En 1977 uno de los frentes abiertos por la extrema derecha era contra los medios de comunicación. Las amenazas eran constantes y no era nada inusual que incluyeran el aviso de que el siguiente sería un acto violento. La matanza del despacho de abogados de Atocha en enero servía para dejar claro a todos los acosados que no era algo que se pudiera ignorar. Los ultras podían ladrar y también podían morder.
El 20 de septiembre, Juan Peñalver, conserje del edificio donde se encontraba la redacción de la revista satírica El Papus, recogió un paquete enviado al director de la publicación. Estalló en sus manos antes de que pudiera acercarse a la zona en la primera planta donde estaban reunidos los integrantes de la plantilla. Falleció en el acto y otras 17 personas resultaron heridas.
El Papus era procaz y salvaje. No había en esa época debates sobre los límites del humor, porque de lo que se trataba era de saltarse todos los límites después de cuarenta años de dictadura. Recibió decenas de demandas judiciales y sufrió algunos cierres, lo que suponía un acicate más para sus creadores. Cuanto más enfurecía a las instituciones del Estado y a la extrema derecha, mejor.
El humor siempre es un adversario odiado por los extremistas. No aceptan bien las críticas, pero lo que más les altera es que les ridiculicen.
Vox decidió este martes elevar sus frecuentes ataques a los medios de comunicación al nivel de las amenazas con un tuit en el que acusó a El Jueves de difundir «el odio contra millones de españoles». Identificó a Ricardo Rodrigo Amar como presidente de RBA, el grupo editorial que publica la revista, y animó a todos aquellos que se sientan ofendidos por su contenido a esperarle a la salida del trabajo: «Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona». El tuit incluye una foto del editor, con lo que será más fácil reconocerle en la calle.
La avenida Diagonal es muy larga, pero no es difícil encontrar en internet la dirección exacta de la empresa. La diana ya está puesta en la cabeza de Amar. Lo que hagan los seguidores de la extrema derecha después de leer el tuit queda a su criterio.
El motivo de la furia de Vox es una colección de ilustraciones con caricaturas de dirigentes del partido inspiradas en los cromos de la Pandilla Basura, que son en origen tan procaces y salvajes como la versión actual de El Jueves. Es una sátira basada en otra sátira, una materia prima habitual entre los humoristas gráficos.
«Vox cruza todos los límites con este mensaje. No solo los éticos, que hace tiempo que ignora, sino los legales», escribió Reporteros sin Fronteras. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó el aviso: «Señalar a un editor con nombre, apellidos, su fotografía y lugar de trabajo y, además, solicitar implícitamente que se le exijan responsabilidades en la calle, es una clara incitación al odio». «No se saltan ninguna de las prácticas que ejecutaban los nazis», denunció Izquierda Unida.
La amenaza de Vox coincidió con un mensaje de la fundación del partido con el que Santiago Abascal apoya una iniciativa europea «en defensa de la libertad de expresión frente a la ofensiva totalitaria de las grandes corporaciones tecnológicas». Es una campaña de asociaciones de extrema derecha impulsada después de que Twitter y Facebook suspendieran las cuentas de Donald Trump. La cuenta de Vox en Twitter ya fue suspendida de forma temporal por un ataque homófobo al relacionar las clases de educación sexual en los colegios con «promover la pederastia».
No hay ningún partido que haya realizado tantos ataques directos a medios de comunicación como Vox, porque en su repertorio agresivo se ha lanzado también contra medios que no les tratan con hostilidad. Desde el principio, el partido ha presumido de que existe una gran conspiración mediática contra ellos, un ardid empleado hasta la exageración por Donald Trump en EEUU y que sirve para contraatacar contra cualquier información que les parezca negativa.
Este mismo martes, el jefe de prensa de Vox ha cargado contra El Confidencial («el discurso del odio es sólo suyo») por publicar un artículo sobre el aumento de delitos de odio en España. El texto no hace ninguna acusación al partido. Se limita a citar una opinión de un portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales contra el partido de Abascal con el argumento de que los discursos de sus dirigentes «generan un clima que hace aumentar las agresiones» contra el colectivo LGTBI. Vox también pretende vetar las organizaciones a las que los medios pueden entrevistar.
Vox elaboró una amplia lista de medios vetados arrogándose el derecho a diferenciar entre «periodistas» y «activistas». Los segundos son los que no les gustan. Los primeros les tratan mejor, con entrevistas en primera página, pero eso no les libra a veces de ser atacados.
La intimidación es la forma en que Vox se relaciona con los periodistas. Ha hecho lo mismo con consecuencias más graves con la campaña contra los menores inmigrantes en ciudades como Madrid y Sevilla. Su diputada Rocío Monasterio se plantó en 2019 ante un centro que acoge a estos menores en el barrio madrileño de Hortaleza para denunciar una supuesta ola de inseguridad responsabilidad de sus internos. Abascal se refirió a esa residencia en un debate televisado en la campaña de noviembre de 2019. Semanas después, alguien lanzó una granada contra el recinto que no llegó a estallar. Varios partidos acusaron a Vox de incitar a la violencia con sus críticas a los inmigrantes basadas en datos falsos. Vox se declaró escandalizada por el hecho de que «se usara la violencia con fines políticos».
En términos legales, a la extrema derecha le conviene que Ricardo Rodrigo Amar no sufra el más mínimo percance físico a manos de personas indignadas con las viñetas de El Jueves. Es posible que hasta los jueces de Madrid tengan que asumir que el ataque personal de Vox en Twitter con foto incluida suponga incitación a la violencia si esta finalmente se produce.
