Anthony Kennedy, de 81 años, ha comunicado a Donald Trump que va a dimitir como miembro del Tribunal Supremo. La noticia ha puesto a los medios de comunicación norteamericanos en estado de emergencia, porque todos son conscientes en EEUU de que los muy escasos relevos en la máxima autoridad judicial del país tienen repercusiones que se prolongan durante décadas. En un panorama político en el que muchas cosas pueden cambiar en cuestión de meses, los nombramientos en el Tribunal Supremo tienen la virtud de permanecer en el tiempo como algo que no cambiará por los titulares de mañana.
Kennedy fue nombrado por Ronald Reagan en una época muy diferente de la política norteamericana, cuando al presidente le interesaba que este tipo de decisiones contara con el apoyo de al menos algunos congresistas del otro partido. Estas designaciones tienen que ser confirmadas por el Senado, por lo que era imprescindible recibir los votos de esos senadores.
Ahora mismo, el Partido Republicano controla las dos cámaras –con una mayoría muy pequeña en el Senado– y en el ambiente actual mucho más polarizado y con un presidente de estilo ‘my way or the hard way’ no cabe esperar más que el sustituto de Kennedy sea mucho más conservador que él.
Kennedy era un conservador moderado al que los medios norteamericanos le asignaron la etiqueta de juez centrista o la clave que podía desequilibrar la mayoría del tribunal hacia posiciones conservadoras o progresistas. Eso ocurría en muchas ocasiones, aunque de las veinte últimas decisiones del Supremo él votó con la mayoría conservadora en la mayoría. La última ha supuesto una fuerte derrota para los sindicatos norteamericanos. La ley les permitía recibir una aportación económica de los trabajadores no sindicados cuando la negociación colectiva en la que participaba la central permitía conseguir beneficios salariales o laborales para ellos. Era un situación que existía desde hace cuatro décadas y que los grupos conservadores pretendían eliminar desde hace tiempo, lo que ahora han conseguido. El voto de Kennedy hizo que saliera adelante el cambio.
Él también tuvo un papel clave en la sentencia Citizens United de la que fue ponente. Esa decisión eliminó los límites a la financiación de campañas políticas siempre que se hicieran a organizaciones que no estuvieran coordinadas con los candidatos a las elecciones.
Esa es ahora una de las grandes trampas del sistema político norteamericano. Supuestamente, no hay contacto entre las SuperPAC y las campañas de un candidato a presidente o congresista favorecido por ese grupo. Pocos se lo creen, pero es imposible probar lo contrario.
Pero Kennedy fue decisivo en otros casos donde prevalecieron puntos de vista progresistas, como el derecho al aborto y los derechos de los homosexuales. Es improbable que el sustituto elegido por Trump adopte esa línea.
Eso no quiere decir que el aborto vaya a ser ilegalizado en EEUU en los próximos años. El Supremo no tiene la costumbre de revisar por completo aquellos asuntos que el tribunal ha dejado claro en el pasado, aunque esa costumbre no se ha respetado en el caso citado de la financiación de los sindicatos. Eso no quiere decir que no vaya a aceptar más recursos sobre el aborto.
Desde hace años, se ha dicho que la posibilidad en el caso de que las fuerzas conservadoras pudieran incluir en el Supremo el número suficiente de jueces es que estos decidan conceder a cada Estado federado la decisión última sobre la interrupción del embarazo. La derecha judicial siempre ha tenido como una de sus banderas el respeto a la autonomía de los estados y la denuncia del intervencionismo exagerado del Estado federal. No es una casualidad que las grandes conquistas sociales se hayan originado en Washington y, a veces con grandes dificultades, se hayan extendido por todo el país.
Esa es la gran esperanza de la derecha y por eso los legislativos de algunos estados muy conservadores aprueben leyes con restricciones al derecho al aborto sabiendo que no se aplicarán por los recursos ante los tribunales, pero con la esperanza de que lleguen al Tribunal Supremo y obtengan ahí la victoria en la que confían.
De ahí el pronóstico de Jeffrey Toobin, de The New Yorker: «En 18 meses, el aborto será ilegal en 20 estados».
