España ha cambiado una posición diplomática mantenida durante décadas por todos los gobiernos. Los españoles se han enterado un viernes por la tarde a través de una noticia difunda por una fuente marroquí sin ningún debate parlamentario previo ni comunicación a los medios de comunicación del país. Pedro Sánchez ha dado un giro completo a los principios de España en el Sahara con la aceptación de la idea marroquí de limitar su autogobierno a una autonomía dentro de Marruecos, algo que el Frente Polisario ha rechazado siempre desde que Rabat planteó esa salida en 2007.
No cabe duda de que es un gran éxito para Mohamed VI. Está casi a la altura de la decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía marroquí del Sahara en la época de Donald Trump. Ese paso fue un regalo a cambio del reconocimiento de Israel por Marruecos. La Administración de Joe Biden, que probablemente no habría tomado esa decisión, no la ha revertido.
La redacción de la carta de Sánchez no carece de habilidad. Dice que la autonomía es la propuesta “más seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto. Sabemos que no ocurrirá mañana. Pasa la pelota a Marruecos para que busque una solución que sea “mutuamente aceptable”, lo que a día de hoy es imposible. Será diferente cuando Rabat vuelva a reiterar su propuesta de autonomía y sea rechazada por el Polisario y Argelia.
Con la decisión de Sánchez, España abandona la defensa de la causa saharaui, una medida que tiene un altísimo valor simbólico en la izquierda. En el plano de los principios, había sido compartida por gobiernos del PSOE y del PP y apoyada por la inmensa mayoría de las fuerzas parlamentarias. Se abandona a cambio de la única prioridad que valora el actual Gobierno, que consiste en apostarlo todo a las relaciones con Marruecos, fundamentalmente por su importancia en la política migratoria. Se da por hecho que la medida tendrá la oposición de Argelia, pero que su Gobierno no tomará represalias en la exportación de gas porque necesita esos fondos en su economía.
Es cierto que los gobiernos españoles llevan décadas sin hacer nada relevante en relación al tema del Sahara. No estaban obligados, ya que la situación sobre el terreno no admitía ningún cambio y podían limitarse a enarbolar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a apoyar las medidas que pudiera tomar el secretario general de la ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad en 1991 la resolución 690 por la que apoyaba la celebración de «un referéndum de autodeterminación para el pueblo de Sahara Occidental», cuya organización quedaba en manos del secretario general. Se ponía en marcha una misión de la ONU en el Sahara, llamada Minurso, cuyo mandato se ha prorrogado desde entonces.
Las discrepancias entre el Gobierno marroquí y el Frente Polisario sobre el censo de la consulta en la antigua colonia española hicieron que no se llegara a celebrar. Estados Unidos y Francia nunca presionaron a Rabat para que hiciera posible el acuerdo y la ONU fracasó en el intento de organizar el referéndum. Marruecos era demasiado importante para Washington y París. España carecía de peso internacional para alterar ese escenario.
La última resolución de la ONU defiende una “solución política” del conflicto, en la línea de todas las anteriores, pero no menciona la palabra referéndum. Lo que ocurre es que no es viable defender “el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui” con una idea de autonomía impuesta por Rabat contra la voluntad de los saharauis.
Ni el socio del PSOE en el Gobierno ni el Partido Popular habían sido informados previamente. Unidas Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz han reiterado su compromiso con la defensa del pueblo saharaui. En el caso de Díaz, «por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui».
Podemos ya ha tenido que aceptar el envío de armas al Gobierno ucraniano tras la invasión rusa, que no será el último. Hay un número máximo de temas en que el PSOE y Unidas Podemos pueden estar en trincheras diferentes en política exterior. Díaz ha conseguido que la guerra de Ucrania no se traslade con toda su crudeza al Gobierno de coalición. El conflicto del Sahara es otro choque más que se produce muy pocos días después del anterior. A este ritmo, llegará un momento en que la mediación de la vicepresidenta ya no será suficiente.
