Resulta que 42 años después de la aprobación de la Constitución todavía quedan restos del andamiaje franquista en la estructura del Estado español. La Ley de Secretos Oficiales aprobada en 1968 en plena dictadura, cuando Breznev ordenaba invadir Checoslovaquia y Johnson estaba empantanado en la guerra del Vietnam, continúa estando en vigor en España. Una norma destinada a proteger los intereses del Estado franquista ha seguido manteniendo su poder en las décadas posteriores, salvo un ‘lifting’ que le hicieron en 1978 para peinarla un poco y quitarle algo de su terminología franquista sin tocar su fondo autoritario. Ha durado más que el cadáver de Franco en el Valle de los Caídos.
«El Estado de Derecho se defiende en los tribunales y en los salones, pero también en las alcantarillas», dijo Felipe González en una frase muy recordada. En materia de secretos oficiales, el diseño de las alcantarillas y de la ley discutida el martes fue obra de Carrero Blanco y de su altísima posición en el organigrama de la dictadura, un antecedente nada digno para una democracia que resultaba ser tan perfecta por encima de la superficie.
No ha sido un caso de negligencia política, sino una decisión muy consciente de los gobiernos posteriores al regreso de la democracia. «En la actual ley, el Gobierno puede hacer lo que quiera», dijo en el Congreso Aitor Esteban. ¿Cómo rechazar tal chollo? Desde luego los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero –21 años en el poder– y los de José María Aznar y Mariano Rajoy –15 años– no fueron tan ingratos como para rechazar ese regalo.
El Estado no es una persona física, pero es muy celoso de su intimidad. En especial, si los secretos del pasado pueden perjudicar a los Gobiernos en el presente.
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