Boris Johnson negó que estuviera pensando en dar ese paso, pero todos debían saber que era el arma definitiva con la que su Gobierno pretendía neutralizar al Parlamento para que la salida de la UE se produzca el 31 de octubre con o sin acuerdo. La segunda opción era entonces y ahora la más probable.
La Cámara de los Comunes pone fin a su pausa de verano el próximo lunes. Una semana después, el Gobierno impondrá un receso de varias semanas hasta la celebración del ‘Queen’s Speech’ el 14 de octubre, en el que la reina lee en un discurso el programa político del Gabinete. Son cuatro o cinco jornadas que dejarán muy poco margen a una iniciativa parlamentaria que intente impedir el No Deal Brexit.
El diputado conservador y ex fiscal general Dominic Grieve ha dicho que es una iniciativa «bastante escandalosa» y un intento de gobernar sin el Parlamento. «Es un escándalo constitucional si se impide al Parlamento pedir cuentas al Gobierno en un momento de crisis nacional», ha denunciado el diputado tory y exministro de Hacienda Philip Hammond. «Escándalo constitucional» es la expresión que también ha usado el presidente de la Cámara, John Bercow.
El uso de la palabra ‘constitucional’ en estas declaraciones requiere un inciso. El Reino Unido no tiene una Constitución, al menos lo que los demás países europeos consideran como tal. Sí cuenta con dos grandes textos legales históricos que tienen ese rango: la Magna Carta de 1215 y la Bill of Rights de 1869. Además, hay que incluir toda una serie de costumbres y leyes, algunas realmente antiguas, que forman en su conjunto una serie de normas constitucionales que los gobiernos respetan. La tradición importa en la política británica. Ahora que todos se han vuelto locos, un poco menos.
Los partidarios del Gobierno insisten en que esta medida sin precedentes en una situación de emergencia es habitual en el periodo de tiempo inmediatamente anterior al ‘Queen’s Speech’ para permitir que el poder ejecutivo prepare su programa de legislatura y liberarlo de las tareas parlamentarias. Obviamente, nunca se había producido una situación así cuando el país se enfrentaba a una decisión de unas consecuencias económicas y políticas tan dramáticas como el Brexit. Se trata de un ardid para eliminar de la ecuación a los que pueden obstaculizar los planes del Gobierno.
Como siempre que se plantean cuestiones constitucionales en el país, existe un amplio debate sobre si la decisión de Johnson es legal o no. La opinión más extendida es que no es claramente ilegal, lo que no impide que ya se hayan presentando algunas demandas en los tribunales.
Lo que es indudable es que Johnson ha dado el paso que más temían los partidos de la oposición y los diputados tories opuestos al No Deal al dejarles con muy pocas opciones. Prácticamente, sólo les queda una y el Gobierno tiene preparada una respuesta. ¿Qué ocurriría si una mayoría del Parlamento retira la confianza a Johnson? ¿Dimitirá? No parece que tenga esa intención, según varios periodistas que citan fuentes del Gobierno.
Johnson no cogerá el coche para dirigirse a Buckingham y presentar la dimisión a la reina. En ese caso, pretende convocar elecciones para que se celebren en los días inmediatamente posteriores al Brexit, entre el 1 y el 5 de noviembre. Será lo que Craig Oliver, director de Comunicaciones de Downing Street con Cameron, ha denominado unas elecciones «people versus parliament». Presentarse como representante de la voluntad popular expresada en el referéndum del Brexit frente al Parlamento, o dicho de otra manera, frente a la ‘élite política’ del país. Un camino peligroso –constitucionalmente peligroso– que deparará todo tipo de iniciativas demagógicas en las que la palabra ‘pueblo’ se utilizará como arma. El hecho de que la mayoría de los dirigentes tories, empezando por el actual primer ministro, sean conspicuos representantes de esa misma élite será un detalle que se obviará oportunamente, al igual que se hizo en la campaña del referéndum de 2016.
Once again while the Remainers spent a lot of time talking to each other, not ruling anything out, keeping options on the table, forming groupings, having meetings, plotting plans and planning plots, they’ve been totally wrong-footed by more decisive opponents
— Matt Chorley (@MattChorley) August 28, 2019
A lo largo de meses, los partidos opuestos al No Deal han tenido la oportunidad de aprobar un acuerdo de salida de la UE pactado con la Comisión Europea o promover un segundo referéndum. Han sido incapaces de hacerlo porque no había una mayoría para ambas opciones. Es el mismo Parlamento que dio luz verde a la decisión del Gobierno de Theresa May de invocar el artículo 50 y comenzar las negociaciones para la salida.
Las cosas podrían haber sido diferentes si el Partido Laborista se hubiera volcado en la idea del segundo referéndum, pero Jeremy Corbyn impuso como prioridad cumplir el deseo expresado por los británicos en 2016. Los laboristas –también divididos por el Brexit, aunque en menor medida que los tories– han ido bandazos sin una línea definida, y por ello son también corresponsables del caos de la política británica de los últimos años.
Ahora, Boris Johnson y su jefe de gabinete, Dominic Cummings, que fue el arquitecto de la campaña del Leave, están dispuestos a pasar por encima del Parlamento para propiciar el único Brexit claro y tajante, el que no incluye ningún acuerdo previo con la Comisión con independencia de las consecuencias económicas que pueda tener. La convocatoria casi inmediata de elecciones tras el 31 de octubre es su gran baza política, casi la única, para intentar conseguir una mayoría antes de que el impacto económico sea imposible de ignorar.
Es en estos momentos cuando conviene recordar un hecho histórico muy conocido. Churchill ganó la guerra e inmediatamente después perdió las elecciones.
A última hora del miércoles, recibieron una mala noticia al saberse que Ruth Davidson renunciará a continuar como líder de los tories escoceses. Davidson es una política muy popular en Escocia y con gran cartel en los medios de comunicación, incluidos los conservadores. Hizo campaña en contra de la salida de la UE y había dejado claro que estaba en contra de un Brexit radical. Se la considera la artífice de la resurrección electoral de los conservadores en el norte. Con ella, los tories escoceses pasaron de tener un diputado a 13 y un año antes habían doblado su grupo en el Parlamento de Edimburgo. Ya hay muchos que creen que su dimisión –a lo que hay que unir el impacto del Brexit– hará que los conservadores vuelvan a hundirse en Escocia.
El desenlace traumático de todo el proceso del Brexit era en buena parte previsible. Los británicos votaron a favor de abandonar la UE en el referéndum, que como es lógico en una consulta de estas características sólo planteaba dos opciones en la papeleta. Los votantes no decidieron qué tipo de Brexit querían. Desde luego, no apostaron por un No Deal producido de un día para otro, como el que puede ocurrir el 31 de octubre.
La falta de una salida pactada ha terminado por cargarse al sistema político británico hasta el extremo de que el Gobierno clausurará el Parlamento durante varias semanas clave como si fuera una dictadura de algún lugar recóndito del planeta.
