Fue el mayor crimen ocurrido en la guerra civil de El Salvador. El 10 de diciembre de 1981, tropas de élite del Ejército llegaron a un pueblo aislado de todo que se llamaba El Mozote, situado cerca de la frontera con Honduras. Los soldados formaban parte de una unidad entrenada por militares norteamericanos de las Fuerzas Especiales. En los días siguientes, mataron a un millar de habitantes del pueblo, entre los que eran mayoría las mujeres y los niños, es decir, no combatientes.
Este reportaje de Frontline recuerda la historia de la matanza de El Mozote a través de los recuerdos de dos periodistas –Raymond Bonner y la fotógrafa Susan Meiselas– que cubrieron la noticia entonces. Su trabajo apareció en la primera página de The New York Times. Alma Guillermoprieto escribió la historia para The Washington Post.
Después de la firma de la paz que puso fin a la guerra en 1992, una investigación forense dirigida por la ONU pudo encontrar en su visita a la zona algunas de las fosas en que se encontraron a las víctimas. Hallaron los restos de unas 150 personas que tenían una edad media de seis años. Los huesos, las ropas y el calzado encontrados confirmaban que la mayoría de los asesinados eran niños. «Murieron sin saber por qué los asesinaron», dice un hombre de ese pueblo que entonces tenía ocho años.
La investigación futura de los hechos de El Mozote se ha visto afectada por la ofensiva del presidente, Nayib Bukele, contra los jueces del país. La jubilación obligatoria de los que tienen más de 60 años ha permitido nombrar a nuevos titulares de los juzgados por el Tribunal Supremo, que está controlado por partidarios de Bukele. Ahora es imposible saber si la investigación proseguirá para acusar a los responsables, dice Nelson Rauda, reportero de El Faro. El rechazo radical del derechista Bukele a recordar las violaciones de los derechos humanos en la guerra de los años ochenta hace pensar que las posibilidades no son muy grandes.
En el Congreso de los Diputados, se habló este martes de ETA. No fue como todos los demás días del año en que sale el tema de ETA con frecuencia en relación a cualquier otro asunto, sean los presupuestos, la reforma laboral o el desempleo. El terrorismo no era la guarnición del plato principal ni la especia que le da picante. Esta vez se habló de la organización terrorista, que desapareció hace diez años, porque la proposición de ley a debate tenía que ver con ETA. Por tanto, era casi un acontecimiento. No una cuestión de simple filibusterismo político.
Ciudadanos había presentado una proposición de ley de «Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo». Su diputado Guillermo Díaz afirmó que «esta ley impide que se pueda borrar el pasado». Eso es algo que ocurre en las dictaduras. Cualquiera diría que España no lo es ahora y, en segundo lugar, que es muy posible que ya exista legislación en España sobre el apoyo que merecen esas víctimas. Efectivamente, esa ley existe. Lo que había ocurrido es que Cs quería promover una ley que convierta en imposibles los homenajes a los presos etarras cuando salen de prisión tras cumplir su pena. Hasta ahora, eran la ley y ciertos derechos que aparecen en la Constitución los que impedían una propuesta como la de Ciudadanos. Entre otras cosas, porque no se puede perseguir un delito antes de que se produzca. A partir de este lunes, también la realidad, aunque no siempre esto último impide a los partidos presentar iniciativas en el Parlamento.
El colectivo de presos de ETA anunció el lunes que se pondrá fin al recibimiento en público de los que salgan de prisión. Esos homenajes personales que, para partidos como el PP, Vox y Cs, suponían delitos de enaltecimiento del terrorismo, pero no para la justicia, se harán «de modo privado y discreto». El motivo reside en las críticas realizadas por las víctimas: «Hay personas que han expresado honestamente que sienten dolor con los ‘ongi etorri’ públicos».
Un motivo añadido pero no expuesto es la presión ejercida por EH Bildu y Sortu para que esos homenajes no se convirtieran en actos públicos. Se habían resignado a ellos durante un tiempo como válvula de escape para aquellos sectores de la izquierda abertzale –minoritarios pero influyentes– descontentos con el hecho de que el fin de ETA no había supuesto mejoras inmediatas para los presos. El debate interno avanzó hasta el punto en que se produjo la desconvocatoria de la manifestación organizada en apoyo a Henri Parot en septiembre, además de la declaración de Aiete leída por Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez.
Los partidos de derecha exigían que no se celebraran más de estos homenajes. Su reacción ante el comunicado del lunes fue restar toda importancia al anuncio de lo que estaban pidiendo. Incluso indignarse. Deberían haberse sentido satisfechos, pero esta es una situación que no es la primera vez que se produce. Antes se exigía a ETA o a la izquierda abertzale que diera determinado paso. Cuando se producía, se olvidaba de inmediato y se planteaba otra reclamación. Y así sucesivamente.
Según dijo Guillermo Díaz en el Congreso, es «el colmo de la miseria» que alguien «haya llamado a los asesinos» para que no haya homenajes. Dio a entender que fueron los socialistas, aunque no facilitó ninguna prueba. En teoría, debería estar contento por que se haya puesto fin a unos actos que considera deplorables. Pues no, está aún más enfurecido. «Ese comunicado es una engañifa», dijo Jaime Miguel Mateu, hijo y hermano de víctimas por ETA. «No nos lo creemos». Será fácil comprobar si se cumple en el futuro.
Su jefe había puesto el listón mucho más alto, que es una forma de cubrirse las espaldas. Pablo Casado dijo que «los ‘ongi etorri’ no pueden ser ni en público ni en privado». Y ahora dile a un juez que se puede prohibir a un preso que sale de la cárcel que reciba a sus amigos en su casa o que cene con ellos en un restaurante. En nombre de la libertad, desde luego.
La cuestión legal quedó bastante clara con la decisión del juzgado número cuatro de la Audiencia Nacional, que recibió la petición de prohibir la manifestación en honor a Parot. La rechazó porque «a la jurisdicción penal compete sólo la persecución y castigo de los hechos ilícitos penales una vez que estos se han producido; actúa ex post, no ex ante, pues carece de competencias preventivas».
En su momento, quedaba la posibilidad de que la prohibición partiera de la Delegación del Gobierno, pero a su vez esta podría haber sido recurrida ante los tribunales donde hubiera recibido la misma respuesta. Patxi López lo comentó en el pleno al recordar que en la época del PP el delegado «se hartó de ir a los tribunales» con ese objetivo y tuvo «un éxito cero». Si bien dijo que los recibimientos a presos etarras eran «una humillación a las víctimas y la sociedad», el exlehendakari también apuntó que el comunicado de los presos era una buena noticia y que suponía «una victoria para las víctimas».
Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, leyó varios párrafos de ese comunicado y de la declaración de Aiete. Hizo hincapié en la frase de esta última que decía a las víctimas de ETA: «Queremos transmitirles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido». Después se levantó del escaño Edmundo Bal, de Cs, para exigir que se borraran del diario de sesiones «las palabras de ETA». Bal pretendía que se censuraran frases que han aparecido en todos los medios de comunicación. La presidenta de la Cámara no le hizo ni caso.
La proposición de Ciudadanos fue rechazada con los votos de los partidos que sustentan al Gobierno. Los partidos que la apoyaron contaban con eso. Su objetivo es denunciar cada día que los cinco votos de los diputados de Bildu apoyan las leyes promovidas por el Gobierno. Para ellos, la misma presencia de los diputados de EH Bildu en la Cámara es un acto de enaltecimiento del terrorismo. Han extendido tanto este último concepto que ya lo abarca todo. Ni siquiera la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo coincidían con sus puntos de vista sobre los homenajes a los presos. No importa. Todos son ETA, menos ellos, porque no pueden vivir sin ETA.
Los sindicatos policiales que realizaron la manifestación del sábado contra la reforma de la ley mordaza en Madrid afirmaron después que la protesta «no tenía precedentes». Tenían toda la razón. No hay precedentes de que policías y guardias civiles se hayan manifestado por motivos políticos en España contra el Gobierno y el Congreso o en contra del resultado de las elecciones.
Las rebeliones policiales se producen a veces en países latinoamericanos con funestas consecuencias –la última fue en Bolivia–, pero no en Europa. Ahora los sindicatos que cuentan con el mayor apoyo de los agentes han decidido convertirse en una suerte de lobby policial para insertarse en las filas de la derecha en la pelea contra el Gobierno de coalición. Son las fuerzas de seguridad del Estado, pero la última palabra ha quedado colgando del nombre con un asterisco.
Para dar a la marcha un aire aún más de antisistema, personas con símbolos del sindicato Jusapol encendieron bengalas de humo verde en la cabecera de la manifestación cuando pasaban frente al Congreso de los Diputados. «Aquí es donde se nos tiene que escuchar más fuerte», decía la megafonía del vehículo que abría camino. Se daba la paradoja de que la policía actúa con frecuencia contra los que las encienden en la calle –suele ser indicativo de que algo chungo va a ocurrir–, pero esta vez eran policías los que las prendían. Sigue leyendo →
París, 17 de octubre de 1961. De Gaulle está a un año de conceder la independencia a Argelia y de poner fin a más de un siglo de colonialismo francés en ese país. La tensión domina la capital francesa por la amenaza de atentados de la OAS –formada por militares y civiles que se oponen a renunciar a Argelia– y del FLN argelino. Ese día, la ciudad vivirá escenas inauditas en una capital europea en los años sesenta. La represión policial se ceba en una manifestación y desencadena una caza al hombre en la que los agentes asesinan a decenas de personas. Nunca se sabrá cuántos murieron, pero la cifra más probable es de entre cien y doscientas.
La matanza queda cubierta por el silencio y la censura. Los principales medios de comunicación se limitan a dar la versión oficial, que reduce los incidentes a hechos violentos aislados que causan la muerte de cinco personas. Durante semanas, los cuerpos van apareciendo en el río Sena. Había sido la forma más fácil de deshacerse de los cadáveres.
Unos meses antes, los ultras se lo han jugado todo a la carta de un golpe de Estado contra De Gaulle en el país norteafricano que incluía la toma de bases militares en suelo francés. La intentona fracasa. Después del referéndum de enero en que se ha aprobado conceder la «autodeterminación» a la colonia, el Gobierno ha entrado en negociaciones con el brazo político del FLN argelino.
El FLN había puesto fin a los ataques contra policías franceses en París al iniciarse las conversaciones, pero en realidad han aumentado ese año, sin que esté claro si han sido ordenados por miembros de la cúpula del grupo o por las células del FLN parisino fuera del control del movimiento. Veintidós policías han sido asesinados ese año (nueve habían muerto el año anterior).
El ambiente entre los policías es de máxima tensión. Reclaman a sus jefes una política de mano dura contra los independentistas. El prefecto de Policía, Maurice Papon, promete en un funeral de un agente que «por cada golpe que reciban, devolverán diez». Cada vez se producen más palizas a detenidos en las comisarías. Después del verano de 1961, aumenta el número de cadáveres de argelinos que aparecen en el Sena.
Papon y el Gobierno decretan un toque de queda nocturno en París a partir de las 20.30 para todos los argelinos, una medida claramente discriminatoria al tratarse de ciudadanos franceses. La medida se centra fundamentalmente en los que conducen un vehículo desde esa hora. Los ocupantes son detenidos y los coches, confiscados.
El decreto es contestado por partidos de izquierda y organizaciones de argelinos. Estas últimas organizan una manifestación de protesta para el 17 de octubre, con el apoyo del FLN. La cita es un éxito de asistencia. Se calcula que 25.000 personas recorren las calles de París. Es una manifestación pacífica a la que asisten hombres, mujeres y niños hasta que se desencadena la represión.
Miles de ellos fueron detenidos. Las cargas policiales obligaron a los manifestantes a huir a la carrera para salvar la vida. La actuación de los agentes fue de una violencia indiscriminada. Algunas víctimas fueron tiroteados. Otros sufrieron palizas mortales. La mayoría de los cadáveres fueron lanzados al río. En las comisarías y centros de detención improvisados, continuaron las palizas.
Placa en el puente de Saint-Michel colocada por el alcalde de París en 2001.
Los ataques se produjeron en lugares tan céntricos como Saint Germain-des-Prés, la Opéra, la Plaza de la Concordia o los Campos Elíseos. Un periodista contó treinta cadáveres amontonados cerca de su oficina en el centro de la ciudad. Sus jefes en la agencia de prensa le dijeron que se atuviera a la versión oficial. Las únicas imágenes que ofreció la televisión pública fue la de grupos de argelinos que fueron deportados en barco. Fue una forma rápida de deshacerse de los testigos presenciales.
Diarios como L’Humanité o Libération empiezan a ofrecer algunas informaciones que contradicen la información de las autoridades. Pasaron años antes de que se ofrecieran investigaciones que contaran realmente lo que sucedió. A finales de octubre, diputados de izquierda cuestionan la información oficial y las mentiras que salieron del Ministerio de Interior. Una solicitud de poner en marcha una comisión de investigación es rechazada en la Asamblea Nacional. Papon afirma que la policía «hizo lo que tenía que hacer». El ministro de Interior denuncia una campaña de difamación contra la policía.
De Gaulle tuvo que ser informado de los hechos. No mencionó la matanza en sus memorias.
Papon inició una carrera política que le llevó a la Asamblea como diputado durante más de una década y ministro en una ocasión. En 1981, Le Canard Enchaîné publicó documentos que revelaban su colaboración en el Holocausto. Había sido responsable de la deportación de 1.645 judíos a Alemania desde su puesto de la prefectura de Gironda dentro del régimen de Vichy. No fue condenado hasta 1998 por crímenes contra la humanidad a diez años de cárcel.
En 2001, el alcalde de París, el socialista Bertrand Delanoë, asiste a la colocación
de un placa en el puente de Saint-Michel dedicada «a la memoria de los numerosos argelinos asesinados durante la sangrienta represión de la manifestación pacífica del 17 de octubre de 1961». Hay que esperar a 2012 para que un presidente de la República, François Hollande, reconozca los hechos y los defina como «una sangrienta represión»: «La República reconoce claramente estos hechos. Cincuenta y un años después de esta tragedia, rindo homenaje a la memoria de las víctimas». Lo hace a través de un simple comunicado.
Al cumplirse hace unas semanas el 60º aniversario de la matanza, Emmanuel Macron deposita una corona de flores en el puente de Bezons, en Nanterre. Acompañado de familiares de los fallecidos, guarda un minuto de silencio en el lugar en que aparecieron algunos de los cadáveres.
«Los crímenes cometidos esa noche bajo la autoridad de Maurice Papon son inexcusables para la República. Francia mira toda su historia con lucidez y reconoce las responsabilidades claramente establecidas», afirmó un comunicado del Elíseo. El texto asume la responsabilidad de la masacre en nombre del Estado francés, aunque restringe la autoría a Papon.
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Foto superior: una pintada en un puente de París después de la matanza: «Aquí ahogamos a los argelinos».
La alcaldesa de la localidad gaditana de Puerto Real, Elena Amaya, del PSOE, no puede salir de casa estos días por estar contagiada de Covid. No tiene dudas sobre lo que debe hacer el resto de la gente en esta ciudad de 41.000 habitantes: «Tenemos que salir a la calle porque somos el culo de este país». La crisis permanente en la provincia que suele tener el mayor índice de desempleo de España aparece ahora en los titulares a causa de la movilización que se produce durante las negociaciones del futuro convenio del sector del metal. Mientras tanto, algunos disturbios ocurridos, menos graves de lo que se ha visto en la última década en otros conflictos, han provocado la aparición en las calles de una tanqueta policial. La imagen por sí sola eleva la importancia del conflicto a un nivel más preocupante.
Alguien en el Ministerio de Interior o en la cúpula policial no tiene muy claro el concepto de coste/beneficio. El precio político de la decisión parece mucho mayor que los beneficios que pueda tener el uso de un vehículo de origen militar. Se trata de un BMR, un blindado de seis ruedas que se emplea habitualmente para el transporte de tropas y cuya función de orden público en este caso se limita a su blindaje y a su peso de quince toneladas. Es decir, puede llevarse por delante cualquier barricada que encuentre por la calle, aunque esté compuesta por varios contenedores.
El coste político no se mide en toneladas, pero su peso no es menor. «El Gobierno se está equivocando», dijo el martes Iñigo Errejón en el pleno del Congreso. «Yo me temo que la imagen de la tanqueta en los barrios obreros de Cádiz les va a acompañar durante lo que queda de la legislatura». Yolanda Díaz tomó la poco habitual decisión en su caso de comunicar a otro miembro del Gobierno su malestar por una decisión de su competencia y confirmarlo después en público a los periodistas. «Los trabajadores del sector del metal no son delincuentes», dijo la vicepresidenta, y están «legítimamente defendiendo sus derechos». Lo mismo han hecho otros dirigentes de Unidas Podemos. Para el diputado Jaume Asens, la medida es «una provocación». Sigue leyendo →
Pablo Casado comenzó el día este lunes con una idea en la cabeza: otra semana como la pasada y me muero. Excepto en las elecciones de abril y noviembre de 2019, en pocas ocasiones su liderazgo del Partido Popular ha sido tan cuestionado o caricaturizado desde dentro de su propia formación. Esta vez, le tocó sufrir el ataque combinado de Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, que es un poco como si fueras Polonia en 1939. Cada vez que Génova pensaba que había dado por cerrado el debate, alguna de ellas volvía a atormentarlo con su aguijón. Para el lunes, optó por una solución segura. Viajó a Vitoria para visitar el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Cuando los periodistas le preguntaron por la crisis interna del PP, tenía la respuesta preparada. No quería hablar del tema «por respeto a los 850 asesinados por ETA». El comodín de ETA es una navaja multiusos que funciona tanto como arma ofensiva como defensiva.
También este lunes Díaz Ayuso volvió a aplicar el método que tanto exaspera en Génova. Aparece con un extintor para fingir que quiere apagar el incendio y al mismo tiempo lo atiza añadiendo un par de troncos al fuego. «El electorado de centroderecha no entiende nada», dijo en una entrevista en TVE, como si la cosa no fuera con ella y esto fuera un lío que han montado otros. Eso no le impidió reiterar que el congreso del PP madrileño debería celebrarse cuanto antes porque «prolongarlo otros ocho meses tendría mucho desgaste». Para Casado, podría haber dicho. Ella no va a desechar ninguna oportunidad de insistir en sus exigencias. Lo quiere todo (el poder en el PP en Madrid) y lo quiere ya (en marzo como muy tarde). Casado se niega a aceptar lo segundo porque en el fondo no le conviene permitir lo primero. Sigue leyendo →
La actividad económica de Afganistán era totalmente dependiente de la ayuda extranjera, en especial de Estados Unidos. La victoria de los talibanes cortó de raíz ese pilar, a lo que hay que unir el bloqueo de las reservas del país, 9.000 millones de dólares que se encontraban depositados en EEUU. El país sufre en la práctica un colapso en el que el nuevo Gobierno ni siquiera puede pagar el suministro eléctrico que le llega de los países vecinos.
El Estado, ahora el Emirato Islámico de los talibanes, ha terminado siendo incapaz de pagar los salarios, excepto de algunos profesores o trabajadores sanitarios. Los bancos sólo tienen permiso para distribuir cantidades minúsculas de efectivo en la moneda local, el afgani. Como consecuencia, millones de personas se están quedando sin dinero en efectivo, en un momento en que los precios de alimentos, gasolina y gas para cocinar están subiendo rápidamente. Aún hay electricidad. El 80% de ella se importa de los países vecinos Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y Tayikistán, pero Kabul no ha podido pagarles desde el 15 de agosto.
El número de mendigos, en especial mujeres, ha estallado, y las calles de Kabul están llenas de lavadoras, muebles y material de cocina puestos a la venta, y que nadie está comprando. El otoño es la época de la cosecha de las granadas, pero los vendedores del producto también esperan durante horas a que aparezcan los clientes. «Si alguien viene sólo está interesado en la fruta en mal estado», dice un vendedor desesperado.
Como en el resto del Gobierno, las nuevas autoridades económicas están dirigidas por cargos políticos y religiosos sin ninguna experiencia en asuntos financieros. Las exportaciones legales suponían hasta hace unos meses unos mil millones de dólares anuales, mientras la exportación de droga podía alcanzar otros 600 millones. Al mismo tiempo, el país importaba bienes por valor de 7.000 millones. «El valor del afgani (75 afganis por dólar) se mantenía por el hecho de que cada semana llegaban entre 20 y 30 millones desde EEUU», dice el directivo de un banco. «Eso se ha acabado. Pero los talibanes no parecen entender la gravedad de la situación».
Kabul ya ha sufrido varios apagones temporales al aumentar el consumo eléctrico con la caída de las temperaturas en noviembre. Los países limítrofes de Afganistán que le venden cerca del 80% de la energía que utiliza dieron tres meses para que el Gobierno pagara lo que debe, que ya supera los 60 millones de dólares. Ese plazo ha finalizado sin que se haya cumplido la amenaza de corte de suministro. En la práctica, esa es la mayor ayuda exterior que ha recibido el país en estos meses.
La empresa pública de electricidad ha pedido a la misión de la ONU una ayuda de 90 millones con la que pagar esas deudas y asegurar el suministro. De momento, no ha recibido respuesta.
«Lo bueno de no tener responsabilidades políticas es que uno puede decir estas cosas libremente», dijo Pablo Iglesias en uno de los momentos de su conversación del martes con José María Lassalle en la Delegación de la Generalitat en Madrid. Ya no es vicepresidente, ya no tiene la obligación de ser optimista –los gobernantes siempre son optimistas–, ya puede ocuparse de trazar un panorama sombrío si no se adoptan determinadas políticas con las que solventar problemas graves. Cuando Iglesias quiere mostrarse preocupado, tiene la habilidad para aparecer extremadamente preocupado.
El motivo del encuentro era el inicio de una serie de conferencias organizadas por la Delegación de la Generalitat centradas en el diálogo entre las instituciones españolas y catalanas. También por la presentación, en la misma sala, de un libro colectivo que ha publicado la editorial Catarata –’Cataluña-España: ¿del conflicto al diálogo político?’– en el que 60 autores han reflexionado sobre el futuro de ese conflicto y las vías de solución. La amplia nómina de colaboradores incluye pocos representantes de la derecha que marca el paso en su mundo. En esos ambientes, la apelación al diálogo se contempla con desdén o un rechazo total. Solo esperan de los vencedores de las elecciones catalanas la rendición y que se presenten en una comisaría con el DNI en la boca.
Es curioso que en la derecha nieguen que se trata de un auténtico conflicto político, sino de que algunos políticos violan la ley y por tanto deben recibir el castigo correspondiente. Los conflictos son consustanciales a la democracia. La diferencia con las dictaduras es que se puede convivir con ellos sin necesidad de abrir la cabeza al prójimo. «Una democracia debe albergar siempre dentro de sí misma la opción del diálogo», explicó Lassalle, que fue secretario de Estado de Cultura en el Gobierno de Rajoy. Uno de los grandes objetivos de la democracia consiste en «neutralizar los conflictos». Quizá no se consiga alcanzar la solución que satisface a todos, entre otras cosas, porque quizá no pueda existir tal nivel de perfección, pero el diálogo es una herramienta de convivencia que, como mínimo, debe servir para entender al contrario. Sigue leyendo →
Las encuestas ofrecen a veces curiosas coincidencias. La última del CIS revela que el 69% de los españoles cree que la situación económica del país es mala o muy mala. En Estados Unidos, un 68% de las personas dicen que la economía norteamericana está empeorando, según un sondeo de Gallup en octubre, cinco puntos más que en la encuesta del mes anterior. En ambos países, la recuperación económica es un hecho, con menor intensidad en España, pero el pesimismo está abriéndose camino en los electorados y los gobiernos deben empezar a preocuparse.
Hay situaciones que son paradójicas. A pesar de esa visión negativa sobre la economía, cuando se pregunta a los españoles sobre su situación económica personal, el negro se torna mucho más claro. Un 60,7% de ellos dice que es buena. Ese porcentaje es similar o superior en los votantes de casi todos los partidos, y algo más bajo en el caso de los de Vox (55%).
Los norteamericanos, que en un 65% -según una encuesta de AP- dicen que su situación financiera personal es buena, son capaces de detectar fenómenos positivos en asuntos muy relevantes. Un 74% de ellos cree que es un buen momento para encontrar un empleo. El porcentaje es un récord y está muy lejos del 22% registrado en el comienzo de la pandemia en 2020 y a años luz del 8%-10% que se produjo entre 2009 y 2011 en lo peor de la gran recesión. Sigue leyendo →
Cómo pasa el tiempo. Hace justo dos años, la estrella emergente de la política española se precipitó contra el suelo a la máxima velocidad y originó un cráter que dejó pequeño al de la península de Yucatán. Fue un espectáculo pirotécnico a la altura del que protagonizaron la UCD y Landelino Lavilla en 1982. Albert Rivera estaba convencido de que podía ser el nuevo líder de la derecha española y de repente descubrió que todo había sido un sueño. Aún no había cumplido 40 años –le faltaban unos días– y tenía que reinventarse con un nuevo empleo. Tampoco le iba a resultar difícil. Sólo debía gestionar la frustración.
Para el tema laboral, entró a trabajar en un bufete de abogados. Para el tema del ego, decidió que la sociedad estaba sedienta de sus conocimientos sobre liderazgo. Se supone que de la parte que le llevó a aparecer con 40 escaños en el Congreso en diciembre de 2015 con 3,5 millones de votos o cuando superó los cuatro millones en abril de 2019 amenazando la posición del Partido Popular. Siete meses después, se repitieron las elecciones y perdió 2,5 millones de votos y 47 escaños. El líder con el fracaso más estruendoso de la última década cree estar ahora en condiciones de sentar cátedra. Un buen comienzo sería explicar que nunca debes dejarte deslumbrar por lo mucho que te adoran tus subalternos. Eso incluye a los jefes de opinión de algunos periódicos.
El vehículo es una universidad privada en la que impartirá un posgrado en liderazgo y management (sic) político. Precio: 5.800 euros por un curso de 180 horas. La hora sale a 32 euros, así que será mejor que los alumnos lo aprovechen. Como prólogo, el jueves intervino en un debate sobre liderazgo –entrada gratuita– junto a Juan Manuel Moreno Bonilla y Emiliano García-Page, presidentes de Andalucía y Castilla La Mancha. En su condición de gurú, Rivera utiliza conceptos como «startup política» y «know how» y dice que su aspiración en estos momentos es «innovar». Sigue leyendo →
