Los que creían que Donald Trump iba a moderar su mensaje o a hacer más convencional su campaña una vez que asegurara el número de delegados necesario para hacerse con la candidatura republicana han tenido un duro choque con la realidad en la última semana.
Entre los primeros están los periodistas que desean enfrentarse a una campaña electoral competitiva e igualada. Es mucho más interesante eso que pasarse meses dando vueltas en torno a un duelo decidido meses antes.
También hay que incluir ahí a todos los políticos republicanos que se apresuraron a anunciar su apoyo a Trump con mayor o menor entusiasmo, con la única excepción de relieve de Mitt Romney. Los demás esperaban que el magnate inmobiliario abandonara sus exabruptos más conocidos y su desprecio por los votantes latinos. Confiaban en que el dinero hiciera entrar en razón a su nuevo candidato, el dinero que él no tiene, porque necesita la maquinaria financiera del Partido Republicano y de sus donantes habituales en el mundo de la empresa para afrontar el coste de una campaña nacional.
Vana ilusión. Trump no ha tardado mucho tiempo en volver a incidir en los elementos más racistas de su campaña, pero esta vez de forma más grave. No se trata ahora de intentar echar del país a millones de mexicanos sin papeles, sino de ir directamente contra un juez norteamericano que resulta ser hispano. De ahí a exigir un determinado perfil étnico para acceder a la judicatura del país sólo hay un paso que Trump no dará… de momento.
Todo procede de dos demandas contra Trump relacionadas con «Trump University», un nombre que necesita las comillas porque ese centro de enseñanza fundado por el millonario en 2005 ni siquiera tenía el derecho legal a llamarse universidad. Para definirlo en pocas palabras, vale este titular del medio conservador National Review que lo define como «una estafa masiva».
El juez federal Gonzalo Curiel rechazó la petición de los abogados de Trump de archivar las demandas. Los periodistas han preguntado a Trump por ese conflicto jurídico porque es legítimo analizar su pasado como empresario a la hora de saber cómo dirigirá el país. Además, el candidato republicano ha presumido en infinidad de ocasiones de ganar todas las demandas que se han presentado contra él, lo que no es cierto, ya que en muchos casos ha llegado a acuerdos con los litigantes para que las retiraran (pagándoles indemnizaciones, como es habitual en estos casos).
Aparte de negar la evidencia y de presumir de que ese remedo de universidad fue un gran éxito, Trump ha reaccionado cargando contra ese juez. ¿Por discrepar de sus razonamientos jurídicos? Por algo más. Porque es hispano. WSJ:
En una entrevista, Trump dijo que el juez Gonzalo Curiel tiene «un total conflicto» (de intereses) al ocuparse de la demanda, ya que es «de origen mexicano» («Mexican heritage» en el original) y miembro de una asociación de abogados latinos. Trump dijo que los antecedentes del juez, que nació en Indiana de padres inmigrantes mexicanos, son relevantes a causa de sus promesas en la campaña contra la inmigración ilegal y su promesa de cerrar la frontera sur de EEUU. «Voy a construir un muro. Eso es un obvio conflicto de intereses», dijo Trump.
Es decir, un juez que es ciudadano estadounidense, nacido en el muy norteamericano Estado de Indiana, no puede tomar una decisión jurídica imparcial en una demanda contra Trump porque sus padres eran mexicanos y porque el candidato ha hecho una serie de promesas en la campaña relacionadas con la inmigración desde México, obviamente mucho tiempo después de que Curiel fuera nombrado para ese puesto.
Más allá de que en la práctica está acusando a un juez de prevaricación, no es una exageración deducir que Trump cree que ningún juez latino podría intervenir en un caso en el que él estuviera implicado, y lo mismo podrían decir muchos otros ciudadanos del país. En su caso, sólo aceptaría jueces blancos, anglosajones y protestantes, preferiblemente en ese orden.
Es otro alegato de obvias connotaciones racistas por parte de Trump. Y no se apea de ahí por mucho que le pregunten.
Cuando el periodista le dice que tiene derecho a estar en desacuerdo con las decisiones del juez, pero le pregunta si lo justifica por «su raza», Trump cambia de tema o incide en que no puede ser un juez imparcial por el origen de sus padres. Y sobre esa asociación a la que se refería el artículo de WSJ, dice que es «muy proMéxico»; es decir, por ser latinos, esos juristas son sospechosos de no ser auténticos estadounidenses. «He is American», insiste Jack Tapper, de CNN. «He’s Mexican heritage», responde Trump.
Tapper vuelve al tema varias veces –no es una entrevista en la que el periodista se rinda después de un par de preguntas–, pero da igual.
Trump no está loco. Este tipo de reacciones son coherentes con lo que ha dicho en toda su campaña. Se presenta como víctima para que los norteamericanos de raza blanca que se sienten amenazados por la inmigración, los musulmanes o cualquier persona de origen extranjero con la piel más oscura empaticen con él y se sientan representados por su mensaje. Es la campaña racialmente más explícita que se haya visto en EEUU en décadas. Al menos, Nixon era más sutil.
En el análisis postmortem que los republicanos hicieron tras su derrota en las elecciones de 2012, incidieron en que necesitaban aumentar su porcentaje de voto en la comunidad latina. Trump está aniquilando cualquier posibilidad de mejorar esos números. Pero hay otra cosa mucho peor para él. Según la mayoría de las encuestas, su apoyo entre la clase blanca trabajadora en buena parte del país es menor que el que obtuvo Romney hace cuatro años. Y Romney perdió. Es muy probable que ese porcentaje aumente en los próximos meses, pero así no se ganan unas elecciones en EEUU.
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La campaña de Hillary Clinton no ha desaprovechado la ocasión:
