«Esther L. Palomera no cae bien en La Moncloa». Era el titular de un breve artículo aparecido en febrero de 2014 en una página web de escasa difusión pero muy cercana al PP, el tipo de medio digital donde aparecen comentarios de fuentes anónimas para enviar mensajes a medios de comunicación o empresas. La razón de ese enfado eran los comentarios en tertulias televisivas y radiofónicas de la periodista sobre la corrupción en el PP, no sus artículos en el periódico La Razón, donde trabajaba desde hace tiempo.
La última frase del artículo era el aviso definitivo: «En definitiva, en el Gobierno consideran que son demasiadas las críticas que reciben de la periodista». Tradúzcase «demasiadas» por: hasta aquí hemos llegado. El origen de esos comentarios también aparecía en el texto: la Secretaría de Estado de Comunicación. Más que una noticia, era un veredicto.
Las relaciones de Palomera, subdirectora en el periódico, con su jefe, Francisco Marhuenda, ya eran entonces muy difíciles. La periodista se puso en contacto con la entonces presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego, para solicitar algún tipo de apoyo de la organización ante lo que suponía que se le venía encima. La respuesta que recibió es que no era posible intervenir sobre ese artículo, porque se trataba de un asunto de libertad de expresión.
Palomera fue despedida poco más de un mes después. Madrid es uno de esos sitios donde la «libertad de expresión» ejercida por el Gobierno acaba con periodistas represaliados.
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