El ministro de Justicia ya tiene una solución para intentar que no se repita el show que nos ofrecieron el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria a cuenta de la detención por horas de Rodrigo Rato. Multar a medios de comunicación sobre investigaciones judiciales en las que se haya declarado el secreto de sumario. Si no puedes impedir que la gente se entere sobre la corrupción en el PP, al menos mete miedo a los periodistas que se atreven a informar sobre la corrupción en el PP. Sería además una buena excusa para los medios que no informarían sobre eso ni aunque les torturaran con astillas ardiendo.
No se trata tanto de intimidar a aquellos que en la Administración se atreven a contar a un periodista que algo huele a pescado podrido. La ley ya castiga eso a través del delito de revelación de secretos. Su objetivo es intimidar a los medios, tanto a los que sacan esas informaciones, básicamente la prensa y los medios digitales, como a los que los rebotan (algunas cadenas de televisión).
Curiosamente, y eso no debe sorprendernos, cuando es el Gobierno el que filtra información confidencial, no hay ninguna ley que se vulnera ni es necesario introducir ningún debate. A veces, ni siquiera es necesario que se haya iniciado un proceso judicial para poner en marcha la máquina de filtrar al servicio del partido del Gobierno. Ocurrió por ejemplo cuando El Mundo anunció que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, tenía cuentas secretas en el extranjero. El Gobierno podía haberse hecho el loco y decir que no tenía nada que ver con esa información.
Pero no, el ministro de Interior se delató en el Congreso al decir que esa denuncia se iba a judicializar en cuestión de días. Desde entonces no se ha sabido nada más. Como ya ha informado eldiario.es, hay un grupo de policías, al servicio de los intereses políticos del PP, dedicados a utilizar recursos del Estado para desprestigiar a los nacionalistas catalanes. Ya dijo un periodista conservador que eso era perfectamente lógico.
Todo resulta diferente cuando varios medios informan de que el PP ha tenido una caja B desde siempre, o de que un tesorero del PP ha amasado una fortuna gracias al hecho de que era el tesorero del PP. En ese caso, entran en escena conceptos como los límites de la libertad de expresión, el respeto a los procedimientos judiciales o la presunción de inocencia. Y cuando no es suficiente, siempre se pueden borrar los discos duros de los ordenadores. Por lo que se ha visto en los últimos meses, eso ni siquiera es delito. Es como una actualización de Windows, pero al revés.
Tampoco hay que escandalizarse ni reclamar un debate público cuando de forma mágica aparecen en los medios información confidencial de Hacienda sobre casos en los que el PP puede obtener algún tipo de beneficio. Véase los muy diferentes casos de Monedero o Rato. En otra época, nunca nos hubiéramos enterado de esas cifras. Ahora la maquinaria del Estado cuenta con filtraciones interesadas que ningún fontanero puede tapar.
Ahora parece que el ministro de Justicia se echa un poco atrás en la propuesta, pero ya ha dejado la semilla. No hay problema. Soraya Sáenz de Santamaría la regará en alguna rueda de prensa. Si podemos elegir, esperemos que no se acerque al BOE. No nos engañemos. Si alguna medida contra los medios se pone en práctica este año, no procederá del despistado presidente que nos dice que ya nadie habla del rescate a España y que se entera de todo por la prensa (y eso que el Marca no tiene sección de tribunales), sino de la pequeña y risueña vicepresidenta.
