Uno de los fracasos más evidentes del procés independentista fue la ausencia de apoyo exterior. El listón estaba muy alto. Carles Puigdemont intentó convencer a los catalanes de que EEUU y la Unión Europea no tendrían más remedio que reconocer la independencia de Catalunya si triunfaba el referéndum. Nada de eso ocurrió después del 1-0, a pesar de que los medios de comunicación de Madrid estaban muy alarmados por los esfuerzos de la Generalitat por vender su mensaje en el extranjero. Al final, lo que llegó del exterior fue el previsible apoyo de los gobiernos europeos al Gobierno español –sólo debilitado por las imágenes de cargas policiales a votantes del 1-O– y mucho ruido. Como el procés tiene una vertiente jurídica posterior que es poco menos que una historia interminable, quizá no deban sorprendernos los argumentos aparecidos en un auto de un Juzgado de Instrucción de Barcelona. Más que ruido, es un espectáculo.
La detención de tres pesos pesados del procés, aunque sin cargos públicos en el momento de los hechos, ha vuelto a sacar a la luz los trabajos de la Guardia Civil como policía judicial en distintas investigaciones. Los oficiales que aportaron informes a las causas y testificaron en las vistas correspondientes, como el teniente coronel Baena, vieron ignoradas varias de sus conclusiones en el juicio del Tribunal Supremo y sufrieron una rotunda derrota con la absolución de Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional. Ahora vuelven a la carga y, a tenor de sus aportaciones que aparecen en el auto del juez Joaquín Aguirre, corren el riesgo de quedarse en materia prima de titulares escandalosos en la prensa.
El contenido del auto no debe hacer prejuzgar una investigación que lleva declarada secreta desde hace un año y de la que no se sabe lo suficiente. Se investiga un presunto fraude en subvenciones de la Diputación de Barcelona, pero en ese árbol han crecido ramas tan diferentes como la financiación de la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica y las actividades de Tsunami Democràtic. Sin embargo, no se debe considerar irrelevantes los «indicios de criminalidad» con los que el auto justifica los registros realizados el miércoles en varios domicilios. Ahí es donde empieza un relato de los hechos que combina las andanzas de un personaje estrafalario del procés con la fantasía aportada por la Guardia Civil.
El protagonista es Víctor Terradellas, el Willy Fog convergente, una persona con la energía, falta de cualificación y contactos oscuros suficientes para no desentonar en la constelación de amigos y asesores con que la Administración de Donald Trump ha poblado la política exterior de EEUU en los últimos años. En una época en que la Generalitat buscaba ayuda del exterior, cualquiera servía.
Con una desbordante capacidad de moverse por varios países, Terradellas es el presunto arreglatodo que conocía a gente, pero que al final cumplió mucho menos de lo que había prometido a los arquitectos del procés. De hecho, casi no cumplió nada. Eso no impide al juez explotarlo a tope. El auto se refiere a «un grupo de Rusia creado en la época de Gorbachov para el desarrollo de esa plataforma de criptomonedas» con el que supuestamente estuvo en contacto Terradellas.
Dejando a un lado el hecho de que en los tiempos del ex secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética no existían las criptomonedas y al pequeño detalle de que la URSS ya no existe, lo más llamativo es la rapidez con que ese grupo de composición desconocida se adapta a otras funciones en sólo tres párrafos del auto. En el primero, se hace referencias a las ciberdivisas. En el segundo, el grupo pasa a estar interesado en tareas de «información» (pongamos que habla aquí de propaganda). No sólo eso, sino que está dispuesto a aportar entre 100 y 300 millones. En el tercero, la trama pasa a cobrar aires militares con un titular fantástico por el que «el jefe» de ese grupo había ofrecido enviar a Catalunya «diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana».
Más allá de que esta revelación proceda o no de la imaginación calenturienta de Terradellas, un 007 con licencia para fardar, el juez –que suponemos que no ha visto la película ‘Amanecer rojo’– o la Guardia Civil aportan una explicación de su cosecha: «Es decir, en otoño de 2017 Rusia habría ofrecido apoyo a Carles Puigdemont si hubiese declarado la independencia hasta el punto de haber trasladado a Catalunya a 10.000 soldados. De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado en el Estado con un incierto número de víctimas mortales».
Más que incierto, elevado. En este punto, conviene aclarar que nunca ha habido una invasión rusa de Europa Occidental desde 1945. Antes, tampoco. Lo raro no es que el juzgado haya autorizado los registros en varios domicilios, sino que no haya declarado la guerra a Rusia, aunque, como el invierno se acerca, la historia nos dice que no es la mejor época.
La fantasía apocalíptica que el juez Aguirre ha hecho suya supone un evidente desconocimiento de la historia reciente de Rusia. El Gobierno de Vladímir Putin intervino con tropas en la guerra civil ucraniana y se anexionó Crimea. También en la guerra de Siria para apoyar al Gobierno de Asad. Además, una empresa privada de mercenarios propiedad de un empresario cercano al Gobierno ruso ha enviado fuerzas militares a la guerra de Libia. Esas intervenciones tenían una lógica desde el punto de vista de la política exterior rusa. Una invasión rusa de Catalunya, no. Evidentemente, Putin estaba muy interesado en que los países de la UE aceptaran la anexión rusa de Crimea, así como en continuar con la exportación de gas ruso a Alemania, no en causar una guerra en el Mediterráneo.
Pero la mezcla de la imaginación de Terradellas y el misterioso «grupo de Rusia» llevan al juez a decretar que «Rusia habría ofrecido apoyo a Carles Puigdemont». Y no hay más que hablar.
La visita que hizo Oriol Soler para reunirse con Julian Assange en Londres es conocida, así como la defensa del proceso independentista que hizo el fundador de WikiLeaks a través de Twitter. Pero eso no es suficiente para el juez Aguirre, que mete también a Edward Snowden en la novela de espías. En ese momento, el auto se inventa literalmente una conexión que no existe. Afirma que Margarita Simonián, directora de la cadena pública RT –antes Russia Today– es «la editora, precisamente, de Julian Assange y Edward Snowden».
Por editora, la gente pensará que Assange y Snowden estaban a las órdenes de Simonián. Es falso. Assange hizo un programa de entrevistas para RT en 2012 cuando estaba asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. Snowden nunca ha trabajado para RT por mucho que viva en Moscú.
La estrategia de propaganda del Gobierno ruso pasa por diferentes vías. Su prioridad reside en la opinión pública rusa, lo que no es extraño. De cara al exterior, el canal RT y otros medios públicos se ocupan de destacar las crisis y conflictos internos de los países europeos como forma de cuestionar las críticas que recibe el Gobierno ruso en los medios de comunicación de Europa. En un plano más clandestino, pero escasamente secreto por ser bastante conocido, empresas rusas con conexiones con el Gobierno generan contenidos de desinformación destinados al extranjero, cuya eficacia es cuestionable o muy difícil de medir. El referéndum del Brexit fue un éxito para los partidarios de la salida de la UE gracias a décadas de desinformación originadas en Gran Bretaña, los errores del Gobierno de Cameron y la división interna del Partido Conservador. No por las posibles interferencia rusas. Lo mismo se podría decir del procés catalán.
El juez Aguirre ha optado por la alternativa de la conspiración. De cara a colocar su contenido en los medios de comunicación, la clave siempre es elegir el titular de más impacto. En eso, el juez realmente ha estado insuperable.
