Al final, tienen algo de razón el PP, Vox y las empresas de seguridad privada que alegan que ha aumentado el problema de la ocupación de viviendas en España. Ocurre hasta en las instituciones más importantes del Estado. En el Consejo General del Poder Judicial, un grupo de juristas conservadores se ha hecho fuerte en la sede principal dos años después de la finalización de su mandato. No es que deban irse ya, porque no pueden ser sustituidos hasta que tomen posesión los sustitutos. Pero han obtenido una prórroga de su mayoría conservadora que no existe en la ley por cortesía del Partido Popular –que sale beneficiado por esta situación–, y continúan funcionando como miembros de pleno derecho nombrando jueces por toda España mientras el cuerpo aguante. Su mandato de cinco años, marcado por la Constitución, ha resultado ser sólo –como el código de los piratas en la película ‘Piratas del mar Caribe’–, una serie de directrices.
Tras estudiar una mala solución que consistía en proponer la elección de un nuevo CGPJ con mayoría absoluta y no con mayoría reforzada, el PSOE y Unidas Podemos han optado por otra reforma legislativa que limita las funciones de los miembros del Consejo durante su periodo de interinidad y que comenzó a debatirse este martes en el Congreso. Todo porque el PP se niega a negociar con el PSOE la renovación del CGPJ mientras Podemos forme parte del Gobierno, del Parlamento o de la realidad. «Su bloqueo supone politizar el Consejo al ponerlo al servicio de sus intereses», dijo el socialista Francisco Aranda al presentar la iniciativa.
Hay algo de teatro político en toda esta polémica. Si bien el PP dice defender la independencia de los jueces, el sistema de elección de miembros del CGPJ que ahora está boicoteando existe desde los años 80 y ha sobrevivido con gobiernos del PP y PSOE que tenían mayoría absoluta. Cuando a los indepes les salía humo por las orejas en su denuncia de la Justicia española, nadie en esos partidos decía que el sistema de elección de los cargos judiciales estuviera corrompido por las influencias políticas. Lo que cambian las cosas en tres años.
La última vez que socialistas y populares estuvieron a punto de pactar un nuevo Consejo –ya tenían decidido hasta el nombre del presidente–, el portavoz del PP en el Senado alardeó ante sus compañeros de que iban a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es cierto que Ignacio Cosidó no tenía muchas luces como parlamentario, y la polémica de sus whatsapps lo demostró de sobra, pero fue el PP quien lo colocó en ese puesto. Ahora Podemos quiere ser como el PP y el PSOE antes y poder proponer nombres para la negociación. Pero el Partido Popular ejerce también como tribunal constitucional del patio de mi casa y con sus 89 diputados decide qué partidos deben intervenir en los asuntos ordenados por la Constitución.
Es difícil afrontar este tema sin algo de cinismo. Desde hace cuarenta años, los principales partidos de la izquierda y la derecha han elegido a juristas progresistas y conservadores para ocuparse del CGPJ, y con él del Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional. Pactaban también el nombre de los presidentes del CGPJ y el TC. Luego, casi por arte de magia, los muy prestigiosos e independientes magistrados coincidían en esa votación con los deseos de los partidos al votar la identidad de su presidente.
Entre los muchos nombres elegidos para esos puestos estuvo Enrique López, jurista de confianza del PP y hoy consejero de Justicia del Gobierno de Madrid y miembro de la Ejecutiva del partido. López era tan independiente que fue elegido vocal del CGPJ y miembro del Constitucional a propuesta del partido que más le quería. Posteriormente, volvió a ser magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde volvió a tener un ataque de independencia y quiso formar parte del tribunal que debía juzgar el caso Gürtel después de ser recusado. Por catorce votos a favor y cuatro en contra, el pleno de la Sala de lo Penal decidió que no era lo bastante imparcial, o no lo parecía, para participar en el juicio. Otra magistrada también fue apartada porque había sido elegida como vocal del CGPJ a propuesta del PP. Ambos rebosaban independencia por todos sus poros cuando tomaron posesión de sus cargos.
En el pleno, el diputado del PP Luis Santamaría mostró la oposición de su grupo a la reforma sin meterse en líos. Para no entrar en contradicciones con el pasado, optó por los insultos, con los que en el Congreso se suele comunicar la orientación del voto con más rapidez. Podemos es «un partido esencialmente corrupto» que procede de «narcoregímenes». El PSOE es ahora «la carcoma en la madera» de la democracia. Y la traca final: «Este Gobierno anhela un cambio de régimen y está más cómodo con el terrorismo que con el diálogo».
Ya no queda mucho más en el repertorio que llamar terrorista a este Gobierno. Es de suponer que lo siguiente será denunciarlo por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente.
El debate en el Congreso coincidió el martes con la noticia de que el Tribunal Constitucional, otro lugar sin ideología y donde todos sus miembros son independientes hasta de sí mismos, anunció que confirma una condena por ultraje a la bandera española. La sentencia se conocerá en unos días, pero ya se sabe el sentido de la decisión gracias a un comunicado. Por seis votos a cinco, el pleno dictaminó que «los ultrajes a la bandera no están amparados por la libertad de expresión».
El caso se refiere a los gritos de una persona en una movilización sindical en Ferrol: «Aquí tenéis el silencio de la puta bandera» y «hay que prenderle fuego a la puta bandera». El autor de esas palabras no era precisamente un fino intelectual de la Escuela de Viena, pero hay que recordar que no llegó a tocar ninguna enseña nacional, mucho menos quemarla o pisarla. No tenía en las manos una antorcha, sino un megáfono. Es decir, fue condenado por un delito de opinión.
Lo más curioso es que, con la intención de negar que todo esto tenga que ver con la libertad de expresión, el Constitucional argumenta que «dichas expresiones fueron innecesarias para las reivindicaciones salariales» que esa persona estaba defendiendo. Parece ahora que las declaraciones políticas, sean vulgares, ofensivas o brillantes, tienen que pasar por el libro de estilo del Tribunal Constitucional. Si te alejas del tema, pierdes la protección de la Carta Magna.
Los miembros del Constitucional han demostrado con esta sentencia un alto grado de independencia… de la realidad. Deben de saber que existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo (lo pueden localizar en este mapa), y conocer algo de su jurisprudencia reciente. Ese tribunal ya anuló en 2018 una condena en España por la quema de unas fotos del rey. En otro caso, donde también la justicia española se vio corregida, la sentencia exoneró a alguien que había publicado un texto a favor de una pitada al rey. Eso también era ejercicio de la libertad de expresión, dijo el TEDH, «más cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quienes se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática».
Es importante que la Justicia sea independiente, pero unos mínimos conocimientos de Derecho tampoco hacen daño. Eso te puede ahorrar hacer el ridículo en Estrasburgo.
