sus aliados. Sólo entonces empezará a tener claro el precio político que tendrá que pagar en España.
Primero, llegó el anuncio norteamericano que sostenía que el Gobierno ruso estaba preparando una provocación en territorio ucraniano que justificara su invasión. Eso que se suele llamar «un ataque de falsa bandera». No se aportaron pruebas concretas sobre la operaci´ón. Unos días después, fue el Gobierno británico el que denunció otro supuesto plan secreto. En esa trama, Moscú estaría intentando colocar en el poder en Kiev, obviamente por la fuerza, a un dirigente ucraniano cercano a las tesis de Moscú. Incluso daban su nombre, Yevhen Murayev. Tampoco se han presentado pruebas, más allá del nombre del exdiputado.
En Ucrania, esta última información se ha recibido con escepticismo o simple incredulidad. Murayev es un exdiputado que militó en el partido del expresidente Yanukovich. Después fundó otra formación sin mucho éxito en las urnas. A día de hoy, parece un personaje de escaso nivel político que no tendría ninguna capacidad de recabar apoyos por sí solo.
La utilización de informaciones de los servicios de inteligencia norteamericano y británico no puede ser una garantía después de lo que ocurrió antes de la invasión de Irak. Eso no ha impedido que aparezca en múltiples titulares. La Administración de Joe Biden las ha utilizado para justificar el despliegue militar con el que contrarrestar la presencia de decenas de miles de soldados rusos a lo largo de la frontera con Ucrania. También ha aumentado el temor a que no falte mucho tiempo para que se desencadene un conflicto bélico.
En Francia no piensan igual, según fuentes del Elíseo citadas aquí: «Hay una especie de alarmismo en Washington y Londres que no podemos comprender. No creemos que una actuación militar inmediata de Rusia sea probable. Sólo queremos que se tenga en cuenta nuestra interpretación antes de que se acuerde una posición común occidental».
Es significativo que varios expertos militares ucranianos, incluido un exministro de Defensa, comparten la visión francesa. Sin intentar reducir la gravedad de la amenaza rusa, tampoco creen que una operación militar rusa a gran escala sea probable «en las próximas dos o tres semanas».
El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania es de la misma opinión. Oleksi Danilov afirma que algunos aliados de Kiev están fomentando «el pánico» con informaciones sobre un ataque inminente que en el fondo sirve a los intereses de Moscú.
Por el contrario, resulta obvio que EEUU está moviéndose con la máxima urgencia. En la noche del lunes, Biden celebra una reunión por videoconferencia con los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia y la Unión Europea, además del secretario general de la OTAN.
En la mañana del lunes, el NYT informó de que Biden está estudiando el envío de miles de tropas norteamericanas (entre 5.000 a 10.000) a países miembros de la OTAN en Europa del Este. Es decir, no a Ucrania. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, contó horas después que se ha situado a 8.500 soldados en estado de alerta, aunque no hay aún nada decidido sobre su traslado a Europa.
La lógica de ese despliegue es más política que militar. Nadie se imagina que Rusia vaya a invadir a un país que forma parte de la OTAN. Es útil para extender la idea de que ha llegado la hora de tomar decisiones en el campo militar para ponerse a la altura del despliegue ruso. Ofrece una imagen de contundencia en el Gobierno de Biden que contrastaría con el caos y la sensación de derrota que acompañó a la retirada de sus tropas de Afganistán.
Y deja un espacio muy escaso para que la diplomacia pueda encontrar un desenlace político a un conflicto entre Rusia y Ucrania que lleva enquistado siete años desde la intervención militar rusa en el este del país vecino.
Foto superior: camiones rusos se dirigen a Bielorrusia el 24 de enero para participar en unas maniobras conjuntas.
Nada motiva más a un diputado tory a la hora de pensarse si debe decapitar a su líder que saber que es la única manera de conservar su escaño. Los más de veinte diputados que ganaron en las elecciones 2019 en circunscripciones anteriormente dominadas por los laboristas, en lo que se suele llamar el ‘muro rojo’ (red wall) se han conjurado para provocar el cese de Boris Johnson. Uno de ellos no ha esperado más. Christian Wakeford ha anunciado en la mañana del miércoles que se pasa a las filas laboristas.
La movilización de estos diputados novatos, que se reunieron el martes, hace más probable que se supere el umbral de 54 diputados que se exige para convocar una votación con el objetivo de forzar la dimisión de Johnson como líder del partido y por tanto como jefe de Gobierno.
La encuesta de Channel 4 centrada en los escaños del ‘muro rojo’ confirma los temores de esos diputados.
La impresión hasta hace unos días es que la mayoría de los diputados conservadores prefería esperar al resultado de la investigación que lleva a cabo Sue Gray, la segunda secretaria permanente del Gabinete. Gray es funcionaria del Civil Service y por tanto se la considera una figura independiente. Las últimas palabras de Johnson en una entrevista en Sky News, negando que alguien le dijera que se iba a celebrar el 20 de mayo de 2020 una fiesta que contravenía las reglas Covid impuestas por el Gobierno, han contribuido a enfurecer aún más a los diputados que creen que el primer ministro les ha mentido, a ellos y al Parlamento.
The Sunday Times informó el domingo de que al menos dos personas en Downing Street dijeron a Johnson que la fiesta de mayo contravenía las normas y no debía celebrarse. El primer ministro les respondió que no era para tanto y que estaban sobreactuando.
Este fin de semana, Downing Street se ocupó de filtrar a los periódicos su intención de lanzar unos cuantos huesos a los diputados para tranquilizarlos. Es decir, contarles lo que quieren escuchar sobre sus futuros proyectos. En primer lugar, congelar durante dos años el presupuesto de BBC e incluso amenazar con eliminar en el futuro la tasa que paga cada ciudadano. El ala derecha de los tories siempre ha considerado a BBC como uno de sus más cordiales enemigos. Hay otros como Rupert Murdoch que llevan tiempo presionando a Johnson para que haga algo al respecto.
Fue la viceministra de Cultura, Nadie Dorries, fiel aliada de Johnson, la que hizo públicos los cambios sobre la radiotelevisión pública sin que hayan sido discutidos antes dentro del Gobierno. Lo hizo con el estilo despectivo con que los conservadores más radicales se refieren a la BBC.
Además, se anunció que se utilizarán unidades navales militares para impedir la llegada de pateras con inmigrantes al Reino Unido, una medida de dudoso encaje legal, porque cualquier barco, militar o civil, está obligado por el Derecho internacional a socorrer a las embarcaciones que estén en peligro.
Por lo visto en los últimos dos días, estos regalos no han tenido el efecto deseado. Johnson ha vuelto a intentarlo este miércoles con el anuncio del fin de la mayoría de restricciones de la pandemia. Una vez que la ola de contagios por Ómicron ha pasado en Reino Unido su punto más alto de contagios y lleva un tiempo descendiendo, la nueva situación permite cerrar la mayoría de los centros de test y poner fin a medidas como la recomendación del teletrabajo y el uso de pasaportes Covid en los locales de ocio a partir de 26 de enero.
Será la última oportunidad de Boris para calmar la tormenta interna o para ganar la votación si las firmas de 54 diputados obligan a celebrarla.
20.00
La sesión matutina del Question Time de esta mañana ha ofrecido un momento singular. El diputado conservador y exministro David Davis ha reclamado con vehemencia la dimisión de Boris Johnson con un llamamiento final: «En el nombre de Dios, vete». Si suena demasiado melodramático o procedente de otra era, es porque es así. El mensaje completo utilizado no es suyo, sino que forma parte de otro conocido y exitoso intento de deshacerse de un primer ministro tory. Fue lo que Leo Amery dijo a Neville Chamberlain en 1940.
Y en realidad su auténtico origen es anterior, nada menos que de Oliver Cromwell en 1653.
La deserción de un diputado tory ha supuesto un cierto alivio para Johnson. Por un lado, suponía una humillación, pero al serlo también para todo el partido ha hecho que la bancada conservadora haya estado especialmente agresiva contra la oposición. Un breve cierre de filas con el que pasar la vergüenza.
No hay que dar por sentado que los rebeldes terminarán reuniendo las firmas necesarias para que se convoque una moción de censura. Muchos diputados que dan a Johnson por imposible prefieren esperar a ver qué sucede en las elecciones municipales de mayo. Una amplia derrota sería entonces el momento perfecto para el regicidio.
Otro factor que tienen en consideración es que si Johnson supera la moción, no podrá presentarse otra en los próximos doce meses. Se trata de una norma interna del grupo parlamentario. ¿Cuál es la última noticia del día? Se está estudiando cambiarla para reducir a seis meses el periodo de tiempo mínimo a la espera de otra moción de destitución. Sólo necesitan una votación para cambiarlo, que podría celebrarse la próxima semana.
The Nerdwriter hace excelentes análisis sobre cine. Aquí examina el famoso discurso de Martin Luther King en la Marcha de Washington de 1963, el que es conocido por las palabras «I have a dream». Son 1.667 palabras de un discurso pronunciado en 17 minutos. Es un texto de gran contenido poético en especial por su ritmo, pero en el que también es capaz de utilizar frases y expresiones que sabe que su público entenderá.
Desde la primera frase, el texto está emparentado con Abraham Lincoln y su discurso de Gettysburg, y después se refiere a todas las promesas que los negros recibieron en Estados Unidos y que nunca se habían llegado a cumplir por entero, a las que relaciona con los «bad checks», los talones sin fondos que muchas de esas personas habrían recibido alguna vez.
La aliteración y la anáfora son herramientas que emplea con frecuencia, que pueden ser muy efectivas en un discurso, aunque en un texto escrito no tengan el mismo valor, explica Nerdwriter. Hay hasta una referencia a la famosa frase del «invierno del descontento», de Shakespeare en ‘Ricardo III’, aunque utilizada de forma que la audiencia sepa a qué se está refiriendo.
Si la clave de un discurso es que tu audiencia lo entienda todo, el de MLK lo consigue, y esa es una de las principales razones formales por la que su efecto aún perdura.
Spencer Ackerman escribe sobre los veinte años en que ha estado en funcionamiento la prisión de Guantánamo, uno de los símbolos más poderosos de la Guerra contra el Terror promovida por EEUU desde los atentados del 11S. 780 presos han pasado por sus instalaciones en la base situada en territorio cubano desde que entrara en funcionamiento el 11 de enero de 2002. Desde entonces, 731 han sido transferidos a otros lugares. Nueve murieron mientras estaban en la prisión. 39 permanecen allí.
El periodista traza una línea continua entre la cárcel de Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA enclavadas en varios países del mundo durante varios años:
«El Pentágono en los últimos veinte años ha insistido con frecuencia en las diferencias entre Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA. Las fuentes oficiales sostienen que nadie ha sufrido ‘waterboarding’ en Guantánamo y que ahora –aunque no en septiembre de 2003– los detenidos en Guantánamo cuentan con asesoramiento legal, por todo lo que pueda servir para los 39 hombres que aún están allí. (…)
Pero, a pesar de todas las objeciones del Pentágono, la herencia de la CIA llega hasta Guantánamo. La lógica de la CIA en las prisiones secretas era la lógica militar de Guantánamo: un lugar fuera del alcance de la ley. Los procedimientos de interrogatorio en Guantánamo –el uso de perros, el asalto sexual, la privación del sueño, etc.– eran copias en casete de las brutales técnicas de tortura en estéreo de la CIA. El personal médico de la CIA mantenía vivos a los detenidos para que soportaran otra sesión de tortura. El personal médico militar de Guantánamo administraba alimentos por la fuerza a los detenidos (en huelga de hambre) de una forma que ha sido descrita como tortura, todo para que los detenidos no pusieran en evidencia a EEUU al morir encarcelados.
Aun más importante es el hecho de que Guantánamo y las prisiones secretas (de la CIA) encerraron a muchas de las mismas personas, hombres como Majid Khan y Abu Zubaydah, para los que el cautiverio en manos de la CIA fue relativamente breve y el cautiverio militar, relativamente extenso. Al principio de la Guerra contra el Terror, la CIA, al temer las revelaciones, se preguntó qué pasaría con varias de las personas a las que había torturado demasiado como para ser liberadas. Para muchos de ellos, la respuesta fue Guantánamo».
Ackerman cita las palabras de Omar Deghayes, uno de los antiguos presos de Guantánamo puestos en libertad que se reunieron hace unos días para compartir su experiencia. Deghayes, hijo de un abogado que fue ejecutado por el Gobierno de Gadafi, es un libio con residencia legal en Reino Unido que fue detenido en Pakistán en 2002 y enviado a Guantánamo, donde pasó cinco años antes de ser puesto en libertad.
«A causa de Guantánamo», dice Deghayes, «China pudo hacer lo que hace ahora contra los musulmanes. Utilizan el mismo argumento, la misma analogía: ‘Estos musulmanes son malos, son extremistas, hay que internarlos en campos'».
Al igual que en EEUU, el Gobierno chino utilizó un atentado masivo –31 personas fueron asesinadas y 141 resultaron heridas por terroristas uigures en una estación de tren en 2014– para lanzar una campaña «contra el terrorismo, la infiltración y el separatismo» que no se limitó a los grupos armados de Xinjiang, sino que se extendió a toda la población musulmana de la región.
´Los documentos oficiales chinos conocidos demuestran que Xi se inspiró en algunos elementos de la respuesta norteamericana al 11S.
«Debemos ser tan duros como ellos», dijo Xi en una reunión con dirigentes del partido refiriéndose a los enemigos del Estado, «y no demostrar ninguna misericordia».
Foto superior: manifestantes frente a la Casa Blanca piden el cierre de la prisión de Guantánamo el 11 de enero. Foto: EFE.
Vladímir Putin no ha querido que se extienda la idea de que la intervención militar para sostener al Gobierno de Kazajistán se ha producido simplemente por la aplicación automática de los tratados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que integran Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.
En una videoconferencia con los líderes de los seis países, Putin ha descartado que se trate de una crisis interna causada por los problemas económicos de Kazajistán. Los acontecimientos «no han sido los primeros ni serán los últimos intentos en interferir en los asuntos internos de nuestros estados». El contexto en que el presidente ruso ha puesto la crisis está claro: «No dejaremos que nadie desestabilice la situación en nuestra casa y no permitiremos que se produzca el escenario de la llamada revolución de color». dijo Putin en alusión a lo que ocurrió en Ucrania.
El análisis no coincide con los hechos que desencadenaron las primeras protestas en la zona occidental de Kazajistán, la región en la que se encuentran las principales explotaciones petrolíferas del país. El aumento del precio del gas licuado, que se emplea como combustible en vehículos y la calefacción de los hogares, desencadenó manifestaciones y ataques a edificios gubernamentales, así como huelgas en el sector de energía.
«No hay prácticamente inversión en el desarrollo de la región: es una zona de gran pobreza. Sus empresas empezaron el año pasado a afrontar una optimización a gran escala. Los empleos se recortaron, los trabajadores empezaron a perder sus salarios y bonus, y muchas compañías pasaron a ser empresas de servicios. Cuando la empresa Tengiz Oil en la región de Atyrau despidió de golpe a 40.000 empleados, se produjo un auténtico shock en el oeste de Kazajistán. El Estado no hizo nada para impedir los despidos masivos.
Debemos tener en cuenta que la zona oeste del país cuenta con altos porcentajes de desempleo. A causa de las reformas neoliberales y las privatizaciones, la mayoría de las empresa ha cerrado. El único sector que aún funciona es el petrolífero. Pero está en manos del capital extranjero en su mayor parte. Hasta el 70% del petróleo de Kazajistán se destina a los mercados occidentales y la mayoría de los beneficios van a los propietarios extranjeros.
Hay que entender que un trabajador del sector petrolífero alimenta a de cinco a diez familiares. El despido de un trabajador condena automáticamente al hambre a su familia. No hay otros empleos, excepto en el sector petrolífero y en los sectores que les prestan servicios».
Kazajistán está considerado el país más rico de Asia Central con un PIB per cápita de 27.000 dólares. El Estado cuenta con unas reservas cercanas a los 35.000 millones de dólares. Las multinacionales petrolíferas no tienen ningún interés en que la inestabilidad política afecte a sus cuantiosas inversiones. ExxonMobil y Chevron han invertido decenas de miles de millones de dólares en las explotaciones petrolíferas situadas en el oeste del país. Un consorcio internacional dirigido por Chevron tiene en marcha un proyecto para ampliar el campo petrolero de Tengiz con un coste total de 37.000 millones, una de las mayores inversiones actuales en el sector en el mundo.
En la entrevista, Aynur Kurmanov no cree las historias sobre divisiones en la élite política ni que Nursultán Nazarbáyev, de 81 años, haya abandonado las riendas del poder. Es posible que eso fuera cierto antes de esta crisis, pero algunos hechos desmienten ahora esa interpretaci´ón. Nazarbáyev fue el presidente de Kazajistán desde 1990 a 2019. Antes había sido el primer secretario del Partido Comunista en Kazajistán desde 1980.
El presidente, Kasim-Yomart Tokáyev, destituyó en los primeros días de la crisis a Nazarbáyev de su puesto al frente del Consejo de Seguridad Nacional. Fue un parricidio político, ya que Tokayév había sido elegido personalmente para el cargo por el único presidente que había conocido el país desde el fin de la URSS. Después hizo lo mismo con el jefe de los servicios de inteligencia, Karim Masimov, que había sido dos veces primer ministro y que formaba parte del clan que defendía los intereses de la familia del expresidente. Un día después, Masimov fue detenido y acusado de «traición» por las autoridades.
Las manifestaciones comenzaron en la región oeste del país, pero se extendieron con gran violencia a Almatí, la mayor ciudad kazaja y capital del Estado hasta 1997, hasta que fueron eliminadas por la policía y el Ejército. Algunos de sus protagonistas no tienen ninguna relación con el movimiento de trabajadores que impulsó la revuelta, sino con grupos criminales. Fue el caso de Arman Dzhumageldiev, alias Arman El Salvaje, un líder mafioso muy conocido en el país, que fue identificado por un activista kazajo de derechos humanos citado por el NYT como uno de los promotores en la calle de los asaltos a instalaciones oficiales.
Es difícil que un delincuente con la amplia carrera delictiva de Dzhumageldiev hubiera sobrevivido durante años sin la connivencia de los servicios de inteligencia que dirigía el destituido Masimov.
El Gobierno de Tokáyev ha denunciado una conspiración exterior con fuerzas entrenadas en el extranjero, así como «un intento de golpe de Estado». Se ha referido a «grupos terroristas». En un intento muy rápido de demostrar que los promotores de la violencia venían de fuera, presentó en la televisión pública a un detenido originario de Kirguistán. En realidad, se trata de un pianista de jazz conocido en su país y que ha actuado en ocasiones anteriores en Kazajistán. Su rostro mostraba señales evidentes de haber sido golpeado.
Tokáyev, de 68 años, es sin duda una carta mucho más sólida que el anciano Nazarbáyev y su círculo familiar para que Kazajistán siga enclavada en la alianza de seguridad que dirige Moscú. El presidente ya dejó claro el sábado a Putin que controla perfectamente la situación y eso es lo único que el Gobierno ruso necesita saber, por mucho que hable de intentos de resucitar una «revolución de color».
Del cerdo se aprovecha todo. Y la política española en su versión más descarnada no está en condiciones de desperdiciar ni una pizca. No se conforma sólo con disfrutar de las porciones más jugosas del animal. Aquí se consume todo, incluidas las partes de peor aspecto. Con los huesos, se hace tanto caldo que al final los políticos no saben ni lo que están comiendo. No importa, todo son proteínas con las que alimentar el ansia desenfrenada por consumir materia prima que genere los excrementos necesarios con los que embadurnar al rival. Si se acerca una fecha electoral, hay que deglutir y evacuar con más intensidad.
Lo bueno de las declaraciones de Alberto Garzón sobre la ganadería es que ha permitido que se hable de un tema que sólo aparecía antes de forma esporádica en los medios y en general circunscrito a la sección de economía. Vamos camino de ser un país en el que haya tantos cerdos como personas. El censo oficial del ganado porcino en España alcanzó en 2020 las 32,6 millones de cabezas. Más del doble que en 1986. Ha crecido un 33% en los últimos quince años. En Aragón ya hay casi siete cerdos por habitante.
No ha sido por un cambio en las costumbres alimentarias. Se trata de una explosión industrial asociada al desarrollo de la ganadería intensiva, en su mayor parte controlada por grandes empresas. Su gran destino es China, a cuyo mercado aumentó la exportación un 111% en 2020.
España se ha convertido en el tercer país del mundo en número de cerdos sacrificados, por detrás de China y EEUU. En cuanto a las cifras de producción de carne, es la segunda de la UE con números casi idénticos a los de Alemania. Pronto la superará. La producción de carne ha descendido en la UE un 5% en los últimos cinco años. En España ha aumentado un 15%.
La película ‘Arrival’ es una de las pocas excepciones en una larga lista de películas que nos presentan la llegada de extraterrestres a la Tierra como un acontecimiento catastrófico o, aún peor, el anuncio de una extinción asegurada. Los alienígenas de la obra de Denis Villeneuve no sólo no quieren destruir nada, sino que entregan un don a los confundidos terrícolas, algunos de los cuales están más interesados en empezar a disparar cuanto antes.
La existencia de vida extraterrestre ha dado lugar a muy interesantes discusiones entre científicos, tanto sobre la probabilidad de su existencia como nuestras posibilidades de descubrirla algún día. Los hay como Stephen Hawking que piensan que sería una mala idea responder si recibiéramos una confirmación de vida extraterrestre inteligente: «Algún día podríamos recibir una señal de un planeta (se refiere a uno como Gliese 832c, un exoplaneta con condiciones relativamente similares a las de la Tierra). Pero deberíamos tener mucho cuidado en responder. Encontrarse con una civilización avanzada podría ser como lo que ocurrió a los nativos americanos al encontrarse a Colón. Eso no acabó bien».
Hawking planteó la hipótesis de que una civilización con la tecnología necesaria para viajar entre galaxias podría utilizarla para conquistar nuevos mundos y colonizarlos. Básicamente, lo que los grandes imperios de la raza humana han hecho a lo largo de muchos siglos sin demasiada preocupación por el bienestar de las poblaciones invadidas. Por no hablar de las especies animales con las que convivimos en el planeta.
En este vídeo, nos explican este dilema partiendo de una idea bien conocida. El universo –o al menos la Vía Láctea– parece estar vacío, ya que no hemos recibido pruebas de lo contrario a pesar de la gran posibilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes. Es la paradoja de Fermi. La respuesta es lo que se ha dado en llamar «el bosque oscuro», que conocerán bien los lectores de la trilogía del novelista chino Liu Cixin.