La Constitución española se ha quedado obsoleta. De forma poco previsora, describe desde 1978 el poder legislativo como formado por el Congreso y el Senado sin añadir la tercera Cámara parlamentaria, que no es otra que la Asamblea de Madrid. En otras comunidades, hablan de sus cosas, cosas gallegas, cosas andaluzas, etcétera. Pero en Madrid se habla de toda España desde que el Partido Popular decidió que, a falta de mayoría en las Cortes, al menos podía utilizar el Parlamento madrileño para hacer de oposición al Gobierno central.
Y luego, si hay tiempo para hablar de las cosas de Madrid, se habla, no hay problema. Sin pasarse. Cuando la presidenta responde a las críticas de la oposición, lo propio es que saque a colación temas de la política nacional. Cataluña, sobre todo. Que no falten frases acusando al Gobierno de favorecer a esos seres llamados catalanes. En el debate de este jueves, se habló hasta del Tribunal de Cuentas, de los alumnos del País Vasco y del dinero que se lleva Cataluña.
Isabel Díaz Ayuso era la anfitriona de su primera sesión de control desde la victoria en las elecciones autonómicas. Ha llegado la hora de ajustar cuentas. En primer lugar, con Telemadrid, que pasará a estar controlada por gente de la confianza de su jefe de gabinete. Se acabó esta cosa lamentable de que los informativos de la radiotelevisión autonómica se rijan por criterios profesionales. Se volverá a la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González, cuando un grupo de periodistas mediocres hundió la audiencia de Telemadrid. Nadie hará preguntas que no se le hacen a una presidenta autonómica, como ocurrió en una entrevista en la cadena en la que le preguntaron sobre la contratación de personal para el nuevo hospital Zendal. Esa insolencia no volverá a repetirse.
El primer punto del orden del día, tras la sesión de control, era precisamente la aprobación del proyecto de ley con el que Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez eliminan al actual director general de la radiotelevisión. Pretenden nombrar a continuación a un administrador «provisional» que durará el tiempo que sea necesario. La diputada que presentó la iniciativa, Almudena Negro, no subió a la tribuna con la intención de disimular. De lo que se trata es de impedir que aparezcan determinadas noticias. «¿Por qué no hay procedimientos de ‘fact checking’ en Telemadrid? Nos habríamos ahorrado el espectáculo de ayer», dijo.
El ‘espectáculo’ al que se refería era la noticia del fallo de seguridad de la web de la Sanidad de Madrid, que permitió que se pudiera ver durante unas horas datos personales del rey, Sánchez, Aznar y muchas otras personas. Informaron de ello Telemadrid, este medio y otros. La primera reacción del Gobierno fue decir en un tuit que era una noticia falsa apuntando a la que había difundido la web del canal autonómico. En privado, se comunicó a los periodistas que preguntaron que se había producido «una vulneración de seguridad».
Lo que Negro llamó espectáculo era simplemente medios de comunicación haciendo su trabajo. Por sus palabras, se deduce que eso no volverá a pasar en la nueva Telemadrid.
Con su abstención, Vox permitió que la reforma fuera aprobada. Y eso que dice que está en contra de que se utilice la televisión como herramienta de propaganda del Gobierno. Puede ser el inicio del papel que tendrá en esta legislatura de dos años, el de pagafantas del PP, porque no puede permitirse el lujo de votar junto a la oposición de izquierda contra un proyecto del Gobierno.
En el debate, Díaz Ayuso se refirió a Telemadrid para despreciar el alcance de su programación. «Un servicio público sin público no es un servicio público, sino un negocio de cuatro» (buena frase, Miguel Ángel, se nota que te preparas bien la sesión de control).
El canal tiene una audiencia inferior a las de las principales televisiones autonómicas –6,3% de share en 2020, el mejor dato en nueve años–, aunque también un presupuesto mucho más bajo. Los periodistas de confianza que puso el Gobierno de Ignacio González la habían hecho caer a un nivel aún peor. En 2013, tuvo su mínimo histórico con un 3,9% y no mejoró mucho en los dos años posteriores, 4,2% y 4,1%.
En el apartado ‘y tú más’, la presidenta lo tenía fácil con el precedente de la chapuza jurídica que el Gobierno hizo en RTVE con el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única, que ha sido tachada de contraria a la ley por el Tribunal Constitucional. No lo desaprovechó. Tampoco le gusta el presupuesto de Telemadrid. «Un ente público que cuesta casi dos Zendales en una legislatura». El Zendal ha pasado a ser la unidad de medida en la política madrileña. Antes todo se medía en campos de fútbol. Ahora en Zendales, divisa no convertible, pero de incalculable valor político.
La locuacidad típica de Ayuso quedó neutralizada por una pregunta de Vox sobre si apoyaba el concepto de autodeterminación de género. «Es un debate muy complicado para tenerlo en tres minutos», dijo, lo que es una forma estupenda de escaquearse en un debate. Como en la Asamblea de Madrid se habla de todo lo que pase en España, sí se le ocurrió referirse en esa misma pregunta al asesinato de Samuel Luiz en A Coruña: «Veo mal la inversión de la carga de la prueba, y acusar sin motivos, sin pruebas, como ha pasado con el chico de Galicia».
¿Acusar sin motivo a quién? ¿A los cuatro detenidos por los que estaría preocupada? ¿A los que odian a las personas LGTBI y que habrían sido injustamente atacados? Mónica García le acusó después de no haberse sumado a las denuncias contra la «escalada de agresiones homófobas». Ayuso respondió con un ataque, como tiene por costumbre. No ha hablado del tema hasta el jueves «por respeto a la familia», no como la izquierda que lo politiza todo. Y luego se hizo la víctima, algo cuestionable cuando se habla de un asesinato. «Si matan a un chico en Galicia, la culpa es mía, dicen».
Hay una conspiración mundial contra ella. Pero se va a acabar, al menos en Telemadrid.
