En política, es frecuente que si a los políticos les resulta difícil encontrar la solución a un problema, decidan cambiar el nombre al problema. Abrir el campo para referirse a otras situaciones en las que pisas terreno más sólido o seleccionar un mensaje más ilusionante. Lo segundo es especialmente valioso si a la gente se le está acabando la paciencia.
Moncloa informó el martes de que el «comité técnico de gestión del coronavirus» tendrá ahora un nuevo nombre: «comité técnico para la desescalada». Adiós, coronavirus (un enemigo correoso). Hola, desescalada (un instrumento para alcanzar la victoria). La palabra de la que todos hablan sin estar muy claro hasta dónde puede llegar al depender de lo que sucederá en las próximas semanas. Por cierto, lo llaman comité técnico y no lo es. Presidido por Pedro Sánchez, está compuesto por cuatro vicepresidentes, seis ministros y cuatro altos cargos, además del único técnico, Fernando Simón. Otro ejemplo de retorcer un poco el lenguaje para que signifique otra cosa.
Antes de sacar la maza de pegar a los políticos, conviene tener en cuenta que el Gobierno asume que la cuerda no se puede estirar mucho más. Con un impacto económico terrible, el primer partido de la oposición disparando cada día con todas sus armas y el lógico cansancio de la opinión pública, las opciones se reducen. Los gobiernos ya no controlan el calendario, pero están obligados a fingir que sí lo hacen.
Por eso, al final Sánchez ofreció el martes el calendario sin fechas, otra innovación de la era del coronavirus. El objetivo es alcanzar la «nueva normalidad», que es como la normalidad de antes pero con mascarilla y con un semáforo en intermitente en cada esquina, porque nos arriesgamos a volver al punto de partida.
En una rueda de prensa mal concebida y con algunas explicaciones confusas, Sánchez presentó el plan general de la desescalada: gradual, asimétrica y coordinada. Lo último resultó ser falso. Una vez más, los presidentes autonómicos se enteraron por los medios de comunicación. El presidente optó por asumir todo el protagonismo –y no cederlo por ejemplo al ministro de Sanidad o a la ministra portavoz– y ser él quien detallara las cuatro fases con las que se pondrá fin al confinamiento en un periodo de tiempo que irá del 11 de mayo a finales de junio.
A la hora de bajar a ejemplos concretos, se echó de menos más claridad y una mayor diferenciación entre lo que podrán hacer los ciudadanos y los establecimientos comerciales.
Como uno de los países más castigados por la pandemia, España tendrá una recuperación lenta y muy controlada por el Gobierno central. Varios gobiernos autonómicos habían pedido que les dejaran introducir excepciones o ritmos diferentes dentro de cada provincia.
Estaba claro que eso no iba a pasar. Supondría que el Gobierno central perdería el control de la situación. Muy influidos en la mayoría de los casos por los empresarios de cada región y también angustiados por las consecuencias económicas de la crisis, no habrían tardado mucho tiempo en abrir la mano. Y no hay que olvidar una cosa. Si las cosas no salen bien y hay que volver al confinamiento en dos o cinco meses, a quien van a culpar es al Gobierno central, no a los autonómicos. Ya se ocuparán de eso los presidentes de estos últimos.
Frente a la presión del PP para poner fin a todo cuanto antes, Sánchez optó por frenar las expectativas. «El virus no se ha ido», dijo haciendo pausas entre las palabras. «Si tenemos que elegir entre prudencia y riesgo, el Gobierno siempre elegirá la prudencia».
Prudencia es una palabra que nadie debería desdeñar en un país que ha sufrido al menos 23.822 muertes. No al precio de dar a entender que es posible asumir una vuelta a la normalidad –perdón, nueva normalidad– sin riesgos. Eso es pura ficción cuando cada día leemos opiniones de científicos y médicos que nos recuerdan todo lo que no sabemos, que es muchísimo («aún no sabemos cómo nos está matando el coronavirus», decía el titular de un artículo que explica muy bien el alcance de la incertidumbre médica).
Pablo Casado no hace más que repetir que exige un plan para salir «sin riesgos». No lo ha puesto sobre la mesa porque no existe en ningún lugar de Europa. Nadie está tan loco como para creer que la pandemia ya ha finalizado. El líder del PP también reclama nuevos derechos para los ciudadanos. «Los españoles tenemos derecho a saber si estamos sanos y el Gobierno tiene el deber de hacer test a todos». Es otra reclamación imposible de cumplir (Alemania ha realizado dos millones de tests en un país de 83 millones de habitantes; Corea del Sur, 600.000 con 51 millones de personas).
Algunos datos de la evolución de la pandemia son indudablemente positivos en España. Seis comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, no tuvieron el martes ningún ingreso nuevo en las UCI. Otras ocho ofrecieron cifras de cinco o menos (Galicia no aportó datos ese día). Las únicas con números más altos son Madrid y Catalunya. Esas dos comunidades sumaron 593 de las 878 nuevas hospitalizaciones. En otras palabras, 33 millones de españoles viven en lugares en los que se puede decir que el sistema sanitario no está trabajando ya cerca del límite de sus posibilidades. Ese es uno de los factores con que se justificó las medidas de confinamiento, pero no puede ser el único para salir de él.
El PP y la Generalitat catalana tardaron solo minutos en descalificar la planificación ordenada por Moncloa, cuando los periodistas aún estaban digiriendo toda la información facilitada (inevitablemente los pdf resultaban más claros que los comentarios de Sánchez). «Ni GPS, ni timón, ni nadie a los mandos», dijo el número dos del PP, lo que contradice la evidencia que nadie puede ocultar y es que el presidente pretende asumir un control absoluto de los ritmos de desescalada.
«Catalunya vuelve a 1833», protestaba Quim Torra, airado por el uso de la provincia como unidad de medida en la desescalada. Spoiler: las provincias siguieron existiendo en el siglo XX y XXI. Él hubiera deseado que el Gobierno dejara a las autonomías el control (soñar está bien, pero es mejor que los políticos sean realistas sobre el ejercicio del poder) o que el Govern pudiera hacer un tratamiento personalizado de cada región sanitaria catalana, aunque no se puede decir que el experimento de aislar Igualada sirviera de mucho. Por no hablar de que los catalanes saben en qué provincia viven y no está claro que sepan cuál es su región sanitaria.
Políticamente, la desescalada no se diferenciará mucho de todas las etapas anteriores. Controlada por el Gobierno central, asediada por la derecha y contemplada con una mezcla de temor y esperanza por la población. En todos los países, se dice que es imposible descartar una segunda oleada del coronavirus desde el otoño. La política española es más de jugárselo todo a una carta.
