Los momentos históricos dejan mucho que desear cuando escuchas en tiempo real a sus protagonistas. Para defender las medidas de su Gobierno, Mariano Rajoy dijo: «Lo que no es legal, no es democrático». Carles Puigdemont defendió su apuesta por la independencia así: «España no es un régimen democrático». La idea que tienen ambos de legalidad y democracia es para salir corriendo o, mucho mejor, para hacer frente a sus ideas reaccionarias.
Pero quienes importan no son Rajoy y Puigdemont, personajes que están muy por debajo de las circunstancias que viven sus respectivas naciones. Su único discurso consiste en afirmar que los que están con el enemigo son los que quieren destruir España o, al otro lado, los que dicen que los rivales sólo son franquistas camuflados.
Esto no tiene nada que ver con la equidistancia. No hay que colocarse a mitad de camino entre ambos. Hay que estar muy cerca de ellos para poder atizarles en la cabeza y denunciar su patrioterismo anacrónico en el que las banderas y el orgullo nacional siempre tienen más peso que los derechos de los ciudadanos. Por algo, los primeros se han utilizado a lo largo de la historia para negar los segundos.
De todos los debates, hay uno que no admite discusión. Los independentistas han puesto sobre la mesa la cuestión de la independencia de Catalunya y han pedido a la sociedad que tome una decisión. Si su apuesta hubiera recibido el rechazo de los catalanes o un apoyo digamos del 20%-30%, no estaríamos en esta situación. En la calle se ha producido una movilización popular como no se ha visto otra en este país en más de una década. Negarla no es propio de ciegos, sino de imbéciles. La respuesta del PP ha sido ignorarla o despreciarla.
El PP tenía derecho a estar en contra del intento de reforma del Estatut. Cuando decidió pedir firmas en la calle contra ese proyecto, y dijo –probablemente mintiendo– que había recogido cuatro millones de ellas, lo que intentaba era enfrentar a los catalanes con el resto de españoles. Tuvo bastante éxito en ambos lados, porque es un ejemplo de inocencia pensar que los partidos extremistas salen perdiendo cuando apuestan por el odio. Los partidos nacionalistas tomaron nota. Se abría un camino que hasta entonces sólo los más románticos de entre ellos podían pensar que existía.
La gestión política del inmenso movimiento popular por la independencia de Catalunya no estuvo a la altura de lo que se vio en las calles. Ha consistido en un constante giro de los acontecimientos en que las alternativas se iban sucediendo para responder a las necesidades personales de sus responsables, a sus dudas o a los obstáculos que se presentaban. Hubo un tiempo para las llamadas elecciones plebiscitarias, otro para la declaración unilateral de independencia y finalmente fueron a por el referéndum. Un sistema de prueba y error en el que se decidió no continuar con la movilización, excepto una vez al año, por razones que ellos conocen.
A día de hoy, las elecciones «plebiscitarias» son las que tienen más valor porque es el que ya pasó por las urnas. Los partidos independentistas obtuvieron cerca del 48% de los votos con un mensaje decidido y nada ambiguo. Fue un gran éxito y una derrota al mismo tiempo. Les dio la mayoría en el Parlament y les permitió seguir llevando la iniciativa política en la medida de sus posibilidades, como se vio con el accidentado relevo de Artur Mas.
Fue también una derrota porque el plebiscito no superó el 50% de apoyo, pero una poderosa llamada de atención que obviaron aquellos que llevaban tiempo ignorando la realidad. La alta participación eliminó cualquier apelación a la fantasmal «mayoría silenciosa» con la que se apelaba desde Madrid. La idea de formar parte de una misma comunidad junto al resto de los españoles, con los derechos y obligaciones subsiguientes, ya no convencía a (casi) la mitad de los catalanes. Debería haber hecho pensar a mucha gente, pero ese no fue el caso.
A finales de 2015, escribí que esas elecciones autonómicas abrían un paréntesis de un año para la duda y la esperanza, quizá más. Todo dependía en buena parte de lo que ocurriera en las elecciones generales, que luego fueron dos. Si no se hacía nada, a partir de ahí la confrontación sería completa y llevaría ventaja aquel que tuviera un proyecto nuevo e ilusionante. El bando de más lo mismo lo tendría muy complicado para evitar el desastre, aunque tuviera de su lado a la Policía, la Guardia Civil, el Tribunal Constitucional y la cabra de la Legión.
Excepto la cabra, todos los demás se han movilizado. Como las cartas están sobre la mesa y ya no hay vuelta atrás, el Gobierno central tiene la ventaja de que muchos que consideran que su estrategia ha sido deleznable se sienten obligados a ponerse de su lado, a menos que quieran apoyar la independencia de Cataluña. Tienen que aceptar la idea extremista de Rajoy de que en una democracia no se puede luchar para cambiar la ley cuando es injusta. Por cierto, fue por eso que aprobaron la ley mordaza, para castigar económicamente con dureza, porque no lo estaban haciendo los tribunales, a aquellos que cuestionaban un sistema político en decadencia.
En el Parlament, hemos visto en los dos últimos días un espectáculo clásico de mayorías imponiéndose a las minorías ignorando sus propias leyes. Sin urnas –y la legitimidad que confiere al que gana unas elecciones–, no hay democracia, pero sólo con urnas no tienes una democracia. El PP ha sido un gran maestro a la hora de impartir lecciones con sus mayorías absolutas en las Cortes en las artes oscuras de la política, consistentes en ignorar las leyes que les interesan cuando les conviene.
Esa interpretación torticera del reglamento parlamentario se ha repetido ahora en Barcelona para aprobar las leyes más importantes que nunca haya estudiado un Parlamento catalán con la misma celeridad con que se quitarían de encima un decreto sobre ayudas a la ganadería y barriendo debajo de la alfombra al Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, ya que el proceso era legal e ilegal al mismo tiempo. Se buscaba el artículo perfecto del reglamento para aplicar el rodillo de los votos y se despreciaba a una institución catalana porque tiene que ver con el Estatut, que es algo que ya se ha quedado antiguo.
Ha sido una «parodia de legalidad» que hasta muchos de sus partidarios han contemplado simulando que se duermen o como un molesto requisito, porque hubieran preferido una declaración de independencia por decreto o una insurrección en las calles. De lo segundo no hay noticias. Cómo va a haberlas si los electos del PdCat y ERC siguen cobrando su sueldo del Senado.
El espectáculo ha sido tragicómico, pero las consecuencias no lo son. Estamos igual que en septiembre de 2015 y las alternativas continúan siendo las mismas. Por haber creído que el «pacto constitucional» tenía tanta fuerza como las tablas de Moisés, por ignorar que la corrupción ha restado legitimidad al sistema político y por negar que habían aparecido dos Cataluñas –una división que han propiciado los independentistas, pero que no han inventado ellos–, nos encontramos ya ante la confrontación total.
Es posible que se pueda inhabilitar a ese político o encarcelar al otro por una ruptura real de la ley. Da igual. Ya son prescindibles. Pero no puedes inhabilitar a la mitad de los ciudadanos ni mucho menos encarcelarles, aunque te inventes una ley en las Cortes que te permita hacerlo o que te sirva para acabar con la autonomía catalana.
Ese pacto constitucional se ha hecho pedazos en Cataluña y no se va a poder recomponer juntando las piezas que han caído al suelo. La estrategia del miedo ha fracasado. Cuando los ciudadanos dejaron de ser súbditos, la soberanía nacional dejó de ser una imposición de las élites sobre los de abajo. O debería haber dejado de serlo. De la misma forma que es ridículo que una de las zonas con más alto nivel de renta de Europa se sienta sometida por un imperio, es también absurdo creer que pertenecer a un Estado en Europa Occidental es como estar en una prisión de la que no puedes salir.
El referéndum no era la cita ineludible para España y Cataluña hace cuatro o cinco años. Los errores cometidos desde entonces lo han convertido en inevitable. La consulta del 1 de octubre no será el momento decisivo si sólo vota la mitad de los catalanes. Pero después vendrá el 2 de octubre, y muchos meses y años más en que la estrategia no puede consistir en exigir al enemigo que se rinda.
Si los políticos han sido incapaces de encontrar una solución que no pase por amordazar a los otros, habrá llegado el momento de los ciudadanos, que tendrán que tomar una decisión que renueve el pacto social ahora roto. La actual correlación de fuerzas en el Parlamento y en la sociedad catalana lo han convertido en imprescindible, aunque no si se impone de la forma que hemos visto estos días. No puede ser un referéndum impulsado de madrugada y diseñado para que sólo voten los tuyos.
Es un referéndum que los independentistas pueden ganar, y que también se puede ganar en favor de la permanencia de Cataluña en España sin apelaciones al pasado y con una propuesta convincente para el futuro. Porque eso es de lo que los políticos no quieren hablar ahora, y si lo hacen es apostando por la estrategia del miedo o por cuentos de hadas. Del futuro que a día de hoy resulta sólo un lienzo oscuro porque los que tenían que ser valientes resultaron ser unos cobardes.
