Garamendi lloró. Se había temido lo peor. Que le acusaran de romper España –la lista de culpables es larga, pero siempre se puede hacer sitio a alguien más–, que intentaran obligarle a dimitir, que dijeran que es idiota. Al final, la asamblea general de la CEOE le premió con un largo aplauso y su presidente se emocionó. Había quedado atrapado en la zona con alambre de espino que la derecha ha tendido para encerrar a todos aquellos que no siguen al paso de la oca sus designios sobre Catalunya. Ahí dentro están los traidores a España. No importa que sean más los de fuera que los de dentro o que la mayoría del Congreso de los Diputados haya quedado incluida en esa categoría.
El presidente de la CEOE no había apoyado los indultos a los políticos encarcelados por su papel en el procés. Sólo había expresado con un condicional la posibilidad de que sirvieran para lo que el Gobierno ha dicho que es una de sus principales funciones. Con la frase «si esto (los indultos) acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea», no mostraba un gran entusiasmo, pero sí una esperanza. Evidentemente, podría ocurrir lo contrario.
Antonio Garamendi estaba diciendo que el mundo de los negocios y las empresas necesita estabilidad y que siempre se ve favorecido si hay colaboración institucional entre los gobiernos. Lo mismo piensan varias organizaciones empresariales catalanas. Se juegan su dinero. No es que sean egoístas. Son realistas.
En un país en que hay días en que el líder de la oposición habla como si fuera Rosa Díez, no es extraño que se haya llegado a este punto. Es un lenguaje propio de gobiernos autoritarios con la particularidad española de que quien lo utiliza con más energía es la oposición. Todos los que no apoyan determinada política son enemigos de la nación, traidores, vendidos a oscuros intereses.
Acostumbrado a tener a la patronal siempre a la vera, el PP reaccionó indignado ante la frase de Garamendi. Hay que imaginarse los mensajes que se cruzaron en privado al comprobar la furia con que se expresó Pablo Casado en la entrevista en Onda Cero el lunes. El desprecio con el que se refirió a organizaciones cuyo papel está reconocido por la Constitución. Un día Casado va a echar un vistazo al texto constitucional y se va a pegar un susto de muerte.
Había que oírle explicar indignado que el Gobierno ha enviado al Congreso decretos que antes había negociado con la CEOE y los sindicatos. Lo nunca visto, pero que también han hecho antes gobiernos del PP. «Y a mí qué me importa. ¿Pero qué español ha votado a los sindicatos y a la patronal? Como si me viene del círculo de tenis. Oiga, esto es un Parlamento de una nación cinco veces centenaria», dijo, con ese tono de ‘usted no sabe con quién está hablando’ que se le ha pegado en los últimos meses.
«Los empresarios no representan a nadie. La soberanía reside en diputados y senadores», dijo Casado. «Yo sólo me debo a mis accionistas, que son los españoles». Habría que acotar esto último. Si acaso, se debe al 20,8% de los españoles, que fueron los que votaron al PP en las últimas elecciones de 2019. Por lo que respecta al Parlamento, el Congreso ha votado en dos ocasiones a favor de los indultos con mayorías en torno a los 190 diputados al rechazar iniciativas de la oposición contrarias a las medidas de gracia ahora concedidas.
Por tanto, si lo único que importa en una democracia es el Parlamento, en la visión de Casado, no se puede negar que el apoyo a los indultos es muy amplio. Aunque no es muy inteligente sacar conclusiones rotundas sobre la curiosa forma en que el presidente del PP analiza el sistema político.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, le respondió con un dato que Casado no parece conocer. Hay españoles que han votado a los sindicatos en eso que se denomina elecciones sindicales. En urnas y con papeletas después de campañas electorales. «Millones de trabajadores en miles de elecciones» lo han hecho en varias ocasiones, escribió Sordo, que añadió que CCOO cuenta con más delegados sindicales que concejales tiene el PP y cuatro veces más militantes que los del partido de Casado.
El espíritu de Colón se ha llevado por delante las relaciones de la derecha política y empresarial. Las primeras declaraciones de Garamendi fueron recibidas con ferocidad en el PP, porque reventaban en teoría la idea del partido de que sólo ellos representan a la opinión pública española en el conflicto catalán. El acoso a Garamendi es un aviso a todas las organizaciones que osen posicionarse sobre Catalunya de forma distinta a la que marquen el PP y la prensa conservadora. Los disidentes serán castigados con dureza. Se ha trazado una línea entre los «españoles de bien» y esos otros españoles que no merecen serlo. Y ya se sabe qué es lo que hay que hacer con los traidores cuando la nación está en peligro.
Los dos líderes sindicales sabían cómo definirlo. «Lo que ha ocurrido con el señor Garamendi ha sido un linchamiento indigno», dijo Pepe Álvarez, secretario general de UGT. «Hay una parte de la derecha política y mediática que empieza a parecerse a la Inquisición», denunció Sordo.
La gran innovación retórica de Casado en la sesión de control del miércoles fue decir que Sánchez «ha pasado del pacto Frankenstein con Podemos al pacto Drácula con los independentistas». La forma clásica de eliminar a los vampiros consiste en clavarles una estaca en el corazón. Es la salida que Casado tiene reservada para sus adversarios. Lo llamarán Inquisición. Para él, sólo será la limpieza de los enemigos de España en nombre evidentemente de la libertad.
