Isa Serra con la antorcha en la mano y Yolanda Díaz, detrás preparando el extintor y con el botiquín a la vista. Unidas Podemos ha conseguido que la crisis causada por la condena al diputado Alberto Rodríguez haya puesto de manifiesto el estilo muy diferente de la vicepresidenta comparado con el de la dirección del partido al que ella no pertenece, pero que ya la eligió como candidata a la presidencia para las próximas elecciones. El mismo día en que Serra reclamó la dimisión de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, por haber dejado a Rodríguez sin su escaño en lo que definió como «un ataque a la democracia», Díaz tuvo la oportunidad de unirse a esa exigencia. Decidió que no era conveniente alimentar las llamas.
En una entrevista en La Sexta, le preguntaron si estaba de acuerdo con la petición de Podemos sobre Batet. La respuesta consistió en recordar su amistad con el diputado canario y la injusticia cometida contra él. Le insistieron con la pregunta. Esta vez, no se escapó: «Debemos bajar la tensión en el país y en el Gobierno». Una segunda frase incidió en lo mismo: «Dejemos de generar más ruido en este país». Lo importante es ocuparse de lo que preocupa a la gente, por la situación económica, dijo. Todo lo demás sería secundario, incluidas las crisis que se desencadenan con estrépito un viernes por la tarde, luego pierden fuerza el sábado y finalmente vuelven a tomar fuerza el lunes.
Yolanda Díaz no se deja impresionar por la política de declaraciones dramáticas y órdagos a la grande, pequeña, pares y juego que abundan en España. Y no es que le dé igual todo. La ministra de Trabajo también está inmersa en un duelo con los socialistas a cuenta de la reforma laboral. De repente, el PSOE ha descubierto que está muy interesado en poner fin a la reforma aprobada por el Gobierno de Rajoy. Hasta ahora se dedicaba a arrastrar los pies mientras decía que sí, algún día se ocuparía de ello, mientras miraba de reojo a Nadia Calviño, que nunca ha ocultado que su interés por el tema es muy escaso.
En su calidad de embajadora de la Comisión Europea en España, Calviño es un arma valiosa para las relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con la UE. También es un obstáculo para que el PSOE cumpla sus compromisos. El partido lleva desde 2018 prometiendo la reforma de la reforma laboral. Lo ha hecho en ruedas de prensa, discursos y mítines, y es posible que algunos dirigentes lo hayan prometido hasta en la cama.
Yolanda Díaz se ha reunido con varios interlocutores para negociar el asunto en los últimos meses, ha viajado a comunidades como Galicia y Euskadi para conversar con sus presidentes y está convencida de que ha avanzado mucho. Para Calviño, todo eso ha tenido un valor relativo. Sólo acepta como mucho que se ha tratado de «contactos preliminares». Uno espera que la oposición sea condescendiente con los ministros. No es tan habitual que una vicepresidenta hable en público del poco interés que le genera lo que hacen sus colegas.
Díaz podría haber montado en cólera en público. Prefirió sugerir que este no es un problema del PSOE con Podemos, sino de Calviño con el resto del Gobierno de coalición. «Yo creo que esto ya le ha pasado a mi antecesora, a Magdalena Valerio (del PSOE), que me consta que tenía preparado el texto, el real decreto, para emprender lo que hoy queríamos hacer, y nunca llegó al Consejo de Ministros. Por tanto, esto ya ha pasado». Alguien se ocupó de que ese proyecto ni siquiera superara la primera valla. Valerio fue ministra de Trabajo de 2018 a 2020. Calviño lo tuvo fácil entonces. Ahora continuar dejando que pase el tiempo sin cambios en la legislación laboral empieza a afectar a la estabilidad del Gobierno de coalición.
Sin necesidad de pedir la dimisión de nadie, Yolanda Díaz explicó lo que el PSOE no está muy interesado en escuchar. «Hay una parte del Gobierno que no quiere convenir con lo que ya habíamos convenido», dijo el lunes. Lo difícil es llevar a la práctica esos compromisos previos, en especial en relación a los convenios colectivos. Los empresarios no quieren que los convenios de un sector tengan prioridad sobre los convenios de cada empresa, que pueden ser menos generosos para los trabajadores. O que sigan en vigor después de su finalización hasta que se negocie el siguiente.
Sánchez ha empezado a hablar de «modernizar la legislación laboral» y «restablecer el equilibrio en la negociación entre empresa y trabajadores». Plantea como exigencia la negociación con todos los agentes sociales, es decir, también con la patronal. Esa no es una posición que puedan rechazar Díaz y Podemos, pero nadie puede negar que condicionar la reforma a ese acuerdo hipotético supondría dar a la CEOE –o a los sindicatos– un derecho de veto. ¿Qué hará el Gobierno si las negociaciones no llegan a buen puerto? ¿Esperar a la siguiente legislatura para que Bruselas no se ponga nerviosa? Este es uno de los puntos que han empezado a resolver los dos socios del Gobierno en la reunión de la comisión de seguimiento que se celebró el lunes por la tarde.
Díaz se encuentra ante una situación complicada. Está convencida de que hay que reducir la cantidad de testosterona y drama en la política, pero al mismo tiempo debe confirmar a los dirigentes de Podemos que su estilo de confrontación tranquila ofrece buenos resultados. Es muy fácil anunciar con un puñetazo en la mesa que vas a presentar una querella, aunque sepas que eso no va a solucionar nada. Resulta mucho más complicado embarcarse en una dura negociación en la que el interlocutor no acepta tu posición de partida y cuenta con que no serás capaz de ir hasta el final y hundir el Gobierno de coalición.
