A lo largo de la comisión de investigación del caso Kitchen, el Partido Popular se ha empeñado en destacar que el comisario José Manuel Villarejo volvió a la policía con un ministro socialista –ahora ya menos, José Luis Corcuera– y prosperó en la época de Rubalcaba. No es que sea totalmente falso. Un grupo de comisarios convirtió el Ministerio de Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz en un paraíso del navajazo por la espalda y las tramas secretas, y no es que ellos aparecieran en la cúpula policial de repente llegando de ninguna parte. Pero al final la realidad ha aparecido con el mazo y ha sacudido al PP en toda la cabeza con la imputación de su ex secretaria general María Dolores de Cospedal.
Con ella ha quedado señalado también su marido, el conseguidor de la Villa y Corte de Madrid Ignacio López del Hierro. En estos tiempos en que tanto se habla de las familias no tradicionales, la pareja encarna un símbolo cuyo origen se pierde en el tiempo: la confluencia de política y negocios con evidentes beneficios para ambos lados.
La exministra de Defensa debía comparecer este miércoles en la comisión de investigación del Congreso. Durante el interrogatorio de su marido, se conoció la noticia de la imputación de ambos por cohecho, malversación y tráfico de influencias. El PSOE reaccionó rápido y propuso aplazar sine die la declaración de ella. El PP fue el único que votó en contra. Quería quitarse el muerto de encima cuanto antes, pero no tuvo tanta suerte. Ahora los trabajos de la comisión no concluirán en unas semanas, como estaba previsto, sino que lo harán dentro de varios meses. Los partidos del Gobierno no estaban por la labor de desaprovechar esta oportunidad.
Cospedal apareció a la hora indicada en el Congreso, sabiendo que había sido imputada. «Yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada», dijo a una reportera de TVE. «Aparte de que a mí por qué me van a desconvocar. Qué tontería», comentó después. Seguro que tontería no es la palabra que se le vino a la cabeza a Pablo Casado cuando se enteró.
La exdirigente del PP pretendía probablemente emplear la misma estrategia que su marido. Negarse a responder a todo aquello relacionado con la operación político-policial con la que se intentó robar a Bárcenas los documentos que podían perjudicar al PP.
Ignacio López del Hierro fue gobernador civil de Toledo y Sevilla con poco más de 30 años y después inició una larga etapa empresarial en los consejos de grandes corporaciones. En las últimas décadas, adquirió la fea costumbre de ser mencionado en muchos escándalos de corrupción, aunque pocas veces ha tenido que declarar ante un juez.
Su amistad con el comisario Villarejo ha supuesto el tropiezo definitivo, sobre todo desde que se conoció la grabación que le hizo el policía en 2009 en una reunión en la que los Cospedal encargaron al comisario algunos trabajitos, de esos que hay que hacer con mucha discreción. Eso provocó el fin de la carrera política de Cospedal que ya estaba agotando sus últimas etapas después de la elección de Pablo Casado al frente del partido.
A estas alturas de la película, López del Hierro se va a poner nervioso por muy pocas cosas. Respondió con silencios a las preguntas de los diputados y recostándose en la butaca según avanzaba la sesión. «Le falta un cubata», le dijo Gabriel Rufián, siempre dispuesto a intentar sacar al invitado de sus casillas. Lo consiguió con una referencia a unos supuestos negocios con Jordi Pujol Ferrusola, que aparecieron en un informe de la Udef y que él siempre ha negado. «Es curioso que usted sólo se altere con este tema», dijo el diputado de ERC. «Es que es falso», respondió. «Ah, lo otro no», fue la última respuesta de Rufián. Ahí faltó el toque de batería.
La Fiscalía Anticorrupción pidió en septiembre de 2020 la imputación de Cospedal y López del Hierro. El juez García Castellón la descartó en ese momento. Hay que tener en cuenta que ha estado muy ocupado en el último año con Pablo Iglesias sin que haya tenido mucho éxito. Ahora el magistrado ha recurrido a las últimas anotaciones conocidas en las agendas de Villarejo para tomar la decisión. Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y reclutado por la Policía para espiar al extesorero del PP, ya declaró a finales del año pasado ante el juez que fueron los comisarios Villarejo y Gómez Gordo los que le captaron para hacer de confidente. Gómez Gordo es conocido en medios policiales como ‘El Cospedín’ por su relación profesional con la expresidenta de Castilla La Mancha desde hace años.
El juez recurre a una de las anotaciones de Villarejo para justificar la imputación: «ILH. Aviso sobre contacto con Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo». En el auto, se refiere a las sospechas sobre la intervención de Cospedal y López del Hierro (ese ILH del que habla Villarejo) en «la captación de Sergio Ríos». Ambos declararán el 29 y 30 de junio.
La noticia del miércoles amplía el caso Kitchen más allá del contexto de una operación de una mafia policial al servicio del ministro de Interior. La presunta implicación de Cospedal conecta todo el escándalo directamente con el Partido Popular. Es probable que Fernández Díaz intente relacionar su posible intervención con el hecho de que Bárcenas estaba siendo investigado por los delitos relacionados con las cuentas del PP. No es que ese argumento sea ganador. Ningún juez había ordenado robar los documentos de Bárcenas a través de un infiltrado.
Pero con Cospedal no hay coartada posible. Ella estaba metida en la historia hasta el cuello con el objetivo de salvar la maltrecha reputación de su partido.
En la conversación de 2009, Villarejo estaba encantado de ocuparse de los encargos que le hacían Cospedal y su marido. Bromeó diciendo que al menos le pagarían los gastos. «Baratito, que estamos tiesos», le dijo López del Hierro. Ahora tendrán más problemas de dinero. Van a tener que soltar una pasta para contratar a un buen abogado penalista.
