El hundimiento económico provocado por la pandemia del coronavirus ha provocado algunas reacciones inesperadas. La del multimillonario norteamericano Leo Cooperman es una de ellas. «Creo que todo por lo que vamos a pasar tendrá unas consecuencias muy claras a largo plazo. La número uno: el capitalismo tal y como lo conocemos cambiará probablemente para siempre», dijo el máximo responsable de un fondo de inversiones que trabaja exclusivamente para personas y compañías muy ricas. El patrimonio personal de Cooperman supera los 3.000 millones de dólares.
Cooperman ve claro que el efecto inmediato de la crisis pasará por un aumento de las regulaciones ordenadas por el Estado y por el incremento de impuestos. «Cuando se reclama al Gobierno que te proteja cuando las cosas van muy mal, tienen todo el derecho a regularte si las cosas van bien», explicó al referirse a las ayudas que sólo en EEUU terminarán alcanzando billones de dólares.
Su razonamiento no carece de lógica, pero también se decía lo mismo después de 2008. Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos con el primer paquete importante de ayudas a la pequeña empresa indica hasta qué punto el sistema político es capaz de conseguir que salgan ganando los mismos de siempre, es decir, las corporaciones que cuentan con más fondos y especialmente con más influencia en las instituciones.
El programa Paycheck Protection Program (PPP) aprobado por el Congreso pretendía ayudar a pequeñas y medianas empresas a que sobrevivieran al primer impacto de la crisis. Como se puede apreciar por su primera palabra (nómina), debía servir para que los trabajadores no fueran despedidos y mantuvieran sus salarios. Se trata de un programa de préstamos que se convierten en subvenciones si la empresa no puede devolverlos y demuestra que el dinero recibido se ha utilizado en ocuparse de los costes laborales o de alquiler. La dotación total era de 349.000 millones de dólares. Era, porque ya se consumió entero.
La rapidez con que se esfumó dice mucho de la catástrofe económica que se está viviendo. Eso sólo es una parte de la historia. A diferencia de lo que opina Cooperman, el capitalismo tal y como se conoce en EEUU sabe reaccionar con mucha rapidez pulsando las teclas que siempre han funcionado.
La sorpresa –si se le puede llamar así– se extendió al saberse los nombres de algunas empresas beneficiadas. Shake Shack, una cadena de restaurantes con 200 locales por todo el mundo y 595 millones de ingresos en 2019, recibió diez millones gracias al PPP (los devolvió después tras las críticas recibidas). No tenía problemas de liquidez. Obtuvo 150 millones unos días después con la emisión de sus acciones en Bolsa.
Otras compañías de características similares, y que también cotizan en bolsa, recibieron también el máximo permitido, como Potbelly, Quantum y Hallador Energy, o a veces más si una de sus filiales había hecho la misma petición de fondos. El sector más beneficiado fue el de la construcción, con un 13,1%. Resultó favorecido por su estrecha relación con los bancos, que son quienes gestionan la solicitud de ayudas y que les dieron prioridad, según un análisis de KBW.
¿Dónde estaba el truco? Las empresas debían tener una plantilla máxima de 500 trabajadores, un límite de entrada muy alto para las pymes. Gracias a una enmienda en el Senado promovida por las empresas de lobby que trabajan para el sector de la restauración, ese límite se aplicaba al personal que trabajara en cada una de sus instalaciones. Hay pocos restaurantes que cuenten cada uno de ellos con más de 500 empleados. Uno de los senadores que promovió esa enmienda fue el republicano de Florida, Marco Rubio.
Entre los beneficiados estaba un amigo del partido. Empresas propiedad del millonario Monty Bennett recibieron en total 59 millones. Una de ellas tiene 100 hoteles por todo el país y ninguno de ellos tiene en solitario medio millar de trabajadores. La enmienda le encajaba como un guante. ¿Cómo no ayudar a Bennett que había donado 150.000 dólares al comité de reelección de Donald Trump y otros candidatos republicanos en los últimos seis meses?
El programa se adjudicaba por estricto orden de llegada. Las corporaciones que tienen en nómina a un nutrido grupo de abogados y contables expertos en sacar subvenciones a la Administración y con mejores relaciones con los bancos salieron beneficiadas. Las auténticas pequeñas empresas descubrieron que los fondos asignados al programa se habían agotado cuando les llegó el turno.
Las protestas posteriores causaron indignación a algunos políticos, en algunos casos bastante impostada. Como era de esperar, Marco Rubio, uno de los responsables de los cambios introducidos para beneficiar a las corporaciones, ha sido de los que más ha protestado. Esta semana, las dos cámaras de Congreso han aprobado otra dotación de 320.000 millones para el PPP. Se ha reservado 60.000 millones para las empresas más pequeñas que no tienen un historial crediticio con bancos y que habían quedado relegadas en la primera ronda. ¿La enmienda con el máximo de 500 trabajadores por localización? Esa se queda.
Como el organismo federal que canaliza los fondos no tiene la infraestructura necesaria, los bancos han sido los encargados de hacer de intermediarios. Prestan el dinero y si las empresas no pueden devolverlos, el Estado lo hace por ellas. El PPP les permite cobrar al Gobierno una tasa del 5% por préstamos de menos de 350.000 dólares, un 3% por los de menos de dos millones y un 1% por los de más de dos millones. Se calcula que ganarán miles de millones por su intervención. Ellos son los primeros beneficiados en este paquete de rescate.
Los trabajadores de a pie no están en esa posición. Los de abajo no tienen bancos que les ayuden y quien debe hacerlo no da la talla. Son los estados los que deben tramitar sus solicitudes para recibir el subsidio de desempleo incluido en el paquete de rescate de la economía que llega a dos billones de dólares. El caso más lamentable es el de Florida, donde sólo 33.000 trabajadores lo han recibido hasta fechas muy recientes, cuando la cifra total de solicitantes es de 650.000, ya que los funcionarios del Estado están sobrepasados. En California y Texas, dos tercios de los peticionarios están en lista de espera, según datos recopilados por la agencia AP. El porcentaje en Nueva York es del 30%.
¿A qué se debe el retraso especialmente claro en Florida? «El sistema está diseñado para que sea un completo fracaso. ¿Por qué? Porque hace que los políticos salven la cara al pretender que menos gente se apunta al desempleo, cuando la realidad es que, incluso antes de la pandemia, la gente lo tenía muy difícil no solo para hacer la solicitud sino para recibir el subsidio», dice a AP una senadora estatal de Florida.
Sólo se podría solucionar ahora este atasco si los gobiernos de los estados y las ciudades recibieran ayuda federal para dar salida a estas peticiones. Los republicanos se niegan.
No hay tal problema con las líneas aéreas, que están entre las corporaciones con más capacidad de presión en Washington. Robert Reich, secretario de Trabajo en los 90, hizo las cuentas: «Se ha gastado 50.000 millones de los contribuyentes para rescatar a la industria de las líneas aéreas que es casi lo mismo que los 48.000 millones que ellas se han gastado desde 2010 para comprar en bolsa sus propias acciones» (y que no caiga la cotización).
Reich terminaba el tuit escribiendo: «Socialismo para los ricos, capitalismo duro para el resto».
De momento, parece que el pronóstico del millonario Leo Cooperman está lejos de cumplirse.
