La victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid no ha tardado más que unos días en tener consecuencias. «Si voy a misa o a los toros, o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Y elegimos dónde, a qué hora y con quién. Vivo así. Vivo en Madrid y por eso soy libre», dijo en la campaña. Ya sin las limitaciones del toque de queda propiciado por el estado de alarma, miles de personas por toda España le tomaron la palabra este fin de semana. Después de catorce meses claustrofóbicos, había llegado la hora de hacer lo que me dé la gana. Y no sólo en Madrid, sino en otras muchas ciudades. Por lo que gritaron, se lo pasaron en grande. Quién dijo que no te lo puedes pasar bien durante una pandemia.
Los titulares periodísticos hablan de caos para describir la situación creada por el fin del estado de alarma. Quizá sea mejor decir que lo que se ha extendido es el concepto de jeta constitucional o jurídica. Todos interpretan la ley de forma que no sean ellos quienes tengan que dar el primer paso. Algunos, los más osados, sostienen que una ley, orgánica u ordinaria, puede limitar los derechos que aparecen en la Constitución si así lo decide un Gobierno.
Se acabó la hora de los valientes. La clase política pretende que si hay que hacer algo, lo hagan todos juntitos para repartir las culpas.
El PP llevaba tiempo pidiendo el fin del estado de alarma y el Gobierno de Pedro Sánchez no tenía interés en intentar prorrogarlo con una votación en el Congreso. Los gobiernos autonómicos, excepto el de Madrid, querían seguir contando con el recurso legal que les permitía aprobar el toque de queda y los confinamientos perimetrales. Cada uno de ellos podría pedir ahora el estado de alarma para su territorio, previa votación en el Congreso, pero nadie acepta aparecer como señalado al hacerlo. Sería como admitir un fracaso.
«El Gobierno se ha lavado las manos», ha dicho Íñigo Errejón. Es una descripción que se ajusta bastante a la realidad. Sin el voto favorable del PP y después de ver cómo Díaz Ayuso capitalizaba en su favor el hartazgo popular por las restricciones, Moncloa ya no está por la idea de continuar desgastándose. Ha creado una especie de ventanilla judicial con dos etapas –tribunales de justicia de cada región y el Tribunal Supremo– para que los gobiernos convaliden allí sus decisiones políticas. No se alarmen. Los jueces son buena gente. Ellos les atenderán.
Pablo Casado ha reiterado su propuesta de un plan B jurídico, a la que le gusta llamar «una ley de pandemias», que permita a las CCAA tomar las medidas necesarias aunque no haya estado de alarma. Es una idea que deja perplejos a muchos juristas. Ninguna ley puede vulnerar derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. No es lo mismo limitar los horarios de bares o tiendas que prohibir el derecho a la libre circulación a partir de una hora determinada. No puedes defender que se apruebe una ley que cancele esos derechos. El Tribunal Constitucional se dedica precisamente a tumbar leyes o artículos de leyes que vulneren la Constitución. El PP debería saberlo, pero su pregonado constitucionalismo no le da para tanto.
El PP llevó al Congreso en noviembre de 2020 una propuesta de reforma de dos leyes orgánicas con ese propósito. No es que saliera derrotado con los votos de la izquierda, es que además hizo el ridículo. Los portavoces de Vox y Ciudadanos se burlaron de Cuca Gamarra y le dijeron que no sabía de lo que estaba hablando. «Esto al Tribunal Constitucional no le dura ni cinco segundos», le dijo Edmundo Bal, que recordó algo bastante obvio. Sólo los estados de alarma, sitio y excepción permiten suspender derechos fundamentales. De lo contrario, los gobiernos podrían hacerlo cuando quisieran si disfrutaran de mayoría absoluta en el Congreso.
En el Partido Popular, ya están acostumbrados a reclamar una cosa y la contraria en cuestión de pocos días. O a veces en la misma entrevista. Pablo Casado llegó a pedir un «mando único sanitario», mientras se negaba a que el Gobierno central impusiera sus criterios sanitarios sobre el Gobierno de Díaz Ayuso. Se le podría llamar el mando único que manda a todos menos a Madrid. Para la situación actual, no quiere oír hablar desde hace tiempo de un nuevo estado de alarma. Da igual que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, haya dicho que «no hubiera costado nada» prolongarlo durante un mes o cinco semanas –lo que no le ha impedido permitir la reapertura de discotecas hasta las dos de la mañana–, porque el PP, en especial a través de Díaz Ayuso, comparó la medida hace tiempo con un ataque a las libertades. Siguió el camino trazado al principio por Vox y ya no cree que pueda volverse atrás.
«Todas las comunidades autónomas tienen los instrumentos suficientes para hacer frente a la pandemia», dijo el lunes Pedro Sánchez desde Atenas en un prodigio de desconexión de la realidad, como demostró minutos antes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al anular las restricciones aprobadas por el Gobierno regional. No se atrevió a utilizar las palabras ‘toque de queda’. Eso ya hubiera sido demasiado.
Por la mañana, el ministro de Justicia afirmó que la ley de medidas especiales sobre salud pública no ampara la imposición de un toque de queda, algo que no debe sorprender a nadie. Quizá sí a la vicepresidenta Carmen Calvo, que fue profesora de Derecho Constitucional, que dijo lo contrario hace una semana. Claro que Calvo también se dejó llevar por la euforia el sábado para decir que «hay que pensar ya en los abrazos, las empresas y el empleo».
Por el bien de la lucha contra la pandemia, no le hagan caso y dejen los abrazos para más adelante.
Luego están los listos, los que pretenden sacar algo rentable de toda esta polémica. La patronal del ocio nocturno cuenta con la solución perfecta. Perfecta para ellos. Abrir los interiores de bares y discotecas «y así canalizar de forma ordenada la actividad lúdica y de socialización que se repetirá cada fin de semana». Ellos se juegan su negocio, pero hay que preguntarse qué pasó por la cabeza de los dirigentes de Ciudadanos cuando reclamaron el lunes esta misma medida, «la reapertura organizada, segura y racional del ocio nocturno». Si es racional, mucho mejor que si es irracional. Lo realmente llamativo es que empleen el mismo argumento que la patronal: «Es la forma de evitar el desorden que se vio en las calles el pasado fin de semana tras decaer el estado de alarma», dijo Edmundo Bal.
¿Así que es mejor evitar que la gente se reúna al aire libre en una situación de riesgo bajo, aunque persista el problema de las aglomeraciones, y lo más seguro es agruparlos en el interior de los locales, donde el riesgo de contagio será mayor? ¿La imagen de desorden es mucho peor que el posible aumento de contagios? Lo único que tenemos seguro en estos momentos es que con el estado de alarma nos habríamos evitado el estado de jeta constitucional.
