¿Por qué es tan difícil encontrar la manera de borrar una cuenta de Amazon? ¿Por qué recibes propuestas de unirte a LinkedIn por parte de amigos o gente que tiene tu email?
Lo llaman Dark Patterns. El diseño del interfaz puesto a disposición del usuario se parece en ocasiones a una trampa, una telaraña de la que es difícil escapar.
Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales egipcias arrojan el resultado que todo el mundo sabía que se produciría, porque todos los pasos que dio el Gobierno pretendían obtener ese resultado. Sisi tendrá su reelección con una victoria en torno al 92% de los votos con una participación cercana al 40%, según los medios públicos egipcios.
La ilegalización de los Hermanos Musulmanes y la persecución policial de miles de sus seguidores nunca fueron suficiente para el régimen. Incluso sectores y personalidades que apoyaron el golpe que llevó a Sisi al poder tenían que quedar fuera de los comicios. Todos los posibles aspirantes recibieron un tratamiento similar. El exgeneral Sami Anán fue detenido y procesado. El coronel Konsowa, condenado a seis años. Ahmed Shafik, deportado desde Emiratos y detenido hasta que se lo pensó mejor y cambió de opinión. Khaled Ali, amenazado con el procesamiento, renunció al ver que estaban deteniendo a sus seguidores. Mohamed Anuar Sadat ni se atrevió a dar el paso al tener claro qué iba a pasar con la gente que trabajara en su candidatura.
En el típico caso de sobreactuación en un régimen dictatorial, al final descubrieron que no iba a haber ni un solo candidato más en la papeleta, además del presidente. En pocos días, se montó una candidatura alternativa con Moussa Mustafa, un partidario de Sisi que ni siquiera hizo campaña.
Durante tres días, la mayoría de los colegios electorales ofrecieron un aspecto desolador en un país en que el voto es obligatorio, aunque raramente se multa a quien no vota. La campaña consistió básicamente en ofrecer dinero o comida en las zonas más pobres para que la gente se acercara a los colegios. Una bolsa de comida con aceite, arroz y azúcar era la oferta más habitual. En otros casos, pequeñas cantidades de dinero como 50 libras, equivalente a tres dólares. Los empleados jubilados de las empresas públicas recibieron el aviso de que sus pensiones dependían de su voto. Policías y soldados cumplieron con el voto obligatorio. Los funcionarios recibieron medio día libre para votar y se esperaba que volvieran al día siguiente con un dedo manchado de tinta.
Lo único que puede preocupar a Sisi es el Ejército y los servicios de inteligencia. De ahí que la candidatura del general Sami Anán fuera cortada de raíz, aunque sus posibilidades de éxito fueran nulas. Pero podía servir de banderín de enganche para los sectores del Ejército, en activo o retirados, descontentos con la incapacidad del Gobierno para acabar con la insurgencia yihadista del Sinaí, la situación económica o la decisión de entregar a Arabia Saudí dos islas en el estrecho de Tirán.
Rather than revive the economy, Egypt’s rulers have focused on the one thing they do well: repressing their citizens https://t.co/mhVYJfZF8I
— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) 20 de octubre de 2016
Los egipcios han sido abandonados a su suerte. Cualquier tipo de presión internacional sólo va encaminada a favorecer al régimen. Los países del Golfo, en especial Arabia Saudí y los Emiratos, han financiado al Gobierno con miles de millones de dólares, aunque pronto descubrieron que un Estado disfuncional como el egipcio sólo era capaz de tragarse ese dinero para seguir en una situación similar. Trump es un gran admirador de Sisi, aunque EEUU ha retirado algunas ayudas simplemente como gesto. La Unión Europea se conforma con algunas declaraciones que, como es habitual en estos casos, sólo muestran «preocupación» por la situación de derechos humanos. El Gobierno español recibió en febrero al ministro egipcio de Exteriores al que premió con una audiencia con el rey y una invitación en el Bernabéu para ver en el palco de autoridades un partido del Real Madrid.
La única prioridad del Gobierno egipcio es la represión. La Constitución prohíbe una nueva reelección de Sisi, pero lo más probable es que sea reformada cuando se acerque el final del nuevo mandato del presidente. Todo seguirá igual, siempre que Sisi mantenga vigilado al Ejército. Esa es la única circunscripción electoral que le preocupa.
Foto: soldados egipcios vigilan la entrada a un colegio electoral en El Cairo. EFE.
«In America, you can always find a party. In Russia, Party always finds you».
La frase –tiene gracia en inglés porque party significa fiesta y partido– es el ejemplo más citado de Russian Reversal. Pero el giro ha sobrevivido a la Guerra Fría y ahora podemos decir algo así como que en Facebook creemos que leemos las noticias, cuando en realidad son las noticias (y Facebook) las que nos leen a nosotros. O, como dice John Green, antes tú veías la televisión, y ahora es la televisión la que te ve a ti (por el doble significado de watch, ver y vigilar).
En 2011 la mayor estrella emergente de la política alemana recibió la visita de su pasado. La opinión pública supo que el doctor Karl-Theodor zu Guttenberg, ministro de Defensa, había plagiado cerca del 20% de su tesis doctoral. Se resistió durante dos semanas, pero al final tuvo que aceptar los hechos. No se puede decir que se hubiera quedado solo. Había recibido el apoyo de Angela Merkel y de dos de los principales periódicos del país, el diario tabloide Bild y el semanario Die Zeit.
Altos cargos de los dos partidos conservadores– la CDU y la CSU, el partido de Guttenberg–, no pensaban lo mismo y no tuvieron inconveniente en contarlo a los medios. El escándalo era «un clavo en el ataúd de la confianza en la democracia», llegó a decir el portavoz del grupo parlamentario de la CDU. El asunto «daña a la CSU y al propio Guttenberg», admitió un exlíder de la CSU.
Algunos medios empezaron a llamarle Barón zu Googleberg. Lo de Google era por lo de copiar y pegar. En la política alemana, el bochorno puede tener más peso que la mismísima Merkel.
En términos de vergüenza, Cristina Cifuentes ha superado de largo los niveles que alcanzó Guttengerg. Una portavoz de la presidenta de Madrid dijo a este diario que Cifuentes había aprobado el máster realizado en 2012 dos años después al faltarle dos asignaturas, una de ellas el trabajo final. Dos años es un plazo lo bastante amplio como para acordarse. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos lo negó y dijo que ya estaba aprobada desde 2012, pero que se había producido un «error de transcripción» al incluir las notas. Lo hizo una funcionaria del centro que ni siquiera era profesora modificando un acta para lo que se requiere legalmente un procedimiento que implica a varias personas que resulta que no han aparecido.
A menos que estuviera escrito en pergamino y conservado en la biblioteca no informatizada de un monasterio, el centro podía haber hecho público de inmediato el trabajo final con la fecha correspondiente, pero Cifuentes no lo autorizó en ese momento. El registro de la secretaría confirmó que Cifuentes no aprobó el máster en 2012, porque meses después pagó las tasas correspondientes (6,11 euros), no la matrícula entera, para presentar el trabajo más tarde. Los alumnos del máster no recordaban haberla visto nunca en las clases.
Todo esto es algo más que un caso agudo de ego académico. Un cambio del expediente académico podría suponer un delito de falsificación en documento público, castigado en el Código Penal con penas de tres a seis años de cárcel.
Quizá por eso el rector de la universidad, después de zanjar el asunto en rueda de prensa en un gesto de «transparencia» –sí, lo dijo así–, anunció al día siguiente que había ordenado una investigación de algo que un día antes ya estaba resuelto. Por si acaso.
Cifuentes no quiso hablar con este diario. Sí lo hizo el primer día por la noche en dos entrevistas muy amables en las que se atuvo a la versión dada por la universidad. Ofreció varios argumentos de peso. «Soy hija de militar», «me he criado en la cultura del esfuerzo» y «no dar un paso atrás ni para tomar impulso». Esta es una frase que pronunció Fidel Castro en un discurso en 1961 y que repitió en muchas ocasiones. Tras este hito retórico, Cifuentes grabó un Periscope para arengar a las tropas y se fue a dormir.
Con el fin de justificar una ausencia en un acto universitario el viernes programado en su agenda, la gente de Cifuentes dijo que se encontraba tan mal que estaba «con un paracetamol de un gramo», un medicamento que los españoles sólo toman si están al borde de la muerte.
Cifuentes reapareció este lunes en un discurso ante los dirigentes del PP madrileño cuya señal de vídeo se pasó a los medios. Fue un plasma como el de Rajoy. No porque se facilitara la imagen de un discurso de una reunión interna del partido, algo nada insólito, sino porque se hizo para no tener que dar una rueda de prensa o varias entrevistas. Se dijo que iba a hacer después unas breves declaraciones, pero el riesgo era demasiado alto: «Desde su equipo de prensa, aseguran que no lo ha hecho por indicación de su abogada particular». Hay abogados que conocen su trabajo.
El discurso fue todo un déjà vu. Parafraseando la mítica intervención de Rajoy por el caso Gürtel en 2009, esto no era una trama de Cifuentes, sino una trama contra Cifuentes. Ella era la heroína, porque «levantar alfombras, abrir ventanas y regenerar la vida política y las instituciones, afecte a quien afecte y caiga quien caiga, tiene un alto precio». Se presentó como víctima de un «linchamiento», ideado por los dirigentes anteriores del PP madrileño y ejecutado por medios que buscan «el share y los clicks» a cualquier precio.
España no es Alemania y el PP no es la CDU. De forma inevitablemente anónima, dirigentes del PP explicaron a algunos medios su visión del asunto: «Cuando le escuché sus explicaciones, cuando dijo desconocer dónde se encuentra el trabajo, cuando aseveró que lo tendrá la universidad y todo eso, es cuando supe que algo huele muy mal. Que nada sonaba a cierto». Eso en un medio que de forma muy caritativa definía la polémica como una «pifia».
«Siempre le perseguirá ya la duda de si le han regalado un máster», decían fuentes del PP en otro artículo. «Si el máster ‘mata’ a la presidenta, se acabó el PP de Madrid», era otro titular. Ya sabemos cómo funciona el partido, así que no sería aventurado sospechar que la presidenta madrileña piensa que eso es lo único que puede salvarla. Lo mismo el titular es un aviso para quien tenga que escucharlo.
Cifuentes anunció en su discurso una querella (lo llamó «querella criminal», una redundancia, como hacen los políticos cuando quieren dar a entender que están enfurecidos) contra el director de eldiario.es y la autora de las detalladas y documentadas informaciones.
Cuando estás desesperado, corres el peligro de que algunas personas no quieran ser procesadas por defender una versión oficial desmentida por documentos oficiales, y sabes que los tuyos no te creen, la última medida que te delata es anunciar una querella contra los periodistas para sostener el honor que te queda. Eso y el paracetamol de un gramo.
Lo último que hemos sabido es que la presencia de Cifuentes en el máster era virtual. Para intentar explicar por qué ninguno de sus alumnos la vio en carne y hueso, su equipo ha dicho que había llegado a «acuerdos» con los profesores para no asistir a las clases.
Cifuentes recibió un trato de favor de la universidad antes, durante y después del máster dejando un rastro documental revelador. Para ella, contar hechos contrastados es un “linchamiento”. Para los demás, es limpieza.
Publicado en eldiario.es
Centenares de miles de personas, con una inmensa presencia de jóvenes y adolescentes se han reunido en Washington, y muchos más en otras ciudades de EEUU en la Marcha por Nuestras Vidas. En el acto final de Washington, han tenido un protagonismo especial los estudiantes del instituto Stoneman Douglas de Parkland, Florida, donde fueron asesinadas 17 personas. En uno de los momentos más emocionantes, Emma González pidió seis minutos y 20 segundos de silencio a la multitud por el tiempo que duró el tiroteo del instituto.
Emma Gonzalez stayed on stage at the D.C. #MarchForOurLives rally for 6 minutes and 20 seconds – the duration of the Parkland shooting. https://t.co/B7yFTn23Nz pic.twitter.com/jdyYagtZCO
— ABC News (@ABC) 24 de marzo de 2018
Naomi, de 11 años: «Estoy aquí para representar a todos las chicas afroamericanas cuyas historias no aparecen en las portadas de los grandes periódicos, cuyas historias no aparecen en los informativos de televisión».
Powerful stuff here from an 11 year old named Naomi, who called out both gun violence in the African American community — & a media that doesn’t always cover it the same way that it covers gun violence in white America. pic.twitter.com/wzgN8uXVwt
— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 24 de marzo de 2018
La vida política de Cataluña está en manos de un juez del Tribunal Supremo con tal capacidad de fabulación que es capaz de reescribir los acontecimientos que han tenido lugar en esa comunidad autónoma en el último año. La desconexión total con la realidad en boca de un político o periodista puede ser criticable, o debe serlo, pero en el caso de un juez es mucho más grave por afectar de forma inevitable a derechos fundamentales.
Pablo Llarena ha decidido este viernes el ingreso en prisión incondicional de Jordi Turull, que es candidato a la presidencia de la Generalitat, y de Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. Todos ellos tendrán que responder de su actuación política y de los delitos por los que se les acusa, pero tienen derecho a permanecer en libertad a la espera de juicio a menos que se den una serie de circunstancias muy concretas.
En la argumentación de esas circunstancias, Llarena distorsiona la realidad de lo ocurrido en Cataluña hasta extremos difíciles de creer. En sus diez folios, conmina a los acusados a renunciar a sus pecados porque los considera culpables antes de que se celebre el juicio. Y ni aun así podrían acceder a la libertad condicional, porque tendrían que pasar por el análisis psicológico que hace el juez, y ahí tienen todas las de perder.
Con Llarena, no es posible sostener que se esté aplicando el principio de presunción de inocencia de los acusados. Va más allá, les niega en la práctica el derecho de los políticos encarcelados a creer que son inocentes. Es más, lo considera poco menos que un agravante que impide su puesta en libertad tras su declaración.
«Y puesto que esos argumentos [con los que justificaban su desobediencia de las decisiones judiciales del año pasado] son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos».
«En su esfera psicológica interna», escribe Llarena en calidad de perito psicólogo, aunque antes había escrito que «lamentablemente es de imposible percepción cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados». Unos párrafos después, lo imposible pasa a ser evidente.
No aprecia que vayan a respetar las decisiones del instructor del caso, porque además no aceptan «la presunta ilegalidad» de sus actos. Si se consideraran culpables antes del juicio, se supone que la cosa sería diferente.
«El acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie», afirma en un castellano no muy claro. Es probable que quiera decir que ‘no habrá acatamiento del tribunal hasta que cambien su voluntad’.
Nos encontramos ante una situación similar a la que se produjo tras la decisión de la Audiencia Nacional sobre el encarcelamiento de Oriol Junqueras y varios exconsellers. El entonces fiscal general José Manuel Maza afirmó en una entrevista que la decisión jurídica sobre la situación personal de los imputados podría haber sido diferente si hubieran acatado la Constitución en su declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional. Si los acusados hubieran manifestado una determinada opinión política, la decisión del fiscal y la jueza podría haber sido otra. “A lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”, explicó.
Quedó claro entonces como ahora que la Justicia no está sólo valorando hechos, sino también ideas políticas. No son sólo los actos que realizaste en calidad de alto cargo de una Administración los que pueden negarte la libertad condicional, al considerarse la gravedad del delito, sino también tus opiniones.
Pœnitentiam agite: appropinquavit enim regnum cælorum (Arrepentíos. El Reino del Cielo está cerca).
En el otro auto en el que procesa a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los demás líderes independentistas, Llarena pone a prueba su imaginación y da a entender que los acusados estuvieron a punto de conseguir sus objetivos, una opinión personal que no creo que comparta mucha gente informada o en su sano juicio. Todo con la intención de justificar la imputación del delito de rebelión, que exige una intención, planificación y ejecución de actos violentos que nadie ha visto y que aparentemente podrían haber concedido la victoria a los acusados.
Explica que la actuación violenta requiere tres elementos, y que uno de ellos debe ser de entidad suficiente para que pueda «doblegar la voluntad de aquel contra quien se dirige». La idea de que el Estado podía doblegarse sólo por la manifestación ante la Conselleria de Economía, por las declaraciones de los políticos independentistas o por la celebración de la consulta del 1 de octubre es tan absurda que casi no es necesario ni refutarla.
Los acontecimientos posteriores al 1-O lo dejan claro, y también lo ocurrido tras las elecciones. El Estado nunca estuvo indefenso ante el reto independentista. La actuación de los tribunales y la decisión del Gobierno de aplicar el 155 desmienten con claridad esa supuesta capacidad de los acusados de someter a las instituciones a su voluntad con ayuda de la violencia.
Pero si Llarena se refiere estrictamente a la concentración ante la Conselleria cuando agentes de la Guardia Civil estaban realizando un registro en su interior, la cosa es aún peor. Sostiene que esa noche hubo «una real restricción de la capacidad de actuación» del Estado a causa de la presencia en la calle de miles de personas.
El hecho evidente es que los agentes realizaron en el interior del edificio las funciones que tenían encomendadas durante el tiempo que necesitaron. La concentración sí impidió su salida normal, que tuvo que aplazarse varias horas, sin que nunca quedara claro por qué algunos agentes sí pudieron salir unas cuantas horas antes que los otros.
La responsabilidad de los mandos de los Mossos por no haber despejado la calle antes (después sí hubo cargas de los antidisturbios de los Mossos) será la que dicten los tribunales si ese es el caso. Afirmar que el presunto carácter violento del desafío independentista empieza y acaba en lo ocurrido esa noche a la hora de justificar un ingreso en prisión es algo que se puede hacer en un artículo de opinión publicado en un medio de comunicación, pero no en un auto judicial que limita derechos fundamentales. Al autor de ese artículo se le puede llamar manipulador, pero está en su derecho de manifestar esa opinión. Un juez del Tribunal Supremo no es un editorialista ni un tertuliano.
Pero parece que Llarena no resiste lo que podríamos llamar la tentación del tertuliano cabreado y se lanza a un símil, esa figura retórica tan maltratada en los programas de televisión. Compara la actuación violenta ante la Conselleria con «un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire», que podría ser una comparación estrambótica con los guardias civiles de Tejero entrando a tiros en el Congreso en el golpe del 23F.
Di lo que quieras de los tertulianos más airados pero al menos no meten a la gente en prisión con sus elucubraciones. No se puede decir lo mismo de Llarena.
Para hacer ostentación del peligro que suponía el enemigo, Llarena se convierte en propagandista involuntario de la fortaleza política de los indepes (recordemos que intenta argumentar que estuvieron a punto de conseguir su objetivo de la independencia) hasta el punto de referirse a « un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y, por tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz».
Muy eficaz. Cualquiera que haya visto el ridículo internacional sufrido por los independentistas (Puigdemont llegó a afirmar en pleno delirio en un mitin que el Departamento de Estado y Jean-Claude Juncker prácticamente habían reconocido la voluntad de los catalanes de formar un Estado propio). El reconocimiento internacional que estaba casi hecho no apareció por ninguna parte, como era previsible, excepto el apoyo recibido de los partidos ultranacionalistas flamencos.
El «armazón internacional» sólo existe ahora en la cabeza de Llarena, y quizá antes en las de Romeva y Puigdemont.
Más allá de la responsabilidad jurídica de cada uno de los encausados, estamos ante un problema político gravísimo que no tendrá solución si no se reconstruye la convivencia política y social en Cataluña. Tampoco será posible si los políticos independentistas asumen su parte de responsabilidad en el fracaso de su estrategia.
A lo más que han llegado algunos es a afirmar que no contaban con que el Estado reaccionara con tanta agresividad contra Cataluña, lo que es un argumento tan penoso como falso, porque esa era una de las razones con las que justificaban su campaña independentista.
Vendieron a sus votantes que eso estaba hecho y que sólo tenían que depositar un voto en una urna. La confusión del campo independentista después del 1-O y la inmensa decepción de sus bases por una secesión que sólo duró ocho segundos han sido la principal consecuencia de una estrategia política que sólo podía conducir a la derrota.
Pero ahí ha aparecido en su rescate el juez Llarena, que se presenta como el cirujano de hierro y salvador de la patria que acabará con la enfermedad y que lo único que conseguirá es perpetuar este cisma durante una generación. No se puede gobernar un país desde un despacho del Tribunal Supremo y menos con la visión deformada de la realidad de la que hace gala este magistrado.
Publicado en eldiario.es
Donald Trump nos ha dado más motivos para pensar en la invasión de Irak de la que se cumple estos días el 15º aniversario. Tras varias semanas de rumores y desmentidos, el presidente de EEUU ha decidido prescindir de su consejero de Seguridad Nacional, el general McMaster, y nombrar en su lugar al neocon más habitual en los programas de Fox News, John Bolton, de 69 años.
En un artículo que ya tenía preparado, Fred Kaplan opta por el mensaje directo en el titular: «It’s Time to Panic Now».
El máximo consejero del presidente en asuntos de política exterior pasa a ser un hombre que siempre ha pensado que EEUU debe solucionar los problemas internacionales complejos con el máximo uso de la fuerza. Su argumento habitual frente a la amenaza real o ficticia de cualquier adversario de EEUU es que es mejor atacar antes de que sea demasiado tarde. Cuando otros piensan que antes de apostar por la vía militar es mejor pensar en las consecuencias, Bolton está convencido de que la destrucción del enemigo es la mejor consecuencia posible.
En la Administración de George Bush, tuvo dos puestos que eran la antítesis de sus ideas. Fue subsecretario de Estado para el Control de Armamento (cuando siempre estuvo en contra de los tratados firmados por su país en esa materia) y embajador en la ONU (cuando despreciaba a las Naciones Unidas, de la que dijo que si perdiera diez plantas de su edificio de Nueva York, no habría ninguna diferencia). En realidad, intentaron colocarle en dos ocasiones en puestos más importantes, pero la presión de altos cargos de la Administración de Bush y de congresistas republicanos lo impidió.
Bolton está entre los altos cargos de ese Gobierno que, inmediatamente después de la invasión de Irak, empezaron a insistir en que el siguiente paso debía ser Irán. Algunos incluso antes. Hay una frase que circuló bastante esos días: «Cualquiera puede ir a Bagdad. Los hombres de verdad quieren ir a Teherán» (aunque los que pronuncian este tipo de frases nunca han ido a la guerra; son los que se dedican a enviar a otros). Fue pronunciada por un alto cargo del Gobierno no identificado en mayo de 2003. Quizá no fue Bolton, pero le define a la perfección.
Otra de sus características: su capacidad de sostener acusaciones sin ninguna prueba que las sustente o basadas en información de los servicios de inteligencia que raramente cuenta con base para sostenerlas en público. A veces, incluso se las inventaba.
En su época en el Departamento de Estado, quiso incluir a Cuba en la lista de países del llamado eje del mal (es decir, Irak, Irán y Corea del Norte). Alegaba que en la isla existía un programa de armas biológicas, que nadie más que él conocía.
De ahí su fama de estar dispuesto a distorsionar hechos para que se acomoden a su visión ideológica. Eso lo hace peligroso ahora, porque la labor del consejero de Seguridad Nacional, entre otras cosas, es la de seleccionar la información que llega al presidente sobre política exterior para que tome sus decisiones.
Durante los años de Obama, se mostró radicalmente en contra de negociar con Irán un acuerdo sobre su programa nuclear. Daba por hecho de que se trataba de un programa de armas nucleares y que las sanciones existentes no servían ya de nada. En marzo de 2015, escribió un artículo en el NYT de titular nada ambiguo: «To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran». Frente a los que argumentaban que una campaña de bombardeos sólo podría retrasar unos años el supuesto programa militar nuclear en el mejor de los casos, su respuesta era muy sencilla. Más guerra: «Tal acción debería combinarse con un fuerte apoyo norteamericano a la oposición iraní con el objetivo del cambio de régimen en Teherán».
Lo escribió una década después de que hubiera quedado muy claro que los planes norteamericanos en Irak no habían salido como se esperaba.
Más recientemente ha recomendado la misma medicina para Corea del Norte. En un artículo del 28 de febrero en el WSJ, pidió directamente un ataque preventivo contra ese país. «Es perfectamente legítimo que EEUU responda a la actual ‘necesidad’ planteada por las armas nucleares de Corea del Norte atacando primero», escribió como conclusión en la última frase.
Bolton es miembro destacado desde hace años del American Enterprise Institute, el think tank más identificado con los neocon. Pero se puede argumentar que él no es un auténtico neoconservador porque no comparte la retórica de muchos de sus colegas en favor de extender la democracia liberal en el mundo para someter a los adversarios y situarlos en la esfera de influencia de EEUU. En ese sentido, Bolton se parece más a Dick Cheney, que por lo demás cobijó a muchos neocon en los años de Bush.
La prioridad para Bolton es asegurar la hegemonía de EEUU en el mundo y si para ello hay que apoyar a dictaduras, eso no es un problema siempre que sean regímenes aliados de Washington. Por eso, consideró muy perniciosa la Primavera Árabe, aunque apoyó sin duda la intervención en Libia.
¿Cómo se combina la elección de Bolton con las reticencias de Trump cuando McMaster y el Pentágono le tuvieron que convencer de que debía enviar más tropas a Afganistán? ¿O con su inesperado anuncio de estar dispuesto a reunirse con Kim Jong-un? Quizá no tenga sentido especular sobre los deseos en política exterior de un presidente que puede cambiar de opinión en cuestión de días. Desde luego, la retórica trumpiana de responder a todos los conflictos con amenazas, de alardear del poder militar de EEUU y de poner los intereses norteamericanos por encima de los de sus aliados es perfectamente coherente con las ideas de Bolton. Para este, la diplomacia suele ser una pérdida de tiempo. La guerra es la primera respuesta, no la continuación de la política.
Y quizá, al igual que con McMaster, Trump se canse en unos meses de Bolton, que es un ideólogo convencido y nada acostumbrado a resignarse a los deseos de un presidente. Eso permitiría no adelantar más el reloj simbólico del apocalipsis nuclear, lo que sería un gran alivio, dado que ahora está a dos minutos de la medianoche.
Foto: Bolton en su discurso en el pleno del Conservative Political Action Conference (CPAC) en 2015. Cage Skidmore CC.
En el caso de Facebook, se puede decir eso de ‘no les llaman redes sociales por nada’. Si estás dentro, y tu círculo personal también, te han lanzado una red de la que será muy difícil soltarse. ‘Delete’ no es suficiente.
Channel 4 ha ofrecido en la noche del lunes el desenlace más adecuado para continuar las informaciones de los últimos días sobre la empresa Cambridge Analytica y sus relaciones con Facebook. Un reportaje de cerca de 20 minutos realizado con cámara oculta en su casi totalidad muestra conversaciones de los dos principales responsables de la compañía, Alexander Nix y Mark Turnbull, en las que estos explican sin problemas a unos clientes potenciales por qué son la alternativa perfecta para conseguir que en unas elecciones, en este caso en Sri Lanka, gane el candidato correcto.
Gracias a esos diálogos donde vemos a los jefes de CA vender con seguridad y un punto de arrogancia las virtudes de su trabajo, descubrimos que su especialidad va más allá de los algoritmos y la información que los usuarios de redes sociales vuelcan en plataformas como Facebook. La suya es una empresa integral en el negocio de ganar elecciones que no desdeña las tareas digamos tradicionales con las que se han manipulado elecciones por todo el mundo durante décadas. Difundir rumores y noticias falsas, contratar a antiguos agentes de inteligencia para sacar trapos sucios de los partidos rivales e incluso utilizar chicas guapas para conseguir situaciones comprometidas.
El equipo de Channel 4 se hace pasar por representantes de una persona con mucho dinero de Sri Lanka que pretende que gane su partido. En su primera cita se ven con Mark Turnbull, director general de CA, y Alex Tayler, ‘chief data officer’. Ahí se habla mucho de la parte del negocio que ha hecho famosa a la empresa por su intervención en la campaña de Donald Trump. Hay que conocer las esperanzas y los miedos de los votantes, incluidos aquello «de lo que no se habla», los que son casi «inconscientes». «No es bueno luchar en las campañas electorales basándose en los hechos, porque en realidad todo tiene que ver con las emociones», aconseja Turnbull.
Pero también hay espacio para asuntos más confidenciales. Les preguntan sobre información de inteligencia: «Tenemos relaciones y acuerdos con organizaciones especializadas que hacen ese tipo de trabajo». En futuras reuniones, concretarán mucho más. Queda clara su experiencia por todo el mundo. Afirman que han trabajado en África, México, Argentina, India y la República Checa, y que próximamente lo harán en Brasil (donde deben celebrarse elecciones presidenciales y legislativas en octubre de 2018), Australia y China (en el caso de China, no en el tema electoral, obviamente),
El reportaje recuerda lo que pasó en Kenia, donde Cambridge Analytica trabajó en secreto para el presidente Uhuru Kenyatta. La campaña de 2017 estuvo marcada por la desinformación y los trucos sucios, incluidos vídeos de tono «apocalíptico» sobre una posible victoria de la oposición. Kenyatta ganó esas elecciones, anuladas después por el Tribunal Supremo, que ordenó su repetición. El presidente consiguió otra vez la victoria, esta vez en buena medida a causa del boicot de la oposición. Fue un espectáculo político deplorable para Kenia y un gran éxito para CA.
Los responsables de la empresa comunican que ellos no se limitan a asesorar. Dirigieron las campañas de Kenia de 2013 y 2017, cuentan, escribieron el programa electoral del partido en el poder, hicieron dos sondeos con una muestra de 50.000 personas y escribieron los discursos: «Lo diseñamos todo».
En la siguiente reunión, van un poco más lejos. Sobre la posibilidad de conseguir información negativa sobre los rivales, tienen recursos suficientes. «Conozco gente que trabajó para el MI5 y MI6 (los servicios de inteligencia británicos). Ahora trabajan para organizaciones privadas Encontrarán todos los esqueletos en su armario (del partido rival) y de forma discreta os entregarán un informe», explica Turnbull.
Un dato más que deben conocer sus interlocutores. «Quizá tengamos que firmar el contrato con un nombre diferente (no el de CA) para que no exista ningún rastro escrito con nuestro nombre».
No es el momento de enseñar todas las cartas. Turnbull alega que no están en «el negocio de las noticias falsas, las mentiras y las trampas». «No enviaríamos a una chica guapa a seducir a un político y grabarle en el dormitorio». Quizá no convenga asustar tan pronto al cliente. Todo tiene su ritmo.
Hay una reunión final y en ese momento ya no es necesario disimular. Asiste también el máximo responsable de Cambridge Analytica, Alexander Nix, del que ya conocemos, gracias al testimonio de Christopher Wylie, su participación decisiva en la fundación de la compañía, su colaboración con la campaña de Trump y su utilización de los recursos conseguidos gracias a Facebook y vulnerando la privacidad de los usuarios.
Nix va al grano, como se puede ver en el reportaje. Básicamente, está garantizando la victoria electoral con todos los medios que sean necesarios. «Hay que asegurarse de que haya un vídeo. Estas tácticas son muy efectivas. Tener pruebas de corrupción de inmediato con un vídeo y luego ponerlo en internet». ¿Quién se ocuparía de eso?, le preguntan. «Alguien a quien conocemos», es la respuesta (más tarde dirá que subcontratan esos servicios a empresas británicas o israelíes, como ya hicieron en un país de Europa del Este).
El ejemplo que da consiste en enviar a alguien que se haga pasar por un rico empresario (a los británicos les encanta hacer chistes en estas situaciones y Turnbull suelta: «Soy un maestro de los disfraces»). «Ofrecerá una gran cantidad de dinero al candidato para financiar su campaña a cambio de tierras por ejemplo».
Un intento de soborno a un candidato es un delito en Reino Unido y EEUU, dos países en los que CA cuenta con sedes, además de en los países en cuyas campañas ha trabajado la empresa.
Nix está lanzado. «Enviaremos a algunas chicas a la casa del candidato». «Es sólo una idea, podemos enviar a unas ucranianas que estén de vacaciones. Ya sabe a qué me refiero». Sus interlocutores se ríen. Ya saben a qué se refiere y les encanta que lo haya dicho mientras se está grabando la conversación.
También tiene en mente la posibilidad de que algo salga mal, que el candidato rival no coja el dinero o que las chicas no consigan su objetivo. El objetivo no es conseguir pruebas irrefutables. «Suena un poco terrible decirlo, pero estas cosas no tienen que ser ciertas en la medida en que la gente se las crea».
Se trata de jugar sucio, de hacer ver a los votantes que la oposición es tan corrupta como los que están en el poder. Ya habían dicho que en una campaña las «emociones» son más importantes que los hechos.
«Sólo le estoy dando algunos ejemplos de lo que puede hacerse. Lo que se ha hecho».
De lo que se ha hecho. Cambridge Analytica lleva en el negocio el tiempo suficiente como para ofrecer resultados palpables en la manipulación de las urnas y de la voluntad de los votantes. Si algo sale mal y todo acaba en descrédito de la democracia o en violencia, el Gobierno del país donde CA tiene su sede principal siempre podrá decir que está «profundamente preocupado» por los acontecimientos y pedirá «contención» a las partes enfrentadas. Para entonces, Cambridge Analytica ya habrá cobrado sus honorarios.
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14.00
Un reportero de Channel 4 ha preguntado a Alexander Nix sobre las revelaciones conocidas gracias al programa de ayer. Su respuesta: «Las apariencias pueden ser engañosas».
"Why did your company say they could send Ukrainian women round to a political opponent's house?"
This is what happened when Channel 4 News confronted Cambridge Analytica bosses about entrapment. pic.twitter.com/BuyTlOelFV
— Channel 4 News (@Channel4News) 20 de marzo de 2018
«Las empresas que ganan dinero recogiendo y vendiendo registros detallados de la vida privada de las personas eran descritas antes sin más como ‘empresas de vigilancia’. Su conversión a la definición de ‘medios sociales’ es el engaño más efectivo desde que los ministerios de la Guerra pasaron a llamarse ministerios de Defensa».
Edward Snowden no podía tener más razón al comentar con estas palabras el escándalo conocido este fin de semana en relación al uso de los datos personales de decenas de millones de usuarios de Facebook por la empresa Cambridge Analytica, que tuvo un papel clave en la estrategia digital de la campaña electoral de Donald Trump. Las redes sociales, y en especial Facebook, se han convertido en un agujero en el que millones de personas vuelcan sus gustos personales (sus ‘likes’), sus ideas políticas y su vida, y toda esa información es una materia prima de un inmenso valor para las campañas políticas, las grandes corporaciones y los servicios de inteligencia.
Como dice Snowden, y han recordado antes muchas otras personas, esa información que ofrecemos sirve para vigilarnos. En una dictadura con acceso a los mejores medios tecnológicos, sería útil para encarcelar a los críticos con el sistema, y ya hay algunas que compran tecnología a empresas occidentales, o la desarrollan ellos mismo como es el caso de China. En EEUU y Europa, empresas y partidos políticos pueden tener acceso a ella si pagan lo suficiente para emplearla en las campañas electorales.
Ahora tenemos más claro que lleva muchos años utilizándose en campañas de todo el mundo, pero es en estos momentos, gracias al caudal inmenso de información que entra y sale de Facebook, cuando sus consecuencias pueden ser más graves.
Lo que en otras circunstancias quizá podríamos denominar como el uso inteligente y moderno de las nuevas tecnologías en las campañas políticas cobra un aire más siniestro cuando las empresas ni siquiera respetan las leyes. Ese no es el único problema, porque en estos casos se suele hablar también de las «zonas grises», una forma de describir normas que no sirven en el mundo real para proteger la privacidad de los ciudadanos y que son fácilmente superadas por las empresas, los partidos y organismos gubernamentales interesados en lo que decía Snowden: vigilar a las personas. Y aun más: cambiar su conducta (en las urnas, en sus decisiones como consumidor) en favor del cliente que paga.
No sabríamos nada de lo que ocurrió con Cambridge Analytica, sólo sospechas o indicios sólidos, pero no lo suficientes para alertar a todos, si no fuera por la decisión de otro ‘whistleblower’, otro joven que trabajó dentro de esa maquinaria hasta que decidió contarlo todo. Otro Snowden, otro Manning. Christopher Wylie comparte con el primero un cerebro privilegiado y con el segundo, un pasado personal difícil en el que le costó encajar con el resto de la sociedad.
Muchas empresas le habrían ofrecido cantidades ingentes de dinero para trabajar con ellos. Prefirió renunciar a ese futuro en el que no le iba a faltar dinero y contar lo que sabe, lo que quiere decir que se ha colocado en una situación que le puede acarrear serios problemas legales.
«Facebook are yet to acknowledge that this involved around 50 million users.»
Cambridge Analytica, a firm linked to Trump’s win, has been suspended from the Facebook platform following the revelations of this whistleblower – who spoke to @Channel4News. pic.twitter.com/yB2KZ8jEd8
— Channel 4 News (@Channel4News) 17 de marzo de 2018
Cambridge Analytica se hizo con la información de 50 millones de perfiles de Facebook violando las normas de la compañía y aprovechándose de la pasividad de la empresa a la hora de proteger los datos de sus usuarios. Su historia empieza antes, cuando su principal responsable ejecutivo, Alexander Nix, comenzó su actividad de prospección de datos personales con fines políticos en otra empresa, SCL Group, para lo que contrató a Wylie.
Nix dirigía la división de SCL Elections dedicada a la intervención en procesos electorales desde hace muchos años, desde los años 90. Entre los clientes de la corporación estaban el Ministerio británico de Defensa y el Pentágono. Su especialidad eran y son las comunicaciones estratégicas, una forma elegante de describir la capacidad de intervenir en procesos electorales de todo el mundo o en mejorar la implantación y resultados de una empresa en esos países.
En su web en español, la empresa describe sus méritos: «No presuponemos ni dejamos nada al azar, analizamos y dejamos que nuestros análisis de datos nos guíen para elaborar nuestras estrategias e impulsar el cambio conductual. Diseñaremos una estrategia robusta y clara para implicar a su público en el lugar correcto y de la manera correcta».
En su web en inglés, son algo más precisos: «Desde hace más de 25 años, hemos realizado programas de cambio de conducta en más de 60 países y hemos sido reconocidos por nuestro trabajo en el cambio en asuntos sociales y de defensa». Presumen de que gracias a su tecnología que combina minería de datos, estadística e inteligencia artificial pueden «prever cómo se comportará la gente» e «influir en los grupos elegidos».
Su ocupación también podría describirse como «operaciones psicológicas» o «guerras psicológicas» en el caso de producirse en un conflicto político o militar.
Wylie cuenta a The Guardian cómo cree que Steve Bannon supo de la existencia de SCL. Todo se originó en una conversación entre un consultor republicano y un experto en ciberguerra de la Fuerza Aérea de EEUU. Este último le dijo: «Oh, deberías conocer SCL. Hacen ciberguerra para las elecciones».
Nix y Wylie conocieron en el otoño de 2013 a Steve Bannon, y gracias a él al multimillonario Robert Mercer, a los que convenció del potencial político de estas estrategias en una campaña electoral. El apoyo de Bannon, entonces el jefe de la web ultraconservadora Breitbart News y después jefe de la campaña de Trump y su principal consejero estratégico en la Casa Blanca hasta su dimisión fue decisivo para que se formara una nueva compañía en EEUU a la que se llamó Cambridge Analytica para que pudiera participar en las campañas electorales de ese país.
Tenían ahora todo el dinero que necesitaban, pero se enfrentaban a un problema. La obtención de datos personales sin violar la ley, a través de incentivos para que la gente se preste a instalar una aplicación que registre sus preferencias en las redes sociales, es una actividad muy cara.
Ahí es donde aparece el motivo por el que la empresa llevaba el nombre de Cambridge. Se aprovechó de los trabajos en esa dirección que se estaban realizando en un centro de la Universidad de Cambridge, que había tenido un gran éxito gracias al trabajo de dos psicólogos, Michal Kosinski y David Stillwell, dedicados al estudio de la personalidad a través de apps para Facebook. Una de esas aplicaciones tuvo mucho éxito y a partir de un test de personalidad recibió el permiso de muchos usuarios para acceder a sus perfiles de Facebook. El objetivo: establecer correlaciones entre las características de esos usuarios y toda una gama de sus preferencias personales.
Sería un error pensar que este objetivo parece algo trivial más allá del estudio académico de la psicología. Como cuenta The Guardian, los trabajos de Kosinski y Stillwell recibieron el apoyo de empresas y servicios de inteligencia. Las posibles aplicaciones en el campo de la vigilancia resultaban obvias.
Un profesor de la universidad de Cambridge, Alexander Kogan, fue la pieza que necesitaba Cambridge Analytica para desarrollar todo su potencial al no poder contar con la colaboración de Kosinski y Stillwell al no fructificar las negociaciones económicas. Desarrolló su propia app y comenzó a recibir datos que puso en manos de sus nuevos jefes. La justificación que se dio a Facebook es que se hacía con fines académicos. Eso es también lo que se dijo a los usuarios de la red social que aceptaron instalarse la app thisisyourdigitallife a cambio de una compensación económica. Eran centenares de miles de personas, pero la app se diseñó –y ahí es donde dio el gran salto– para que recogiera también los datos y actividad de sus amigos en Facebook.
Unas 270.000 personas habían aceptado formar parte del supuesto experimento académico. Gracias a las características de esa app, y a la incapacidad de Facebook de proteger la privacidad de sus usuarios, su alcance fue exponencialmente mayor.
Cambridge Analytica recibió información sobre 50 millones de perfiles de Facebook. De ellos, 30 millones incluían datos personales suficientes como para poder elaborar un completo perfil psicológico de sus usuarios y de sus temas de interés.
«Facebook tenía que ver lo que estaba ocurriendo», cuenta Wylie. «Sus protocolos de seguridad se activaron porque las apps de Kogan estaban sacando una cantidad enorme de datos, pero aparentemente les dijo que era para uso académico. Y ellos (Facebook) dijeron, vale».
A finales de 2015, Facebook fue alertada por una información de The Guardian que contaba que Cambridge Analytica estaba utilizando todo ese material en favor de la campaña del republicano Ted Cruz (tras el fin de las primarias, la empresa pasó a trabajar para Trump). Se estaban violando las normas sobre privacidad que la compañía dice defender con todo el celo del mundo. ¿Qué hizo Facebook? Siete meses después de ese artículo (y dos años después de que se empezara a reunir todos esos datos), envió una carta para ordenar que se borrara todo ese material y, según el testimonio de Wylie, nada más.
Su siguiente reacción se produjo el pasado viernes cuando ya sabía desde hace varios días que The Guardian y The New York Times iban a publicar sendos artículos sobre el escándalo. Borró la cuenta de Facebook de Cambridge Analytica y las cuentas personales de Wylie y Kogan. 27 meses después de la primera carta que envió. En ese espacio de tiempo, la empresa prestó una ayuda fundamental a la campaña de Trump y la campaña del Brexit, y trabajó para numerosas empresas privadas.
Cambridge Analytica trabajaba para todo tipo de clientes. Eran básicamente «mercenarios», en expresión de Wylie. Se sabe que llegaron a hacer una presentación para vender sus servicios a la empresa petrolera rusa Lukoil y que llegara a su consejero delegado, Vagit Alekperov, exministro ruso de Petróleo y, teniendo en cuenta su cargo en una empresa privada tan importante, persona muy cercana a Putin. Entre el contenido que se mostró a la empresa rusa, está el ejemplo de una campaña de rumores que se extendió en las elecciones de Nigeria de 2007 sobre un probable fraude electoral.
No hay pruebas de que llegaran a conseguir un contrato con Lukoil, pero lo que está claro es que Cambridge Analytica ofrecía esos servicios.
En la práctica, Facebook se ha convertido en un monopolio cuya materia prima servirá para construir todo tipo de operaciones de desinformación en el mundo, operaciones que sólo tienen garantías de éxito cuando sus responsables cuentan con un conocimiento muy alto de la sociedad en la que están funcionando. Sería de otra manera si Facebook pudiera convencernos de que está en condiciones de proteger la seguridad de los datos que les entregan sus usuarios. Lo ocurrido con Cambridge Analytica lo desmiente.
Hubo un tiempo en que era suficiente con sobornar a un grupo de militares para que montaran un golpe de Estado. En otros casos, también tuvieron que pagar una huelga de camioneros o grupos de alborotadores para crear una sensación de caos en las calles.
Ahora quizá ya no sea necesario llegar a esos niveles de violencia. El análisis de los datos personales en tiempo real es uno de los mecanismos que pueden ofrecer los mismos o similares resultados políticos o empresariales bajo la pantalla mucho más pacífica y en apariencia irreprochable de unas elecciones o una campaña política en favor de determinada idea.
Es la última evolución de la democracia que comienza cuando das a Like en tu página personal de Facebook. Una empresa como Cambridge Analytica se ocupará del resto. No será la única.
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